La inflación es, hoy, uno de los principales problemas que afectan a las condiciones de vida de la clase proletaria.
No es un secreto: los medios de comunicación, los economistas, los “expertos” en cualquier materia que viven de los debates televisivos… todo el mundo tiene, continuamente, la inflación en la boca. En los ámbitos más elevados del análisis económico, la inflación es vista como el principal riesgo para la recuperación económica de la era post-covid y todos los partidos políticos parlamentarios urgen al gobierno a que tome medidas al respecto.
De acuerdo con la definición habitual, la inflación es un incremento de los precios sostenido en el tiempo que implica la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Es decir, es un fenómeno que encarece las mercancías (bienes y servicios) y que, por lo tanto, incrementa la cantidad de dinero que ha de pagarse por ellas. Como complemento, la inflación, para que exista, debe darse en el conjunto (o al menos en la mayor parte) de las mercancías, elevando su precio general: no tiene sentido hablar de inflación de la fruta o de la vivienda porque la inflación es un fenómeno general.
La inflación tiene su reverso, la deflación, que es justamente un incremento del poder de compra del dinero frente a las mercancías, es decir, un descenso sostenido a lo largo del tiempo del precio de estas.
A continuación mostramos un gráfico, elaborado por FUNCAS, un thin tank perteneciente a la Confederación de Cajas de Ahorros, que muestra las predicciones sobre la inflación para los próximos meses:
De acuerdo con esta institución “[…]la tasa de inflación se mantendrá por encima del 10% en julio y agosto. En los meses posteriores descenderá hasta situarse en torno al 8% en diciembre. La tasa media anual será del 8,9%. Para el próximo año se espera una tasa media anual del 4,8%, con un 3,5% en diciembre. La tasa subyacente se mantendrá en torno al 6% el resto del presente ejercicio, y descenderá el año próximo hasta un 2,7% en diciembre”.
Hay que precisar que sus datos se presentan como variación interanual: una variación de un 8% en el índice de precios al consumo para diciembre significa un incremento en ese porcentaje respecto al mismo mes del año anterior. El tercer gráfico muestra cómo el descenso en tasa interanual no significa que los precios no continúen creciendo.
La causa de este incremento de los precios, según este tipo de expertos, está en dos focos principales:
- El primero de ellos, conocido por todos, sería el brutal encarecimiento de las materias primas energéticas (petróleo y derivados, pero sobre todo gas natural) como consecuencia de la guerra de Ucrania y el enfrentamiento con Rusia, que limita el bombeo de gas como medida de presión contra sus socios comerciales europeos.
- El segundo, un desajuste en las cadenas de logística internacionales, que durante los meses de la pandemia sufrieron una aguda desinversión y que ahora son incapaces de mantener el ritmo productivo que exige la reanudación de la producción
Ambos factores implican, por un lado, que la producción de mercancías debe asumir unos costes mayores en el proceso de fabricación, derivados del mayor precio que se debe pagar por la energía y por el resto de productos que se incorporan al bien final y, por otro, que la salida al mercado de las mercancías producidas, que son a su vez necesarias para que otros sectores puedan funcionar, también será a precios mayores.
Siempre según los expertos economistas burgueses, la inflación causará un fuerte desajuste en los procesos de asignación de recursos productivos, es decir, que muchas empresas no podrán acceder a las materias primas por un precio razonable, etc., algo que necesitan para producir, y deberán cerrar, mientras que las que logren asumir el sobrecoste, lo harán trasladando dicho sobrecoste al precio final y, con ello, contribuirán a fortalecer la tendencia inflacionaria.
Por otro lado, el incremento de los precios de los productos básicos y de la vivienda, dañará la capacidad de compra de los proletarios que necesitarán un incremento salarial para poder mantener su nivel de vida. Esto llevará a un nuevo aumento de los costes de producción y, con ello, otra vez a reforzar el crecimiento de los precios.
Frente al fenómeno de la inflación, las autoridades políticas y económicas están reaccionando por dos vías. La primera de ellas, que corresponde a los Bancos Centrales, es el incremento de los tipos de interés. Sin entrar en más detalle, esto significa que se retira dinero de la circulación (técnicamente se habla de un “encarecimiento del precio del dinero”, pero hay que recordar que durante los dos años anteriores la inyección de dinero por parte de los bancos centrales ha sido muy elevada). Es una medida de las que se incluyen en la llamada “ortodoxia económica” y básicamente trata de equiparar el precio del dinero al precio de las mercancías haciendo que no haya un exceso del primero respecto de las segundas.
En general, la economía burguesa tiene el mismo valor científico que la homeopatía (ninguno) y este tipo de medidas, que producen un ajuste en ámbitos completamente secundarios y muchas veces con consecuencias peores de aquellas que se trataba de atajar, no tendrían ningún éxito si no fuesen acompañadas de otro tipo de medidas. Por ello, se ponen en marcha políticas encaminadas a hacer cargar sobre las espaldas de la clase proletaria los efectos de la inflación.
Como se ha dicho, el incremento de los precios, especialmente de los precios de aquellos productos que conforman la cesta de la compra básica para los proletarios, fuerza a un incremento salarial que permitiría a estos mantener su nivel de vida, dando lugar a un aumento de los costes de producción y, con ello, a los precios de las mercancías (bienes y servicios) producidos. Para la burguesía se trata de atajar esta situación limitando el incremento salarial.
Últimamente hemos oído hablar con mucha frecuencia de una medida de este tipo con el célebre “pacto de rentas”, que han defendido desde el Gobernador del Banco de España hasta las grandes centrales sindicales, pasando claro está por el “gobierno más progresista de la historia”. Este pacto de rentas, en principio, va destinado a empresas y trabajadores y funciona como una especie de compensación mutua: los trabajadores aceptan que sus salarios no se incrementen en función del aumento de los precios y los empresarios se comprometen a no aplicar el aumento de los costes de producción en la fijación del precio final. Con ello, en teoría, ambos “agentes económicos” asumen su parte en la tarea común de atajar la espiral inflacionista. Pero la realidad de este pacto de rentas es muy diferente a la versión idílica que proponen las autoridades políticas y económicas.
De acuerdo con el Banco de España, en el primer trimestre de este 2022, cuando el incremento de los precios ya se ha hecho notar con fuerza, “[…] los aumentos salariales pactados para 2022 en los convenios colectivos registrados hasta marzo se situaron en el 2,4 %, incremento que es claramente inferior tanto al registrado recientemente por los precios de consumo como al que se espera que estos muestren en el conjunto de este ejercicio. Por consiguiente, en la práctica los trabajadores están sufriendo una pérdida de poder adquisitivo”. Es decir, con una inflación, según los datos indicados más arriba, para este periodo, cercana al 9% de media los trabajadores habrían perdido un 6,6% del poder adquisitivo.
Se puede argumentar, con razón, que no todo el incremento de los precios afecta de manera igual a los proletarios, que por norma no consumen ni productos de lujo ni padecen el aumento de los precios de los bienes destinados a la producción.
Por ello se debe tomar como referencia el incremento de los bienes básicos. Según el estudio de FUNCAS del que hablábamos antes, “[…] la inflación correspondiente a los alimentos elaborados ascendió un punto porcentual hasta el 11%. Han continuado encareciéndose productos como pan, leche, queso y productos de panadería […] los alimentos no elaborados elevaron su inflación desde el 10,1% hasta el 13,6%, impulsados por las legumbres y hortalizas y por la carne de porcino. La inflación energética se disparó desde el 34,2% hasta el 40,8%. La electricidad se encareció un 9,1% mensual, los combustibles un 10,4% y el gas un 0,6%.”.
Como se ve, tomando sólo productos básicos y sin incluir la vivienda (que en ciertas partes de España llega a consumir el 60% del salario medio de un trabajador) la situación es aún peor.
Por parte de los empresarios, basta con ver el incremento general de los precios para entender que el descenso de sus márgenes de beneficio se ha reducido en una cuantía considerablemente menor. De hecho, el Banco de España, sin ningún tipo de hipocresía por su parte, todo hay que decirlo, llama a reforzar formalmente este pacto de rentas que en la práctica ya se está llevando buena parte del salario obrero, fijando especial atención en que los convenios colectivos que regularán los salarios para los próximos años se firmen sin incrementos salariales significativos.
A la luz de estos datos, se entiende sin dificultad que medidas como las relativas al salario mínimo de las que se vanagloria el gobierno de PSOE-Podemos tienen una relevancia nula: a día de hoy, un incremento del 3,63% del salario mínimo, supone un descenso real de un 6% de este. Lo mismo sucede con las pensiones y, a otro nivel, con los convenios colectivos que se han firmado en los últimos meses.
POR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA CLASE PROLETARIA
El deterioro de las condiciones de vida de los proletarios es más que notable. El descenso del salario real, de la capacidad de compra de una familia de clase obrera, es el mayor que se ha visto en las últimas cuatro décadas. Con toda seguridad la situación seguirá empeorando en el futuro, sobre todo cuando desde el gobierno y los sindicatos se lance una gran campaña de “solidaridad nacional” que, con la excusa de la guerra de Ucrania, y llamando a todos a comprometerse con la defensa de los valores democráticos y la economía nacional, se impongan políticas salariales más restrictivas aún y que tendrán consecuencias durante los próximos años.
Para entender con exactitud cuáles son las causas reales de esta situación, es necesario dejar de lado tanto las explicaciones que da la burguesía en materia de política económica como las consignas que lanzan las organizaciones patronales y sindicales.
En primer lugar, conviene saber qué es exactamente la inflación, de dónde viene y qué consecuencias reales tiene.
Para ello hay que entender unas nociones básicas de economía: bajo el capitalismo la producción de mercancías (sean estas bienes o servicios) se produce en el marco de la empresa, privada o pública, mediante la concurrencia de dos factores productivos principales, el capital y el trabajo.
El capital lo conforman la maquinaria, las instalaciones, la tecnología, etc. El trabajo es la fuerza de trabajo de los proletarios contratados.
El empresario compra la fuerza de trabajo de los proletarios por un tiempo determinado y la paga con un salario, que se corresponde con la cantidad de dinero que los proletarios necesitan para adquirir los productos necesarios para vivir. De esta manera, el coste final de la producción incluye el coste salarial y el coste del capital (maquinaria, etc.). Pero es evidente que el coste de producción no se corresponde con el precio final de las mercancías producidas, existe un margen que constituye el beneficio del empresario. Este beneficio proviene de la diferencia entre el salario que se abona al trabajador (el valor de las mercancías que necesita para vivir) y el valor que el trabajador aporta al producto final. Si el empresario contrata al trabajador por 40 horas semanales a cambio de un salario que equivale a una determinada cantidad de mercancía, el trabajador no abandona su puesto de trabajo cuando ha aportado la cantidad de valor equivalente a su salario, sino que continúa trabajando hasta que llega el viernes a última hora.
La diferencia entre el valor que recibe como remuneración y el valor que aporta al producto final es la plusvalía (literalmente, valor de más). Esta plusvalía es la base del beneficio empresarial. En términos relativos, la tasa de ganancia es la plusvalía dividida entre el coste del capital y el coste salarial y la tasa de plusvalía, la plusvalía dividida entre el coste salarial. Como en una muñeca rusa, el beneficio depende de la tasa de ganancia y esta está directamente vinculada a la tasa de plusvalía.
El precio de una mercancía, por lo tanto, está determinado por varios factores. Los principales son el coste salarial, llamado capital variable (Cv), el coste del capital, llamado capital constante (Cc) y el beneficio, que depende de la tasa de plusvalía. Además, las fluctuaciones de la demanda provocan oscilaciones de este precio, pero este siempre tiende a gravitar sobre el valor de la mercancía, determinado por estos tres factores.
Precio aprox.= Valor = Cc + Cv + Beneficio (Plusvalía)
Dejando a un lado esas oscilaciones relativas en torno al valor de la mercancía, resulta evidente que el precio puede verse afectado por variaciones en cualquiera de los tres términos que componen el valor de la mercancía.
Un incremento del coste de las materias primas, el precio al que el empresario compra el gas necesario para producir, por ejemplo, incrementará el precio final del producto. Lo mismo sucederá si se incrementa el precio de las mercancías básicas que el proletario empleado necesita para vivir y este incremento se traslada al salario. O si el empresario decide aumentar su ganancia fijando un precio final mayor.
¿Cuál es el objetivo de la “lucha contra la inflación”? Que los precios se mantengan estables. Para ello, si suponemos que el coste del capital se incrementa y no hay manera de evitarlo, queda intervenir sobre el salario (Cv) o la ganancia que obtiene el empresario. Reduciendo cualquiera de los dos proporcionalmente, se podrá absorber el incremento del coste de las materias primas y evitar que este pase al precio final.
Sucede que el beneficio está directamente vinculado al salario, porque viene determinado por la tasa de ganancia y esta es proporcional a la tasa de plusvalía. Si se incrementa el precio del capital constante, se incrementa el precio del capital variable (porque se traslada al salario el incremento del precio de los bienes de subsistencia) necesariamente se reducirá la tasa de ganancia que obtiene el empresario y la tasa de plusvalía. El precio final queda igual y el empresario gana menos.
Se puede pensar que esto es una ingenuidad: si con un euro invertido en producir, el empresario no obtiene el beneficio que cree que debe obtener, y que de hecho observa que se obtiene en otras ramas de la producción, por ejemplo en aquellas que producen bienes de consumo básico que sí han incrementado su precio, no invertirá ese euro y la industria desaparecerá. Y esto, si suponemos que el descenso de la tasa de ganancia y de la tasa de plusvalía es suficiente como para desmontar toda la inversión previamente realizada y echar el cierre, puede ser cierto. Porque, en general, existen dos tipos de mercancías: aquellas que se producen para con ellas producir otras mercancías, que son los llamados bienes de producción, y aquellas que se producen para el consumo inmediato y que, a su vez, pueden ser bienes básicos o de lujo (los bienes básicos los compra el proletario, los de lujo el burgués). Suponiendo que, por la caída de la tasa de ganancia y de la tasa de plusvalía, no sale rentable producir bienes industriales mientras que sí lo es producir bienes de consumo inmediato, si se produce una desinversión en la producción de dichos bienes industriales realmente lo que sucederá será un trasvase de esta inversión hacia la producción de bienes de consumo inmediato. Con ello, al incrementarse la oferta de estos bienes, su precio tenderá a disminuir y el objetivo final, el control de precios, se habrá realizado igualmente.
Obviamente en este proceso de control de la inflación mediante la limitación de la ganancia empresarial se producirá un fuerte reajuste en términos de capital: además de perder una parte notable de sus beneficios, muchos empresarios no podrán trasladar su inversión a los sectores rentables de la economía, o lo harán perdiendo aún más parte de su ganancia. Pero esta parte dramática del ajuste recaería, en este caso, sobre una parte de la clase capitalista y no sobre la clase proletaria.
Los párrafos anteriores sirven para mostrar que la política del pacto de rentas, que busca limitar el crecimiento del salario de los trabajadores, es un intento de la clase burguesa de imponer sus exigencias económicas a la clase proletaria: no es la única solución plausible a un fenómeno inflacionario como el que vivimos, pero es la única que garantiza que la ganancia empresarial no disminuya. Lo que estamos viendo es, en toda regla, una ofensiva de la burguesía sobre el terreno de la lucha de clases.
De hecho, es una ofensiva que ya está teniendo lugar.
En España, por ejemplo, desde hace más de un año estamos viendo toda una serie de huelgas, especialmente en el sector del metal, por motivos salariales. De Cádiz a Cantabria, pasando por Vizcaya y La Coruña, hemos asistido a fortísimas movilizaciones derivadas de las negociaciones de los convenios colectivos. En todas estas negociaciones la patronal ha tratado de imponer unas condiciones salariales que no reconociesen el incremento del coste de la vida, actuando de manera perfectamente organizada y con un objetivo económico claro: contener la inflación por vía salarial.
La lucha en torno al problema de la inflación no es, está claro, una cuestión de simple teoría económica porque tiene implicaciones bien reales. El hecho de que todas estas luchas se hayan saldado con un fracaso de las exigencias de los trabajadores, que han aceptado en todo caso mejoras salariales inferiores a las que planteaban en un principio, muestra que la burguesía está completamente decidida a imponer a los proletarios los sacrificios necesarios, para solucionar el problema económico del incremento desmedido de los precios.
En los Estados modernos, las negociaciones laborales son cuestiones de Estado: están reguladas estrictamente por ley, están perfectamente pautadas por los organismos de intervención estatal, recaen en última instancia en el propio Estado como garante de las mismas, etc.
Estas leyes, que van desde la regulación de las huelgas hasta la capacidad del Estado para intervenir en las negociaciones como parte más allá de la cual no cabe apelación, obligan a los proletarios a enfrentarse al conjunto de la clase burguesa y a su Estado: mientras que para los proletarios las huelgas de solidaridad, por ejemplo, están prohibidas, los servicios mínimos son de obligado cumplimiento, etc. para los empresarios no existen límites de ningún tipo, pueden recurrir al Estado como fuerza última en la negociación, etc., además de ver garantizados sus “derechos” de asociación sin traba ninguna. Es más, junto a esta poderosa organización burguesa, se colocan las organizaciones sindicales que basan su acción en la concertación y la defensa del pacto social entre burgueses y proletarios. Esas mismas organizaciones sindicales que hoy corren para afirmar su disposición a aceptar el pacto de rentas que se propone desde las instancias oficiales de la burguesía. Por eso hemos visto, en Cádiz o en Cantabria, cómo las organizaciones sindicales actuaban de la mano de la patronal para obligar a los proletarios a ceder en sus exigencias: en Cádiz, intentando romper la organización que los trabajadores se daban fuera de sus estructuras e imponiendo la vuelta al trabajo, en Cantabria aislando la lucha en los límites regionales mientras que a pocos kilómetros, en Vizcaya, se desarrollaba una huelga por motivos similares y haciendo pasar por bueno un acuerdo que asumía plenamente las propuestas de la patronal.
La inflación, para patronal, Estado y sindicatos colaboracionistas, es un problema central y van a intentar por todos los medios hacerlo recaer sobre los hombros del proletariado. Pero la “solución obrera” a esta cuestión, la lucha por la defensa intransigente de un salario que permita vivir, porque la patronal corra con los costes de la inflación, también está sobre la mesa. No se trata, de nuevo, de un problema de teoría económica, sino de la posibilidad de que los proletarios luchen rompiendo con la política de colaboración entre clases, negando ningún tipo de solidaridad con la patronal, desentendiéndose de los problemas que esta pueda tener y que intenta hacer pasar como comunes al conjunto de la sociedad.
La lucha por el salario es una de esas situaciones en las que se resume toda la cuestión de la lucha de clase. O el proletariado es capaz de lanzarse a la lucha, de proseguir con esta hasta vencer, o la clase burguesa le impondrá sus exigencias y con ello le garantizará años de penurias y miseria.
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