Hace 1 semana
Ni un soldado, ni una bala, ni un euro por Ceuta y Melilla
La situación es como la de 2021, pero aumentada a unos límites que entonces parecían impensables. Miles de marroquíes e inmigrantes subsaharianos y de otras nacionalidades han cruzado la frontera de Ceuta en un movimiento encaminado a aparentar una especie de ofensiva desarmada sobre Ceuta. No es necesario llevarse a engaños: la acción tiene poco que ver con un desplazamiento migratorio, aunque los inmigrantes que Marruecos retiene y reprime cerca de la frontera precisamente para ser utilizados como moneda de cambio en estas situaciones, hayan sido movilizados junto a una buena cantidad de marroquíes traídos por la Gendarmería para la ocasión. Se ha tratado de un movimiento que sigue el modelo de ocasiones pasadas, en las que el Estado alauí movilizaba a todos los inmigrantes posibles para amenazar la frontera española, pero a una escala que lo aproxima notoriamente a una reedición de la Marcha Verde de 1975, en la que decenas de miles de civiles fueron utilizados para avanzar sobre el territorio español en lo que hoy es norte de Marruecos y sobre el Sáhara Occidental para anexionarlos a la corona del entonces rey Hassan II. El hecho de que apenas 24 horas después la mayor parte de las 60.000 personas que cruzaron la frontera hayan vuelto por su propio pie a Marruecos, muestra la organización real del movimiento, su carácter de amenaza simbólica sobre Ceuta y el hecho de que se trataba de una maniobra perfectamente premeditada. Como consecuencia de ella, quedan 67 muertos (hasta el momento), miles de heridos y la reveladora escena que mostraba a bandas de militares de paisano y civiles nacionalistas de todo tipo atacando no sólo a los migrantes, sino a cualquier persona de rasgos árabes, española o no, a la que se encontraban por la calle.
Si en 2021 la maniobra marroquí, menos organizada y de menor escala que la de estos días pasados, tenía una causa evidente que incluso fue reconocida por Marruecos (la ayuda por parte de España a un oficial del Frente Polisario para que se operase en el país), en este caso la motivación directa parece menos clara. La propia prensa burguesa señala al restablecimiento de relaciones comerciales con Argelia, a la que España comprará este año un 10% más de gas que el pasado. Pero seguramente este hecho es sólo la gota que ha colmado el vaso después de más de dos años en los que los vínculos económicos y comerciales del país con potencias como China o Rusia (a la que fuentes periodísticas señalan como proveedor real del gas argelino) se hayan estrechado.
En cualquier caso, sea cual sea la excusa que se airee en los próximos días, la realidad es que la situación en la frontera marroquí es crítica desde hace tiempo. Como es sabido, España mantiene desde siempre unas relaciones políticas, económicas, diplomáticas, etc., basadas en el tira y afloja. Marruecos es la actual potencia ocupante del Sáhara Occidental, una región que según la legalidad internacional aún pertenece a España y sobre la cual, en cualquier caso, pesa la exigencia de descolonización por parte de la ONU como conclusión del proceso de independencia reconocido por España, pero no por Marruecos. Aunque desde 2022 España reconoce el derecho de Marruecos sobre esta zona, el conflicto se encuentra lejos de estar cerrado. Por otro lado, Marruecos se ha convertido en las últimas décadas en socio comercial preferente de España en el norte de África ya que éste se ha convertido el principal receptor de su inversión en el exterior. Son numerosas las grandes empresas españolas que construyen y gestionan las infraestructuras del país alauí, creando una alianza de hecho que es uno de los principales vínculos entre ambos países. A esto se añade la gran importancia que Marruecos ha adquirido como gendarme de las vías de paso de la inmigración subsahariana por el Magreb, algo que le convierte en un importante socio político y militar de España en la medida en que la protección del flanco sur de la península está directamente vinculado a su acción anti inmigratoria.
Más allá de las relaciones bilaterales, que de por sí bastan para convertir la frontera de Ceuta o la de Melilla en una zona altamente inestable, la importancia de Marruecos como aliado de Estados Unidos también ha crecido durante los últimos años. Por un lado, ha sido el principal valedor en el mundo árabe de los pactos de Abraham, lanzados durante el primer mandato de Trump y que tenían como objetivo consolidar la posición de Israel en Oriente Medio frente a las potencias regionales como el propio Marruecos, Jordania, Arabia Saudí, etc., a cambio de una estabilidad política, económica y militar duradera. De esos pactos, queda poco tras guerra de Gaza de 2023, la de Irán de este año, etc. Pero la intención norteamericana de controlar la región medio oriental contando con la colaboración de aliados árabes como Marruecos, aún persiste y ha creado un vínculo muy estrecho entre EE.UU., Marruecos e Israel. De hecho, el problema del Medio Oriente, verdadero cáncer incurable del capitalismo contemporáneo, se extiende hoy hasta las estribaciones del Atlántico a través de Marruecos y su firme alineamiento con el bando imperialista americano, dando a la situación un carácter intercontinental cada vez más firme.
Es esta posición crítica de Marruecos como aliado extremadamente beligerante de Estados Unidos la que debe verse en el origen del asalto a Ceuta de estos días. Las tensiones por el dominio de Ceuta son, hasta cierto punto, sólo una excusa, dado que Marruecos nunca podría reivindicar su propiedad contando únicamente con sus propias fuerzas. Detrás de la maniobra consistente en lanzar a miles de civiles desarmados hacia la ciudad está la necesidad norteamericana de cortar el giro hacia China y sus aliados (entre los cuales Argelia y Rusia, por supuesto) que lleva dos años encabezando una parte significativa de la burguesía española, apoyada por el gobierno de PSOE y SUMAR, pero tras la cual se puede ver la necesidad de otras naciones mucho más poderosas, como Francia, y su necesidad de romper la excesiva dependencia respecto de Estados Unidos a la que se ven sometidos. La respuesta de un país como Italia, de por sí atrapado en una posición ambigua respecto a Estados Unidos, del que ha sido valedor histórico en Europa, lanzando sus soflamas anti inmigratorias como excusa para presionar a España, es sumamente significativa.
La frontera de Marruecos es la falla por la que se extiende la tensión imperialista para España. Tanto por los motivos históricos propios de los dos países como por el hecho de que a medida que la situación en el tablero internacional se va agravando todos los antiguos conflictos se convierten en una trinchera para el futuro enfrentamiento bélico que ya se otea en el horizonte. Los intereses imperialistas de España se manifiestan en un incipiente (y seguramente de poco recorrido) acercamiento a China y sus aliados. Así lo exigen sus necesidades económicas y su incapacidad de competir en igualdad de condiciones con sus principales rivales comerciales. Pero, en un sistema de relaciones en el que todo está vinculado y la rivalidad es tan intensa, ese giro hacia China hace estallar de nuevo los conflictos interfronterizos con Marruecos, llegándose a esta especie de “ataque” a Ceuta por parte de personas inermes que vivimos el jueves y el viernes pasados. Ésa es la parte que toca a España en el incremento de las tensiones imperialistas. Y es una muestra, para la clase proletaria, de lo que vendrá en los próximos años.
De ninguna manera puede pensarse que estemos ante una situación en la que Marruecos, y detrás de él sus aliados, sea el agresor y España la agredida. España es una potencia imperialista que lucha por imponer sus intereses en el norte de África y que actúa como gendarme mundial “protegiendo” para todas las potencias imperialistas el estrecho de Gibraltar y la vía de comercio mundial que pasa por él. Para ello, mantiene pactos con Marruecos, Argelia o Mauritania, en defensa exclusiva de los beneficios de la clase burguesa, nacional e internacional. Entre otras cosas, estos pactos incluyen la presión y la represión sobre las masas de inmigrantes desheredados que buscan en Europa un futuro del que el orden capitalista les ha privado en sus países de origen. Y en el episodio de estos días ha sido Marruecos quien ha dado el primer golpe, en tantas otras ocasiones lo ha hecho España. Nadie puede tener el valor, por lo tanto, de afirmar que Marruecos sea una suerte de régimen de sátrapas despiadados a la vez que España representa la humanidad y la civilización. En las rivalidades entre países en la era imperialista, todos los contendientes son igualmente criminales para el proletariado. Por supuesto que la socialdemocracia y el estalinismo, desde el gobierno o fuera de él, lanzarán la consigna de la España atacada por las fuerzas criminales de Marruecos (e incluso de Estados Unidos), pero la defensa de los valores democráticos a la que llaman no es otra cosa que la defensa de los intereses imperialistas españoles.
Hoy han sido masas desarmadas de civiles arrojados a su suerte por Marruecos, que ha jugado con sus vidas para hacer valer sus intereses y los de sus aliados. En el otro lado, España se ha limitado a enviar tropas de refuerzo sin órdenes de combate, si bien ha permitido a la Legión y otros cuerpos militares que están fijos en Ceuta hacer razias contra los inmigrantes y la población árabe autóctona de la ciudad. Pero en un futuro el conflicto subirá de tono. Las masas de civiles desarmados se convertirán en ejércitos que amenazarán, bien sea en Ceuta, bien en el frente oriental de Europa o en cualquier otro punto caliente para la burguesía española, los intereses de los capitalistas nacionales. Y contra esa amenaza, responderán movilizando a su propia población, a sus proletarios, para que defiendan sus exigencias económicas, políticas o territoriales.
La guerra es el futuro para los proletarios. No pasarán muchas décadas hasta que las diferentes potencias imperialistas, entre ellas España, lleguen al punto en el que sus diferencias económicas, comerciales, etc., sólo se puedan dirimir por la vía militar. Y para ello recurrirán, como ha hecho ahora la burguesía marroquí, a su población, a los proletarios, para que engrosen sus ejércitos y se lancen contra los ejércitos de proletarios armados por las burguesías rivales. No hay que mirar demasiado atrás en el tiempo para recordar las dos guerras mundiales que arrasaron Europa. ¡Pues cien veces más letales, sobre todo para la clase proletaria, serán las guerras por venir en un mundo que ha desarrollado una capacidad armamentística exponencialmente mayor que la de entonces!
Hoy la clase proletaria permanece presa de su burguesía. Décadas de sumisión a la política de colaboración entre clases que le ha impuesto el oportunismo socialista, estalinista y post-estalinista, la ha vuelto presa fácil del discurso nacionalista, de la supuesta “defensa de la patria”, del odio al “inmigrante invasor”… Y se hacen oír entre el silencio generalizado las consignas patriotas y militaristas a la vez que reaparecen las bandas nacionalistas con el objetivo de imponer el orden en las calles.
Pero la clase proletaria puede ser contenida dentro de los límites del respeto al orden burgués de manera temporal, nunca definitiva. Sus intereses se encuentran en un plano diametralmente opuesto a los de la clase burguesa y si, durante un tiempo, parece que ambas han podido convivir en paz (siempre haciendo caer la parte del león de este “pacto” sobre los hombros del proletariado), la realidad de un mundo en el que los obreros son esclavos de los patrones, se mostrará de manera sangrante tarde o temprano.
Mañana la burguesía exigirá al proletariado que muera en nombre de la patria, cruel eufemismo que siempre esconde la realidad del sacrificio a mayor gloria del beneficio económico. Pero con ello mostrará su verdadera cara y evidenciará que, en el mundo capitalista, los proletarios son sólo carne de cañón que explotar en tiempos de paz y a la que destruir en tiempos de guerra. La clase proletaria deberá, entonces, volver a levantar la bandera del internacionalismo proletario, la del rechazo a participar en la carnicería imperialista y de la negativa a cualquier solidaridad nacional con su burguesía. Sólo tras de ella, sólo defendiendo en todos los frentes sus verdaderos intereses de clase, podrá librarse del horror y la destrucción de millones de vidas que la clase de los capitalistas ya está preparando hoy.
Los proletarios, ante los acontecimientos de estos días y los que vendrán en un futuro inmediato, no tienen nada que defender en Ceuta y en Melilla. La lucha por ambos enclaves, como la lucha por el control del estrecho de Gibraltar o de Canarias, sólo le interesa a la clase burguesa española, que es quien los necesita para mantener su estatus quo en la lucha contra el resto de potencias imperialistas. Por ello, además del discurso nacionalista, además del odio al inmigrante, de la retórica que se emplea “contra el invasor”, los proletarios deben rechazar cualquier tipo de alianza con la burguesía nacional, deben rechazar cualquier sacrificio que se les exija para defender los intereses territoriales del capitalismo patrio y volver la vista hacia su verdadero enemigo, que es quien hoy les comienza a azuzar en vistas a una movilización mayor que no será pacífica y que les exigirá que sacrifiquen su vida y la de sus hijos.
¡Por la reanudación de la lucha de clase!
¡Contra el militarismo burgués, opongamos la fuerza del internacionalismo proletario!
¡Viva el internacionalismo y la solidaridad proletaria contra todos los imperialistas!
¡Por la revolución comunista mundial!
1 de agosto de 2026
Partido Comunista Internacional
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España, ante el espejo del CPT: un informe que alerta sobre violencia en prisiones y exige una ‘tolerancia cero’ efectiva
Acaba de publicarse el informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura sobre el Estado español, tras la visita efectuada en abril/mayo de 2025. El informe recoge diversas alegaciones de agresiones y malos tratos en centros policiales (Madrid, Cádiz y Huelva), penitenciarios (Algeciras -Cádiz-, Puerto III -Cádiz-, Huelva y Estremera -Madrid) y menores (Marcelo Nessi, Badajoz). El Consejo de Europa urge al Gobierno a aplicar «tolerancia cero» y a transferir la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. El Ejecutivo defiende sus avances, pero abre investigaciones internas sobre los casos más graves.
El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa ha publicado un informe demoledor sobre la situación en los centros de detención de España, tras una visita realizada del 28 de abril al 9 de mayo de 2025. El documento, hecho público este 28 de julio, retrata un panorama de «violencia alarmante» en tres prisiones de Andalucía, un uso excesivo de la fuerza generalizado por parte de la policía y una crisis sistémica en la asistencia sanitaria penitenciaria, con más de un centenar de plazas de médico sin cubrir.
Tres prisiones andaluzas, en el punto de mira
El CPT reconoce avances notables en las cárceles de Madrid VII y Sevilla II, con una disminución significativa de las denuncias por malos tratos desde sus anteriores visitas. Sin embargo, la situación en los centros penitenciarios de Algeciras, Huelva y Puerto III es «sumamente preocupante». El Comité documenta un patrón reiterado donde los internos denuncian haber sido víctimas de bofetadas, puñetazos, patadas y golpes con porras por parte de los funcionarios, casi siempre en áreas sin cobertura de cámaras de videovigilancia, como los cuartos de registro o los pasillos de seguridad.
52.- Al inicio de la visita, se proporcionaron a la delegación datos estadísticos sobre el número de quejas relativas a malos tratos que se han registrado e investigado en los últimos años.
Los datos demuestran una marcada tendencia al alza: 247 en 2022, 262 en 2023, 281 en 2024 y 81 en el primer trimestre de 2025.
Nota al pie: Desde enero de 2024 hasta marzo de 2025 se presentaron 17 denuncias por malos tratos en la prisión de Algeciras, 16 en la prisión de Puerto III y 20 en la prisión de Huelva
Además, el número de procesos penales concluidos durante el mismo período contra funcionarios de prisiones relacionados con presuntos malos tratos a los reclusos ascendió a cinco en 2022, seis en 2023 y doce en 2024.
Esto dio como resultado un total de once condenas penales y/o disciplinarias de personal penitenciario.
El informe describe casos de «un nivel de violencia alarmante» sobre personas especialmente vulnerables. Entre los testimonios recogidos por la delegación del CPT, se encuentra el de un interno con esclerosis múltiple en silla de ruedas que fue reducido por cinco funcionarios y agredido en la enfermería de Algeciras, o el de una interna que, en estado de agitación por no recibir su medicación, fue golpeada con porras en las piernas por seis funcionarios dentro de su celda. En la prisión de Puerto III, un preso fue inmovilizado boca abajo, esposado y golpeado con porras en las plantas de los pies (falaka), además de recibir puñetazos y patadas. En Huelva, un interno esposado fue agredido con porras en la espalda y, posteriormente, un funcionario le estrelló la cabeza contra la pared en tres ocasiones, mientras otro le golpeó la zona lumbar con una raqueta de detección de metales.
El CPT critica severamente la calidad de los exámenes médicos que se practican tras estos incidentes. Según el informe, los reconocimientos se llevan a cabo casi siempre «a través de barrotes y en presencia de los funcionarios», una práctica que, según el Comité, invalida la confidencialidad, socava la relación médico-paciente y dificulta la investigación efectiva de las denuncias. «El personal sanitario examina a los internos a través de las rejas y con los guardias presentes, lo que impide cualquier garantía de imparcialidad», señala el texto.
Sanidad penitenciaria: «Escasez aguda» y medicación sin control
Uno de los puntos más críticos del informe es la situación de la sanidad en las prisiones. El CPT subraya la «grave escasez de médicos», con 138 facultativos en activo y 106 puestos vacantes a nivel nacional, lo que provoca «retrasos constantes» en la atención a los internos. Esta falta de personal tiene un impacto directo en la salud mental, con una elevada tasa de prescripción de psicofármacos –que afecta a entre el 50% y el 60% de los reclusos– cuyas dosis no son revisadas durante meses por la falta de psiquiatras. Como ejemplo de esta situación, el CPT cita la prisión de Puerto III, donde un psiquiatra visitante tenía programadas consultas para 87 internos en una sola mañana.
El Comité insta al Gobierno a transferir «sin más demora» la competencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, tal y como prevé la ley desde 2003, para poner fin a una situación que califica de «deficiencia estructural de larga data».
Centro de menores de Badajoz y comisarías
La visita del CPT también se extendió al centro de internamiento de menores «Vicente Marcelo Nessi» en Badajoz, donde detectó casos de uso excesivo de la fuerza por parte de personal de seguridad privada, incluyendo golpes con porras y la inmovilización de un menor atándolo a la cama por una extremidad, una práctica prohibida por la ley. El Comité describe un ambiente «austero y carcelario» para los jóvenes y pide la abolición del aislamiento disciplinario para menores de 18 años, así como la instalación de timbres de llamada en las celdas.
En el ámbito policial, el informe recoge denuncias de uso excesivo de la fuerza durante los arrestos, incluyendo golpes y esposado excesivamente apretado, corroborados en algunos casos por la presencia de hematomas. Asimismo, critica las «deficiencias estructurales persistentes» en las comisarías, como la falta de luz natural, la mala ventilación y la ausencia de timbres de alarma en los calabozos de Madrid, como los de Leganitos, Tetuán y la Plaza de Castilla.
La respuesta del Gobierno: «Tolerancia cero» e investigaciones abiertas
El Gobierno español ha respondido al informe con un extenso documento donde defiende sus políticas y anuncia medidas correctoras. Fuentes del Ministerio del Interior aseguran que el Ejecutivo «reitera su compromiso de tolerancia cero frente a cualquier abuso físico o verbal contra las personas privadas de libertad» y que estos hechos «no son admitidos y son perseguidos por las vías disciplinarias y penales correspondientes».
En su respuesta, el Gobierno detalla que se han abierto «investigaciones internas» sobre los casos concretos de malos tratos señalados por el CPT en las prisiones andaluzas. Se han reforzado las medidas de supervisión y se han realizado cambios en los equipos directivos de los centros implicados. También se ha emitido una orden que prohíbe el uso de un tipo de sujeción mecánica de siete puntos que el CPT había denunciado como peligroso. El Ejecutivo defiende, asimismo, la existencia de programas de formación en derechos humanos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la labor de la Oficina Nacional de Garantía de los Derechos Humanos (ONGADH), creada en 2022.
Defensa y desacuerdos
El Ejecutivo, sin embargo, mantiene su postura en varios puntos donde discrepa con el Comité. Defiende la legalidad de la detención incomunicada, calificándola de medida excepcional y sujeta a estricto control judicial. También justifica las rejas y mallas metálicas en los módulos de régimen cerrado como una necesidad de seguridad, y no comparte la recomendación de abolir la sanción de separación del grupo para menores de 18 años.
En el ámbito sanitario, el Gobierno admite la grave escasez de médicos, pero argumenta que se han hecho «numerosas convocatorias» para cubrir las plazas y que se sigue trabajando en la compleja transferencia de competencias a las comunidades autónomas, un proceso que, hasta la fecha, solo se ha concretado en el País Vasco y Navarra. El Ministerio del Interior defiende que los partes médicos ya cuentan con sistemas de registro que permiten documentar las lesiones, aunque el CPT insiste en que la falta de confidencialidad invalida su eficacia.
⇒ Consultar informe del
Comité Europeo para la Prevención de la Tortura
sobre el Estado español,
clic aquí
Convenio del metal de Valladolid:
Los trabajadores del metal sólo podrán romper el círculo vicioso en el que se encuentran saliendo del redil del colaboracionismo político y sindical
El Convenio Colectivo de la Industria Siderometalúrgica de Valladolid (que afecta a más de 5000 trabajadores) está actualmente en fase de negociación para renovar las condiciones de los próximos años. La mesa negociadora quedó constituida a mediados de abril de 2026 y, desde entonces, se han producido varias reuniones sin ningún tipo de avance. Uno de los sectores industriales más importantes de la provincia permanece bloqueado por la falta de voluntad negociadora de la patronal, que pretende aprovechar esta negociación para volver a recortar derechos conquistados durante décadas de lucha sindical.
La posición empresarial vuelve a ser la misma de siempre: reducir o eliminar derechos sociales; limitar la protección económica durante las situaciones de incapacidad temporal; mantener jornadas excesivas, y contener los salarios mientras los beneficios empresariales continúan creciendo.
Recientemente, se han producido también las negociaciones de los convenios de dos de las mayores industrias del metal en Valladolid, las factorías de Renault e Iveco. Ambas empresas presentan convenio propio, por su tamaño, y en ambas hemos asistido a numerosas reuniones entre las partes (sindicatos representados en el comité de empresa y representantes de la empresa) que han conducido, tras tímidas movilizaciones, a un convenio con escasas mejoras que para nada recoge los intereses y las demandas de sus trabajadores. Frente a esta situación, la respuesta que están dando tanto los grandes sindicatos como los diferentes partidos políticos que se llaman obreros consiste únicamente en aceptar la derrota o en absurdas proclamas aparentemente radicales pero impotentes.
POSTURAS DE LOS SINDICATOS
Los sindicatos piden un 5 % de subida anual para el trienio 2026-2028. La patronal, en cambio, ofrece un 2,5 % para 2026 y un 1,5 % para 2027 y 2028. Para los representantes de los trabajadores esto no es una oferta, es una provocación.
Sindicatos como CCOO plantean subidas salariales del 5% y reducciones de jornada, entre otras mejoras. Y esto está bien, pero no se está acompañando de ningún tipo de presión o movilización. Entre sus principales propuestas se encuentra la reducción de la jornada laboral anual hasta las 1.728 horas, así como una distribución más racional del tiempo de trabajo de lunes a viernes, incorporando además el reconocimiento del tiempo de bocadillo como tiempo efectivo de trabajo y el desarrollo de medidas que garanticen el derecho a la desconexión digital. En el ámbito salarial, plantean incrementos del 5% anual durante la vigencia del convenio, junto con una cláusula de garantía que permita la revisión en función del IPC real, con el objetivo de asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo. Junto a otras reivindicaciones de menor interés, CCOO ha traslado su “voluntad de negociación responsable”, lo que, como ya sabemos, significa que no van a mover un dedo.
Por su parte, CGT Metal Valladolid (excluida de la mesa de negociación), que tampoco ha pasado de las palabras y la denuncia mediática, pide negociar desde la firmeza y no desde la resignación, y denuncia oscurantismo en el proceso negociador que ya lleva más ocho reuniones sin ningún tipo de avance. Tras varias reuniones, la plantilla únicamente conoce que la negociación continúa bloqueada y que los sindicatos presentes en la mesa anuncian posibles movilizaciones. Sin embargo, la experiencia de las últimas negociaciones invita a la preocupación. Demasiadas veces esas movilizaciones han terminado siendo un instrumento para avalar acuerdos insuficientes, en lugar de servir para obligar a la patronal a retirar sus pretensiones. La realidad demuestra que, durante los últimos años, numerosos convenios firmados por CCOO y UGT han incorporado incrementos salariales que no han compensado el aumento del coste de la vida, provocando una pérdida real de poder adquisitivo para miles de trabajadores y trabajadoras. Del mismo modo, en distintos procesos negociadores se han aceptado medidas de flexibilidad empresarial y modificaciones de condiciones laborales que difícilmente pueden calificarse como mejoras para los trabajadores.
¡PROLETARIOS DEL METAL, PROLETARIOS DE VALLADOLID!
En estos años pasados, hemos visto como nuestras condiciones de vida y de trabajo se van deteriorando año tras año. Y esto se produce con un gobierno “de izquierdas” y con la connivencia de las organizaciones sindicales mayoritarias.
En El Proletario nº32 (de 2024) analizábamos los diversos conflictos del metal en el estado español, a raíz de las movilizaciones de los trabajadores de Acerinox, con las siguientes palabras:
“Durante varios años la tensión entre obreros y patronal en el sector del metal se ha mantenido constante. En 2019, la firma del Convenio sectorial en Vizcaya trajo duras manifestaciones, enfrentamientos entre policía y trabajadores, etc. Ya en ese momento era evidente que la crisis económica que se concentraba especialmente en los sectores siderometalúrgico y metalmecánico y que se manifestaba en forma de sobreproducción de mercancías en todas sus ramas, iba a implicar un recrudecimiento de las exigencias que la patronal lanzaría a los proletarios del sector. La situación creada por la pandemia durante 2020 y casi todo 2021 retrasó la inevitable eclosión de la tensión larvada pero finalmente, al acabar 2021, los enfrentamientos entre los trabajadores de las industrias auxiliares de Cádiz y la patronal local colocaron de nuevo la realidad de una crisis no resuelta ante los ojos de cualquiera. Poco antes había sido la larga huelga de Tubacex la que había mostrado tanto la fuerza de una clase proletaria que no estaba dispuesta a dejarse arrollar como la determinación de la patronal en no ceder ni un milímetro, consciente siempre de que cada batalla que libra es vital tanto para los empresarios involucrados como para buena parte de la burguesía.
Después de ambas huelgas, victoriosa la segunda, duramente reprimida por la policía y los sindicatos mayoritarios la primera, una cascada de huelgas tuvo lugar en diferentes provincias (Pontevedra, Cantabria, Cataluña…) en el momento en que tuvo que negociarse cada uno de los convenios provinciales. En todas estas ocasiones, la política de la patronal estuvo clara y se mostró sin velos: subidas salariales sí, pero por debajo de la inflación, es decir, descenso en el salario real. A la ayuda de la patronal acudieron, como siempre, las grandes organizaciones sindicales, que trataron de romper las luchas allí donde eran más fuertes (Vigo, Cantabria…) y el Gobierno nacional que, con la ministra del PCE a la cabeza, se afanó en lograr la aceptación de las exigencias patronales por parte de los trabajadores. En general puede decirse que estos cinco años de lucha en el sector del metal han supuesto una derrota en el terreno inmediato para los trabajadores. A excepción de Tubacex, en el resto de conflictos se impuso la voluntad de los empresarios y pese a la dureza de las luchas que pretendían contestarla, los proletarios no fueron capaces de articular una respuesta, sobre todo fueron incapaces de ir más allá de los límites provinciales en que se encorsetaba la lucha y dar una respuesta de clase. Pero esta victoria de la patronal no significa que, para ella, el problema esté resuelto. Desde un punto de vista económico la situación del sector del metal es sumamente delicada. La sobreproducción tanto de la materia prima metal en el punto inicial de la cadena como de sus derivados en cualquiera de las ramas productivas del sector está lejos de solucionarse y buena parte de la guerra comercial que hoy se libra entre Estados Unidos y China tiene como trasfondo la sobrecapacidad de un sector clave en la economía nacional e internacional y que cada uno de estos países busca controlar en la medida de lo posible”.
La reanudación de la lucha de clases no se ha producido. Pero sí hemos visto en estos años la lucha sectorial, parcial, de grupos, de destacamentos obreros, que han hecho frente a la patronal hasta donde pudieron: lo vimos en la huelga del metal de Cádiz o en Acerinox... pero también lo hemos visto aquí, mucho más cerca, en la lucha de los trabajadores de Frenos y Conjuntos y sobre todo en la lucha de los trabajadores de Saeta Die Casting, empresas ambas pertenecientes al metal de Valladolid también.
“El proletariado debía, y debe todavía, aprender, volver a aprender a luchar por sus propios intereses inmediatos porque ha perdido la experiencia viva, la capacidad, la memoria de cómo se lucha contra los patrones y su Estado, y ha perdido, sobre todo, la memoria de que toda lucha acaba pero que la organización de la lucha debe permanecer en pie. La confianza de parte del proletariado en organizaciones consideradas obreras como son los sindicatos tricolores oficiales, y la delegación en partidos supuestamente obreros, pero en realidad ultraburgueses, como son los partidos oportunistas falsamente socialistas y comunistas, de la visión política y del esfuerzo político por obtener resultados útiles a la propia lucha y a la propia causa dentro de esta sociedad, han significado para el proletariado de los países industrializados, y con mayor razón para el de los países atrasados, una renuncia de hecho, una renuncia profunda de la lucha de clase en favor de la colaboración interclasista”. (“Sobre la crisis prolongada de la clase proletaria y las posibilidades de salir de ella”).
¡PROLETARIOS DEL METAL, PROLETARIOS DE VALLADOLID!
Solo saliendo del redil del colaboracionismo sindical podrán los trabajadores, los del metal y el resto, salir de este círculo vicioso:
• Contra cualquier sujeción de los intereses inmediatos de los trabajadores a los intereses y exigencias del mercado.
• Contra toda forma de colaboración interclasista entre proletarios y patronos, entre explotados y explotadores.
• ¡Por la solidaridad de clase entre todos los proletarios!
• ¡Por el renacimiento de organismos proletarios de lucha independiente!
• Por la defensa y las condiciones de vida, de trabajo y de lucha del proletariado fuera de todo burocratismo y corporativismo.
21 de julio de 2026.
Partido Comunista Internacional
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CONVERTIDOS EN INFORMACIÓN -
CONTRA LA DIGITALIZACION DE NUESTRAS VIDAS
El objetivo de la tecnocracia es convertir todo lo que exista sobre el mundo en información. Reducir nuestra complejidad biólogica a meros códigos binarios. La informatización del mundo permite dos pasos delante de la dominación: por un lado al convertir todo en mera información permite su mercantilización y por otro lado permite la vigilancia y el control de todo lo informatizado desde nuestros cuerpos a cualquier objeto o ser vivo sobre la tierra. En estos tiempos de desorientación, guerras, crisis, catástrofes es necesario, para el capitalismo, tenerlo todo bajo control, que ningún movimiento se aleje de la regulación democrática.
La Comisión Europea está preparando su «Cartera Europea de Identidad Digital».. La digitalización del Estado y su corolario, la identificación digital, avanzan con la indiferencia de los habitantes de la Smart Cities, gracias a las fases agudas de la crisis (epidemia, guerra, colapso ecológico). En menos de veinte años se hicieron realidad nuestras peores expectativas de una sociedad de restricciones
El verano será seco. Los niveles freáticos están en mínimos históricos y las temperaturas en máximos históricos. Nos acostumbramos; cada año empeora. Del mismo modo que nos acostumbramos al tratamiento tecnocrático de la catástrofe, precisamente la que hemos intentado anticipar y describir con precisión durante los últimos años: una sociedad de restricciones, un tecnototalitarismo, la selección de ciudadanos «buenos» y «malos» (el nuevo enemigo).
Las infraestructuras digitales y físicas del mundo están convergiendo. Estamos incorporando capacidad de procesamiento a objetos que antes jamás hubiéramos reconocido como ordenadores. De hecho, casi cualquier cosa —ya sea una persona, un objeto, un proceso o un servicio, para una organización, pública o privada, grande o pequeña— puede adquirir conciencia digital y formar parte de una red.
Sin haber pedido jamás "concienciarnos digitalmente" ni "formar parte de una red", la tecnocracia nos obliga a hacerlo. Para los que detentan el poder y sus ingenieros, una masa humana conectada a la máquina central —atrapada en sus redes electrónicas— es más fácil de controlar, vigilar y coaccionar, facilita el camino a que esa masa sea guiada, es la dictadura suave de la digitalización.
Gestión automatizada del comportamiento
Se anima a los habitantes de las Smart cities a descargar las aplicaciones para registrar sus hábitos: uso del transporte público, consumo de energía, reciclaje, frecuencia de multas, etc. ¿Cuánto tardarán pasará hasta qué no sea una recomendación y se convierta en una obligación con cualquier excusa sanitaria, ecológica, climática? Gracias a la recopilación de todos estos datos, el “sistema de crédito social” chino se extiende sigilosamente por el viejo continente. El sistema otorga puntos por "buen comportamiento", que les dan derecho a descuentos en transporte o actividades culturales, como ya ocurre en algunas ciudades de Italia, o como practican diversas aseguradoras a la hora de concederte un crédito o un seguro. Ya existen compañías aseguradoras que en base a investigar tu “vida digital” no te conceden seguros o entidades bancarias que en base a tus comportamientos obtenidos de tu “vida digital” te deniegan créditos.. Como recompensas para ratas de laboratorio. Lo cual nos lleva a una gestión automatizada del comportamiento..
Esta es la restricción electrónica: moldear el comportamiento individual y colectivo en función de las necesidades de la Máquina y el estado de los recursos, mediante el control de las redes cibernéticas.. Quienes nos decían «aún no hemos llegado a ese punto» quizás no relacionaron esto con el pase de vacunación de 2021 y su código QR que distingue entre buenos y malos ciudadanos. Su adopción acrítica por parte de la mayoría de la población ha preparado sus mentes para su expansión. En un estado de emergencia permanente, las herramientas probadas durante la crisis están destinadas a consolidarse.
Los tecnócratas se inspiran en China, que lanzó su "Plan Maestro para la Construcción de un Sistema de Crédito Social" en 2014. Es sabido que los ciudadanos chinos son evaluados en tiempo real gracias al seguimiento electrónico de sus acciones: geolocalización, reconocimiento facial y macrodatos. Los buenos estudiantes obtienen descuentos, como en Roma y Bolonia. Quienes no cumplen con las normas (los que no pagan sus impuestos, los que se negaron a confinarse o a usar mascarilla, los que escupen en la calle, los que se saltan los semáforos en rojo, los críticos del régimen, etc.) son incluidos en listas negras y se les niega el derecho a viajar, acceder a crédito, a ciertos empleos, a la vivienda y al ocio. Sus fotos se muestran en pantallas gigantes, señalándolos con el dedo por implementar nuevas medidas restrictivas.
Al igual que el virus, la guerra está acelerando la gestión digital del orden público. En Ucrania una aplicacion (llamada Diia) se ha mejorado con una función de "enemigo electrónico" que permite a cualquier ciudadano informar al ejército sobre el avance y las acciones de las tropas rusas. Práctico. De manera similar, el Ministerio de Defensa ucraniano utiliza el software de reconocimiento facial de Clearview AI, una empresa estadounidense financiada por el transhumanista Peter Thiel, para identificar a refugiados, muertos y soldados rusos. Clearview AI recopila fotos de todas las redes para alimentar su gigantesca base de datos y así "identificar a todos". Los carroñeros no han perdido la oportunidad de una buena guerra para extender sus redes digitales. Es probable que los rusos estén haciendo lo mismo. –. Pero sin duda Palestina es el laboratorio donde la starup Israel prueba todos los software de IA de reconocimiento facial y patrones de movimientos junto a “armas inteligentes” que luego venden en las grandes ferias de armas, con la verificación de que han sido probadas en población real y luego venden a todos los estados del mundo. Muchos de ellos realizando el mismo genocidio que Israel, como el caso de India sobre Cachemira. .
Por eso, las fases agudas de la crisis actual resultan tan útiles para los tecnócratas. Recordemos el informe sobre "Crisis sanitarias y herramientas digitales" que la Delegación del Senado francés para Estudios de Prospectiva publicó en junio de 2021, y sus innovadoras propuestas:
Cuanto mayor sea la amenaza, más dispuestas estarán las sociedades a aceptar tecnologías invasivas y mayores restricciones a sus libertades individuales, lo cual es lógico. […] En las situaciones de crisis más extremas, las herramientas digitales podrían permitir un control efectivo, integral y en tiempo real sobre el cumplimiento de las restricciones por parte de la población, con sanciones disuasorias si fuera necesario, y basado en un uso aún más perjudicial de los datos personales. [El paso decisivo hacia una identidad digital universal y obligatoria aún no se ha dado […].
Estamos trabajando en ello. El modelo de los senadores es Estonia, "un líder europeo en gobierno electrónico". Es el sueño de cualquier ingeniero: el 96 % de los trámites administrativos se realizan en línea (votación, presentación de quejas, consulta de boletines de calificaciones o historiales médicos, declaración de nacimiento o defunción, etc.). La mayor parte de la población tiene una identificación digital. El sistema es virtuoso porque todos pueden saber quién o qué administración ha accedido a qué datos en su "espacio personal". Los senadores estarían encantados de cambiar su mandato por un teléfono inteligente.
Los servicios públicos fueron concebidos originalmente como "aplicaciones", disponibles en una plataforma, como la App Store o Google Play, donde cada usuario tiene un identificador único.
El Estado , la “Máquina de Gobierno” Cibernética
El concepto de "estado plataforma" no fue relanzado por nuestros tecnócratas , sino por el empresario estadounidense Tim O'Reilly, autor de un artículo de 2011 titulado "El gobierno como plataforma". Esta idea ha sido promovida, entre otros, por los aceleracionistas Michael Hardt y Antonio Negri, quienes ven en este "conexionismo" institucional una oportunidad para su proyecto de una "multitud" descentralizada, desterritorializada y "rizomática".
En resumen: el Estado debe inspirarse en GAFAM, aprovechar el big data y actuar como intermediario entre la oferta y la demanda para ofrecer servicios públicos innovadores, cooperativos, inclusivos y, por supuesto, casi autogestionados, o mejor dicho, automatizados.
La idea está circulando, desde multinacionales hasta consultoras y la Unión Europea. Olvídense del hospital público y sus equipos médicos a pie de cama; den paso a los algoritmos del Health Data Hub. Esta plataforma francesa, como su nombre indica, recopila masivamente todos los datos sanitarios digitalizados (de ahí el término «salud digital») para alimentar su inteligencia artificial y automatizar la atención médica.
Lo mismo ocurre con la administración, que se ha reducido a servicios en línea y a «Clave o clave permanente”», la aplicación de autenticación para usuarios de internet. Si recientemente matriculaste tu coche o presentaste tu declaración de la renta, sabes de lo que hablamos. No hay ninguna persona que te informe, te asesore, te regañe o te haga reír. Simplemente introduces tus datos de acceso. que se ampliará para incluir servicios bancarios e historiales médicos compartidos. Los trámites no son más sencillos —como dicta la genialidad administrativa —, sino más complicados y deshumanizados.
El «Estado Plataforma» es el centro de control centralizado de la ciudad inteligente. Dado que la «desmaterialización» ha eliminado la figura de los ciudadanos y funcionarios públicos, la ciudadanía se está reduciendo a meros usos, incluso al consumo de servicios .La población ha pasado de ser pacíficos ciudadanos a anestesiados usuarios, ya no somos considerados como habitantes de un espacio sino como usuarios del mismo. Y la confrontación directa se disuelve en procedimientos virtuales. El resultado es la disolución de las relaciones sociales y humanas que muchos observan con diversos grados de frustración. Esta es la «máquina de gobierno» anunciada con entusiasmo en los albores de la cibernética, en 1948, por el columnista científico de Le Monde, Dominique Dubarle.
El retorno de las libertades
Hablamos, hablamos, y los tecnócratas actúan. La Comisión Europea está preparando su «billetera digital europea». Esto permitirá a los ciudadanos usar servicios públicos, abrir una cuenta bancaria, presentar declaraciones de impuestos, matricularse en la universidad, solicitar recetas médicas, acreditar su edad, alquilar un coche con permiso digital, registrarse en un hotel, y mucho más.
¿Qué harán quienes no tengan un teléfono inteligente? Esto no se especifica en la convocatoria de propuestas. Pero excluirlos de toda la vida social y parece la solución más racional.
El proyecto europeo se basa en la solución "Digital ID wallet" de Thales. Thales, grupo formado en el año 2000 a partir de la fusión de las divisiones de defensa de Thomson-CSF, Alcatel y Dassault Électronique, lleva dos décadas promoviendo la "identidad digital" mediante sus herramientas biométricas. Su sitio web celebró que la pandemia de Covid-19 ofreciese "una oportunidad para el cambio sistémico", es decir, que acelere el proceso general. Al igual que el exdirector de IBM, Thales se esfuerza por "acercar el mundo digital al físico". La interfaz entre ambos, que conecta al usuario con sus documentos digitales, su cuenta bancaria, sus "espacios personales" en línea y demás, se compone de sus datos biométricos (reconocimiento facial, huellas dactilares) almacenados en su teléfono inteligente. Esto representa un salto cualitativo: ya no tendrá que someterse a una cámara "inteligente" o a un terminal de identificación; usted mismo realizará la lectura biométrica.
La «billetera de identidad digital» no es nada nuevo. En junio de 2005, Isère fue designada como «departamento piloto para la futura tarjeta única de identidad y servicios» denominada Libertys. Según Le Monde en aquel momento: "La tarjeta Liberty contiene los datos biológicos de su titular, digitalizados y cifrados en su chip: huellas dactilares, iris e imagen facial. Sustituirá de forma ventajosa a todos los documentos actuales: documentos de identidad, permisos de conducir, documentos de matriculación de vehículos, tarjetas de identificación de votante, tarjetas sanitarias, tarjetas de transporte público, etc".
El visionario André Vallini, entonces presidente del Consejo General de Isère, lo explicó en el folleto “Libertades, vuestra nueva carta de vida”, distribuido en los buzones de correo de los ciudadanos de Grenoble: La tarjeta Libertys está totalmente en línea con el desarrollo de la administración electrónica, para mejorar la eficiencia de los servicios públicos y simplificar la vida de los usuarios.
Grenoble siempre va un paso por delante. O mejor dicho, sus raíces tecnológicas —ingenieros, industriales, funcionarios electos— están inmersas en la carrera por la innovación. En 2005, Grenoble-Isère fue designada como clúster de competitividad para tecnologías digitales bajo el nombre de Minalogic (Micro-Nano-Logiciel).
Entre las empresas y laboratorios que forman parte de este entramado financiado por el Estado se encuentran Thales y Atmel, expertos en biometría e identificación electrónica.
No se puede utilizar el mismo enfoque para lograr la aceptación de las tecnologías de vigilancia y control; probablemente se requerirá persuasión y regulación, demostrando cómo estas tecnologías contribuyen a la tranquilidad de las personas y minimizando las molestias que causan. En este sentido, la electrónica y la informática también pueden desempeñar un papel importante.
Los archivos son valiosos. En su momento, lo que más indignaba era la educación básica sobre tecnologías biométricas. Dos décadas después, podemos medir la eficacia de los tecnócratas. Lograron que estas "violaciones de las libertades individuales" fueran aceptables mediante "bienes de consumo y comodidades" y "electrónica", concretamente, el teléfono inteligente. Al fin y al cabo, el reconocimiento facial no es más que un selfie, tomado por el usuario promedio sin siquiera pensarlo. La desconfianza hacia la vigilancia biométrica es un recuerdo lejano.
Corresponde a los ancianos y a los nostálgicos preservar la memoria de lo que hacía la vida libre y humana. Hoy, digámoslo así: el control de las máquinas, este cómodo totalitarismo, no solo ataca la libertad , como denuncian los pocos opositores a la "sociedad de control" o la "vigilancia generalizada". Destruye otra libertad íntima y fundamental: la libertad de sentirse responsable de uno mismo y, por lo tanto, de experimentar la sensación de existir. Contra toda nocividad. Por la anarquía.
CHIMPANCES DEL FUTURO, MADRIP, JULIO 2026
chimpancesdelfuturo@proton.me
"La envergadura de la resistencia obrera en diversas zonas donde el alzamiento había triunfado sugiere que si el gobierno hubiera tomado la decisión inmediata de repartir armas a los trabajadores, el alzamiento podría haber sido aplastado desde el principio". Pero no fue así, dos días antes del golpe, en Valladolid los socialistas reclamaron armas al Gobierno Civil ante los rumores de lo que se avecinaba. El delegado del gobierno las negó, afirmando que se valía con las fuerzas de la guardia civil y las fuerzas de asalto. Pero, una mala mañana, del 18 de julio, las calles vallisoletanas aparecieron plagadas de señoritos fascistas armados y uniformados y en compañía de ellos, las fuerzas de Asalto y de la Guardia Civil, que rápidamente circularon por la ciudad procediendo a declarar el estado de guerra y a detener a numerosos paisanos.
Dos días antes de producirse la rebelión, representantes del Frente Popular acudieron al Gobierno Civil para informar al señor Lavín de lo que se tramaba y le pidieron que para evitarlo armara con toda urgencia al pueblo. Su contestación fue negativa, pues dijo que bastaba con la Guardia Civil y Asalto para dominar a los rebeldes y que tenía "completa confianza en aquellas fuerzas". Es la confesión, publicada en el número del 23 de agosto de 1936 de la revista 'Frente Popular', de los combatientes Pablo Villarreal, Félix Labrador y Celso Vivar, testigos de la sublevación en Valladolid y luchadores, en esa fecha, en la columna Mangada. Los tres lo tenían claro: al no haber repartido armas al pueblo, el gobernador desactivó toda capacidad de responder con garantías al golpe contra la República.
Parte de "culpa" tuvo el gobernador don Luis Lavín Gautier, que bien claro lo pagó, pues fue uno de los primeros a quienes fusilaron los fascistas. La negativa de la Guardia Civil a entregar las 2000 armas de que disponían, la falta de refuerzos del exterior, la incautación de camiones de armas para los socialistas… son otras de las causas. La clase trabajadora, impotente, nada podía hacer contra aquellos, porque tenía las manos vacías.
El mismo sábado 18 de julio de 1936, al atardecer, los golpistas comenzaron a reprimir de la manera más brutal a cuantos ciudadanos pudieran oponerse al golpe de estado. "Sin armas suficientes, los afiliados o simpatizantes de las agrupaciones del Frente Popular tardarán tiempo en reaccionar ante una situación inicialmente confusa". (...)
La sublevación que inició la guerra civil en 1936 fue muy rápida en Valladolid. En apenas unos días, la ciudad del Pisuerga fue tomada por los franquistas, que se enfrentaron a los obreros desarmados. En los días inmediatos al 18 de julio, numerosos afiliados a organizaciones como Falange tendrán poder ilimitado para realizar registros, detenciones, etc. ("la escuadra del amanecer"). Desde aquel momento se inicia una siniestra caza de brujas, con un nivel de violencia draconiano, del que se infiere un no escondido afán revanchista por parte de los nacionalistas.
DOSSIER MEMORIA DE LA REPRESIÓN (1936 - 2026)
Dossier Memoria Histórica by Valladolor
OTRAS INFORMACIONES sobre MEMORIA HISTÓRICA en Valladolid:
>Actos en memoria de la represión: http://valladolorentodaspartes.blogspot.com/2026/05/actos-en-memoria-de-la-represion.html
>Lugares de la "sin memoria": https://valladolorentodaspartes.blogspot.com/2022/04/lugares-de-la-sin-memoria-en-valladolid.html
>Represión en los barrios de Valladolid (Pilarica y Pajarillos): http://valladolorenlabiblioteca.blogspot.com/2011/09/represion-en-los-barrios-de-valladolid.html
>Sobre el Campo de Tiro de San Isidro: http://valladolorentodaspartes.blogspot.com/2018/11/valladolid-fuera-cuarteles-de.html
>Sobre el Cementerio del Carmen de Valladolid: “La mayor fosa de fusilados del franquismo”: https://valladolorentodaspartes.blogspot.com/2017/09/valladolid-la-mayor-fosa-de-fusilados.html ; https://valladolorentodaspartes.blogspot.com/2017/07/valladolid-memoria-historica-de-la.html
>La memoria histórica institucional (no es memoria): https://valladolorentodaspartes.blogspot.com/2010/12/tres-anos-de-memoria-historica.html
XVIII ENCUENTRO DEL LIBRO ANARQUISTA DE SALAMANCA - Viernes 14 y sábado 15 de agosto, 2026
Viernes 14 de agosto de 2026
Paseo Libertario-19:30 h (Zamora)
Recorrido ameno por lugares emblemáticos del movimiento libertario histórico zamorano.
Confirmar asistencia: encuentrosalamanca@gmail.com
Sábado 15 de agosto de 2026
Plaza de Barcelona (frente a la estación de tren) – Salamanca
11:00 h -Inicio de la feria de libros, fanzines, periódicos, revistas...
13:00 h -Presentación del libro "La Zurramba", a cargo de su autor Francisco J. Moreno.
La Zurramba es un poemario que reivindica la libertad, el apoyo mutuo y el cuidado como formas de habitar el mundo.
15:00 h -Vermouth musicalizado & pintxos vegan.
17:00 h - Charla/debate "Acceso a la cultura", a cargo de El Feo (Filmoteca Maldita).
La
Filmoteca Maldita es un reconocido canal de divulgación cinematográfica
creado por "El Feo". Destaca por analizar películas de culto, rarezas,
animación y cine de autor, alejándose de los estrenos comerciales."El
Feo" fue llevado a juicio por su labor en un proyecto colectivo y sin
ánimo de lucro anterior llamado Zoowoman, una web que recopilaba enlaces
y preservaba digitalmente películas descatalogadas y de difícil acceso.
19:00 h -Charla/debate "Cuando el alumno es basura", a cargo del colectivo Wayra.
Bibliografía
y reflexión colectiva sobre experiencias de fracaso escolar y dolor
infantil. Superación y retos a través de proyectos educativos libres y
respetuosos, y una aproximación a esta realidad tomando como referencia
la agricultura y el compostaje.
20:30 h - Presentación del libro "Jacinto Toryho: ¡Habla la revolución!"
"El Lokal", de la Escuela de Periodismo de El Debate a la dirección de Solidaridad Obrera, a cargo de J. Miguel Fdez. Recordar
la fascinante figura y las propuestas de Toryho nos transporta a unos
tiempos pasados repletos de idealistas, una generación que imaginó un
mundo basado en los parámetros del bienestar común, la justicia social y
la defensa de las libertades, cuando las lógicas del capital y del
poder estuvieron a punto de ser derribadas.
21:30 h - Recital y flamenco: "Versos de Intramuros".
Recital
de poesía en voz del autor del poemario "Pájaros Azules", Santi Cobos, e
interpretados al baile flamenco por Askoa Etxebarrieta "La Pulga".
Durante toda la jornada del Sábado tendremos la exposición “La
Revolución pedagógica de Ferrer y Guardia"
Más información: www.encuentrosalamanca.
La represión contra activistas solidarios con Palestina se ha intensificado a nivel global y local.
Se manifiesta a través de la criminalización de las protestas, multas, acciones judiciales y detenciones arbitrarias. Con el pretexto de mantener el orden público, luchar contra el antisemitismo o proteger la seguridad nacional, las autoridades han adoptado medidas excepcionales como la prohibición de manifestaciones, las detenciones arbitrarias, la represión dentro de las instituciones académicas, la censura de los medios de comunicación y las amenazas legislativas.
"Es un intento de criminalizar y de desmovilizar". Manu Pineda, fundador de la asociación Unadikum y exeurodiputado, resume así el informe que el 3 de junio puso a cuatro organizaciones no gubernamentales españolas en el centro de una acusación grave: canalizar fondos, "directa o indirectamente", hacia Hamás y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), ambas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. Las señaladas niegan de forma tajante cualquier colaboración con el terrorismo y coinciden en una lectura: el objetivo no es probar un vínculo, sino instalar la sospecha sobre quienes ayudan a Palestina.
El lobby ACOM, fundado en 2004 y con sede en Madrid, ha presentado en los últimos años querellas contra ayuntamientos, periodistas y activistas propalestinos; la mayoría han sido archivadas o desestimadas por los tribunales españoles, que las consideraron amparadas por la libertad de expresión. Se han documentado sanciones administrativas y procesos judiciales en País Vasco y Navarra contra plataformas ciudadanas. Las expresiones de solidaridad han sido criminalizadas en países como Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. El caso español se inscribe en una tendencia más amplia que recurre a marcos antiterroristas frente al activismo propalestino.
Alemania prohibió en noviembre de 2023 la red Samidoun, dedicada a la solidaridad con los presos palestinos, y desplegó después redadas en quince domicilios; en octubre de 2025, varios relatores especiales y expertos independientes de la ONU pidieron a Berlín que dejara de criminalizar un activismo mayoritariamente pacífico
El Reino Unido ofrece el ejemplo más reciente, y también sus límites. En julio de 2025, el Gobierno laborista proscribió a Palestine Action bajo la legislación antiterrorista; desde entonces, más de 2.700 personas fueron detenidas por mostrar su apoyo al grupo. En febrero de 2026, el Alto Tribunal de Londres declaró ilegal y desproporcionada la prohibición, aunque esta sigue en vigor a la espera del recurso del Gobierno.
Recientemente, en Francia, hemos tenido conocimiento de la detención, en Marsella, de dos activistas bajo la acusación de «apología del terrorismo». A las 6:00 de la mañana, una unidad táctica del RAID derribó la puerta de su apartamento para proceder a un registro, detenerlos e incautar equipos informáticos. Simultáneamente, también se registró un espacio de reunión. Desconocemos exactamente de qué les acusan las autoridades policiales y judiciales burguesas; sin embargo, sabemos que la acusación de «apología del terrorismo» se utiliza con frecuencia —tanto en Francia como en otros países europeos— para reprimir a quienes buscan apoyar de alguna manera a los palestinos y oponerse a las políticas criminales del Estado israelí.
REPRESIÓN EN EL ESTADO ESPAÑOL
Con el objetivo claro de disuadir la protesta, se han llevado a cabo diferentes acciones contra la ciudadanía que vulneran el derecho a la protesta. “En España, mostrar una bandera palestina en un partido de baloncesto, sentarse en una carretera durante una etapa de la Vuelta Ciclista o participar en una protesta en el contexto de una prueba deportiva puede acabar en una multa de miles de euros. En algunos casos, incluso de decenas de miles. El mero hecho de protestar también puede derivar en una detención, en un proceso penal o en una carga policial con porras y gas pimienta”, se puede leer en el comunicado emitido por la organización.
Quizás el caso más paradigmático sea el de la Vuelta Ciclista a España de 2025, cuando, a lo largo de las diferentes etapas, activistas y ciudadanos se movilizaron para protestar contra la participación del equipo Israel–Premier Tech y para denunciar el genocidio en Gaza. La protesta consistió en el despliegue de pancartas y ocupación de la carretera con el objetivo de parar el paso de la carrera. Entonces, “la respuesta de las autoridades fue contundente. Al menos 30 personas fueron detenidas y 108 enfrentan expedientes sancionadores, de los cuales 91 se basan en la ley contra la violencia en el deporte”. De momento, y por estas acciones, se han tramitado 27 multas de 300 euros en Ponferrada; 5 multas de 3.000 euros, y una de 60.000 euros en Pontevedra. En Figueres (Girona), una persona fue arrestada por cortar la carretera. También en Bilbao hubo tres detenciones y en Asturias, doce personas fueron detenidas en una sola jornada. En Galicia, diez activistas fueron arrestados. En Madrid, las protestas llegaron a provocar la suspensión de la etapa final, con nuevas detenciones.
Durante la Vuelta también hubo incidentes en Valladolid, donde actualmente se enfrentan a sanciones hasta 23 personas; cuatro de ellas enfrentan un procedimiento penal por haber invadido el recorrido de la carrera a la altura de la Plaza de la Universidad. La Fiscalía solicita casi ocho años de cárcel para todos ellos por presuntos delitos de desorden público, alteración del espectáculo deportivo y resistencia a la autoridad. La acusación particular eleva estas peticiones hasta los 31 meses por persona.
Este próximo 10 de julio se celebra la vista previa del juicio en el que la acusación pide hasta 8 años de prisión.
Pese a la gravedad de las acusaciones, los solidarios se muestran "firmes" en su compromiso con Palestina y aseguran que a pesar del "intento de criminalización" no van a detener su solidaridad con el pueblo palestino. Se ha convocado una concentración frente a los juzgados de la calle Angustias en Valladolid para denunciar lo que consideran un juicio político y una "criminalización de la protesta social".
LA REPRESIÓN A LA SOLIDARIDAD CON PALESTINA ES LA PUNTA DE LANZA DE LA REPRESIÓN CONTRA TODA LA CLASE TRABAJADORA
Los democráticos estados europeos están dando con todas estas acciones la verdadera muestra de lo que son... la mayor parte de las protestas reprimidas han sido pacíficas y aún así los estados se están cebando con los solidarios.
Los delitos de apología del terrorismo, las acusaciones de atentado y otras barbaridades jurídicas del estilo solo pretenden amedrentar y disciplinar a quienes protestan. Como todos sabemos, en realidad, los verdaderos terroristas son los dirigentes israelíes y sus valedores imperialistas, sin los cuales las masacres en Palestina y otros países no habrían tenido lugar.
Por todo esto, expresamos nuestra solidaridad con todos los activistas, así como con todos aquellos que, en Valladolid y en otros lugares, sufren represión por denunciar y combatir los crímenes cometidos contra los palestinos; al mismo tiempo, reconocemos que una solidaridad auténtica y eficaz con las poblaciones palestina, libanesa, iraní y otras conlleva necesariamente una lucha proletaria contra el capitalismo global, empezando por el interior de las potencias imperialistas que dominan el planeta.
Solidaridad con el pueblo palestino:
basta ya de asesinatos, basta de genocidio.
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FUENTES y otras informaciones:
> Informe sobre la represión del movimiento de solidaridad con Palestina: https://www.fidh.org/es/region/magreb-y-medio-oriente/israel-y-palestina/la-fidh-publica-un-informe-sobre-la-represion-del-movimiento-de
> Israel reactiva la criminalización de la solidaridad con Palestina: https://www.publico.es/internacional/asia/israel-reactiva-criminalizacion-solidaridad-palestina-mentiras-cinco-ong-espanolas.html
> La criminalización de la solidaridad con Palestina: https://www.elsaltodiario.com/palestina/del-apoyo-sanciones-criminalizacion-solidaridad-palestina
> Represión occidental al apoyo a Palestina: https://losojos.es/la-mirada/represion-occidental-al-apoyo-palestino/
> Palestina: recordar y NO OLVIDAR: https://valladolorentodaspartes.blogspot.com/2026/03/palestina-recordar-y-no-olvidar.html
Algunas informaciones sobre los represaliados en Valladolid:
