CRÓNICA DE LA CONCENTRACIÓN

de recuerdo a K.D., muerto violentamente en Zambrana

En la mañana del sábado 9 de Abril de 2022 se celebró en Valladolid una concentración en homenaje al niño muerto violentamente por manos de quien pretendía reducirle el pasado 3 de marzo de este año, en el Centro de Menores Zambrana, donde permanecía recluido.

Esta concentración se celebró para romper el silencio social e institucional que ha rodeado a esta muerte y gritar contra la realidad torturadora y abusadora de estos centros, pero sobre todo, para realizar un recuerdo y homenaje a un niño que ha muerto de una parada cardíaca mientras otras personas adultas le intentaban reducir y esposar por una crisis de rabia… ojo, para que un corazón de un adolescente se pare, ¡cómo sería la situación!, pero claro: ¡como van a reconocer que ha habido excesos por parte de los vigilantes de seguridad, por favor! Sólo les falta decir a los medios que se lo ha buscado el mismo chaval, por violento… ¡es la ostia!

Por ello, a las 12:30h se dieron cita algo más de un centenar de personas en la puerta del centro situada en la C/ Juan Carlos I del barrio de Las Delicias. Se desplegaron dos pancartas donde se podía leer: “No más muertes en centros de menores” y “No somos mercancía, somos niñxs. Zambrana=cárcel”. Se repartieron panfletos a los asistentes y a todas las personas que pasaban por allí. La opinión mayoritaria de los vecinos y vecinas del barrio era de conocimiento del suceso y de indignación y emoción ante situaciones de esta índole... ¡Joder, que son niños ostias! Una injusticia en toda regla, silenciada impunemente.

Hacia la 13:00h, tras leerse públicamente el comunicado del acto, se ocupó un sentido de la calzada en dirección centro para subir por la calle de Miguel Ruiz de Temiño hasta la puerta principal de la cárcel de menores. Se subió tras la pancarta principal en la que se leía “No más muertes en centros de menores”.

Durante la concentración y la marcha se palpaba la rabia del personal a través de los gritos conjuntos como “No son educadores, son torturadores”, “El Zambrana, tortura y asesina”, “Abajo los muros de las prisiones” o “Un butrón, un butrón, en los muros de prisión”. Al llegar a la puerta principal de la cárcel, se gritaron de nuevo mensajes y se leyó el comunicado por segunda vez. Tras lo cual, se cerró dando las gracias a los asistentes, recordando al chaval, criticando el silencio democrático ante casos como este y los carpetazos judiciales para evitar responsabilidades de algún tipo, e invitando a las personas asistentes al acto que se celebraba a las 17:00h de ese mismo día sobre la realidad de los centros de menores en el estado español.

PARA LEER EL COMUNICADO COMPLETO:

https://valladolorentodaspartes.blogspot.com/2022/03/muertes-en-el-zambrana-asesinatos-sin.html

Ver más: "Muerte en el Zambrana, ¿asesinato sin consecuencias?" : http://valladolorentodaspartes.blogspot.com/2022/03/muertes-en-el-zambrana-asesinatos-sin.html?m=1

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CHARLA SOBRE LOS CENTROS DE MENORES

realizada por “Saltando Charcos” , en el Centro Social La Molinera (9/04/2022).

En el Estado español, el nuevo modelo de las cárceles de menores surge con la aprobación en el año 2000 de la Ley de Responsabilidad del menor; una ley que ha tenido varias reformas siempre en la línea del endurecimiento penal y que, desde su puesta en marcha, permite la privatización de la gestión de estos centros en manos de empresas y fundaciones.

El movimiento contrario a estos centros ha sido muy fuerte durante el periodo 2000-2010. La actividad anticarcelaria en los espacios políticos mantuvo fuerte el movimiento. La cadena reproducción de capital --> incremento de la desigualdad --> marginalidad --> cárcel, así como las problemáticas comunes dentro y fuera de las cárceles (vivienda, salud y trabajo) naturalizan sinergias en las relaciones internas de esta lucha transversal. Posteriormente se entró en una etapa general de dejadez y/o caída del interés en la lucha contra las cárceles, y de legitimación discursiva del ambiente carcelero por sindicatos y cierta izquierda social (por ejemplo, entre algunos educadores y trabajadores sociales). 

A pesar de todo, dentro del movimiento anticarcelario, la preocupación por lo que allí sufren miles de jóvenes y la lucha contra todas las cárceles continúa como hemos vivido en esta jornada de duelo y rabia por la muerte de un menor en Zambrana el pasado mes de marzo. 

Desde la entrada en vigor de la ley de responsabilidad del menor, los centros pasaron a ser gestionados por empresas y fundaciones como Ginso, Grupo Norte, Diagrama y la desparecida Fundación O´Belen. Empresas, que en muchos casos tenían negocios en otros sectores como la seguridad privada, la construcción, la prestación de servicios, etc., copan el mercado de atención a la infancia tanto en protección, reforma, terapéuticos... a cambio de un suculento beneficio económico y a costa de encerrar y custodiar a niños, niñas y jóvenes en sus centros. Hay contratos que rondan entre los 4.000€ y los 9.000€ al mes por cada plaza. 

Este modelo de atención a la infancia supone que el 80% de los centros sean privados, generando un nicho de mercado a costa de los caudales públicos. Los pocos centros públicos se localizan mayormente en Euskalherria y Cataluña. Fundaciones y constructoras se benefician tanto en las etapas de construcción de los centros como luego en la gestión interna. La lógica imperante es que los centros construidos sean rentables, lo que implica que deban ser habitados por personas dentro, presos y presas. Reconocemos aquí un problema endémico de la privatización que ha empeorado la situación cubriendo de legalidad el beneficio económico de la atención a la infancia. Si como cualquier empresa el objetivo final es la rentabilidad económica de sus activos, ¿dónde queda el interés superior del menor? ¿dónde está el objetivo pedagógico y de reinserción? 

Al sistema penal se le dota con muchos más recursos que a la prevención. La apuesta del Estado no es invertir en los barrios y familias, en herramientas sociales que podrían paliar las malas condiciones y la marginalidad causantes de la mayoría de delitos (contra la propiedad y contra la salud). La mayoría de recursos, con el amparo de sus leyes, se dedican a enriquecer a grandes empresas y a un modelo residencial que poco o nada beneficia a estos niños.

Como en las cárceles de mayores de 18 años, existe un fuerte componente de clase. A los niños y las niñas de familias pudientes se les trata como propiedad de los padres (visión cristiana del capitalismo occidental), y a los y las de familias con bajos ingresos como propiedad del Estado (visión burocrática y aparcardero de miserias). La ley del menor tiene en cuenta la situación socioeconómica familiar a la hora de condenar al menor. Por el supuesto “interés superior del menor” un chaval de una familia con menos recursos o con dificultades tiene una condena distinta y generalmente más dura que el chaval con una familia de clase media o alta con recursos y que se ajusta perfectamente al modelo ideal de familia neoliberal. 

Las personas menores de edad tienen incluso menos derechos que las mayores de edad. Derechos adquiridos que no se han trasvasado como los turnos de oficio de abogados, la figura del juez de vigilancia penitenciaria, el apoyo de colectivos y asociaciones desde fuera, etc. Pero en las cárceles de menores todo funciona bajo la gestión del centro que decide lo que le conviene al chaval y lo que se le permite o no. Bajo la sentencia de que "no eres una figura de referencia para el menor" (¿acaso lo es el personal que le tortura?) prohíben el derecho a visitas de abogados, familias y amigos. No es de extrañar que los menores prefieran ir a la cárcel de adultos.  

En cuanto al funcionamiento de estos “centros de reforma” -una sutil manera de llamar a las cárceles para personas menores de 18 años-, la total falta de transparencia y control sobre ellos mantienen la impunidad de todo lo que allí dentro acontece. Opacidad y oscurantismo es lo que encontramos sobre el trabajo en estos centros. Prácticamente no hay información sobre quiénes están gestionando estos centros, el coste de estos contratos, los criterios para su elección, que métodos supuestamente pedagógicos utilizan en la reinserción de estos chavales, cómo se elige y contrata a los supuestos profesionales que se encargan de su custodia, etc. En la mayoría de las cárceles nos encontramos con un modelo de intervención conductista en un espacio totalmente normativizado con un régimen disciplinario las 24 horas del día y en todas las esferas vitales de una persona. Los supuestos procesos educativos se basan en el sometimiento a la norma, a base de chantajes, castigos y premios hasta que el chaval la cumpla. Un modelo educativo totalmente autoritario donde el adulto abusa de su estatus para custodiar y hacer cumplir las normas. La voz de los niños y niñas, sus necesidades, sus circunstancias, su momento vital y su autonomía son anuladas y reprimidas. Todo tu comportamiento como menor encarcelado está sujeto a una norma bajo la vigilancia y evaluación continua de los adultos y dependiendo de cuanto te sometas o adaptes a ellas estarás más o menos castigado. Hablamos de un espacio con muros de seguridad, puertas automáticas que solo los adultos pueden abrir y cerrar, cámaras de seguridad, celdas de aislamiento, cacheos integrales, régimen de visitas y llamadas, partes de castigo, horarios rígidos, etc. en un ambiente de autoritarismo, miedo, imposiciones y normas a cumplir las 24 horas del día.  

Cuando uno piensa en la educación y/o reinserción de un niño ¿está pensando en esto? ¿Se puede propiciar así un espacio de confianza, de motivación, de relación para educar? Un proceso educativo parte de algo muy básico, el vínculo entre las personas que mutuamente se reconocen y en espacios de encuentro, es decir, en libertad. Las únicas relaciones que pueden darse en una cárcel son las de vigilantes y vigilados o dominadores y dominados. El sistema punitivo fábrica niños y niñas sin empatía, lo que llamamos “utilitaristas” porque en las etapas más importante de sus vidas, la infancia y juventud sus referentes educativos se basan en el chantaje y el sometimiento. Muchos de ellos sin un tejido social fuerte, acaban en las cárceles de adultos. 

Las cárceles de menores son instituciones iatrogénicas que no producen nada positivo ni mejoran la vida de estos chavales, sino que provocan daños irreparables en su desarrollo vital, educativo y emocional. Los casos de abusos, maltrato y muertes en estos centros son una constante desde su puesta en marcha hace ya 20 años. El caso del chaval muerto en Zambrana del que solo conocemos sus iniciales, K.D, es el último que hemos podido conocer pero por desgracia no el único. Desde asociaciones como Oteando en defensa de los derechos y libertades de las personas presas se ha intentado investigar el caso pero el hermetismo del centro es total. Incluso sabemos que otros niños presos en esta misma cárcel no tienen tampoco información sobre lo ocurrido. Todo bien tapadito y todos bien calladitos. 

En 2010 un crío apareció ahorcado en su celda de Zambrana y también se ocultó. La mayoría de los casos de muertes en estas cárceles quedan archivados sin que nadie asuma ninguna responsabilidad por sus actos y la mayoría de las veces sin que la sociedad se entere. Si a esto le sumamos que muchos de estos niños y niñas tienen familias con pocos recursos y poca red de apoyo, la impunidad con la que actúan es indignante. 

En 2019 Iliass murió después de la supuesta “contención” que le aplicaron hasta 5 personas de seguridad en una minúscula celda del centro Tierras de Oria de Madrid. Estuvo atado boca abajo con correas de pies, manos, cintura y pecho y sin que el joven mostrara resistencia hasta que se asfixió cuatro minutos después. Todo esto lo sabemos porque el video de seguridad se filtró a la prensa y creó tal indignación que el defensor del pueblo tuvo que intervenir a pesar de que la investigación judicial se cerró rápidamente sin depurar responsabilidades ni a los de seguridad ni al centro. “Casualmente” en este mismo centro murió otro chaval en 2011, Ramón Barrios, en las mismas circunstancias. La empresa que lo gestionaba entonces y actualmente Ginso sigue sin asumir ninguna responsabilidad y la administración sigue dejando en manos de esta gente el cuidado de cientos de chicos y chicas. El archivo de la causa ha sido recurrida pero, qué esperar de la justicia cuando hasta el momento nadie ha hecho nada para cerrar estos centros. Los que sí han ido a juicio son los trabajadores que se atrevieron a sacar otro video similar en 2015 donde denunciaban los abusos a los que se sometía los niños allí encerrados. 

Ha habido más casos, la fundación O´Belen tuvo que abandonar la gestión de sus centros como Picón de Jarama o Galapagar ante las decenas de denuncias por maltrato y abusos y después de que al menos 3 niños entre 12 y 17 años (Hammid, David y Saray) hayan muerto bajo su custodia. En Tenerife, Philipp de 16 años apareció en su celda con una bolsa de plástico en su cabeza; En Zaragoza Libardo también apareció muerto en su celda en 2012, Emmanuel de 15 años en 2013… Niños y niñas que deberían ser protegidos y ayudados acabaron perdiendo la vida por las prácticas y funcionamiento de estos centros. Son muchos relatos casi idénticos aunque se produzcan en distintos centros, no es una casualidad, no es un solo centro, es el sistema que los ampara, protege y sigue enriqueciendo a las empresas que lo gestionan. Muchos testimonios dan cuenta de las barbaridades que allí se cometen pero ante posibles denuncias, en el último momento muchas personas se echan atrás por bulling, amenazas y la certeza de total connivencia de la administración y la justicia con estas empresas. Un gran negocio para unos y un infierno para los niños y niñas que sobreviven. 

El defensor del pueblo ya ha advertido en varias ocasiones que las contenciones mecánicas deben prohibirse y más aún cuando se trata de menores de edad, por el peligro de muerte y daños irreparables que pueden provocar física y psicológicamente.

Las respuestas ante situaciones de muertes/asesinatos como la del Zambrana hace unos días es floja, fruto del distanciamiento social ante el problema. Un distanciamiento que bebe del individualismo alimentado por el neoliberalismo, ahondado por una pandemia gestionada desde el miedo y el control.  

Desde el campo educativo y social hay que replantearse qué tipo de trabajo se está haciendo en estos centros. En la batalla discursiva, el énfasis ha de centrarse en el anti-autoritarismo como método de gestión de conflictos. Se demuestra en la educación antiautoritaria que no es necesaria la violencia para rebajar tensiones y estrés en los críos y en las crías, intentando echar una mano de verdad, ofreciendo oportunidades de mejora reales en la vida. Por supuesto, estas personas no forman parte de la dirección de proyectos en los centros penitenciarios. El papel del educador/a social queda totalmente limitado a funciones de guardia, custodia y aplicación de normas que nada tienen que ver con la educación. Muchas personas que entran a trabajar en estos centros lo hacen con la buena voluntad de cambiar las cosas pero el funcionamiento de estos centros hace que en el mejor de los casos las contradicciones que te generan hacen que dejes el trabajo si no quieres entrar a reproducir el mismo sistema punitivita. Incluso hace poco hemos sabido que la generalitat ha firmado un convenio con la policía nacional para que los agentes hagan prácticas en estos centros. 

¿Qué modelo pretendemos como alternativa en lo educativo, la alternativa a la policía y similares? Sabiendo gestionamos los conflictos que generamos como sociedad. La violencia tiene un análisis más profundo que la manifestación física. Solo es posible cambiando la base del modelo social, no es posible en el seno del capitalismo. Descentralizar y dotar de servicios al barrio y mejorar las condiciones materiales, sociales y educativas de las familias. Porque si la apuesta del Estado fuese la de solucionar el conflicto, ¿dónde queda el negocio de las élites? 

No son centros, son cárceles y son un negocio. No es reinserción, es castigo y no es un caso aislado, son niños y niñas muertas por la violencia institucional.