Informe sobre el estado de la situación a 10 de agosto

ECONOMÍA DE LA CATÁSTROFE

Incendios, ¿casualidad? ¿tragedia? No, beneficio capitalista y control democrático.

En los últimos días el fuego está arrasando miles y miles de hectáreas en diferentes puntos del país. Tarifa en Andalucía, Jarilla en Extremadura, Cofrentes en Valencia, Picos de Europa… pero sobre todo León, Zamora y Galicia, son las zonas más afectadas hasta el momento. Como siempre sucede con estas situaciones, los telediarios y la prensa abren diariamente con noticias acerca del caos y de la mala gestión, los improperios que se cruzan entre sí diferentes administraciones; todo ello a costa de una situación que ya ha matado a cuatro personas, arrasado una cantidad inmensa de zonas de cultivo y acabado con cientos de cabezas de ganado.

En un clima mediterráneo como el que predomina en buena parte de la península ibérica, con marcados periodos de calor y sequedad, con una masa boscosa que no para de crecer año tras año, los incendios deberían ser algo normal y controlado. Pero cada año la situación es peor. Cada vez más destrucción y cada verano más muertos. No sólo importa la terrible situación creada directamente por los incendios, sino también el juego político y social que se libra para aterrorizar a la población, utilizándolo como excusa para mantener el estado de miedo y nervios permanente con el que la clase burguesa gobierna tan bien.

“Hay que potenciar la prevención”, “los fuegos se apagan en invierno”, “no hay que permitir que se repita esta situación, debemos ir a las causas” … son frases que hemos escuchado en estos últimos días en boca de políticos, altos responsables de la Administración central y autonómica e incluso de los bufones que habitualmente prestan su imagen para potenciar el efecto de estas estupideces. Porque son estupideces: ni la prevención, ni el trabajo cotidiano, ni por supuesto las causas de los incendios constituyen preocupación alguna para la burguesía o sus representantes. La catástrofe, sea en forma de incendios, de inundaciones e incluso de guerra es consustancial al mundo capitalista y la burguesía saca buen provecho de ella.

En el caso de los incendios, la cosa es clara: durante décadas se ha disminuido el gasto en cualquier tipo de política preventiva, tratando de mantener en el mínimo imprescindible (que, como se ve, es totalmente insuficiente) las partidas presupuestarias destinadas a las medidas necesarias para controlar los fuegos del verano. Ni el Estado central, ni las Comunidades Autónomas, ni los municipios ven en las intervenciones que sería necesario llevar a cabo otra cosa que un gasto inútil que únicamente lastra sus cuentas anuales. Pero no sólo se trata de que, ante la “catástrofe” (completamente evitable, como se ve), se reduzcan los gastos de prevención, sino que el beneficio que se puede obtener de ella es tan cuantioso que elimina cualquier incentivo para prevenirla. La construcción de parques eólicos o nuevas viviendas en los espacios arrasados, la industria maderera, las propias inversiones públicas en las zonas afectadas, constituyen un gran negocio del que ni la gran ni la pequeña burguesía, ni la constructora ni el pequeño propietario, quieren privarse. La pregunta acerca de cuántos incendios son provocados es ya tópica. Pero más allá de ella, ¿cuántos son mantenidos el tiempo necesario para que cumplan con su función económica? ¿cuántos y por quienes son “incentivados”? ¿cuántos rinden unos resultados en términos económicos a los que nadie quiere renunciar?

El capitalismo da, siempre y en todo momento, los mismos resultados: los recursos naturales y humanos se destruyen para obtener con ello toda la ganancia posible. De nuevo, los incendios de estos últimos días nos dan un buen ejemplo de ello, porque durante muchos años los responsables de las políticas de prevención, es decir, el propio Estado burgués en cualquiera de sus niveles responsables, han llevado a cabo una tarea de disminución del peso de la fuerza de trabajo, de los recursos humanos, de los proletarios en suma, en las tareas de prevención y sofoco de los incendios. La misma política que se sigue en cualquier empresa, donde se sustituye fuerza de trabajo por capital, manos por máquinas, para continuar el ciclo de valorización del capital, se sigue en el sector público: el empleo se precariza, los sueldos caen, los servicios se subcontratan, los contratos son cada vez más breves… incluso se llega a sustituir las torres de vigilancia por cámaras de circuito cerrado.

Aún así se podrá pensar que un incendio es una tragedia… ¿para quién? Ni el Estado burgués que lo permite ni la burguesía privada o pública que lo alienta lo ven de esta manera. La lógica capitalista del beneficio opera también en este ámbito. A medida que la economía rural, en la cual existían incentivos directos para las tareas de prevención porque el monte se utilizaba como fuente de unos recursos cuyo valor estaba en que se renovaban año a año, ha dejado paso a una economía capitalista altamente desarrollada, donde el beneficio está en gran medida en la destrucción, directa o indirecta, de los recursos. Así, los incendios se vuelven cada vez más difíciles de evitar y contener. Debe tenerse en cuenta que en esa economía rural (por lo demás capitalista también, aunque con un grado de desarrollo menor) el fuego siempre fue un recurso y una herramienta más que se utilizó para mantener la masa boscosa en unas dimensiones apropiadas y así evitar incendios tan violentos como los que vemos hoy, cuando el bosque resulta tanto más beneficioso cuanta más cantidad del mismo se puede destruir de una vez.

Otras de las frases gastadas de tanto usarlas estos días son los insultos que se cruzan de uno a otro bando político: las administraciones locales del Partido Popular contra el Gobierno central del Partido Socialista y viceversa, para achacarse la responsabilidad de los incendios. El juego democrático también saca un beneficio neto de esta situación. Cada situación, cada desastre natural, cada muerto, sirve para reforzar la idea de que las alternativas democráticas representan realmente opciones diferentes y que el proletariado puede (¡y debe!) adherirse a una de ellas para solucionar los problemas urgentes que le rodean. Pero lo que se busca con esto realmente es la adhesión al propio sistema democrático, la creencia de que la solución a los problemas que crea la burguesía se encuentra en las propias instituciones burguesas, la práctica tan extendida, tan impregnada en el cuerpo social del proletariado, consistente en delegar la lucha en defensa de su supervivencia en los mecanismos institucionales que regulan el gobierno democrático del país.

En la versión más extrema de este juego, una versión que cobra cada vez más fuerza porque responde a una tensión que afecta a todas las clases sociales y que aumenta poco a poco, se llega a hablar de España como “estado fallido” en la medida en que es absolutamente incapaz de responder a situaciones como la de estos incendios o como la de las inundaciones de Valencia hace 10 meses. Se trata, como decimos, de una versión aparentemente más radical, más dura, pero igual en esencia, de esa defensa del juego democrático al que llama la burguesía de todos los bandos y de todas las instituciones. ¿Qué Estado burgués es capaz de responder a la catástrofe que implica su propia existencia y la de la burguesía? ¿Bajo qué orden burgués no se producen catástrofes cada vez más ampliadas por la fuerza del propio desarrollo capitalista? La salida nacionalista de la crisis social, que a medida que se enerva la situación internacional y nacional más parece perfilarse en el horizonte, también necesita del refrendo democrático para triunfar.

Aunque hoy parezca una vía difícil de tomar, lejana e incluso inalcanzable, es la lucha de clase proletaria y no la confianza en ninguno de los señuelos democráticos que ofrece la burguesía la que podrá acabar con esta situación. Pese a que parezca extraña, poco concreta e irrealizable, es la única realista. En estos días lo que estamos viendo es el fracaso de cualquier otra opción.

Los proletarios son los únicos que tienen un interés claro en que la sociedad de la catástrofe sea aniquilada, en que las inmensas fuerzas sociales que el capitalismo dedica a mantener y reforzar el dominio de clase de la burguesía se destinen a lograr una sociedad en la que desaparezca la apropiación privada (burguesa, bajo todas sus formas) de la riqueza social. Para lograrlo, al menos para embocar la vía de la lucha anti burguesa y anti capitalista, la clase proletaria debe romper con la mixtificación democrática, debe despreciar el veneno que supone la fe, que desgraciadamente aún hoy tiene, en que la clase burguesa y su juego de alternancia parlamentaria o cualquier remedo autoritario de este, pueda suponer una salida a las catástrofes inducidas por la propia burguesía y su sistema. Debe revolverse, con toda su fuerza, contra el frente común que la burguesía le impone.

Lo hemos visto en los incendios, como lo vimos en las inundaciones de Valencia. Toda la fuerza social de los proletarios es democráticamente conducida hacia la política de colaboración entre clases que beneficia directamente a la burguesía. Esa colaboración convierte a los proletarios en voluntarios, en mano de obra gratuita con la que tapar el desastre, cuando ya no queda otra opción (y que además muere en esa labor), cuando toda su fuerza de clase debería dirigirse a golpear a la burguesía, a parar la producción, a obligarla a pagar por su economía de la catástrofe.

Del mundo del horror y la muerte que la burguesía depara a la humanidad sólo se saldrá mediante la destrucción del sistema capitalista y, para ello, la clase proletaria debe levantarse para hacerlo saltar por los aires.

15/08/2025

Partido Comunista Internacional

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LA EDUCACIÓN. LA ENSEÑANZA. EL SISTEMA.

Los sistemas educativos nacionales surgen en Europa a principios del siglo XIX a raíz de la Revolución Francesa. En España, la Constitución de 1812 incorpora la idea de la educación como un entramado en el que debe intervenir el Estado, con lo que se sientan las bases para el establecimiento del sistema educativo español. Sin embargo, su concreción definitiva culmina con la aprobación, en 1.857, de la llamada Ley Moyano.

Tras varios avances (informe Quintana, de 1814, convertido en norma en 1821) y retrocesos (Plan Calomarde, de 1823) en 1836 se aprueba el Plan General de Instrucción pública, antecedente de la Ley Moyano de 1857. La Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, llamada Ley Moyano por ser Claudio Moyano Ministro de Fomento en el momento de su aprobación, fue fruto del consenso entre progresistas y moderados, y significó la consolidación definitiva del sistema educativo liberal. En ella se establece una concepción centralista de la educación, el eclecticismo en la cuestión de la Iglesia en la enseñanza y la consolidación de una enseñanza privada, básicamente católica, a nivel primario y secundario.

Los pocos avances producidos en el periodo de la Primera República se concretan en la libertad de enseñanza, incorporada al sistema educativo español de modo definitivo.

La educación volvió a tener un gran protagonismo a finales del siglo XIX. Se reforman las escuelas normales, la enseñanza secundaria y los planes de estudio de las enseñanzas universitarias. Las reformas también afectan a la reglamentación de los exámenes, a la regulación de la enseñanza de la religión, a la titulación del profesorado, a la reordenación del Bachillerato y a la autonomía universitaria. Un hecho muy destacado es el intento de que los maestros pasen a ser pagados por el tesoro público, puesto que hasta entonces eran pagados por los ayuntamientos y su salario era bastante deficiente.

Tras el triunfo de los partidos republicanos y socialistas en las elecciones municipales, el 14 de abril de 1931 se abre una nueva etapa en el sistema educativo español. La Constitución republicana proclamaba la escuela única, la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza primaria, la libertad de cátedra y la laicidad de la enseñanza. Igualmente, establece que los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial serán funcionarios. La victoria de los partidos de derecha en 1933 revocará muchos de los planteamientos educativos del gobierno anterior.

En los primeros años del régimen de Franco, la educación sólo interesa al Gobierno como vehículo transmisor de ideología, sin importarle en exceso su organización y estructura interna. Así, proliferan decretos y órdenes ministeriales con una sola idea: la educación debe ser católica y patriótica: educación de acuerdo con la moral y dogma católicos, separación de sexos, incremento del elitismo y la discriminación, enseñanza obligatoria de la religión en todas las escuelas y derecho de la Iglesia a la inspección de la enseñanza en todos los centros docentes. Se observa igualmente una politización de la educación por medio de una orientación doctrinaria de todas las materias. El Estado se desentiende de la tarea educativa y la deja plenamente en manos de la Iglesia.

La “apertura” del régimen a mediados de los 50 se concreta en el sistema educativo en la “Ley Ruiz Giménez”, primer paso hacia la escolarización obligatoria a partir de los 14 años que establece, a su vez, un sistema de convenios para que los ayuntamiento construyan escuelas.

La Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (LGE), regula y estructura, por primera vez en este siglo, todo el sistema educativo español. Los planteamientos de la ley se inscribían en la tradición educativa liberal y suponían un reconocimiento implícito del fracaso de la educación autoritaria de los últimos 30 años. Esta ley sigue, en buena medida, vigente: generalización de la educación, planificación estatal de la enseñanza, presencia notable de la enseñanza privada (en un primer momento en los niveles no universitarios), relación entre la escuela y el mundo del trabajo, “por entender que la educación debe preparar para el trabajo”. Lejos de una política educativa integral que atienda al desarrollo del ser humano en sus diversas facetas (física, psíquica, manual), establece de este modo la subsidiaridad del sistema educativo respecto al desarrollo del capitalismo español y la producción:

[…] La jornada escolar unilateral, improductiva y prolongada de los niños pertenecientes a las clases superiores y a las clases medias aumenta inútilmente el trabajo de los enseñantes “mientras derrocha el tiempo, la salud y la energía de los niños no sólo sin fruto sino con grave daño para ellos”

Las reformas democráticas que se han sucedido han venido a remachar este sistema educativo liberal-capitalista: Ley de Reforma Universitaria (1983), Ley del Derecho a la educación (LODE, 1985), Ley General del sistema educativo (LOGSE, de 1990), LOPEG (de 1995), LOCE (de 2002), LOE (en 2006)… hasta la LOMCE de 2013 (la llamada Ley Wert) y la actual LOMLOE que la deroga en ciertos aspectos volviendo al marco general de la LOE. La LOMLOE comenzó a estar en vigor en el curso 2021-2022.

La nueva ley de educación no puede solucionar los problemas de la educación. Como todas las reformas educativas va encaminada a:

a) adecuar la enseñanza a las necesidades del mercado laboral y otros condicionantes sociales (contener el desempleo, etc.)

b) aligerar la carga económica que supone la educación para el estado, es decir, para el conjunto de la burguesía.

Todo este entramado legislativo, de uno (PSOE) y otro (PP) signo, ha remachado la estructura del sistema educativo en el marco liberal-capitalista, promoviendo la segregación en tres tipos de centros (públicos, concertados –de la Iglesia en su mayor parte- y privados), dejando a la llamada escuela pública poco más de un 50% de la educación. A esto hay que añadir la progresiva entrada de la empresa privada en todos los niveles del sistema educativo. Si en un primer momento, la empresa privada y la Iglesia se dedicaban especialmente a primaria y secundaria, desde los años 2000 hemos asistido a la total implantación de la empresa capitalista en todos los niveles educativos, desde preescolar (recuérdese lo sucedido con la educación de 0 a 3 años y la escasez de plaza públicas) hasta la Universidad (donde hoy por hoy existen ya más universidades privadas que públicas).

El sistema de enseñanza, en cualquier sistema político, es la enseñanza del sistema. Y esta breve historia de la educación en España no viene más que a corroborar el triunfo completo de la burguesía, con las típicas peleas entre sus diversas facciones, que marcan un desarrollo impositivo, autoritario y al servicio de la producción y reproducción de capital.

Situación del sector.

Existen distintos grupos de trabajadores relacionados con, o dentro de, el sector educativo: el PAS (personal de administración y servicios), los docentes, los estudiantes y las madres y padres. La situación profesional de fijos e interinos y las diversas situaciones de los trabajadores fomentan la división y el clasismo. Por supuesto: nuestra lucha tiene que ver con los más precarios en cada situación.

La implantación sindical dentro del sector es mayor que en otros, pero es muy pasiva y fundamentalmente legalista: desde los “sindicatos” coorporativos (ANPE, ASPES), a los sindicatos de Funcionarios como CSIF, los sindicatos mayoritarios y su posición (CCOO, UGT, STECYL dentro de la enseñanza de Castilla y León) y la posición de los minoritarios CGT y CNT. Se ve que casi nadie hace verdadera labor sindical, salvo casos concretos.

Desde las movilizaciones del 2011-2013, contra los recortes (en primer lugar) y contra la Ley Wert (por cuestiones políticas más que laborales), el sector se mantiene en una parálisis general solo rota por las movilizaciones parciales que se producen en algunas comunidades autónomas (País Vasco, Madrid). Las movilizaciones a favor de “la enseñanza pública” en estos años fueron importantes, pero solo han vuelto a demostrar la impotencia de las reivindicaciones centradas en “lo público”. Las esperanzas puestas en el Estado, aún envueltas en fraseología revolucionaria, revelan la “fe democrática en los milagros” o la “fe servil en el Estado”… ambos casos están a miles de kilómetros de distancia del socialismo.

Muchas cuestiones educativas y las cuestiones laborales DEBERÁN lidiarse en el futuro, más allá de “la oferta educativa” o de “la ley de educación” de turno. Nuestra crítica se dirige al papel de la educación en este mundo burgués, que nunca va dirigida a la satisfacción de las necesidades humanas. Más allá de las propuestas pedagógicas y las ilusiones reformistas, hay que dejar claro que, si de verdad queremos tener una nueva educación, DEBEREMOS LUCHAR por una nueva sociedad.

Los trabajadores de la escuela, como todos los proletarios, son explotados cada vez más por la clase burguesa dominante, en el sector de la producción como en el de la distribución y de los servicios. Tienen el mismo interés que todos los otros proletarios –ya estén empleados en sector público o en el privado, sean precarios o desocupados- en luchar contra el mismo enemigo de clase que no tiene ningún problema en bajar los salarios y en despedir a miles de trabajadores sólo para salvar a su Majestad el beneficio capitalista y a su sistema económico de dominación.

Algunas ideas y reivindicaciones “para empezar”

• La enseñanza es un sector laboral como otro cualquiera, hay que desarrollar una lucha obrera, por la unidad obrera mediante la solidaridad de clase, sus métodos, medios y reivindicaciones.

• Respecto al derecho laboral es urgente atacar el problema de la situación de los interinos mediante su consolidación.

• NI PRIVADA NI CONCIERTOS.

• Abajo el concordato con la santa sede. Abajo el poder de la iglesia en la educación, en la sanidad y en todos los sectores donde tiene sus tentáculos de control ideológico y social. La religión no debe ser una asignatura. Sus contenidos deben repartirse entre historia y filosofía. Se debe dar historia de las ideas religiosas y las creencias pero no “una religión”. La religión debe quedar en el ámbito privado.

• La reforma educativa real debe estar unida a una reforma social (revolución). Contra la sociedad de clases.

• Aunque no queremos entrar a “hacer una reforma” en esta situación, sí que planteamos nuestro modelo educativo a partir de un reparto del tiempo en 3: formación laboral, formación científica y formación física (lo que nos daría un horario de 2 + 2 + 2), atendiendo a la formación integral de la personal. Enseñanza integral y de oficios.

• Luchar contra la separación entre trabajo intelectual y trabajo manual.

• Los hijos de los trabajadores a la pública. Rechazar la competencia entre colegios e institutos públicos (y en general) por el alumnado. Contra la supuesta “Libertad de elección” de centro.

• Medios del estado para los estudiantes: libros gratis, programas y medios informáticos, material y extraescolares, etc.

Constitución de la URSS:

En interés de la salvaguarda de la clase obrera de la degeneración física y moral, como en interés de su capacidad de lucha por la emancipación, el partido exige […]

5) La prohibición a los empleadores de utilizar a niños en edad escolar (hasta los 16 años) la limitación del horario de trabajo de los jóvenes (16-20 años) a cuatro horas y la prohibición a hacerles trabajar de noche en las industrias insalubres y en la minería. […]

14) La instrucción gratuita y obligatoria, general, politécnica [que haga conocer en teoría y en la práctica todas las ramas principales de la producción] para todos los niños de ambos sexos hasta los 16 años; una relación estrecha de la enseñanza con el trabajo social productivo de los niños.

15) La provisión a todos los alumnos de la comida, del vestuario y del material didáctico a cuenta del Estado.

16) La transferencia del sistema de enseñanza pública a las manos de los órganos democráticos de la administración local; la exclusión del poder central de cualquier intromisión en la determinación de los programas y en la selección del personal docente; la elección de los enseñantes directamente por la misma población y el derecho de la población a despedir a los enseñantes indeseables.

la verdadera educación del proletariado es aquella que le indica la vía de la revolución

[extraído de Solidaridad de Clase, nº19]

LUCHA OBRERA Y LEGALIDAD BURGUESA

Desde la llamada transición democrática, que implantó el actual régimen que hoy padecemos en continuidad con el del general Franco, nacido de la derrota de la revolución española, los trabajadores supuestamente gozamos de unos derechos y libertades que nos permitirían defender más eficazmente —y sin enfrentarnos a graves consecuencias legales— nuestros intereses. Nada más falso.

El Estado nacido en el 78 ha tejido una maraña legislativa que de palabra nos permite defender nuestros intereses a la vez que lo impide en los hechos.

La Constitución «reconoce», la ley impide

La legislación prohíbe expresamente algunos de los instrumentos más potentes que la clase trabajadora tiene a su disposición para hacer frente a la patronal y a su aparato político e ideológico: la huelga espontánea, la huelga de solidaridad, la huelga política, los piquetes, las asambleas de huelga con voto a mano alzada.

El Real Decreto Ley de 1977 (previo, por tanto, a la propia Constitución española) impone el preaviso de huelga con al menos 5 días de antelación. Serían ilegales, por tanto, huelgas como las que espontáneamente estallaron con la primera ola de COVID, que estaba diezmando a los trabajadores, contagiados en los propios centros de trabajo. Y serían impensables huelgas ante sucesos imprevistos, como las de respuesta y duelo ante «accidentes» de trabajo.

Las huelgas de solidaridad, que además de espontáneas —frecuentemente decididas en asamblea en el momento— se realizan en apoyo de otros trabajadores en huelga y son una herramienta esencial para la extensión de la lucha, están expresamente prohibidas: la burguesía y su Estado legislan el aislamiento de las luchas obreras para derrotarlas una a una.

Las huelgas que la autoridad competente juzgue «políticas» son también directamente ilegales. Si, a pesar de los obstáculos, una lucha se extiende, saltando las barreras de empresa, sector, región... ya no tendrá enfrente a una empresa o a un sector patronal particular, sino a la clase explotadora en su conjunto, organizada en torno al Estado. La huelga —que bien puede conservar reivindicaciones puramente «económicas»— se torna así «política». Es decir: se vuelve ilegal.

Son ilegales también las huelgas que pretendan alterar los convenios colectivos. Es decir: el hecho de que los trabajadores pretendan alterar convenios colectivos firmados por terceros, sin participación de ningún trabajador del sector, es también ilegal (y esto no es un caso extraño: muchos convenios de ayuda a domicilio han sido firmados por los sindicatos decretados mayoritarios sin tener ninguna representación real, sin elecciones sindicales y sin consulta a las trabajadoras afectadas; es un simple ejemplo).

Un instrumento histórico y efectivo de las luchas de los trabajadores, la asamblea general de huelga con voto a mano alzada, que evita mucho pasteleo sindical —como el que vimos en la última huelga del metal en Cádiz— se prohíbe para el acuerdo de inicio de huelga, imponiendo el voto secreto. Los sindicatos se encargan de reproducir este fetiche de la democracia burguesa para todo lo demás, en especial para los «referéndum» de fin de huelga (que suelen ser de rendición completa).

Otros instrumentos de lucha obrera saltan directamente de las llamadas relaciones laborales al código penal: los piquetes y las ocupaciones de empresa. Los piquetes desaparecieron formalmente del código penal, pero se sigue aplicando el delito de coacciones; la ocupación de oficinas, locales, fábricas... supone el mismo delito que la ocupación de viviendas, la «usurpación».

Y por supuesto, el Estado cuenta con toda una batería legislativa para reprimir otras formas de lucha asociadas, como las manifestaciones. La «Ley Mordaza» es el ejemplo más socorrido, pero no es el único.

Con o sin ley, la lucha se abre paso

La patronal y su Estado cuentan, como hemos visto, con todo un entramado legal para impedir cualquier lucha real de los trabajadores. Sin embargo, no podemos decir que esta sea la causa de la aplastante paz social que nos ahoga mientras nuestras condiciones de vida empeoran.

En otros periodos históricos las leyes han sido igualmente duras, los obstáculos igualmente grandes y la represión aún más salvaje. Y sin embargo la clase trabajadora ha podido luchar por sus intereses, en muchos casos con éxito.

En España, la ola de huelgas de 1946-1947; la huelga general de 1951 en el País Vasco, la huelga minera de Asturias de 1962 («la huelgona»), que desencadenó huelgas mineras de solidaridad en toda España; el 10 de marzo en Ferrol, que desencadenó huelgas de solidaridad hasta desembocar en la huelga general de Vigo del 72; la «galerna de huelgas» de 1975-76... Son solo algunos ejemplos de luchas obreras reales, con métodos clasistas, en un contexto legal y represivo a priori peor que el actual.

Lo que queremos decir es sencillo: si los trabajadores queremos defender nuestros intereses de clase no nos podemos ajustar al marco legal que impone el enemigo de clase. Es necesario romperlo, sortearlo, pasar por encima, por debajo o rodearlo. Cualquier cosa, pero no aceptar sus normas, porque sus normas están hechas para aislarnos, impedirnos luchar y derrotarnos antes de empezar a pelear. El Estado democrático no es un ente neutral, es un aparato de los explotadores: no podemos esperar «justicia» de su parte. Es solo con nuestros medios, cumplan o no la legalidad burguesa, que podemos luchar de verdad. Sin ninguna garantía de victoria, pero al menos con alguna posibilidad. La aceptación de la ley es la aceptación sumisa de la derrota.

Texto extraído del Boletín LA HUELGA (https://lahuelga.info)

Continuando con nuestra tarea de contribuir al desarrollo y la extensión de la lucha de clases, pretendemos señalar y denunciar lo que podríamos calificar como "el enemigo interno", es decir, aquellos sindicatos, que reclamándose como parte de la clase trabajadora, son conocidos por sus prácticas antiobreras y por el mantenimiento de la "paz social" a toda costa (bonito eufemismo para denominar a la paz impuesta a lxs sometidxs, mediante toda la violencia que sea necesaria, por parte de sus opresores).
En el Estado español los dos mayores representantes de este "enemigo interno" son las estructuras sindicales de UGT y CCOO (aunque no los únicos).

Antes de entrar más a fondo en la exposición de motivos que nos lleva a adoptar este calificativo para denominar a estos sindicatos queremos hacer un ejercicio de honestidad para que nadie se llame a engaño.
Quienes elaboramos estos artículos nos encontramos dentro de una cierta "tradición", de prácticas e ideas, que se reconoce dentro de la autonomía obrera y que defiende sobre todas las cosas la independencia organizativa y política de la clase obrera.
Este principio, en el caso concreto de la cuestión sindical lleva a algunos a la negación del sindicato como institución necesaria para el desarrollo de la lucha de clases por dos razones principalmente:
 1) Que, como dijo la AIT en su manifiesto inaugural, la emancipación de la clase obrera tiene que ser obra de lxs obrerxs mismxs y por ello en ciertas ocasiones la figura del sindicato, en vez de ser un motor necesario para la lucha, puede conllevar una práctica de delegación que haga que lxs obrerxs se desvinculen de los temas que les afectan directamente, lo que a la larga supondría en lugar de un motor, un freno, al promoverse la pasividad, la desmotivación y el individualismo.
 2) Que la conversión del sindicato en institución mediante su integración en el aparato estatal para hacer de mediadores en los conflictos entre proletariado y burguesía, los limita en su acción al marco de la "paz social" (porque es esta misma la que legítima su posición) y los convierte, no en dinamizadores de la lucha de clases, sino en correas de transmisión necesarias para el poder dentro del sistema capitalista (la otra cara de la moneda del capataz que ejerce con gusto la función de "matón empresarial" pero en su versión sindical).
La financiación por parte del Estado de estos organismos hace imposible su independencia.

Y sin embargo, al mismo tiempo, sabemos que la lucha económica, de resistencia, de la clase trabajadora, no es una simple cuestión de formas. El sindicato integrado es igual de inerte que la asamblea cooptada por unos estalinistas.
Es, por tanto, la realidad actual de la lucha de la clase trabajadora la que nos lleva a subrayar el papel de enemigo interno de estos sindicatos vendidos.

Para ejemplificar la degradación progresiva en la defensa de los derechos de lxs trabajadorxs que llevan practicando estos sindicatos, desde su legalización en la época de la Transición hasta nuestros días, basta con tomar como ejemplo el papel que han jugado en la reciente huelga del Metal en la bahía de Cadiz.
En el marco de las negociaciones para la firma de un nuevo convenio colectivo del sector del metal, la FEMCA (patronal del metal en Cádiz) llega a un acuerdo con UGT, con la connivencia de CCOO que esta vez se ha puesto de perfil (en otras ocasiones estos papeles se intercambian).
Dicho acuerdo supone la consolidación de la pérdida de derechos laborales que han venido sufriendo lxs trabajadorxs del metal en Cádiz desde 2012, con la excusa de la crisis, en un momento donde la carga de trabajo vuelve a la Bahía por lo que se intenta su blindaje hasta 2032, periodo de vigencia de dicho convenio (demostrando que cuando a la patronal le interesa si que se pueden pactar convenios con largos periodos de vigencia). Esta pérdida de derechos viene reflejada por unos salarios a la baja (manteniendo la línea adoptada en tiempos de crisis, cuando ahora la situación ha cambiado y no se espera que vuelvan esos tiempos en los próximos años) que no garantizan el poder adquisitivo perdido en los últimos años, ninguna mejora en cuanto a seguridad o estabilidad de los puestos de trabajo y un total abandono de lxs trabajadorxs de las subcontratas que son aquellxs que más sufren la temporalidad y la precariedad, dejando un mensaje alto y claro: solo negociamos "migajas" para nuestros propixs afiliadxs, el resto nos importa entre muy poco y nada de nada. Tremendo descaro y falta de vergüenza para quienes se dicen "defensores de la clase obrera".

Este acuerdo se ha llevado a cabo a espaldas de las asambleas de trabajadorxs e incluso después, cuando estás se habían negado a someterse a tal abuso y habían empezado a movilizarse (apoyados en los sindicatos CGT y CTM), llegando a convocar una huelga indefinida que ha durado 23 largos días con protestas a diario (lo que deja bien a las claras que este acuerdo carecía del apoyo mayoritario de lxs trabajadorxs del metal). La postura de UGT y CCOO ha sido alinearse con la patronal, ninguneando a los sindicatos convocantes por una supuesta falta de representación (pese a que en los tajos, las asambleas y las calles se veía claramente lo contrario), tildando las manifestaciones de "ilegítimas" y criminalizando a lxs trabajadorxs en lucha, acusándolos de promover actos vandálicos ("poco quemamoh" para lo que merecen, a decir verdad).

Estás practicas, modos y maneras que podemos calificar como antiobreras con toda claridad no son un caso puntual ni algo de los últimos tiempos; son la línea que vienen adoptando progresivamente los "sindicatos mayoritarios" en todos los sectores y empresas a lo largo del Estado. Se han convertido sin lugar a dudas en la correa de transmisión de los deseos de la patronal, adoptando una suerte de juego de roles en donde la patronal hace de poli malo y estos sindicatos hacen de poli bueno, para que lxs trabajadorxs acepten la precariedad como una condena inevitable bajo la ilusión del mal menor.

Es por eso que desde aquí les señalamos y acusamos de ser el "enemigo interior" y le pedimos al conjunto de la clase obrera que les niegue la representatividad que dicen ostentar cuando lleguen a acuerdos que sean perjudiciales a sus intereses sin tan siquiera consultarles.

No son los defensores de la clase trabajadora, son los mamporreros del capital.
    

POR LA UNIDAD OBRERA

Intento de pogromo y razias contra los inmigrantes en Torre Pacheco

Una única salida: la lucha de clase, por encima de toda división nacional, étnica o racial.

En Torre Pacheco, Murcia, después de varias semanas de supuestos incidentes violentos, siempre achacados a inmigrantes marroquíes (varios de ellos bulos propagados por grupos de extrema derecha en redes sociales) se ha asistido a un “estallido racista” en el que centenares de vecinos del pueblo, acompañados por otros centenares de elementos de extrema derecha desplazados hasta allí para participar en los disturbios, se han enfrentado a inmigrantes marroquíes, yendo a buscarles a sus barrios, apaleándoles por la calle, atacando sus establecimientos, etc. Por su parte, los inmigrantes, especialmente los jóvenes, han respondido con contundencia, enfrentándose con los manifestantes y con la policía, dejando varios heridos y algún detenido. De hecho, si se hace caso a la prensa burguesa y a las no menos burguesas redes sociales, los elementos de extrema derecha que prometían una especie de limpieza étnica exprés en el pueblo habrían pagado en sus propias carnes su bravuconería y ni siquiera la ayuda de la policía, la Guardia Civil y la cobertura mediática dada a su favor habría evitado que alguno de ellos haya sido hospitalizado.

Estos sucesos no tienen nada de espontáneos. Desde hace semanas algo similar se venía fraguando: primero fue el frustrado intento de un grupo neo nazi de concentrarse frente al centro de menores de Hortaleza (Madrid), luego las manifestaciones contra la violación de una mujer por parte de un maliense en Alcalá de Henares (también Madrid), finalmente Torre Pacheco. Y durante todo este tiempo en varios pueblos y pequeñas ciudades de España han aparecido carteles llamando a la defensa de la “seguridad ciudadana” y a “combatir” a unos supuestos agresores marroquíes… Todo tiene el tono característico de una campaña premeditada, para la cual, desde hace tiempo, se lleva buscando únicamente un pretexto con el que desencadenar algo como lo de este fin de semana pasado en Murcia.

Torre Pacheco es uno de los pueblos con menor renta per cápita de España. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, ésta era en 2022 de 9.016 euros. Un dato efectivamente muy bajo si se tiene en cuenta que es uno de los pueblos agrícolas más importantes de la Comunidad de Murcia y que tiene una próspera industria centrada en la transformación agrícola y el sector hortofrutícola (tanto productos para el consumo nacional como destinados a la exportación). ¿Cuál es la explicación para esta aparente discrepancia? Que en Torre Pacheco, como en todo el arco del Sur mediterráneo, desde Almería hasta Murcia, se concentra uno de los estratos del proletariado peor pagados del país; de manera que la pobreza estadística de la región refleja, en realidad, una fortísima polarización social, una distribución económica sustentada en que una clase poseedora, fundamentalmente medianos y pequeños agricultores propietarios de la tierra y del capital necesario para explotarla, emplea a los jornaleros a cambio de salarios de miseria y hambre. La estadística da una visión equivocada de pobreza generalizada, cuando lo que existe es miseria proletaria y riqueza burguesa.

Más allá de esto, Torre Pacheco, como el conjunto del campo español, tanto el de interior basado en la agricultura extensiva como el de la periferia donde predomina el ultra moderno cultivo de invernadero, pasa por una profunda crisis que está haciendo que muchas empresas dejen de ser rentables, como consecuencia de la entrada en el mercado mundial de nuevos productores africanos y latinoamericanos. Así, desde 2012, la superficie cultivada en el pueblo ha caído un 52%, de casi 15.000 Ha. a muy poco más de 7 mil. De acuerdo con los datos que proporciona la Consejería de Economía murciana, esta disminución del cultivo apenas ha implicado un descenso del empleo en la agricultura, que ocupa en el pueblo, aproximadamente, a 14 mil personas, también desde 2012. Pero fuera de la agricultura, los últimos años han implicado un incremento considerable del nivel de ocupación y, por lo tanto, de descenso del desempleo: un 70% más de empleo en la industria, un 45% más en la construcción y un 50% en el sector servicios. Es por ello que el paro ha caído, en el municipio, un 60%.

Estas son las cifras oficiales, que sirven para mostrar, tomando como aproximación los datos de empleo, que la economía de Torre Pacheco padece dos influencias contrapuestas: por un lado, un ajuste entre sectores productivos que caracteriza desde hace años a buena parte del campo español, que hace poco rentable la pequeña producción agraria y que está liquidando empresas de este sector cada año. Por otro lado, una recuperación de la producción no agraria desde los niveles de la crisis de 2012 y como consecuencia, un aumento del empleo y de la consiguiente importación de trabajadores, vía inmigración legal y/o ilegal. Es una situación generalizada en todo el país: la recuperación económica, la supuesta “bonanza” capitalista, no se produce sin desequilibrios. Aparecen las fricciones entre sectores productivos que se reflejan en enfrentamientos entre diferentes estratos burgueses y pequeño burgueses. Por otro lado, la exigencia por parte del capital de una mano de obra muy barata, que padece unos salarios que son los únicos que permiten la rentabilidad de la inversión realizada, incrementa las tensiones sociales porque la burguesía logra aumentar así la competencia entre proletarios, dirigiendo hacia ese fin todos sus esfuerzos y recursos, propagando los enfrentamientos, dando cobertura a todas las corrientes nacionalistas, racistas y xenófobas… con el fin no de expulsar a esos inmigrantes, a los que tanto necesita, sino de disciplinar a los nuevos proletarios y hacer caer sobre ellos el peso del malestar social que el propio desarrollo capitalista genera.

¿Se quiere una explicación acerca de la violencia de estos últimos días? Ahí se tiene. La burguesía, sobre todo una burguesía como la española que históricamente sólo ha logrado mantener las bases de su competencia en el mercado internacional gracias a los bajísimos salarios del proletariado al que explota, requiere mano de obra importada con el fin de garantizar esos bajos salarios. La importa en contingentes legales o ilegales y, dentro del país, la priva de cualquier derecho, excepto el de ser explotada.

En los puntos más crueles y abyectos de este proceso, separa a niños de sus padres, encierra a menores con adultos, da vía libre a las organizaciones criminales dedicadas a la trata de blancas, a la extorsión y al asesinato para que hagan negocio… En definitiva, trata a los inmigrantes como animales. ¿Se extraña alguien, después, de cualquier tipo de violencia? Un solo grupo social es culpable: la burguesía, clase criminal por excelencia. Y esto vale tanto para la burguesía española, que hacina, reprime, maltrata y asesina a los proletarios migrantes como para cualquier otra, particularmente la marroquí, que desde hace décadas trata de mantener un control estricto sobre sus “súbditos en el extranjero” desarrollando un amplio sistema de espionaje y represión a través de las mezquitas y los elementos de la pequeña burguesía comerciante: ambas juegan un papel en el mercado de la explotación proletaria.

Los sucesos de Torre Pacheco han sido buscados y casi programados. Porque incluso en los momentos de relativo auge económico, de cierta -limitadísima- estabilidad, el capitalismo sólo puede existir creando desorden, caos y sufrimiento. Necesita este tipo de situaciones, estas razias alentadas y televisadas, para, por un lado, dejar salir la presión que se genera irremediablemente en su sociedad y que se trata de encauzar siempre hacia cualquier forma de violencia contra los proletarios; mientras por otro lado, necesita utilizar ese enfrentamiento, esa violencia, para disciplinar y someter por el miedo a los miles de nuevos proletarios que llegan a España para ser explotados en el campo y en la ciudad. Torre Pacheco les muestra su destino: trabajar en condiciones penosas y estar siempre sometidos a que, con cualquier excusa, se desencadene la violencia contra ellos. En este caso, ha sido una violencia “popular” (la de los hijos de la pequeña burguesía), pero siempre, en toda ocasión, es la violencia institucional y policial. Y esta política no es propia de uno u otro sector de la burguesía.

Toda la clase burguesa está de acuerdo con ella y la promueve jugando su correspondiente papel en su desarrollo. Los grupos nacionalistas tipo VOX y sus satélites callejeros, azuzan abiertamente los intentos de pogromos. Pero el gobierno de coalición PSOE – SUMAR deja hacer, permite la movilización de los grupos de extrema derecha, se niega a enviar a la policía y, cuando lo hace, les ordena reprimir a los inmigrantes que se defienden y no a los fascistas que pretendían “cazarles”. La confluencia, e incluso la coordinación técnica, entre todas las fuerzas de la burguesía es un hecho: los sucesos de Torre Pacheco no habrían tenido lugar si el Ministerio del Interior de Grande Marlaska (del PSOE), el mismo que ha mandado detener a más de 25 obreros del metal en Cádiz, no lo hubiera querido.

Los sucesos de Torre Pacheco se parecen, como dos gotas de agua, a los que tuvieron lugar en El Ejido hace 25 años. Entonces, un caso de violencia similar al de la semana pasada desencadenó días de persecuciones de trabajadores magrebíes, incendios de sus casas, intentos de asesinato… todo bajo la expectación cómplice de las autoridades, que también entonces veían necesario dar una lección a un proletariado al que querían enseñar qué significa realmente “convivir”. Pero entonces, hace 25 años, los proletarios de El Ejido y parte del Campo de Níjar respondieron con una fuerza que nadie esperaba: convocaron una huelga salvaje en toda la zona, abandonaron los puestos de trabajo y cortaron de raíz la violencia, al menos temporalmente. A la agresión que sufrían por parte de la pequeña burguesía local, dueña de tierras, fábricas y comercios, respondieron con el arma proletaria por excelencia: la huelga.

Por supuesto, la victoria de los trabajadores no fue permanente. Pararon las razias, cierto, pero la violencia siguió y sigue presente. Periódicamente llegan noticias de incendios de campamentos de chabolas donde viven los trabajadores, de violaciones a mujeres migrantes, de palizas a jóvenes… todos ellos actos de disciplinamiento ejercidos por la burguesía local para sembrar el terror sobre las masas proletarias.

Los proletarios de Torre Pacheco, como los de todas partes, ya sean nacionales o extranjeros, sólo tienen una vía para afrontar sucesos como los de estos días: la lucha de clase. Esta lucha significa reconocer que existen unos intereses comunes, por encima de raza, nacionalidad, sexo, edad… que unen a toda la clase trabajadora: la necesidad de resistir al capital, de imponerse ante sus exigencias, que siempre serán de más explotación y peores condiciones de vida. Pero también significa entender que la solidaridad de clase, el rechazo a colaborar con la clase burguesa dominante, con la patronal, con sus partidos, con sus fuerzas represivas, es un deber al que el proletariado nativo, el que disfruta de unas condiciones económicas y sociales mejores que sus hermanos de clase inmigrantes, no puede negarse. No puede (¡no debe!) solidarizarse en ningún caso con los intereses de “su” burguesía, no puede hacer frente común con “sus” empresarios, contra aquellos trabajadores que se encuentran en peores condiciones, esperando con ello mantener una situación algo mejor a costa del sufrimiento del resto de proletarios.

Lamentablemente, esta política de colaboración entre clases ha sido moneda común para el proletariado durante demasiado tiempo. Es por ello que algunos proletarios llegan a secundar las consignas racistas y xenófobas, en las que ven la continuación de esa solidaridad interclasista, de movilización junto a elementos de otras clases sociales, a las que están tan habituados. Es por ello, también, que la clase burguesa teme al proletariado migrante, que engrosa las filas de la clase trabajadora española pero que no disfruta de las ventajas de esa colaboración que se ha dado durante décadas: eso le hace más susceptible de revolverse contra las consecuencias de la explotación salvaje que padece y dar ejemplo de cuál es la vía al retorno de la lucha de clase.

¡Solidaridad de clase entre proletarios, nacionales y extranjeros!

¡Contra las razias y la violencia burguesa de todo tipo, una única vía: la lucha de clase!

13/07/2025

Partido Comunista Internacional

- Il comunista - le prolétaire - el proletario - proletarian - programme communiste - el programa comunista - Communist Program

www.pcint.org

LLAMAMIENTO A LA SOLIDARIDAD activa y de clase contra los hechos que están ocurriendo en Cádiz:

Como muchos sabéis, desde el día 23 de junio los trabajadores del metal de la provincia de Cádiz han desarrollado una importante huelga por sus condiciones de trabajo en la que se han enfrentado a las mafias sindicales y a la represión desatada. Ahora que la huelga ha sido desconvocada, la REPRESIÓN SE ESTÁ INTENSIFICANDO, con detenciones puerta a puerta de trabajadores y solidarios por su supuesta participación en las protestas.

Nos relatan HECHOS DE EXTREMADA GRAVEDAD: 

"aquí se ha terminado la huelga, pero NOS ESTÁN MATANDO CON LAS DETENCIONES", se están llevando a gente y están pidiendo PRISIÓN SIN FIANZA". 

Los compañeros están movilizándose para liberar a los detenidos y, en su caso, para pagar las fianzas para sacarlos a la calle.

Las detenciones están llegando cuando la masa obrera vuelve a los tajos. Detenciones casa por casa, secretas que agreden cuando detienen y que sacan a los compañeros como si fueran terroristas, golpes y agresiones; detenciones dirigidas y señaladas, contra el entorno solidario y los que luchan. 

En esta huelga del metal y en la represión actual desatada por el estado, ya han sido detenidos 22 trabajadores que sepamos. ES UNA AUTÉNTICA CAZA DE BRUJAS.

Por todo esto se pide :

apoyo para las cajas de resistencia.

DIFUSIÓN Y SOLIDARIDAD,

la SOLIDARIDAD DE TODA LA CLASE TRABAJADORA.

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"Esta situación requiere que la lucha obrera y popular sea desarrollada con unas tácticas que puedan minimizar y reducir en lo posible la acción represiva del estado, y con unas estrategias de combate contra todos sus órganos y medios utilizados en las acciones y actividades represivas

La lucha antirrepresiva habrá de realizarse transgrediendo sobre la práctica toda legislación que consideremos injusta, en su transcripción, utilización o manipulación por parte del sistema.

Hay que combatir todo planteamiento inquisitorial adoptado a nivel dogmático, sociopolítico y económico, y todos aquellos métodos utilizados para su aplicación represiva, como la llamada colaboración ciudadana (que no es otra cosa que delación reaccionaria), as escuchas, la vídeo-vigilancia, el espionaje, la detención y la tortura. Y esto ha de combatirse mediante la acción directa y el ataque efectivo.

Actuar contra las sentencias dictadas por los entes judiciales del sistema, sustentadas en una legislación impuesta por los poderes dominantes para ser utilizadas en su propio beneficio y contra el pueblo combativo. Denunciar todo entramado de criminalización, judicialización y penalización, prioritariamente cuando se fundamenta como acción preventiva, basada siempre en hipótesis, suposiciones e intereses políticos.

Hay que combatir y denunciar todo recorte de libertades individuales y colectivas, así como cualquier acomodo de éstas a los intereses políticos y socioeconómicos de los capitalistas.

Es de vital importancia como método de autodefensa primario y fundamental al desarrollar la actividad combativa, el no facilitar al sistema ninguna información que, aun siendo legal, en cualquier momento será utilizada por éste para ejercer la represión. Es peligrosa y absurda la facilitación de datos personales y colectivos, en cualquiera de sus modalidades, a quienes son enemigos declarados de la clase trabajadora y a los cuerpos represivos, bien mediante la legalización o publicación de las actividades combativas, o mediante solicitudes, publicación de fotos, vídeos,
comentarios irresponsables, etc.

El planteamiento de combate contra la actividad represivo-penal debe estar orientado en un contexto de diferenciación de la actividad anticapitalista, del criterio adoptado por el sistema que lo encuadra en el marco jurídico de la delincuencia común, identificándolo en muchas ocasiones con el vandalismo. Por tanto, todo ataque a la propiedad de los medios de producción, a la propiedad de la explotación y
al proceso consumista, a la economía de mercado, al comercio lucrativo y a la usura, al robo legalizado, al sistema especulativo, a la utilización de fondos públicos para el beneficio de la burguesia o para el afianzamiento del sistema capitalista y de todas sus estructuras, deberá llevar inherente un contenido politico, a la vez que deberá ser complementado con alternativas de carácter socializador.

Contra la actividad represiva de fuerte contenido ideológico, hay que actuar en un contínuo proceso de contraataque, basado en la clarificación de las verdaderas intenciones pretendidas por el capitalismo y sus gobiernos. Hay que descubrir sus entramados legislativos judiciales, en los que apoyan su práctica de verdadera delincuencia y terrorismo dentro de la impunidad más absoluta, y a lo que dan carácter legal. Hay que atacar directamente toda su estructura legislativa y jurídica, desde los más elementales órganos, hasta las más altas instancias. Denunciar todos sus procedimientos interesados y reaccionarios.

En cuanto al concepto manipulado y tergiversado de la consideración jurídica de terrorismo o su equivalente penal, de toda actividad politica, se ha de combatir en el ámbito ideológico, procurando que sea entendido por las bases obreras y populares cuál es el verdadero terrorismo. Cómo quien lo practica son los poderes capitalistas y sus gobiernos, etc. Y cómo ello se realiza desde sus organismos, sus empresas, los poderes políticos, sus fuerzas represivas, desde la más completa impunidad, apoyada en una legislación y una metodologia juridica creada y aplicada para la protección de sus intereses clasistas y de su sistema de dominación.

Hay que demostrar cómo la clase capitalista crea terror a nivel popular con sus prácticas explotadoras, creadoras de paro, hambre, miseria y marginación. Con sus prácticas coactivas y represivas para consolidar su poder y su dominación sobre el pueblo. En tanto que la lucha antisistema pretende la eliminacion de ese terror mediante la aplicación de un nuevo orden socioeconómico más justo".

(Del DOSSIER: "Situación actual, crisis y represión. El necesario cambio de metodologías", 2014)
 

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Otras informaciones:

> CGT formaliza el fin de la huelga: https://cgtandalucia.org/cgt-a-formaliza-el-fin-de-la-huelga-general-en-el-metal-de-cadiz-decidido-por-las-asambleas/

> Cádiz: la vía de la lucha de clase: http://valladolorentodaspartes.blogspot.com/2025/06/cadiz-la-via-de-la-lucha-de-clase.html

> Huelga del metal en Cádiz: https://valladolorenlainfoobrera.blogspot.com/2025/06/huelga-del-metal-en-cadiz.html

Se han confirmado los peores presagios: Lino Rubio Mayo, titular del juzgado número 1 de lo penal de Xixón, ha dictado orden de ingreso en prisión a las seis sindicalistas de La Suiza para cumplir tres años de prisión.  

En 2017, la denuncia de un empresario, la complicidad de la brigada de información de la policia, la prensa, fiscales y jueces, abrieron un tortuoso proceso contra una trabajadora de esa pastelería y cuarenta compañeras de la CNT que la apoyaron.

En junio de 2024 el Tribunal Supremo convirtió en jurisprudencia la represión de la acción sindical, confirmando dos injustas sentencias de tres años y medio para 6 compañeras. Y lo hizo equiparando la negociación y las concentraciones pacíficas con los delitos de coacciones y obstrucción a la justicia.

En un texto publicado hace un tiempo, resumíamos lo sucedido:

" El pasado 24 de junio el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de tres años y medio de prisión para los trabajadores que participaron en las movilizaciones contra la pastelería de Gijón La Suiza. Previamente a esta ratificación, los trabajadores habían sido condenados por un juzgado de lo penal en Gijón y la sentencia ratificada por la Audiencia Provincial de Asturias.

Según los jueces, queda probado que la campaña, que los trabajadores condenados (afiliados a CNT) llevaron a cabo contra el acoso laboral y sexual que sufría una empleada de la pastelería, es constitutiva de un delito de coacciones graves contra el propietario del establecimiento.

Es necesario decir que dicho propietario es un conocido ultraderechista de la capital asturiana que ha hecho de este juicio una campaña abierta contra los trabajadores, con la ayuda de abogados como Gómez Bermúdez (antiguo magistrado célebre por ser el presidente de la sala que juzgó a los autores del 11-M) y de un juez como Lino Rubio, de conocida animadversión contra los sindicalistas desde que mandó a la cárcel a Cándido y Morala.

La realidad es que las supuestas coacciones y el resto de delitos asociados a la acción sindical de los trabajadores no fueron otra cosa que unos piquetes en la puerta de la pastelería y el reparto de unos volantes contra el acoso laboral. Nada que no se haga en cualquier tipo de conflicto sindical, por tranquilo y legal que sea. De hecho, esta acción sindical fue legalizada en lo que a movilizaciones se refiere y transcurrió dentro de los cauces de lo que recoge el derecho español. ¿Qué ha sucedido entonces?

Que tanto la patronal como la magistratura y el gobierno han querido dar una lección. Esa patronal, esa magistratura y ese gobierno que, de cara a la galería, fingen enfrentarse como enemigos acérrimos, que se acusan de golpistas o liberticidas, que niegan incluso la legitimidad del contrario… están en perfecto acuerdo para mandar a la cárcel a un grupo de trabajadores por unos hechos en principio irrelevantes.

Para entender esto hay que ver el contexto de los últimos años. Desde el año 2020, gobierno y patronal han sido inmisericordes a la hora de cargar a los proletarios con el peso de la crisis, primero sanitaria y después económica, que hemos vivido. La dureza, a la hora de aplicar todas las medidas anti obreras que han sido necesarias, ha sido tanto mayor cuanto que el acuerdo entre el gobierno de izquierdas (con la ministra estalinista de trabajo al frente) y todas las facciones de la burguesía ha sido total. Recortes de sueldo para pagar la factura del confinamiento, ERTEs a mansalva como forma de reducir el coste de la mano de obra, una legislación que continúa con los aspectos más duros de la del gobierno anterior, represión a base de tanquetas (Cádiz) y fuego real (Linares) y una ofensiva declarada contra todas las movilizaciones y huelgas obreras, empezando por las del metal de 2021 y acabando por la reciente huelga de Acerinox, que cuenta en su haber también con varios condenados a prisión.

La burguesía, sus jueces y su gobierno lo dicen claro: tanto en el momento presente como sobre todo de cara a un futuro endurecimiento de las condiciones de vida de los trabajadores (que llegará, sobre todo por la movilización bélica que ya asoma en el porvenir) no va a haber misericordia de ningún tipo para los proletarios. Aquel que luche, ya sabe qué puede esperar. El encarcelamiento de los trabajadores de La Suiza es un aviso a navegantes".

¡6 DE LA SUIZA LLIBERTÁ!

SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES REPRESALIADOS

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> Con los 6 de la Suiza, LUCHA DE CLASE: https://valladolorentodaspartes.blogspot.com/2024/06/con-los-6-de-la-suiza-lucha-de-clase.html

> 6 de la Suiza: intolerable agresión al sindicalismo combativo: https://cgt.es/6-de-la-suiza-intolerable-agresion-al-sindicalismo-combativo/

> Por las 6 de la Suiza: STOP REPRESIÓN ANTISINDICAL: https://www.cntvalladolid.es/por-las-6-de-la-suiza-en-xixon-stop-represion-antisindical/

LA VIVIENDA es uno de los temas que más tinta ha hecho correr últimamente, y a lo largo de la historia: la carencia de ella ha sido problema central de tanta literatura sobre el asunto, desde la expulsión de los antiguos campesinos de sus pueblos y medios de vida hasta los pisos turísticos en la actualidad.

Dependiendo de los intereses y la coyuntura se usan diferentes palabras al hablar de ello, todas ellas intencionadas. Los capitalistas lo llaman “mercado inmobiliario” porque, como con todo, ven en ello una mercancía, una fórmula extractiva más, otra pieza del ajedrez con la que jugar… siempre a favor del poseedor de la vivienda, del propietario, sea grande o pequeño. En cambio para la clase trabajadora es un “hogar”, un lugar donde vivir, no es más que eso, un lugar donde volver después de producir … otra serie de “mercancías” que como la casa donde vive le han sido vendidas… por el mismo u otro poseedor de la tierra y de los medios de producción.

Tan importante es el mercado de la vivienda que, aun habiendo construidas casas y pisos de sobra para todos, observamos cada día a cientos de personas en la ardua labor de encontrar un lugar donde vivir a un precio ya no asequible si no que se pueda pagar… y vivir al mismo tiempo, con los salarios que hoy campan por nuestros curros.

Cada día vemos ejemplos de auténticos agujeros, alquilados por barbaridades, colas interminables para castings inmobiliarios de los que se selecciona al inquilino más rentable de entre cientos de candidatos, fianzas abusivas, cargos ilegales para los inquilinos y un largo etc…, solo hay que ir a la calle o a las redes sociales y alucinar o indignarse, según se vea.

Es imperativo y es evidente que las tornas deben cambiar. La vivienda es una necesidad para la clase obrera, la misma clase que produce, paga, se reproduce, muere… y siempre paga. La clase que sin tener nada, sin los medios económicos y de producción, hace que todo, absolutamente todo, funcione y/o exista, tanto para la propia clase trabajadora como para los burgueses propietarios y que especulan con la vivienda. ¿No es totalmente injusto que le falte donde vivir al proletariado que ha hecho las casas y es el hacedor de todas las cosas, sustentador del terrible sistema capitalista que lo utiliza como moneda de cambio? O es que la burguesía prefiere… ¿que la clase obrera tome lo que considere oportuno para su supervivencia?

Los sucesivos gobiernos del estado han legislado de manera dispar para intentar acallar las protestas del proletariado cuando el mercado, su mercado, se ha puesto inalcanzable, convirtiéndose en directamente extractivo para los trabajadores. Desde “el milagro económico” de Rato y su liberalización del suelo, a la consabida crisis del ladrillo de principios de siglo que se llevó por delante a millones de trabajadores y pequeñoburgueses al sumidero del paro y los desahucios, a las colas del hambre e incluso al suicidio; hasta la actual ley de vivienda aprobada por el “progresismo”, boicoteada aún nonata por la derecha española, catalana y vasca… resumiendo: mucho ruido y muy poquitas nueces. Como mucho, se subvenciona a los propietarios para contener un poco el precio, pero seguir mercadeando igual con una necesidad básica… igual que con las “zonas tensionadas”, dependientes, claro, de las decisiones de concejales-propietarios-constructores, siempre en las zonas centro de las ciudades. ¡Qué pasa!, ¿en los barrios obreros no es necesaria ninguna distensión de la situación?

Hoy en día que el papel (o la nube) lo aguanta todo, podemos jugar un poco a la política-ficción o… mejor, ¿fiscalidad-ficción?

La vivienda vacía y no habitada se cifraba históricamente en 4 millones en el estado español, esa vivienda no produce rentas a sus propietarios, pero tampoco genera los suficientes gastos como para que tenerla vacía, sin uso, sea una carga inasumible. Sin consumos, la comunidad si la hubiere y el pago del I.B.I. son los únicos gastos que pueden tener una casa o un piso. ¿Qué pasaría, por tanto si hubiera un IBI súper-aumentado para las viviendas vacías para forzar su puesta a disposición? o si persistiese esa situación de desuso en el tiempo ¿por qué esas viviendas no pasan a engrosar el parque público de vivienda? Veamos más ejemplos de medidas que se podrían tomar si hubiera eso que llaman “voluntad política”:

Impuesto de bienes inmuebles superaumentado: En poblaciones de más de 1000 habitantes que tengan viviendas vacías sin uso real y tensa demanda de las mismas, se incrementaría el 100% del IBI a partir del segundo año de desuso de la vivienda. Se podría aumentar un 20% en sucesivos años hasta que se decretará como vivienda abandonada y pasara a ser expropiada quedando asignada su propiedad a una autoridad pública provincial gestora del fondo de vivienda expropiada, para que asignara habitantes, atendiendo exclusivamente a las necesidades reales y puramente prácticas, nunca económicas.

En este mundo de ficción se nos ocurren muchas otras medidas que las organizaciones de trabajadores podrían plantearse. Sigamos imaginando:

Prohibición de tenencia de vivienda a personas jurídicas: Que las empresas, sean del sector que sean, no tengan la posibilidad de acaparar viviendas para luego ponerlas en el mercado.

Limitación en la tenencia de vivienda: Las personas físicas tendrían un límite de… ¿2 viviendas en propiedad? La que habitan donde trabajan y, como mucho, otra que después de muchos años de convencimiento y generación de propietarios de vivienda en siglos pasados viniera de familia. La vivienda habría que considerarla como un bien de uso.

Supresión de todos los negocios de viviendas turísticas por todos los problemas que generan en los barrios y en la convivencia en los mismos: las casas para vivir.

Fijar el precio máximo del m² alquilado: El límite de dicho precio de alquiler no debería superar en ningún caso el 20% del salario mediano, el más común de todos, que hoy está en 1599€ al mes, ergo hoy el alquiler máximo sería de unos 320 euros, con ello la ecuación salario-alquiler quedaría igualada.

10% de cesión de vivienda privada nueva: Cada nueva promoción de vivienda debería ceder al fondo de vivienda pública un 10% de las viviendas que pretenda construir: contribuir para construir. Ese porcentaje se haría por sorteo de entre todas las viviendas evitando las tentaciones ahorrativas de los promotores.

Con la concepción actual de las leyes y con la propiedad privada en la picota del problema, nadie podrá decir que estas medidas, de llevarse a cabo, no solucionarían en buena medida el problema de acceso a la vivienda para la clase trabajadora. A los propietarios solo les quedarían dos opciones o atenerse a la norma o tirar abajo su propiedad. Que ellos elijan.

Lo que demuestran, al fin, estas “medidas” es que la abolición de la propiedad privada y más en el asunto de la vivienda está totalmente justificada. Así sí se acabaría de facto con el problema: ningún obrero sin techo, ningún propietario de techo.

La asignación de uso de vivienda, organizada por la clase obrera a través de los núcleos obreros locales, la puesta a disposición de techo a obreros sin salario favoreciendo su cambio de situación y un sinfín de soluciones de clase, antes de que la casa sea la tumba de muchos trabajadores. Por desgracia no estamos en ese punto de organización de clase, ni siquiera en la asunción de que la vivienda no puede ser una mercancía, sino una necesidad que debe ser cubierta: Que euros/m2 no es una “medida” social, no es una moneda de curso legal con la que especular sobre la vida de las gentes.

Como clase, como conjunto de trabajadores de todos los países, somos conscientes de que la vivienda es una necesidad de todos y para todos, y que mucha de esa tenencia de casas recae en la misma clase obrera, en la parte salarialmente más elitista y en la más auto-explotada, convencida de pertenecer a la burguesía que los exprime. Parece que nos gusta ser pequeños, muy pequeñoburgueses; y se disfruta de la posibilidad de decir “NO” a otro trabajador, o de pedir 1500€ por un alquiler.

Debemos luchar contra la actitud y la mentalidad burguesa en nuestra clase y en toda la sociedad.

Apoyar a los sectores más desfavorecidos de nuestra clase, a los trabajadores inmigrantes que malviven en pisos patera o casetas de obra en los campos entre Valladolid y El Carracillo, en las chabolas de Huelva o de Murcia.

Apoyar la lucha social en los barrios obreros que denuncia la infravivienda o los desahucios.

Fomentar y extender la acción directa, la lucha por la vivienda para la clase obrera, la okupación, y la solidaridad de clase.

San Juan 2025 -  Comité de Solidaridad de los Trabajadores