LUCHA OBRERA Y LEGALIDAD BURGUESA
Desde la llamada transición democrática, que implantó el actual régimen que hoy padecemos en continuidad con el del general Franco, nacido de la derrota de la revolución española, los trabajadores supuestamente gozamos de unos derechos y libertades que nos permitirían defender más eficazmente —y sin enfrentarnos a graves consecuencias legales— nuestros intereses. Nada más falso.
El Estado nacido en el 78 ha tejido una maraña legislativa que de palabra nos permite defender nuestros intereses a la vez que lo impide en los hechos.
La Constitución «reconoce», la ley impide
La legislación prohíbe expresamente algunos de los instrumentos más potentes que la clase trabajadora tiene a su disposición para hacer frente a la patronal y a su aparato político e ideológico: la huelga espontánea, la huelga de solidaridad, la huelga política, los piquetes, las asambleas de huelga con voto a mano alzada.
El Real Decreto Ley de 1977 (previo, por tanto, a la propia Constitución española) impone el preaviso de huelga con al menos 5 días de antelación. Serían ilegales, por tanto, huelgas como las que espontáneamente estallaron con la primera ola de COVID, que estaba diezmando a los trabajadores, contagiados en los propios centros de trabajo. Y serían impensables huelgas ante sucesos imprevistos, como las de respuesta y duelo ante «accidentes» de trabajo.
Las huelgas de solidaridad, que además de espontáneas —frecuentemente decididas en asamblea en el momento— se realizan en apoyo de otros trabajadores en huelga y son una herramienta esencial para la extensión de la lucha, están expresamente prohibidas: la burguesía y su Estado legislan el aislamiento de las luchas obreras para derrotarlas una a una.
Las huelgas que la autoridad competente juzgue «políticas» son también directamente ilegales. Si, a pesar de los obstáculos, una lucha se extiende, saltando las barreras de empresa, sector, región... ya no tendrá enfrente a una empresa o a un sector patronal particular, sino a la clase explotadora en su conjunto, organizada en torno al Estado. La huelga —que bien puede conservar reivindicaciones puramente «económicas»— se torna así «política». Es decir: se vuelve ilegal.
Son ilegales también las huelgas que pretendan alterar los convenios colectivos. Es decir: el hecho de que los trabajadores pretendan alterar convenios colectivos firmados por terceros, sin participación de ningún trabajador del sector, es también ilegal (y esto no es un caso extraño: muchos convenios de ayuda a domicilio han sido firmados por los sindicatos decretados mayoritarios sin tener ninguna representación real, sin elecciones sindicales y sin consulta a las trabajadoras afectadas; es un simple ejemplo).
Un instrumento histórico y efectivo de las luchas de los trabajadores, la asamblea general de huelga con voto a mano alzada, que evita mucho pasteleo sindical —como el que vimos en la última huelga del metal en Cádiz— se prohíbe para el acuerdo de inicio de huelga, imponiendo el voto secreto. Los sindicatos se encargan de reproducir este fetiche de la democracia burguesa para todo lo demás, en especial para los «referéndum» de fin de huelga (que suelen ser de rendición completa).
Otros instrumentos de lucha obrera saltan directamente de las llamadas relaciones laborales al código penal: los piquetes y las ocupaciones de empresa. Los piquetes desaparecieron formalmente del código penal, pero se sigue aplicando el delito de coacciones; la ocupación de oficinas, locales, fábricas... supone el mismo delito que la ocupación de viviendas, la «usurpación».
Y por supuesto, el Estado cuenta con toda una batería legislativa para reprimir otras formas de lucha asociadas, como las manifestaciones. La «Ley Mordaza» es el ejemplo más socorrido, pero no es el único.
Con o sin ley, la lucha se abre paso
La patronal y su Estado cuentan, como hemos visto, con todo un entramado legal para impedir cualquier lucha real de los trabajadores. Sin embargo, no podemos decir que esta sea la causa de la aplastante paz social que nos ahoga mientras nuestras condiciones de vida empeoran.
En otros periodos históricos las leyes han sido igualmente duras, los obstáculos igualmente grandes y la represión aún más salvaje. Y sin embargo la clase trabajadora ha podido luchar por sus intereses, en muchos casos con éxito.
En España, la ola de huelgas de 1946-1947; la huelga general de 1951 en el País Vasco, la huelga minera de Asturias de 1962 («la huelgona»), que desencadenó huelgas mineras de solidaridad en toda España; el 10 de marzo en Ferrol, que desencadenó huelgas de solidaridad hasta desembocar en la huelga general de Vigo del 72; la «galerna de huelgas» de 1975-76... Son solo algunos ejemplos de luchas obreras reales, con métodos clasistas, en un contexto legal y represivo a priori peor que el actual.
Lo que queremos decir es sencillo: si los trabajadores queremos defender nuestros intereses de clase no nos podemos ajustar al marco legal que impone el enemigo de clase. Es necesario romperlo, sortearlo, pasar por encima, por debajo o rodearlo. Cualquier cosa, pero no aceptar sus normas, porque sus normas están hechas para aislarnos, impedirnos luchar y derrotarnos antes de empezar a pelear. El Estado democrático no es un ente neutral, es un aparato de los explotadores: no podemos esperar «justicia» de su parte. Es solo con nuestros medios, cumplan o no la legalidad burguesa, que podemos luchar de verdad. Sin ninguna garantía de victoria, pero al menos con alguna posibilidad. La aceptación de la ley es la aceptación sumisa de la derrota.
Texto extraído del Boletín LA HUELGA (https://lahuelga.info)
