Murcia: trece muertos en el incendio de unas discotecas ¿Una tragedia inevitable?

El pasado domingo día 1 de octubre trece personas murieron en el incendio de tres locales de discoteca situados en el polígono Las Atalayas, en Murcia. Siguiendo lo que cuenta la prensa el incendio se originó en una de las discotecas, que estaba a su vez dividida en dos locales diferentes, y de allí se extendió a las demás. En pocos minutos las llamas consumieron todo el material inflamable acumulado en las salas, el tejado de una de ellas colapsó y esto, unido a las características de este tipo de locales, cerrados, con grandes aglomeraciones, etc. convirtió las discotecas en un infierno del que estas trece personas no lograron salir con vida.

Después de la tragedia, vienen las plañideras a darse golpes en el pecho por tan terrible desgracia. Todas las autoridades locales, autonómicas y estatales dan muestras ostentosas de solidaridad u ofrecen, como el presidente de la Región de Murcia, López Miras, “todos los servicios de la Región” a los afectados. Mientras, por otro lado, culpan directamente de lo sucedido a la empresa propietaria de los locales e inician la correspondiente ofensiva legal para mostrar que la responsabilidad del suceso recae exclusivamente en ella.

Pero la propia prensa evidencia que la culpa de lo acontecido está tanto en la empresa como en esas “autoridades”. Según el diario El País, existen dos versiones enfrentadas. Por un lado, el Ayuntamiento de Murcia afirma que el local donde comenzó el fuego, si bien llevaba abierto desde 2008 acometió hace unos años obras de tal envergadura que le hicieron perder su licencia de apertura porque la seguridad no estaba garantizada en eventos como el del pasado domingo. Por lo tanto, la empresa propietaria del local estaba incurriendo en un delito al mantener el local abierto, dar fiestas en él, etc. La causa del incendio estuvo, según el Ayuntamiento, en este incumplimiento de la ley por parte de los dueños y sobre ellos debe recaer la culpa de lo sucedido. Por su parte, la empresa propietaria afirma que sí contaban con licencia de apertura para el local, pero que esta se ha quemado en el incendio.

Es evidente que la empresa tiene un interés directo en afirmar que existía una cobertura legal adecuada para la apertura del local y que, por lo tanto, al no infringirse la normativa municipal, sea cual sea la causa del fuego, existe una responsabilidad compartida con las autoridades municipales al menos ante un posible fallo de seguridad. De ahí el decir que la licencia existe pero que se ha quemado: se trata de defenderse ante un hecho agravante que puede determinar la responsabilidad penal en el suceso.

Por parte del Ayuntamiento se trata de centrar la cuestión en la inexistencia de la licencia. Pero en el fondo esto es algo trivial. En primer lugar porque, como todo el mundo sabe, las condiciones de seguridad que es necesario cumplir para obtener una licencia de apertura no garantizan que no pueda producirse un incendio como el que tuvo lugar el domingo. ¿Cuántos edificios y locales con la documentación legal en regla han ardido sin que la previsión exigida a los dueños por los ayuntamientos haya sido suficiente para evitarlo? Las medidas de seguridad exigidas son mínimas. Para las autoridades se trata, sobre todo, de no entorpecer el establecimiento y la marcha de las empresas, de no obligarles a inversiones “desmedidas” en seguridad que reducirían el atractivo de abrir un negocio porque incrementarían los costes.

En segundo lugar, aún en el caso de que la falta de licencia de apertura pueda considerarse un factor determinante del incendio, porque fuese la falta de medidas de seguridad la que llevó a que el Ayuntamiento la retirase… ¿por qué se permitía que el negocio aún estuviese abierto? Según la prensa, fue en enero de 2022 cuando el Ayuntamiento anuló la licencia previamente existente. Casi dos años después ¿por qué los técnicos o la policía municipal no habían clausurado aún el local? Porque de la misma manera que la obtención de una licencia de apertura no exige prácticamente nada a los dueños de este tipo de negocios, la falta de ella tampoco les obliga.

El Ayuntamiento, claro, ha anunciado que abrirá una investigación con el fin de averiguar por qué el local seguía abierto pese a carecer de licencia… Pero ¿acaso alguien en su sano juicio puede creer que se trata de un misterio? Hoy en día hasta el más pequeño ayuntamiento del país dispone de una capacidad de control inmensa. Los ayuntamientos controlan a la policía local y cuentan con el apoyo de la Nacional y de la Guardia Civil. Tienen medios de registro impensables hace pocas décadas, sistemas de seguimiento de personas y actividades, redes de videovigilancia extendidas por todo el territorio… Como representantes del Estado se encargan de velar por la función represiva de este y cuentan con recursos casi inagotables para ello. Pensar que el Ayuntamiento de una gran ciudad como es Murcia no ha tenido los recursos suficientes para cerrar un local que incumplía la normativa municipal es algo completamente absurdo.

El Estado burgués es capaz de sancionar, perseguir, reprimir, etc. a través de una gran variedad de medios. Su fuerza coactiva es cada vez mayor y se desarrolla en todos los planos: desde el seguimiento individualizado de los ciudadanos hasta la contención de masas en grandes eventos. Y esta capacidad represora siempre creciente se justifica afirmando que tiene la función de proteger a la población, de evitar catástrofes, ya sean provocadas (atentados, etc.) o naturales. 

¿Dónde queda esa protección cuando han muerto trece personas en una discoteca que no debería estar abierta, según las propias afirmaciones del Ayuntamiento? En ningún sitio: el Estado burgués, el Estado de la clase capitalista que se presenta como garante del bien común, es absolutamente incapaz de cumplir con las funciones que dice tener. Bajo su férula no dejan de producirse, una y otra vez, catástrofes como la de Murcia. Y esto no sólo porque existen funcionarios corruptos y empresarios corruptores capaces de falsear una licencia o de hacer la vista gorda cuando esta no existe, sino porque el propio Estado, en cualquiera de sus niveles, por sistema, no va a actuar contra la burguesía, no va a entrometerse en sus negocios, no va tocar sus fuentes de ingresos. Y da igual el caso que sea, el riesgo que implique o las consecuencias que pueda tener: el Estado burgués no existe para eso, no tiene esas funciones. Como mucho reaccionará ante la catástrofe, dirigirá medios y recursos a los afectados (lo que habitualmente es otro tipo de negocio patrocinado, esta vez, directamente, por él), pero nada más. 

La visión del Estado como un ente colocado por encima de los intereses particulares, capaz de modular (o reprimir) los excesos egoístas de cualquier individuo o empresa, de dar una visión general que se sobreponga a los abusos que se pueden cometer… sencillamente es mentira.

Hace pocas semanas hubo lluvias torrenciales en la zona ubicada entre el sur de Madrid y el norte de Toledo. Como es sabido, los servicios de emergencia utilizaron una señal de radio para lanzar un mensaje de alarma a través de los teléfonos móviles de la población e instarles a no salir de sus casas. Mientras hacían esto, las lluvias arrasaron parte de algunos pueblos de la zona y se llevaron puentes y casas que estaban construidas en antiguos cauces de ríos y arroyos secos desde hace décadas. Murieron dos personas. Las “autoridades” eran plenamente conscientes de que en la zona donde se estaban produciendo las lluvias existen multitud de construcciones que vuelven a estas potencialmente peligrosas por la formación de riadas, efectos balsa, etc. Pero en lugar de evacuar, desplegar los recursos disponibles para prevenir riesgos para la población… lanzaron un mensaje de alarma y dejaron que las cosas corrieran su curso. Atemorizar, reprimir, etc.: esas son funciones del Estado burgués. ¿Evacuar un pueblo o cerrar una discoteca? Los costes son, en su terrible contabilidad, mayores que los beneficios. El dinero vale más que cualquier vida humana.

El sistema capitalista, donde la ley del valor, la maximización del beneficio y el incremento de las ganancias son la única regla que se aplica en todo momento, provoca el peligro. Se levantan discotecas (que de por sí constituyen un riesgo inmenso para los clientes) porque es necesario canalizar la frustración y el agotamiento que produce la vida bajo el capitalismo hacia un consumo “reconstituyente” basado en la evasión. Las discotecas generan un beneficio inmenso a sus propietarios vendiendo alcohol, drogas, etc. y facilitando una especie de estado de trance a los clientes gracias a la música y las luces. Este beneficio no se le va a negar a ningún empresario en nombre de la seguridad, los requisitos necesarios para la apertura, etc… Y a la consecuencia de esto, en forma de incendio como el de Murcia, se le llama catástrofe, cuando se trata en realidad, de una consecuencia hasta normal de las cosas bajo el orden capitalista.

3 de octubre de 2023

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