Continuando con nuestra tarea de contribuir al desarrollo y la extensión de la lucha de clases, pretendemos señalar y denunciar lo que podríamos calificar como "el enemigo interno", es decir, aquellos sindicatos, que reclamándose como parte de la clase trabajadora, son conocidos por sus prácticas antiobreras y por el mantenimiento de la "paz social" a toda costa (bonito eufemismo para denominar a la paz impuesta a lxs sometidxs, mediante toda la violencia que sea necesaria, por parte de sus opresores).
En el Estado español los dos mayores representantes de este "enemigo interno" son las estructuras sindicales de UGT y CCOO (aunque no los únicos).

Antes de entrar más a fondo en la exposición de motivos que nos lleva a adoptar este calificativo para denominar a estos sindicatos queremos hacer un ejercicio de honestidad para que nadie se llame a engaño.
Quienes elaboramos estos artículos nos encontramos dentro de una cierta "tradición", de prácticas e ideas, que se reconoce dentro de la autonomía obrera y que defiende sobre todas las cosas la independencia organizativa y política de la clase obrera.
Este principio, en el caso concreto de la cuestión sindical lleva a algunos a la negación del sindicato como institución necesaria para el desarrollo de la lucha de clases por dos razones principalmente:
 1) Que, como dijo la AIT en su manifiesto inaugural, la emancipación de la clase obrera tiene que ser obra de lxs obrerxs mismxs y por ello en ciertas ocasiones la figura del sindicato, en vez de ser un motor necesario para la lucha, puede conllevar una práctica de delegación que haga que lxs obrerxs se desvinculen de los temas que les afectan directamente, lo que a la larga supondría en lugar de un motor, un freno, al promoverse la pasividad, la desmotivación y el individualismo.
 2) Que la conversión del sindicato en institución mediante su integración en el aparato estatal para hacer de mediadores en los conflictos entre proletariado y burguesía, los limita en su acción al marco de la "paz social" (porque es esta misma la que legítima su posición) y los convierte, no en dinamizadores de la lucha de clases, sino en correas de transmisión necesarias para el poder dentro del sistema capitalista (la otra cara de la moneda del capataz que ejerce con gusto la función de "matón empresarial" pero en su versión sindical).
La financiación por parte del Estado de estos organismos hace imposible su independencia.

Y sin embargo, al mismo tiempo, sabemos que la lucha económica, de resistencia, de la clase trabajadora, no es una simple cuestión de formas. El sindicato integrado es igual de inerte que la asamblea cooptada por unos estalinistas.
Es, por tanto, la realidad actual de la lucha de la clase trabajadora la que nos lleva a subrayar el papel de enemigo interno de estos sindicatos vendidos.

Para ejemplificar la degradación progresiva en la defensa de los derechos de lxs trabajadorxs que llevan practicando estos sindicatos, desde su legalización en la época de la Transición hasta nuestros días, basta con tomar como ejemplo el papel que han jugado en la reciente huelga del Metal en la bahía de Cadiz.
En el marco de las negociaciones para la firma de un nuevo convenio colectivo del sector del metal, la FEMCA (patronal del metal en Cádiz) llega a un acuerdo con UGT, con la connivencia de CCOO que esta vez se ha puesto de perfil (en otras ocasiones estos papeles se intercambian).
Dicho acuerdo supone la consolidación de la pérdida de derechos laborales que han venido sufriendo lxs trabajadorxs del metal en Cádiz desde 2012, con la excusa de la crisis, en un momento donde la carga de trabajo vuelve a la Bahía por lo que se intenta su blindaje hasta 2032, periodo de vigencia de dicho convenio (demostrando que cuando a la patronal le interesa si que se pueden pactar convenios con largos periodos de vigencia). Esta pérdida de derechos viene reflejada por unos salarios a la baja (manteniendo la línea adoptada en tiempos de crisis, cuando ahora la situación ha cambiado y no se espera que vuelvan esos tiempos en los próximos años) que no garantizan el poder adquisitivo perdido en los últimos años, ninguna mejora en cuanto a seguridad o estabilidad de los puestos de trabajo y un total abandono de lxs trabajadorxs de las subcontratas que son aquellxs que más sufren la temporalidad y la precariedad, dejando un mensaje alto y claro: solo negociamos "migajas" para nuestros propixs afiliadxs, el resto nos importa entre muy poco y nada de nada. Tremendo descaro y falta de vergüenza para quienes se dicen "defensores de la clase obrera".

Este acuerdo se ha llevado a cabo a espaldas de las asambleas de trabajadorxs e incluso después, cuando estás se habían negado a someterse a tal abuso y habían empezado a movilizarse (apoyados en los sindicatos CGT y CTM), llegando a convocar una huelga indefinida que ha durado 23 largos días con protestas a diario (lo que deja bien a las claras que este acuerdo carecía del apoyo mayoritario de lxs trabajadorxs del metal). La postura de UGT y CCOO ha sido alinearse con la patronal, ninguneando a los sindicatos convocantes por una supuesta falta de representación (pese a que en los tajos, las asambleas y las calles se veía claramente lo contrario), tildando las manifestaciones de "ilegítimas" y criminalizando a lxs trabajadorxs en lucha, acusándolos de promover actos vandálicos ("poco quemamoh" para lo que merecen, a decir verdad).

Estás practicas, modos y maneras que podemos calificar como antiobreras con toda claridad no son un caso puntual ni algo de los últimos tiempos; son la línea que vienen adoptando progresivamente los "sindicatos mayoritarios" en todos los sectores y empresas a lo largo del Estado. Se han convertido sin lugar a dudas en la correa de transmisión de los deseos de la patronal, adoptando una suerte de juego de roles en donde la patronal hace de poli malo y estos sindicatos hacen de poli bueno, para que lxs trabajadorxs acepten la precariedad como una condena inevitable bajo la ilusión del mal menor.

Es por eso que desde aquí les señalamos y acusamos de ser el "enemigo interior" y le pedimos al conjunto de la clase obrera que les niegue la representatividad que dicen ostentar cuando lleguen a acuerdos que sean perjudiciales a sus intereses sin tan siquiera consultarles.

No son los defensores de la clase trabajadora, son los mamporreros del capital.
    

POR LA UNIDAD OBRERA

Intento de pogromo y razias contra los inmigrantes en Torre Pacheco

Una única salida: la lucha de clase, por encima de toda división nacional, étnica o racial.

En Torre Pacheco, Murcia, después de varias semanas de supuestos incidentes violentos, siempre achacados a inmigrantes marroquíes (varios de ellos bulos propagados por grupos de extrema derecha en redes sociales) se ha asistido a un “estallido racista” en el que centenares de vecinos del pueblo, acompañados por otros centenares de elementos de extrema derecha desplazados hasta allí para participar en los disturbios, se han enfrentado a inmigrantes marroquíes, yendo a buscarles a sus barrios, apaleándoles por la calle, atacando sus establecimientos, etc. Por su parte, los inmigrantes, especialmente los jóvenes, han respondido con contundencia, enfrentándose con los manifestantes y con la policía, dejando varios heridos y algún detenido. De hecho, si se hace caso a la prensa burguesa y a las no menos burguesas redes sociales, los elementos de extrema derecha que prometían una especie de limpieza étnica exprés en el pueblo habrían pagado en sus propias carnes su bravuconería y ni siquiera la ayuda de la policía, la Guardia Civil y la cobertura mediática dada a su favor habría evitado que alguno de ellos haya sido hospitalizado.

Estos sucesos no tienen nada de espontáneos. Desde hace semanas algo similar se venía fraguando: primero fue el frustrado intento de un grupo neo nazi de concentrarse frente al centro de menores de Hortaleza (Madrid), luego las manifestaciones contra la violación de una mujer por parte de un maliense en Alcalá de Henares (también Madrid), finalmente Torre Pacheco. Y durante todo este tiempo en varios pueblos y pequeñas ciudades de España han aparecido carteles llamando a la defensa de la “seguridad ciudadana” y a “combatir” a unos supuestos agresores marroquíes… Todo tiene el tono característico de una campaña premeditada, para la cual, desde hace tiempo, se lleva buscando únicamente un pretexto con el que desencadenar algo como lo de este fin de semana pasado en Murcia.

Torre Pacheco es uno de los pueblos con menor renta per cápita de España. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, ésta era en 2022 de 9.016 euros. Un dato efectivamente muy bajo si se tiene en cuenta que es uno de los pueblos agrícolas más importantes de la Comunidad de Murcia y que tiene una próspera industria centrada en la transformación agrícola y el sector hortofrutícola (tanto productos para el consumo nacional como destinados a la exportación). ¿Cuál es la explicación para esta aparente discrepancia? Que en Torre Pacheco, como en todo el arco del Sur mediterráneo, desde Almería hasta Murcia, se concentra uno de los estratos del proletariado peor pagados del país; de manera que la pobreza estadística de la región refleja, en realidad, una fortísima polarización social, una distribución económica sustentada en que una clase poseedora, fundamentalmente medianos y pequeños agricultores propietarios de la tierra y del capital necesario para explotarla, emplea a los jornaleros a cambio de salarios de miseria y hambre. La estadística da una visión equivocada de pobreza generalizada, cuando lo que existe es miseria proletaria y riqueza burguesa.

Más allá de esto, Torre Pacheco, como el conjunto del campo español, tanto el de interior basado en la agricultura extensiva como el de la periferia donde predomina el ultra moderno cultivo de invernadero, pasa por una profunda crisis que está haciendo que muchas empresas dejen de ser rentables, como consecuencia de la entrada en el mercado mundial de nuevos productores africanos y latinoamericanos. Así, desde 2012, la superficie cultivada en el pueblo ha caído un 52%, de casi 15.000 Ha. a muy poco más de 7 mil. De acuerdo con los datos que proporciona la Consejería de Economía murciana, esta disminución del cultivo apenas ha implicado un descenso del empleo en la agricultura, que ocupa en el pueblo, aproximadamente, a 14 mil personas, también desde 2012. Pero fuera de la agricultura, los últimos años han implicado un incremento considerable del nivel de ocupación y, por lo tanto, de descenso del desempleo: un 70% más de empleo en la industria, un 45% más en la construcción y un 50% en el sector servicios. Es por ello que el paro ha caído, en el municipio, un 60%.

Estas son las cifras oficiales, que sirven para mostrar, tomando como aproximación los datos de empleo, que la economía de Torre Pacheco padece dos influencias contrapuestas: por un lado, un ajuste entre sectores productivos que caracteriza desde hace años a buena parte del campo español, que hace poco rentable la pequeña producción agraria y que está liquidando empresas de este sector cada año. Por otro lado, una recuperación de la producción no agraria desde los niveles de la crisis de 2012 y como consecuencia, un aumento del empleo y de la consiguiente importación de trabajadores, vía inmigración legal y/o ilegal. Es una situación generalizada en todo el país: la recuperación económica, la supuesta “bonanza” capitalista, no se produce sin desequilibrios. Aparecen las fricciones entre sectores productivos que se reflejan en enfrentamientos entre diferentes estratos burgueses y pequeño burgueses. Por otro lado, la exigencia por parte del capital de una mano de obra muy barata, que padece unos salarios que son los únicos que permiten la rentabilidad de la inversión realizada, incrementa las tensiones sociales porque la burguesía logra aumentar así la competencia entre proletarios, dirigiendo hacia ese fin todos sus esfuerzos y recursos, propagando los enfrentamientos, dando cobertura a todas las corrientes nacionalistas, racistas y xenófobas… con el fin no de expulsar a esos inmigrantes, a los que tanto necesita, sino de disciplinar a los nuevos proletarios y hacer caer sobre ellos el peso del malestar social que el propio desarrollo capitalista genera.

¿Se quiere una explicación acerca de la violencia de estos últimos días? Ahí se tiene. La burguesía, sobre todo una burguesía como la española que históricamente sólo ha logrado mantener las bases de su competencia en el mercado internacional gracias a los bajísimos salarios del proletariado al que explota, requiere mano de obra importada con el fin de garantizar esos bajos salarios. La importa en contingentes legales o ilegales y, dentro del país, la priva de cualquier derecho, excepto el de ser explotada.

En los puntos más crueles y abyectos de este proceso, separa a niños de sus padres, encierra a menores con adultos, da vía libre a las organizaciones criminales dedicadas a la trata de blancas, a la extorsión y al asesinato para que hagan negocio… En definitiva, trata a los inmigrantes como animales. ¿Se extraña alguien, después, de cualquier tipo de violencia? Un solo grupo social es culpable: la burguesía, clase criminal por excelencia. Y esto vale tanto para la burguesía española, que hacina, reprime, maltrata y asesina a los proletarios migrantes como para cualquier otra, particularmente la marroquí, que desde hace décadas trata de mantener un control estricto sobre sus “súbditos en el extranjero” desarrollando un amplio sistema de espionaje y represión a través de las mezquitas y los elementos de la pequeña burguesía comerciante: ambas juegan un papel en el mercado de la explotación proletaria.

Los sucesos de Torre Pacheco han sido buscados y casi programados. Porque incluso en los momentos de relativo auge económico, de cierta -limitadísima- estabilidad, el capitalismo sólo puede existir creando desorden, caos y sufrimiento. Necesita este tipo de situaciones, estas razias alentadas y televisadas, para, por un lado, dejar salir la presión que se genera irremediablemente en su sociedad y que se trata de encauzar siempre hacia cualquier forma de violencia contra los proletarios; mientras por otro lado, necesita utilizar ese enfrentamiento, esa violencia, para disciplinar y someter por el miedo a los miles de nuevos proletarios que llegan a España para ser explotados en el campo y en la ciudad. Torre Pacheco les muestra su destino: trabajar en condiciones penosas y estar siempre sometidos a que, con cualquier excusa, se desencadene la violencia contra ellos. En este caso, ha sido una violencia “popular” (la de los hijos de la pequeña burguesía), pero siempre, en toda ocasión, es la violencia institucional y policial. Y esta política no es propia de uno u otro sector de la burguesía.

Toda la clase burguesa está de acuerdo con ella y la promueve jugando su correspondiente papel en su desarrollo. Los grupos nacionalistas tipo VOX y sus satélites callejeros, azuzan abiertamente los intentos de pogromos. Pero el gobierno de coalición PSOE – SUMAR deja hacer, permite la movilización de los grupos de extrema derecha, se niega a enviar a la policía y, cuando lo hace, les ordena reprimir a los inmigrantes que se defienden y no a los fascistas que pretendían “cazarles”. La confluencia, e incluso la coordinación técnica, entre todas las fuerzas de la burguesía es un hecho: los sucesos de Torre Pacheco no habrían tenido lugar si el Ministerio del Interior de Grande Marlaska (del PSOE), el mismo que ha mandado detener a más de 25 obreros del metal en Cádiz, no lo hubiera querido.

Los sucesos de Torre Pacheco se parecen, como dos gotas de agua, a los que tuvieron lugar en El Ejido hace 25 años. Entonces, un caso de violencia similar al de la semana pasada desencadenó días de persecuciones de trabajadores magrebíes, incendios de sus casas, intentos de asesinato… todo bajo la expectación cómplice de las autoridades, que también entonces veían necesario dar una lección a un proletariado al que querían enseñar qué significa realmente “convivir”. Pero entonces, hace 25 años, los proletarios de El Ejido y parte del Campo de Níjar respondieron con una fuerza que nadie esperaba: convocaron una huelga salvaje en toda la zona, abandonaron los puestos de trabajo y cortaron de raíz la violencia, al menos temporalmente. A la agresión que sufrían por parte de la pequeña burguesía local, dueña de tierras, fábricas y comercios, respondieron con el arma proletaria por excelencia: la huelga.

Por supuesto, la victoria de los trabajadores no fue permanente. Pararon las razias, cierto, pero la violencia siguió y sigue presente. Periódicamente llegan noticias de incendios de campamentos de chabolas donde viven los trabajadores, de violaciones a mujeres migrantes, de palizas a jóvenes… todos ellos actos de disciplinamiento ejercidos por la burguesía local para sembrar el terror sobre las masas proletarias.

Los proletarios de Torre Pacheco, como los de todas partes, ya sean nacionales o extranjeros, sólo tienen una vía para afrontar sucesos como los de estos días: la lucha de clase. Esta lucha significa reconocer que existen unos intereses comunes, por encima de raza, nacionalidad, sexo, edad… que unen a toda la clase trabajadora: la necesidad de resistir al capital, de imponerse ante sus exigencias, que siempre serán de más explotación y peores condiciones de vida. Pero también significa entender que la solidaridad de clase, el rechazo a colaborar con la clase burguesa dominante, con la patronal, con sus partidos, con sus fuerzas represivas, es un deber al que el proletariado nativo, el que disfruta de unas condiciones económicas y sociales mejores que sus hermanos de clase inmigrantes, no puede negarse. No puede (¡no debe!) solidarizarse en ningún caso con los intereses de “su” burguesía, no puede hacer frente común con “sus” empresarios, contra aquellos trabajadores que se encuentran en peores condiciones, esperando con ello mantener una situación algo mejor a costa del sufrimiento del resto de proletarios.

Lamentablemente, esta política de colaboración entre clases ha sido moneda común para el proletariado durante demasiado tiempo. Es por ello que algunos proletarios llegan a secundar las consignas racistas y xenófobas, en las que ven la continuación de esa solidaridad interclasista, de movilización junto a elementos de otras clases sociales, a las que están tan habituados. Es por ello, también, que la clase burguesa teme al proletariado migrante, que engrosa las filas de la clase trabajadora española pero que no disfruta de las ventajas de esa colaboración que se ha dado durante décadas: eso le hace más susceptible de revolverse contra las consecuencias de la explotación salvaje que padece y dar ejemplo de cuál es la vía al retorno de la lucha de clase.

¡Solidaridad de clase entre proletarios, nacionales y extranjeros!

¡Contra las razias y la violencia burguesa de todo tipo, una única vía: la lucha de clase!

13/07/2025

Partido Comunista Internacional

- Il comunista - le prolétaire - el proletario - proletarian - programme communiste - el programa comunista - Communist Program

www.pcint.org

LLAMAMIENTO A LA SOLIDARIDAD activa y de clase contra los hechos que están ocurriendo en Cádiz:

Como muchos sabéis, desde el día 23 de junio los trabajadores del metal de la provincia de Cádiz han desarrollado una importante huelga por sus condiciones de trabajo en la que se han enfrentado a las mafias sindicales y a la represión desatada. Ahora que la huelga ha sido desconvocada, la REPRESIÓN SE ESTÁ INTENSIFICANDO, con detenciones puerta a puerta de trabajadores y solidarios por su supuesta participación en las protestas.

Nos relatan HECHOS DE EXTREMADA GRAVEDAD: 

"aquí se ha terminado la huelga, pero NOS ESTÁN MATANDO CON LAS DETENCIONES", se están llevando a gente y están pidiendo PRISIÓN SIN FIANZA". 

Los compañeros están movilizándose para liberar a los detenidos y, en su caso, para pagar las fianzas para sacarlos a la calle.

Las detenciones están llegando cuando la masa obrera vuelve a los tajos. Detenciones casa por casa, secretas que agreden cuando detienen y que sacan a los compañeros como si fueran terroristas, golpes y agresiones; detenciones dirigidas y señaladas, contra el entorno solidario y los que luchan. 

En esta huelga del metal y en la represión actual desatada por el estado, ya han sido detenidos 22 trabajadores que sepamos. ES UNA AUTÉNTICA CAZA DE BRUJAS.

Por todo esto se pide :

apoyo para las cajas de resistencia.

DIFUSIÓN Y SOLIDARIDAD,

la SOLIDARIDAD DE TODA LA CLASE TRABAJADORA.

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"Esta situación requiere que la lucha obrera y popular sea desarrollada con unas tácticas que puedan minimizar y reducir en lo posible la acción represiva del estado, y con unas estrategias de combate contra todos sus órganos y medios utilizados en las acciones y actividades represivas

La lucha antirrepresiva habrá de realizarse transgrediendo sobre la práctica toda legislación que consideremos injusta, en su transcripción, utilización o manipulación por parte del sistema.

Hay que combatir todo planteamiento inquisitorial adoptado a nivel dogmático, sociopolítico y económico, y todos aquellos métodos utilizados para su aplicación represiva, como la llamada colaboración ciudadana (que no es otra cosa que delación reaccionaria), as escuchas, la vídeo-vigilancia, el espionaje, la detención y la tortura. Y esto ha de combatirse mediante la acción directa y el ataque efectivo.

Actuar contra las sentencias dictadas por los entes judiciales del sistema, sustentadas en una legislación impuesta por los poderes dominantes para ser utilizadas en su propio beneficio y contra el pueblo combativo. Denunciar todo entramado de criminalización, judicialización y penalización, prioritariamente cuando se fundamenta como acción preventiva, basada siempre en hipótesis, suposiciones e intereses políticos.

Hay que combatir y denunciar todo recorte de libertades individuales y colectivas, así como cualquier acomodo de éstas a los intereses políticos y socioeconómicos de los capitalistas.

Es de vital importancia como método de autodefensa primario y fundamental al desarrollar la actividad combativa, el no facilitar al sistema ninguna información que, aun siendo legal, en cualquier momento será utilizada por éste para ejercer la represión. Es peligrosa y absurda la facilitación de datos personales y colectivos, en cualquiera de sus modalidades, a quienes son enemigos declarados de la clase trabajadora y a los cuerpos represivos, bien mediante la legalización o publicación de las actividades combativas, o mediante solicitudes, publicación de fotos, vídeos,
comentarios irresponsables, etc.

El planteamiento de combate contra la actividad represivo-penal debe estar orientado en un contexto de diferenciación de la actividad anticapitalista, del criterio adoptado por el sistema que lo encuadra en el marco jurídico de la delincuencia común, identificándolo en muchas ocasiones con el vandalismo. Por tanto, todo ataque a la propiedad de los medios de producción, a la propiedad de la explotación y
al proceso consumista, a la economía de mercado, al comercio lucrativo y a la usura, al robo legalizado, al sistema especulativo, a la utilización de fondos públicos para el beneficio de la burguesia o para el afianzamiento del sistema capitalista y de todas sus estructuras, deberá llevar inherente un contenido politico, a la vez que deberá ser complementado con alternativas de carácter socializador.

Contra la actividad represiva de fuerte contenido ideológico, hay que actuar en un contínuo proceso de contraataque, basado en la clarificación de las verdaderas intenciones pretendidas por el capitalismo y sus gobiernos. Hay que descubrir sus entramados legislativos judiciales, en los que apoyan su práctica de verdadera delincuencia y terrorismo dentro de la impunidad más absoluta, y a lo que dan carácter legal. Hay que atacar directamente toda su estructura legislativa y jurídica, desde los más elementales órganos, hasta las más altas instancias. Denunciar todos sus procedimientos interesados y reaccionarios.

En cuanto al concepto manipulado y tergiversado de la consideración jurídica de terrorismo o su equivalente penal, de toda actividad politica, se ha de combatir en el ámbito ideológico, procurando que sea entendido por las bases obreras y populares cuál es el verdadero terrorismo. Cómo quien lo practica son los poderes capitalistas y sus gobiernos, etc. Y cómo ello se realiza desde sus organismos, sus empresas, los poderes políticos, sus fuerzas represivas, desde la más completa impunidad, apoyada en una legislación y una metodologia juridica creada y aplicada para la protección de sus intereses clasistas y de su sistema de dominación.

Hay que demostrar cómo la clase capitalista crea terror a nivel popular con sus prácticas explotadoras, creadoras de paro, hambre, miseria y marginación. Con sus prácticas coactivas y represivas para consolidar su poder y su dominación sobre el pueblo. En tanto que la lucha antisistema pretende la eliminacion de ese terror mediante la aplicación de un nuevo orden socioeconómico más justo".

(Del DOSSIER: "Situación actual, crisis y represión. El necesario cambio de metodologías", 2014)
 

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Otras informaciones:

> CGT formaliza el fin de la huelga: https://cgtandalucia.org/cgt-a-formaliza-el-fin-de-la-huelga-general-en-el-metal-de-cadiz-decidido-por-las-asambleas/

> Cádiz: la vía de la lucha de clase: http://valladolorentodaspartes.blogspot.com/2025/06/cadiz-la-via-de-la-lucha-de-clase.html

> Huelga del metal en Cádiz: https://valladolorenlainfoobrera.blogspot.com/2025/06/huelga-del-metal-en-cadiz.html

Se han confirmado los peores presagios: Lino Rubio Mayo, titular del juzgado número 1 de lo penal de Xixón, ha dictado orden de ingreso en prisión a las seis sindicalistas de La Suiza para cumplir tres años de prisión.  

En 2017, la denuncia de un empresario, la complicidad de la brigada de información de la policia, la prensa, fiscales y jueces, abrieron un tortuoso proceso contra una trabajadora de esa pastelería y cuarenta compañeras de la CNT que la apoyaron.

En junio de 2024 el Tribunal Supremo convirtió en jurisprudencia la represión de la acción sindical, confirmando dos injustas sentencias de tres años y medio para 6 compañeras. Y lo hizo equiparando la negociación y las concentraciones pacíficas con los delitos de coacciones y obstrucción a la justicia.

En un texto publicado hace un tiempo, resumíamos lo sucedido:

" El pasado 24 de junio el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de tres años y medio de prisión para los trabajadores que participaron en las movilizaciones contra la pastelería de Gijón La Suiza. Previamente a esta ratificación, los trabajadores habían sido condenados por un juzgado de lo penal en Gijón y la sentencia ratificada por la Audiencia Provincial de Asturias.

Según los jueces, queda probado que la campaña, que los trabajadores condenados (afiliados a CNT) llevaron a cabo contra el acoso laboral y sexual que sufría una empleada de la pastelería, es constitutiva de un delito de coacciones graves contra el propietario del establecimiento.

Es necesario decir que dicho propietario es un conocido ultraderechista de la capital asturiana que ha hecho de este juicio una campaña abierta contra los trabajadores, con la ayuda de abogados como Gómez Bermúdez (antiguo magistrado célebre por ser el presidente de la sala que juzgó a los autores del 11-M) y de un juez como Lino Rubio, de conocida animadversión contra los sindicalistas desde que mandó a la cárcel a Cándido y Morala.

La realidad es que las supuestas coacciones y el resto de delitos asociados a la acción sindical de los trabajadores no fueron otra cosa que unos piquetes en la puerta de la pastelería y el reparto de unos volantes contra el acoso laboral. Nada que no se haga en cualquier tipo de conflicto sindical, por tranquilo y legal que sea. De hecho, esta acción sindical fue legalizada en lo que a movilizaciones se refiere y transcurrió dentro de los cauces de lo que recoge el derecho español. ¿Qué ha sucedido entonces?

Que tanto la patronal como la magistratura y el gobierno han querido dar una lección. Esa patronal, esa magistratura y ese gobierno que, de cara a la galería, fingen enfrentarse como enemigos acérrimos, que se acusan de golpistas o liberticidas, que niegan incluso la legitimidad del contrario… están en perfecto acuerdo para mandar a la cárcel a un grupo de trabajadores por unos hechos en principio irrelevantes.

Para entender esto hay que ver el contexto de los últimos años. Desde el año 2020, gobierno y patronal han sido inmisericordes a la hora de cargar a los proletarios con el peso de la crisis, primero sanitaria y después económica, que hemos vivido. La dureza, a la hora de aplicar todas las medidas anti obreras que han sido necesarias, ha sido tanto mayor cuanto que el acuerdo entre el gobierno de izquierdas (con la ministra estalinista de trabajo al frente) y todas las facciones de la burguesía ha sido total. Recortes de sueldo para pagar la factura del confinamiento, ERTEs a mansalva como forma de reducir el coste de la mano de obra, una legislación que continúa con los aspectos más duros de la del gobierno anterior, represión a base de tanquetas (Cádiz) y fuego real (Linares) y una ofensiva declarada contra todas las movilizaciones y huelgas obreras, empezando por las del metal de 2021 y acabando por la reciente huelga de Acerinox, que cuenta en su haber también con varios condenados a prisión.

La burguesía, sus jueces y su gobierno lo dicen claro: tanto en el momento presente como sobre todo de cara a un futuro endurecimiento de las condiciones de vida de los trabajadores (que llegará, sobre todo por la movilización bélica que ya asoma en el porvenir) no va a haber misericordia de ningún tipo para los proletarios. Aquel que luche, ya sabe qué puede esperar. El encarcelamiento de los trabajadores de La Suiza es un aviso a navegantes".

¡6 DE LA SUIZA LLIBERTÁ!

SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES REPRESALIADOS

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> Con los 6 de la Suiza, LUCHA DE CLASE: https://valladolorentodaspartes.blogspot.com/2024/06/con-los-6-de-la-suiza-lucha-de-clase.html

> 6 de la Suiza: intolerable agresión al sindicalismo combativo: https://cgt.es/6-de-la-suiza-intolerable-agresion-al-sindicalismo-combativo/

> Por las 6 de la Suiza: STOP REPRESIÓN ANTISINDICAL: https://www.cntvalladolid.es/por-las-6-de-la-suiza-en-xixon-stop-represion-antisindical/

 Continúa el Encuentro del libro Anarquista de Salamanca, con esta ya será la decimoséptima edición, desde su inicio en el 2008. Permanecemos con la idea de construir un espacio de acción y teoría que, poco a poco, se ha ido consolidando dentro de la red anual de ferias del libro que se organizan en diferentes lugares.

Los días programados para esta edición: viernes 8 y sábado 9 de agosto.

 

Viernes 8 de agosto: Paseo Libertario a las 19:30 h. en Zamora. Sera un recorrido ameno, por lugares emblemáticos del movimiento libertario histórico zamorano. Confirma tu asistencia mandando un correo a: encuentrosalamanca@gmail.com

 

Sábado 9 de agosto: Plaza de Barcelona (frente a la estación de tren) – Salamanca

    A las 11:00 Inicio de la feria de libros, fanzines, periódicos, revistas…

    A las 13:00h. Presentación del colectivo anti-carcelário Vozes de Dentro (Lucha y resistencia en las cárceles en el territorio dominado por el estado portugués)

    A las 15:00h. Vermouth musicalizado con el recopilatorio del Fanzine *El Sekadero*+ Pintxos.

    A las 17:00h. Charla/Debate"90 años después de la huelga de alquileres del 31, hoy ,qué esperamos" con Manel Aisa Pàmpols, autor del libro La huelga de alquileres y el comité de defensa económica

    A las 19:00h.Charla/Debate"Barroso Em Resistencia, resistiendo a la propuesta del capitalismo verde". En Barroso, en el norte de la península ibérica, las máquinas han invadido tierras privadas y comunales, con el respaldo del Gobierno de Portugal y las instituciones Europeas, imponiendo un proyecto de minería de litio a cielo abierto.

    A las 21:00hh. Teatro con la obra Pic-Nic, interpretada por el Grupo de teatro autogestionado de Salamanca.

 

Para más información : www.encuentrosalamanca.blogspot.com

Todas las actividades serán en Plaza de Barcelona, realizándose todas al aire libre y con sombra. 

 

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Cádiz: la vía de la lucha de clase

La huelga del sector del metal en la provincia de Cádiz, que incluye a todas las empresas, principalmente dedicadas a la construcción y reparación naval, en San Fernando, la ciudad de Cádiz, Puerto Real y Jerez, ha tomado una fuerza que parecía imposible, si nos atenemos a la serie de derrotas y claudicaciones sindicales con que se han cerrado huelgas similares y recientes en otras provincias. 

La sucesión de acontecimientos, muy resumidamente, ha sido la siguiente: cuatro años después de la firma del último convenio colectivo del sector (firma que se logró por parte de CC. OO y UGT in extremis, colocándose contra buena parte de los trabajadores, que lo rechazaron abiertamente), la tensión acumulada en las factorías, precisamente como resultado de ese último convenio colectivo, de la implantación del sistema de fijos discontinuos como vía para el despido rápido, etc., había ido en aumento. De cara a la negociación, los principales sindicatos (UGT primero, seguido de CC.OO. y de CGT) convocaron una huelga de dos días. El fin era evidente: permitir que los trabajadores, especialmente aquellos que se han radicalizado más a lo largo de los últimos años y que han engrosado las filas de CGT, de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) o, en algunos casos, del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), desfogasen parte de la rabia contenida, como si se tratase de dos jornadas de lucha destinadas a aliviar la tensión. Después de esa huelga parcial, con preaviso y perfectamente adecuada a las necesidades de la patronal, en el guion esperable estaba el paripé de la negociación: UGT -primer convocante- representando “tensos encuentros” con la patronal de las empresas del sector (las grandes empresas, como Navantia, tienen convenio propio y están excluidas). Como parte del circo, se firma un preacuerdo la madrugada del domingo y se presenta a los trabajadores el lunes por la mañana con el fin de que entren ese mismo lunes a trabajar. Pero en este punto se ha roto la baraja: buena parte de los trabajadores (según la prensa burguesa, aquellos que trabajan en la bahía de Cádiz) ha rechazado el preacuerdo y ha decidido continuar con la huelga y, con la cobertura legal de CGT -cuya sección del metal se ha negado a desconvocar la convocatoria de huelga- , han continuado con los paros, esta vez de manera indefinida y sin que ni la patronal ni el gobierno tengan la certeza de que van a poder pararlos a su antojo, como han hecho habitualmente, gracias a la labor de los grandes sindicatos colaboracionistas.

Las reivindicaciones iniciales de los trabajadores del metal eran estas:

• Cumplimiento íntegro del convenio para todo trabajador y trabajadora del sector.

• Regulación justa del contrato “fijo discontinuo”.

• Imposibilidad de trabajar dentro de las factorías bajo convenios diferentes a los del metal.

• No a los impagos constantes.

• Coeficiente reductor para la jubilación anticipada.

• Vigilancia y prohibición de las listas negras.

Para entender correctamente su alcance, es necesario tener en cuenta que el sector del metal en Cádiz lo compone una miríada de pequeñas y medianas empresas que prestan servicios para las grandes empresas del sector (Navantia, Airbus, Dragados Ofshore, etc.). Esta fragmentación de las llamadas “empresas auxiliares” es consecuencia de la progresiva descapitalización que emprendió la industria del metal hace cuarenta años, entonces enucleada en torno a las grandes empresas estatales: al proceso de privatización le acompañó el fenómeno de la externalización, por el cual las empresas principales prescindían de la mano de obra y el capital necesario para realizar tareas que podían subcontratarse en función de la carga de trabajo que existiese. De esta manera, a día de hoy, en una misma obra, trabajando en la construcción de un solo barco, puede haber al mismo tiempo muchas empresas, cada una de las cuales tiene a un grupo de trabajadores realizando determinadas tareas. Esto, en la práctica, ha supuesto la estratificación de la masa proletaria que antes contrataba una única empresa y la desvinculación de los diferentes oficios dentro del sector, con lo que el problema para los trabajadores se agudiza porque muchas empresas, con el fin de disminuir los salarios, se acogen a convenios colectivos que no son los del metal (con la excusa de que la tarea particular que realizan así lo exige). De esta manera, no sólo hay diferentes trabajadores de diferentes empresas, sino que, legalmente, en una sola obra puede haber una división “industrial” total.

Durante décadas ésta ha sido la gran fuerza de la burguesía. Ante la crisis prolongada del sector del metal (que comenzó en los años ´80 y que a lo largo de las dos décadas siguientes implicaría una profunda reestructuración de la industria, de los métodos de trabajo, etc., con la amenaza de la deslocalización, de la competencia coreana o de cualquier otro chantaje pendiendo siempre sobre la cabeza de los trabajadores), la estrategia siempre fue rebajar los costes salariales mediante la división y el consiguiente debilitamiento de lo que antaño fue una clase proletaria fuerte y combativa. Primero lo logró dividiendo entre jóvenes y mayores, favoreciendo la salida de estos últimos con buenas prejubilaciones, mientras despedía o imponía condiciones mucho peores a los primeros. Luego fue la división por empresas: las que se mantuvieron dentro del Estado (participadas total o parcialmente por la SEPI) y las que se privatizaron. Una vuelta de tuerca más: desmembración de las grandes empresas y traslado de la carga de trabajo a otras, auxiliares, en las que las condiciones de trabajo están muy por debajo de las grandes. Finalmente, la última gran baza de la patronal y del Estado ha sido la introducción de la figura contractual del llamado “fijo-discontinuo”, generalizada por la ministra de trabajo de Sumar, Yolanda Díaz, en la reforma laboral de 2022. Con esta forma de contratación las empresas logran vincular a los trabajadores y mantenerlos a su disposición, ahorrándose los costes de los despidos, de la nueva contratación, etc., y consiguen además contar con bolsas de empleo que utilizan según su necesidad en cada momento.

Esta descripción de la situación de Cádiz puede valer para cualquier porción local del sector del metal que se quiera examinar: Ferrol, Vigo, País Vasco, Valladolid, Valencia… en todas partes la dinámica ha sido la misma y el resultado, por lo tanto, casi idéntico: un proletariado dividido, tanto en los aspectos legales como en lo que se refiere a las condiciones laborales; y una patronal que, valiéndose de las organizaciones sindicales tricolores, que a lo largo de los años han sancionado esta situación, se apoya en la relativa paz social comprada entre los trabajadores de las empresas principales (aquellos que tienen unas condiciones algo menos malas), para imponer una explotación brutal a los proletarios de las auxiliares.

Pero la situación de Cádiz es especialmente dura. Fuera del sector del metal, la provincia de Cádiz es un desierto laboral: se trata de una de las provincias con más paro de España, con una tasa de pobreza por encima de la media de España, con un entorno industrial prácticamente inexistente… No es por casualidad que toda la región ha visto crecer una estructura criminal dedicada al contrabando de drogas con Marruecos, que emplea a centenares de jóvenes que, de otra manera, no conocerían otra cosa que el hambre. En Cádiz, además de los barrios obreros que aplauden a los huelguistas que se manifiestan por ellos, también existen barriadas y pueblos donde los vecinos protegen a los miembros de los clanes criminales de la Guardia Civil, porque con las mafias al menos pueden comer.

Esta situación ha actuado de presión extra sobre los trabajadores del metal, especialmente sobre los empleados de las empresas auxiliares que van y vienen del paro (ahora del “fijo indefinido”) y que siempre tienen la amenaza de entrar en las listas negras por negarse a trabajar en determinadas condiciones, por no ser lo suficientemente dóciles, o por el simple capricho del encargado de turno. El ejército industrial de reserva con el que la clase burguesa presiona a los proletarios ocupados -temporal o permanentemente- es un instrumento de orden y pacificación de primer rango, y en manos de la clase burguesa siempre sirve para disciplinar a los proletarios que conviven con la amenaza del hambre para ellos y para sus familias.

Esta situación es la que ha llevado a la tabla reivindicativa que plantearon los trabajadores del metal tanto en las asambleas convocantes de la huelga como en los dos sindicatos que la han hecho posible, CGT y CTM.

Dichas reivindicaciones plantean una cuestión básica pero intolerable para la patronal, pública y estatal: la unidad, es decir, la igualdad en las condiciones de trabajo, el fin de la fragmentación laboral, el NO a la discriminación y NO a la represión. Porque a lo largo de los últimos años en la industria del metal de Cádiz se ha visto madurar a un sector proletario dispuesto a luchar y a asumir las necesidades que la lucha plantea. Ya en 2021, cuando el anterior convenio colectivo se firmó con la ayuda inestimable de las tanquetas antidisturbios del PSOE y de Podemos, la lucha que CC.OO. y UGT traicionaron amenazaba con desbordarse, tanto por la negativa de algunos trabajadores a aceptar los acuerdos, como por su esfuerzo en sacar el conflicto de las factorías y movilizar a toda la clase proletaria de Cádiz. Entonces, una desconocida CTM estuvo a la cabeza de la protesta y de las tentativas por romper la paz social impuesta por los sindicatos colaboracionistas. Pero finalmente estos, apoyados por todo el arco de la izquierda parlamentaria, impusieron la vuelta al trabajo en condiciones penosas.

Cuatro años después, la situación había madurado hasta tal punto que la anterior minoría fácilmente reprimible y ninguneable, arrastró tras de sí a miles de proletarios, impuso la continuidad de la huelga y el rechazo a la política de colaboración entre clases que propugnan UGT y CC.OO. Y no sólo eso, lo ha hecho con la reivindicación explícita de la unidad y la solidaridad con los proletarios que se encuentran en peores condiciones, rechazando explícitamente -como hizo el representante de CGT en la asamblea del lunes 23- cualquier modelo dual de contratación y trabajo, e imponiendo estas exigencias mediante la huelga y la movilización continua.

Por su parte, UGT, que encabezaba el comité de huelga, firmó un preacuerdo que suponía una nueva soga en el cuello de los trabajadores: partiendo de un “contrato para los jóvenes” que permitiría a las empresas pagar un 25% menos a los nuevos trabajadores y pasando por un plus de toxicidad a cobrar en siete años, para acabar por una actualización salarial que no llega a cubrir la pérdida de salario real de estos últimos años… De lo que se trata, tanto para UGT (o CC.OO., que finge no aceptar el acuerdo para jugar la baza de la radicalidad, y mantenerse, así, como interlocutor válido) como para la patronal, es garantizar un acuerdo de paz social que permita a las empresas asumir sin contratiempos el incremento de la carga de trabajo que se prevé para los próximos años. No en vano el convenio colectivo que se quiere imponer se prolongaría ¡hasta 2032!

En el convulso contexto económico y político que se avecina, con un plan de rearme generalizado para las grandes potencias imperialistas ya en ciernes, la patronal del metal y sus aliados oportunistas ven una posibilidad de negocio que ningún burgués rechazaría. Y para aprovecharla, necesitan garantizarse una mano de obra dócil que permita los márgenes de beneficio que hagan rentable la inversión necesaria.

Para los proletarios del metal de Cádiz la vía, por una vez, se ha mostrado clara: sólo los medios y los métodos propios de la lucha de clase sirven para vencer en la lucha que, inevitablemente, se debe librar contra la burguesía. El chantaje habitual en las últimas décadas (carga de trabajo a cambio de peores condiciones laborales), que siempre se ha traducido en la política sindical conciliadora del “ante todo, defensa del puesto de trabajo” se ha revelado como una trampa que ha sumido a los trabajadores en niveles de precariedad inauditos. Y es por ese lado por el que ha comenzado su respuesta: siendo conscientes del gran momento que puede vivir la clase burguesa a su costa, con unas expectativas de negocio tan prósperas… se han negado a aceptar la amenaza habitual y han impuesto una huelga indefinida hasta vencer. No sólo eso, sino que la han impuesto con los métodos propios de la lucha proletaria: piquetes, saltos, asambleas unitarias y abiertas a otros sectores de trabajadores, manifestaciones ilegales para tratar de unir al resto de la población obrera de la ciudad, solidaridad con los detenidos, etc.

Por el momento, su capacidad para romper con UGT y CC.OO., que son los órganos de contención que la burguesía utiliza habitualmente como primera línea de su defensa contra la lucha obrera, les ha dado una fuerza capaz de obligar a la patronal a, como mínimo, ceder en sus exigencias más inmediatas. Pero esto no significa que el camino haya quedado libre de obstáculos. Más allá de las grandes organizaciones del oportunismo político y sindical, existen otras fuerzas que tienden a desviar a los proletarios de la vía de la lucha de clase. Esa segunda línea de contención, formada por la extrema izquierda clásica, que ya aparece en las manifestaciones y en los piquetes buscando una notoriedad que les confiera influencia, y por algunos sectores del llamado “sindicalismo alternativo”, también supone una fuerza anti proletaria que se ejercerá llegado el momento.

El ejemplo de los trabajadores del metal de Cádiz muestra no sólo que (¡por supuesto!) la clase proletaria es una fuerza viva, sino que la lucha de clase fuera del aparato legal de la burguesía, contra la política de conciliación social, contra el oportunismo sindical, etc., puede y debe revivir allí donde las condiciones de vida de los proletarios caen y caen por exigencias de la economía capitalista. Ese es el ejemplo que estos trabajadores han dado: la burguesía y su Estado siempre van a estar contra los proletarios, y la única manera de poder siquiera pensar en vencerlos es la práctica de la verdadera lucha de clase, la que no tiene en cuenta sino las necesidades de los proletarios, la que no recurre a la negociación sin lucha, la que no pacta la paz social como requisito previo para los acuerdos, la que se enfrenta a la represión con la fuerza que le da la unidad de clase.

¡Por la recuperación de la huelga como arma de la lucha de clase del proletariado tanto para las reivindicaciones inmediatas como para las generales!

¡Por la reorganización clasista del proletariado!

¡Por la defensa intransigente de la lucha de clase proletaria!

24 de junio de 2025

Il comunista - le prolétaire - el proletario - proletarian - programme communiste - el programa comunista - Communist Program

Chinches, sarna y torturas en la cárcel de Mansilla de las Mulas 

LA VIVIENDA es uno de los temas que más tinta ha hecho correr últimamente, y a lo largo de la historia: la carencia de ella ha sido problema central de tanta literatura sobre el asunto, desde la expulsión de los antiguos campesinos de sus pueblos y medios de vida hasta los pisos turísticos en la actualidad.

Dependiendo de los intereses y la coyuntura se usan diferentes palabras al hablar de ello, todas ellas intencionadas. Los capitalistas lo llaman “mercado inmobiliario” porque, como con todo, ven en ello una mercancía, una fórmula extractiva más, otra pieza del ajedrez con la que jugar… siempre a favor del poseedor de la vivienda, del propietario, sea grande o pequeño. En cambio para la clase trabajadora es un “hogar”, un lugar donde vivir, no es más que eso, un lugar donde volver después de producir … otra serie de “mercancías” que como la casa donde vive le han sido vendidas… por el mismo u otro poseedor de la tierra y de los medios de producción.

Tan importante es el mercado de la vivienda que, aun habiendo construidas casas y pisos de sobra para todos, observamos cada día a cientos de personas en la ardua labor de encontrar un lugar donde vivir a un precio ya no asequible si no que se pueda pagar… y vivir al mismo tiempo, con los salarios que hoy campan por nuestros curros.

Cada día vemos ejemplos de auténticos agujeros, alquilados por barbaridades, colas interminables para castings inmobiliarios de los que se selecciona al inquilino más rentable de entre cientos de candidatos, fianzas abusivas, cargos ilegales para los inquilinos y un largo etc…, solo hay que ir a la calle o a las redes sociales y alucinar o indignarse, según se vea.

Es imperativo y es evidente que las tornas deben cambiar. La vivienda es una necesidad para la clase obrera, la misma clase que produce, paga, se reproduce, muere… y siempre paga. La clase que sin tener nada, sin los medios económicos y de producción, hace que todo, absolutamente todo, funcione y/o exista, tanto para la propia clase trabajadora como para los burgueses propietarios y que especulan con la vivienda. ¿No es totalmente injusto que le falte donde vivir al proletariado que ha hecho las casas y es el hacedor de todas las cosas, sustentador del terrible sistema capitalista que lo utiliza como moneda de cambio? O es que la burguesía prefiere… ¿que la clase obrera tome lo que considere oportuno para su supervivencia?

Los sucesivos gobiernos del estado han legislado de manera dispar para intentar acallar las protestas del proletariado cuando el mercado, su mercado, se ha puesto inalcanzable, convirtiéndose en directamente extractivo para los trabajadores. Desde “el milagro económico” de Rato y su liberalización del suelo, a la consabida crisis del ladrillo de principios de siglo que se llevó por delante a millones de trabajadores y pequeñoburgueses al sumidero del paro y los desahucios, a las colas del hambre e incluso al suicidio; hasta la actual ley de vivienda aprobada por el “progresismo”, boicoteada aún nonata por la derecha española, catalana y vasca… resumiendo: mucho ruido y muy poquitas nueces. Como mucho, se subvenciona a los propietarios para contener un poco el precio, pero seguir mercadeando igual con una necesidad básica… igual que con las “zonas tensionadas”, dependientes, claro, de las decisiones de concejales-propietarios-constructores, siempre en las zonas centro de las ciudades. ¡Qué pasa!, ¿en los barrios obreros no es necesaria ninguna distensión de la situación?

Hoy en día que el papel (o la nube) lo aguanta todo, podemos jugar un poco a la política-ficción o… mejor, ¿fiscalidad-ficción?

La vivienda vacía y no habitada se cifraba históricamente en 4 millones en el estado español, esa vivienda no produce rentas a sus propietarios, pero tampoco genera los suficientes gastos como para que tenerla vacía, sin uso, sea una carga inasumible. Sin consumos, la comunidad si la hubiere y el pago del I.B.I. son los únicos gastos que pueden tener una casa o un piso. ¿Qué pasaría, por tanto si hubiera un IBI súper-aumentado para las viviendas vacías para forzar su puesta a disposición? o si persistiese esa situación de desuso en el tiempo ¿por qué esas viviendas no pasan a engrosar el parque público de vivienda? Veamos más ejemplos de medidas que se podrían tomar si hubiera eso que llaman “voluntad política”:

Impuesto de bienes inmuebles superaumentado: En poblaciones de más de 1000 habitantes que tengan viviendas vacías sin uso real y tensa demanda de las mismas, se incrementaría el 100% del IBI a partir del segundo año de desuso de la vivienda. Se podría aumentar un 20% en sucesivos años hasta que se decretará como vivienda abandonada y pasara a ser expropiada quedando asignada su propiedad a una autoridad pública provincial gestora del fondo de vivienda expropiada, para que asignara habitantes, atendiendo exclusivamente a las necesidades reales y puramente prácticas, nunca económicas.

En este mundo de ficción se nos ocurren muchas otras medidas que las organizaciones de trabajadores podrían plantearse. Sigamos imaginando:

Prohibición de tenencia de vivienda a personas jurídicas: Que las empresas, sean del sector que sean, no tengan la posibilidad de acaparar viviendas para luego ponerlas en el mercado.

Limitación en la tenencia de vivienda: Las personas físicas tendrían un límite de… ¿2 viviendas en propiedad? La que habitan donde trabajan y, como mucho, otra que después de muchos años de convencimiento y generación de propietarios de vivienda en siglos pasados viniera de familia. La vivienda habría que considerarla como un bien de uso.

Supresión de todos los negocios de viviendas turísticas por todos los problemas que generan en los barrios y en la convivencia en los mismos: las casas para vivir.

Fijar el precio máximo del m² alquilado: El límite de dicho precio de alquiler no debería superar en ningún caso el 20% del salario mediano, el más común de todos, que hoy está en 1599€ al mes, ergo hoy el alquiler máximo sería de unos 320 euros, con ello la ecuación salario-alquiler quedaría igualada.

10% de cesión de vivienda privada nueva: Cada nueva promoción de vivienda debería ceder al fondo de vivienda pública un 10% de las viviendas que pretenda construir: contribuir para construir. Ese porcentaje se haría por sorteo de entre todas las viviendas evitando las tentaciones ahorrativas de los promotores.

Con la concepción actual de las leyes y con la propiedad privada en la picota del problema, nadie podrá decir que estas medidas, de llevarse a cabo, no solucionarían en buena medida el problema de acceso a la vivienda para la clase trabajadora. A los propietarios solo les quedarían dos opciones o atenerse a la norma o tirar abajo su propiedad. Que ellos elijan.

Lo que demuestran, al fin, estas “medidas” es que la abolición de la propiedad privada y más en el asunto de la vivienda está totalmente justificada. Así sí se acabaría de facto con el problema: ningún obrero sin techo, ningún propietario de techo.

La asignación de uso de vivienda, organizada por la clase obrera a través de los núcleos obreros locales, la puesta a disposición de techo a obreros sin salario favoreciendo su cambio de situación y un sinfín de soluciones de clase, antes de que la casa sea la tumba de muchos trabajadores. Por desgracia no estamos en ese punto de organización de clase, ni siquiera en la asunción de que la vivienda no puede ser una mercancía, sino una necesidad que debe ser cubierta: Que euros/m2 no es una “medida” social, no es una moneda de curso legal con la que especular sobre la vida de las gentes.

Como clase, como conjunto de trabajadores de todos los países, somos conscientes de que la vivienda es una necesidad de todos y para todos, y que mucha de esa tenencia de casas recae en la misma clase obrera, en la parte salarialmente más elitista y en la más auto-explotada, convencida de pertenecer a la burguesía que los exprime. Parece que nos gusta ser pequeños, muy pequeñoburgueses; y se disfruta de la posibilidad de decir “NO” a otro trabajador, o de pedir 1500€ por un alquiler.

Debemos luchar contra la actitud y la mentalidad burguesa en nuestra clase y en toda la sociedad.

Apoyar a los sectores más desfavorecidos de nuestra clase, a los trabajadores inmigrantes que malviven en pisos patera o casetas de obra en los campos entre Valladolid y El Carracillo, en las chabolas de Huelva o de Murcia.

Apoyar la lucha social en los barrios obreros que denuncia la infravivienda o los desahucios.

Fomentar y extender la acción directa, la lucha por la vivienda para la clase obrera, la okupación, y la solidaridad de clase.

San Juan 2025 -  Comité de Solidaridad de los Trabajadores