España, ante el espejo del CPT: un informe que alerta sobre violencia en prisiones y exige una ‘tolerancia cero’ efectiva
Acaba de publicarse el informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura sobre el Estado español, tras la visita efectuada en abril/mayo de 2025. El informe recoge diversas alegaciones de agresiones y malos tratos en centros policiales (Madrid, Cádiz y Huelva), penitenciarios (Algeciras -Cádiz-, Puerto III -Cádiz-, Huelva y Estremera -Madrid) y menores (Marcelo Nessi, Badajoz). El Consejo de Europa urge al Gobierno a aplicar «tolerancia cero» y a transferir la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. El Ejecutivo defiende sus avances, pero abre investigaciones internas sobre los casos más graves.
El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa ha publicado un informe demoledor sobre la situación en los centros de detención de España, tras una visita realizada del 28 de abril al 9 de mayo de 2025. El documento, hecho público este 28 de julio, retrata un panorama de «violencia alarmante» en tres prisiones de Andalucía, un uso excesivo de la fuerza generalizado por parte de la policía y una crisis sistémica en la asistencia sanitaria penitenciaria, con más de un centenar de plazas de médico sin cubrir.

Tres prisiones andaluzas, en el punto de mira
El CPT reconoce avances notables en las cárceles de Madrid VII y Sevilla II, con una disminución significativa de las denuncias por malos tratos desde sus anteriores visitas. Sin embargo, la situación en los centros penitenciarios de Algeciras, Huelva y Puerto III es «sumamente preocupante». El Comité documenta un patrón reiterado donde los internos denuncian haber sido víctimas de bofetadas, puñetazos, patadas y golpes con porras por parte de los funcionarios, casi siempre en áreas sin cobertura de cámaras de videovigilancia, como los cuartos de registro o los pasillos de seguridad.
52.- Al inicio de la visita, se proporcionaron a la delegación datos estadísticos sobre el número de quejas relativas a malos tratos que se han registrado e investigado en los últimos años.
Los datos demuestran una marcada tendencia al alza: 247 en 2022, 262 en 2023, 281 en 2024 y 81 en el primer trimestre de 2025.
Nota al pie: Desde enero de 2024 hasta marzo de 2025 se presentaron 17 denuncias por malos tratos en la prisión de Algeciras, 16 en la prisión de Puerto III y 20 en la prisión de Huelva
Además, el número de procesos penales concluidos durante el mismo período contra funcionarios de prisiones relacionados con presuntos malos tratos a los reclusos ascendió a cinco en 2022, seis en 2023 y doce en 2024.
Esto dio como resultado un total de once condenas penales y/o disciplinarias de personal penitenciario.
El informe describe casos de «un nivel de violencia alarmante» sobre personas especialmente vulnerables. Entre los testimonios recogidos por la delegación del CPT, se encuentra el de un interno con esclerosis múltiple en silla de ruedas que fue reducido por cinco funcionarios y agredido en la enfermería de Algeciras, o el de una interna que, en estado de agitación por no recibir su medicación, fue golpeada con porras en las piernas por seis funcionarios dentro de su celda. En la prisión de Puerto III, un preso fue inmovilizado boca abajo, esposado y golpeado con porras en las plantas de los pies (falaka), además de recibir puñetazos y patadas. En Huelva, un interno esposado fue agredido con porras en la espalda y, posteriormente, un funcionario le estrelló la cabeza contra la pared en tres ocasiones, mientras otro le golpeó la zona lumbar con una raqueta de detección de metales.
El CPT critica severamente la calidad de los exámenes médicos que se practican tras estos incidentes. Según el informe, los reconocimientos se llevan a cabo casi siempre «a través de barrotes y en presencia de los funcionarios», una práctica que, según el Comité, invalida la confidencialidad, socava la relación médico-paciente y dificulta la investigación efectiva de las denuncias. «El personal sanitario examina a los internos a través de las rejas y con los guardias presentes, lo que impide cualquier garantía de imparcialidad», señala el texto.
Sanidad penitenciaria: «Escasez aguda» y medicación sin control
Uno de los puntos más críticos del informe es la situación de la sanidad en las prisiones. El CPT subraya la «grave escasez de médicos», con 138 facultativos en activo y 106 puestos vacantes a nivel nacional, lo que provoca «retrasos constantes» en la atención a los internos. Esta falta de personal tiene un impacto directo en la salud mental, con una elevada tasa de prescripción de psicofármacos –que afecta a entre el 50% y el 60% de los reclusos– cuyas dosis no son revisadas durante meses por la falta de psiquiatras. Como ejemplo de esta situación, el CPT cita la prisión de Puerto III, donde un psiquiatra visitante tenía programadas consultas para 87 internos en una sola mañana.
El Comité insta al Gobierno a transferir «sin más demora» la competencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, tal y como prevé la ley desde 2003, para poner fin a una situación que califica de «deficiencia estructural de larga data».
Centro de menores de Badajoz y comisarías
La visita del CPT también se extendió al centro de internamiento de menores «Vicente Marcelo Nessi» en Badajoz, donde detectó casos de uso excesivo de la fuerza por parte de personal de seguridad privada, incluyendo golpes con porras y la inmovilización de un menor atándolo a la cama por una extremidad, una práctica prohibida por la ley. El Comité describe un ambiente «austero y carcelario» para los jóvenes y pide la abolición del aislamiento disciplinario para menores de 18 años, así como la instalación de timbres de llamada en las celdas.
En el ámbito policial, el informe recoge denuncias de uso excesivo de la fuerza durante los arrestos, incluyendo golpes y esposado excesivamente apretado, corroborados en algunos casos por la presencia de hematomas. Asimismo, critica las «deficiencias estructurales persistentes» en las comisarías, como la falta de luz natural, la mala ventilación y la ausencia de timbres de alarma en los calabozos de Madrid, como los de Leganitos, Tetuán y la Plaza de Castilla.
La respuesta del Gobierno: «Tolerancia cero» e investigaciones abiertas
El Gobierno español ha respondido al informe con un extenso documento donde defiende sus políticas y anuncia medidas correctoras. Fuentes del Ministerio del Interior aseguran que el Ejecutivo «reitera su compromiso de tolerancia cero frente a cualquier abuso físico o verbal contra las personas privadas de libertad» y que estos hechos «no son admitidos y son perseguidos por las vías disciplinarias y penales correspondientes».
En su respuesta, el Gobierno detalla que se han abierto «investigaciones internas» sobre los casos concretos de malos tratos señalados por el CPT en las prisiones andaluzas. Se han reforzado las medidas de supervisión y se han realizado cambios en los equipos directivos de los centros implicados. También se ha emitido una orden que prohíbe el uso de un tipo de sujeción mecánica de siete puntos que el CPT había denunciado como peligroso. El Ejecutivo defiende, asimismo, la existencia de programas de formación en derechos humanos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la labor de la Oficina Nacional de Garantía de los Derechos Humanos (ONGADH), creada en 2022.

Defensa y desacuerdos
El Ejecutivo, sin embargo, mantiene su postura en varios puntos donde discrepa con el Comité. Defiende la legalidad de la detención incomunicada, calificándola de medida excepcional y sujeta a estricto control judicial. También justifica las rejas y mallas metálicas en los módulos de régimen cerrado como una necesidad de seguridad, y no comparte la recomendación de abolir la sanción de separación del grupo para menores de 18 años.
En el ámbito sanitario, el Gobierno admite la grave escasez de médicos, pero argumenta que se han hecho «numerosas convocatorias» para cubrir las plazas y que se sigue trabajando en la compleja transferencia de competencias a las comunidades autónomas, un proceso que, hasta la fecha, solo se ha concretado en el País Vasco y Navarra. El Ministerio del Interior defiende que los partes médicos ya cuentan con sistemas de registro que permiten documentar las lesiones, aunque el CPT insiste en que la falta de confidencialidad invalida su eficacia.
⇒ Consultar informe del
Comité Europeo para la Prevención de la Tortura
sobre el Estado español,
clic aquí
¡¡¡¿ Hay alguien ahí?!!! Es el grito desesperado de un preso que no puede más.
RECIBIMOS Y DIFUNDIMOS
SE EXTIENDE EL BROTE DE SARNA EN LA CÁRCEL DE MANSILLA DE LAS MULAS
¡AYUDADNOS A DARLE EL ÚLTIMO EMPUJÓN A NUESTRA CAMPAÑA DE CROWDFUNDING!
El pasado 20 de marzo se inició la campaña de goteo a través de la cual nos hemos dirigido a personas y grupos que se sintieran afines y solidarixs con el proyecto y la práctica de nuestra asociación Familias frente a la crueldad carcelaria cuyas motivaciones, origen, finalidades y maneras de hacer están resumidas y ampliamente explicadas en nuestra página de goteo y también en nuestro blog.
El 7 de abril, 22 días antes del plazo máximo de 40 fijado para ello, alcanzaron las aportaciones solidarias la cantidad mínima de 6.000 euros necesaria para que la campaña pudiera continuar. Con esa cantidad vamos a poder atender los gastos de apoyo jurídico de este año. Para continuar con ello aproximadamente un año más, necesitaríamos otros 6.000 euros. Y, si alcanzáramos el óptimo de 18.000 euros, podríamos organizar varios de nuestros talleres de cuidado mutuo.
Ahora mismo, cuando quedan 12 días para el fin de la campaña, se han recogido 10.200 euros, gracias a las aportaciones de 89 personas y al apoyo de una serie de grupos repartidos por todo el territorio del Estado español, que nos han invitado a sus locales y jornadas para ayudarnos a difundir nuestros planteamientos y peticiones.
En Sevilla (grupo Trece mil Fugas y XIII Feria Anarquista del Libro); Valencia (La Repartidora y Tatu circus); Castellón (Fuera del Orden, La Verdulería, Asamblea Feminista Subversivas, La Cosa Nostra); Navalquejigo (CSOA La Tejedora); Madrid (CSOA La Enredadera); Valladolid (Asamblea Anticarcelaria y CNT); Granada (CNT AIT); Santander (grupo HENAS y La Libre); Badajoz (CSOA La Algarroba Negra); A Coruña (CNT AIT y I Encontro do Libro Anarquista); Burgos (CSR y Asamblea de Gamonal, Biblioteca La Maldita).
Compañerxs, os estamos inmensamente agradecidos por hacernos saber de forma tan fehaciente que no estamos solas. Aún os seguimos necesitando, además de para continuar la lucha juntas después de la campaña, para terminar ésta con el mejor resultado posible. ¡Ayudadnos a difundir este llamamiento!
Para aportar, está el enlace de siempre: https://www.goteo.org/

La programación para este fin de semana será:
Sábado 23 de marzo
En el C.S.O. Kike Mur (Plaza Memoria Histórica - antigua cárcel de Torrero)
- 20:00h. Teatro “Un cigarrito p’al chape”
Domingo 24 de marzo
- 9:30h. Salida en bicicleta desde la Plaza de la Magdalena
- 11h. Salida en bus desde el Colegio Tenerías (Coso Bajo)
- 13h. En el parking de la Macrocárcel de Zuera:
• Radio Hawai emitiendo para dentro de los muros en el 102.4fm.
Los bonos de apoyo o de viaje en bus los puedes conseguir en A Flama (Mayor,53), CSO Kike Mur (Plaza Memoria Histórica - antigua cárcel de Torrero) y Pottoka (Martín Carrillo,5).
¡Abajo los muros!!
Por qué muere nuestra gente en las cárceles
Porque allí son habituales las torturas y malos tratos. Existe un régimen de castigo que destruye física y mentalmente a sus víctimas. Se traslada arbitrariamente a la gente, desarraigándola de su entorno social y familiar. Se obstaculizan las comunicaciones con la calle, imponiendo despóticamente su intervención o su privación como castigo. El acceso a la cultura casi no existe. Se censuran las publicaciones «por motivos de seguridad». No existe libertad de expresión ni de asociación. La explotación laboral es enorme. Las mujeres presas están doblemente discriminadas, por presas y por mujeres.
La situación sanitaria es catastrófica, porque la administración penitenciaria incumple sistemáticamente su obligación legal de asegurar a las personas presas unas prestaciones médicas, sanitarias y farmaceúticas iguales a las de cualquier ciudadano. Se abandona a los enfermos sin proporcionarles la medicación y los tratamientos que podrían salvarles. Y, sin embargo, no se aplica la legislación que dispone que deben ser liberados los enfermos muy graves y con padecimientos incurables más que cuando ya es inevitable su muerte a corto plazo. Los enfermos psiquiátricos constituyen un porcentaje muy elevado de la población reclusa, sin que se les reconozca su condición ni se les cuide, yendo a parar muchos de ellos, por el contrario, al régimen de castigo, de donde han salido muertos unos cuantos. En las cárceles no existe psiquiatría ni psicoterapia que valga. Y no es que pensemos que la actividad corriente de los «profesionales de la salud mental» sea ninguna panacea, pero siempre será mejor que el aislamiento, las porras de goma, el gas pimienta o las sujecciones mecánicas.
No es extraño que más de la mitad de los puestos de trabajo médico-sanitario perma-nezcan vacantes: ¿quién va a querer trabajar en condiciones tan indignas? De los que tienen estómago suficiente, muchos médicos suelen hacerse cómplices de las frecuentes torturas al hacer la vista gorda ante las lesiones resultantes. El tráfico de drogas ilegales está con-sentido, pero, además, se proporciona a los presos todo tipo de drogas legales adictivas sin apenas control médico, para que no molesten. Se suministra metadona sin necesidad y con tal negligencia que ha habido muchas muertes por sobredosis, administradas por los mismos servicios médicos carcelarios. La mortalidad –muchas veces por causas como sobredosis, suicidio o «muerte súbita»– es en las cárceles mucho más elevada que en la calle y abundan los fallecimientos en extrañas y dudosas circunstancias, nunca aclaradas, ya que no se cumplen los trámites prescritos legalmente para ello ni se ofrece a los familiares la oportunidad de exigirlos.
Las personas presas están indefensas frente a todo eso y ante multitud de decisiones de las autoridades carcelarias y judiciales que les perjudican gravemente. Los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria y la justicia gratuita son insuficientes. Los Juzgados de Vigilancia, encargados de la «tutela judicial efectiva» de los derechos de las personas presas, inoperantes. El poder punitivo del Estado se ejerce sin respetar ninguno de esos derechos que, en teoría, lo justifican.
Somos familiares y gente solidaria con las personas presas. Algunas hemos sufrido la muerte de nuestros hijos, hermanos o compañeros, supuestamente confiados al “cuidado” de las instituciones estatales. Estamos intentando apoyarnos mutuamente, organizarnos y coordinarnos para afrontar, denunciar y, a ser posible, detener esa situación degradante. Nos dirigimos a toda persona o grupo que pueda sentir alguna solidaridad o afinidad con nosotras para pediros vuestro apoyo. Queremos hacer una campaña de “micromecenazgo” (crowdfunding) para hacer frente a nuestros gastos pendientes y poder mirar hacia el futuro con un poco más de tranquilidad. Os agradeceríamos cualquier tipo de colaboración, económica, de difusión, o del tipo que se os ocurra. Esto es un primer contacto. Habrá más, y os avisaremos cuando iniciemos la campaña.
Familias frente a la crueldad carcelaria
La Junta de Castilla y León anuncia que pretende despedir este próximo noviembre a veinticinco trabajadores (se entiende, 'educadores') de los centros de menores.
Esto es consecuencia de la firma del nuevo convenio de personal laboral, que recalifica las categorías del convenio eliminando las cuatro actuales que se unifican en una única categoría y se crea una nueva en el grupo III. De no rectificarse la decisión, siete de los despidos tendrán lugar en Valladolid (4 del centro Zambrana y 3 del Montero); 8 de Salamanca (4 de Los Charros y otros 4 de Los Molinos); 4 del Gregorio Santiago de Burgos; 3 del Suero de Quiñones de León y 3 del Fuente Clara de Ávila.
En el Zambrana en Valladolid viven casi 60 jóvenes de entre 14 y 21 años que cumplen medidas de internamiento ordenadas por los diferentes juzgados de la Comunidad.
"Se irán a la calle muchos de los trabajadores de las cuatro categorías profesionales del Grupo ll que con este convenio se extinguen", denuncia CSIF. Se trata de los puestos de educador, técnico de atención al menor en institución (TAMI), técnico de atención al menor en medio Abierto (TAMMA) y responsable nocturno de internado. Estas categorías se sustituyen por una única, el técnico del menor (también del Grupo ll), puesto al que se accede con un grado en Educación Social, Psicología o Pedagogía. CSIF denuncia que la voluntad evidente de la Junta es ahorrar a costa de abaratar el trabajo de los empleados, ya que su intención real es asignar las tareas que venían realizando las mencionadas categorías TAMI, TAMMA, educador y responsable nocturno (Grupo II) a un puesto de nueva creación e integrada en el Grupo III, el técnico de apoyo al menor, para el que se exige el título de FP Técnico Superior en Integración Social. Y, aunque nadie lo diga, abaratar en puestos de valor educativo para gestionar estos centros como lo que son, cárceles de menores; es decir, que lo que no se gasta en educación se gastará en seguridad privada y control a los menores.
CSIF recalca "los despropósitos y los graves errores y consecuencias que va a tener para los afectados, y este es un ejemplo". Advierte que "por lo pronto, los trabajadores y trabajadoras se enfrentan a una importante inseguridad jurídica, derivada de un convenio colectivo que no se tendría que haber firmado nunca", ya que "para 25 profesionales va a suponer un despido inmediato, y para los que se queden o contraten inseguridad laboral, ya que no conocen bien cuáles van a ser sus funciones, dada la inconcreción del propio convenio cuando las define". Es especialmente preocupante, en este sentido, la eliminación -en las dos categorías laborales- de las funciones educativas dirigidas a los menores.
"El nuevo convenio de laborales afectará a la casi totalidad de las plantillas de los centros de menores, que no tienen la nueva titulación", avisa. Aunque CSIF está trabajando la rectificación de estos despidos, tanto con la Administración como ante los sindicatos firmantes, "parece que no les importa mandar al paro a los trabajadores de menores".
LAS CÁRCELES DE MENORES y el sistema capitalista
Este sistema y los que lo manejan desde arriba, amparándose en el miedo, son capaces de cualquier cosa. Se puede llegar a hacer negocio con todo y uno de esos claros negocios son las cárceles de menores. En las últimas décadas las fundaciones que gestionan estos centros (O´Belen, Diagrama, Grupo Norte, Adsis…) se han convertido en un ejemplo de éxito empresarial. Manejan millones y millones de nuestros impuestos en pro de nuestra seguridad y de la defensa de la infancia. En realidad solo son una pieza más que encaja perfectamente dentro del sistema capitalista.
Primero este sistema genera desigualdades sociales y económicas que son palpables en cualquier ciudad. La delincuencia, que se castiga, se da sobre todo en barrios marginales o barrios obreros en los que se crece sin las mismas oportunidades que en el resto. Cuando no eres rico y no naces en el seno de una familia acomodada solo te quedan dos opciones, una tragar con todo y convertirte en un trabajador más que deja su vida en el trabajo o en un delincuente que vive al margen y que constantemente se desliza hacia la ilegalidad. Y qué hacemos con este excedente social. El capital lo ha tenido claro desde el principio. Si no podemos hacer que toda la población viva en esta falsa sociedad del bienestar pues hagamos negocio de los que sobran.
Aquí entran las cárceles en general, y en particular las cárceles de chavales. Se ha demostrado que lo de la reinserción social es una falacia, que las cárceles simplemente sirven para castigar al que no ha podido, no ha sabido o no ha querido adaptarse a un sistema económico que falla por todos los lados (para el pobre claro).
En los medios de comunicación se da un gran bombo social a todos aquellos casos en los que un chaval ha matado o violado a alguien. Se analiza constantemente la violencia juvenil desde el punto de vista de responsabilización del menor de sus actos. De esta manera cada vez más se va justificando la ley del menor, las cárceles, la represión y por otro lado nos quitamos nuestra parte de responsabilidad. Pero si observamos bien, esta imagen que se nos da de la juventud es falsa. El 97% de los jóvenes que se encuentran cumpliendo condena en cárceles de chavales están por crímenes contra la propiedad privada. Es decir la mayoría no son asesinos ni violadores. La inmensa mayoría son pobres. Esto son datos reales y no es cuestionable.
Queda claro por qué el centro de menores Zambrana es una cárcel. Nos preguntamos por qué nuestros niñxs acaban bajo las manos de personas que solo ven en ellos un mero negocio y no alguien a quien hay que proteger y que es vulnerable.
Otras agresiones recientes:
> Muerte de un menor (abril 2022): https://valladolorentodaspartes.blogspot.com/2022/03/muertes-en-el-zambrana-asesinatos-sin.html
NO MÁS MUERTES EN PRISIÓN
Claudia Rodriguez Zúñiga (Wad Ras, Barcelona, 11 de marzo de 2018)
Ricardo Robles (Puerto Santa María, 10 de mayo de 2022)
Christopher Virlán (Botafuegos, Algeciras, 6 de junio de 2022)
Paco Belmonte Ferrer (Palma de Mallorca, 2 de agosto de 2022)
Estas son algunas de las personas muertas en las últimas fechas en las cárceles del estado español.
No son cifras, son personas, y sus familiares piden explicaciones. Las instituciones dicen que son muertes naturales o suicidios mientras las familias consideran que son poco menos que sospechosas. De los carceleros, forenses e instituciones penitenciarias solo reciben silencio. Desde aquí les enviamos todo el apoyo que podamos darles, voces en el cielo que en la tierra son actos.
Nuestro apoyo también va dirigido al anarquista italiano Alfredo Cospito que a fecha de la redacción de este texto lleva 108 días en huelga de hambre como protesta y denuncia al régimen 41 bis, el régimen carcelario más duro de Italia. Régimen de aislamiento de 22 horas al día, visita de familiares una vez al mes y sin posibilidad de contacto físico, imposibilidad de recibir documentos o cartas del exterior y con la prohibición de relacionarse con otros presos. Bajo ese régimen, la tasa de suicidios es 3.5 veces más alta que en el resto de la población penal, ya de por sí elevada. Corresponde a un claro ejemplo de vulneración de derechos humanos en prisión, y por ello desde aquí le mandamos toda nuestra solidaridad y apoyo en su lucha contra el terrorismo del Estado criminal italiano.
Reconocemos en la historia que la cárcel no ha sido, ni es, ni será nunca la herramienta para reparar el daño social de los delitos que tipificamos en la ley.
Las cárceles matan. Las cárceles no reinsertan. Las cárceles no son más que muros y venganza construidas para una mayoría pobre y enferma física y psíquicamente. El Capitalismo solo genera miseria, y de ella la población reclusa que necesita.
Desde aquí denunciamos y exigimos el fin de las torturas, la abolición de los regímenes de aislamiento, el fin de la dispersión, la excarcelación de enfermos mentales, con enfermedades graves o incurables, servicios médicos independientes de instituciones penitenciarias, y que no se criminalice la solidaridad.
¡Abajo los muros!¡NI FIES, NI DISPERSIÓN, NI ENFERMXS EN PRISIÓN!
Asamblea de Apoyo a Presxs de Valladolid
Más información en www.tokata.info
CONCENTRACIÓN
en RECUERDO y HOMENAJE a K.D., chaval menor de edad, MUERTO VIOLENTAMENTE en el Centro de Menores Zambrana de Valladolid, el pasado 3 de marzo de 2022.
La concentración será el próximo sábado 9 de abril a las 12'30h en el Paseo Juan Carlos Iº a la altura de la antigua entrada del Zambrana hoy abandonada.
UN NIÑO MUERTO VIOLENTAMENTE EN
ZAMBRANA
Fue el pasado 3 de marzo después de que el personal de seguridad “lo redujese” provocándole “supuestamente” un fallo cardiaco que acabó con su vida. Todo supuestamente, porque rápidamente han dado carpetazo al asunto: la autopsia apuntó que la edad del menor no era de 14 si no de 17, pero no hemos sabido nada más sobre su muerte y las circunstancias más que sospechosas por la “contención” a la que fue sometido.
Según la Junta el niño permanecía en el Centro Zambrana desde el pasado 25 de enero de 2022, tras llegar solo a Valladolid procedente de Suiza, donde había sido sometido a una cirugía abdominal. Que un niño menor de edad estuviese solo en este mundo hace necesaria su protección, pero él acabó encontrando la muerte de parte de quienes se supone que debían cuidarlo y protegerlo.
En la prensa de estos días hemos podido constatar la poca vergüenza y total falta de empatía de la responsable de la Junta recalcando una y otra vez el supuesto comportamiento agresivo del niño en los meses que ha estado en el centro. Tanta insistencia nos hace preguntarnos por qué es necesaria tanta justificación en la actuación del personal de seguridad, adelantándose incluso a las distintas investigaciones que de esta muerte deberían realizarse y otorgando total impunidad a este gravísimo hecho.
A este chaval se le aplicaron “medidas de contención física y mecánica”, lo que quiere decir que dos personas adultas, de mayor edad, mayor peso y seguramente mayor envergadura aplicaron su fuerza física sobre él y además usaron esposas para supuestamente “reducirlo”. Tampoco sabemos qué más contempla “su protocolo de contención” pero lo que está claro es que esto solo puede llamarse violencia y las consecuencias de sus actos es el asesinato de un niño. Incluso la ley de protección a la infancia recoge de forma expresa la prohibición de la contención mecánica, así que es totalmente injustificable: ¡No podemos permitir que esta muerte quede impune!
No es el primer niño que muere en un centro-cárcel de
menores. Un sangrante goteo de niños y niñas ha muerto en los últimos 20 años.
No hay datos oficiales porque no interesa que existan, pero no olvidemos que
son niños bajo la tutela del estado y por tanto es responsabilidad de todos
procurar su bienestar y sobre todo que sigan con vida después de estar
encarcelados.
Es complejo analizar y explicar la situación en la que se
encuentran estos niños: El sistema capitalista genera grandes desigualdades y
hace negocio con la pobreza que crea; el endurecimiento de la ley penal, la
privatización de la gestión de los centros donde grandes empresas como grupo
Norte, Fundación O´Belen, Ginso, etc., ganan millones de euros en un negocio
redondo donde poco importa el “interés superior del menor”, y una sociedad cada
vez más punitiva y alejada del sufrimiento que este sistema provoca, hacen
parecer que la muerte de un niño sea un daño colateral.
¡Que no se nos disloque el cuello de
tanto mirar hacia otro lado! Si justificamos la violencia institucional, si justificamos
la muerte de un niño, si justificamos la
impunidad con la que estos centros actúan…. ¿Cuántos niños más tendrán que
morir? ¿Cómo protegeremos a nuestros niños?
Una vez más comprobamos que en las cárceles de menores el
supuesto carácter educativo y de reinserción es una falacia. Castigo,
sometimiento, violencia y, como en esta ocasión, la muerte, es lo que sufren
los niños y niñas que deberíamos educar y proteger.
NO
MÁS NIÑOS ASESINADOS EN CENTROS DE MENORES
ZAMBRANA = CÁRCEL
_____________________
Por la tarde, el mismo día, tras la CONCENTRACIÓN, se ha convocado una charla/mesa redonda sobre los CENTROS DE MENORES:
INFORMACIONES ANTERIORES:
> Muerte(s) en el Zambrana: https://valladolorentodaspartes.blogspot.com/2022/03/muertes-en-el-zambrana-asesinatos-sin.html
> La cárcel que quería ser escuela (o los mitos sobre los que se ha construido esta cárcel de menores): https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201604/30/carcel-queria-escuela-20160421175946.html
> Ejemplo de la "visión" de la prensa y la justificación de una muerte a todas luces injustificable: https://elpais.com/espana/2022-03-09/la-vida-errante-y-violenta-de-k-d-antes-de-morir-en-un-centro-de-menores.html
> Movilizaciones pasadas contra las muertes en centros de menores y la violencia en el Zambrana: https://diariodevurgos.com/dvwps/concentracion-%C2%A1zambranamuerte-valladolid.php
Publicamos cuatro cartas de presos encerrados en el aislamiento de la cárcel de Murcia II.
Cada uno da cuenta de la situación por la que está pasando pero todos coinciden en lo mismo: los abusos, las intimidaciones, los malos tratos, el abandono son el pan nuestro de cada día en esta prisión. Piden que salgan a la luz sus testimonios, seguramente sufrirán represalias por ello pero su situación es tan desesperada que ya les da igual lo que pueda suceder, salvo matarlos no creen que las cosas puedan ir peor.
2.
4.
Mohamed Achraf cumplió la totalidad de la pena a la que había sido condenado en octubre del 2018, pero se le mantiene encerrado en las más duras condiciones en base a un montaje del estado por el que se le acusa de supuestas captaciones yihadistas a través de sus cartas enviadas entre prisiones. Desde el inicio de su condena tiene las comunicaciones intervenidas. Si en esas cartas hubiera existido ese peligro de captación, ¿por qué cada director de prisión les dio curso y salida? Tal como pide, se reproduce este escrito donde denuncia esta herramienta de control y sumisión dentro de las prisiones [v. http://tokata.info/un-alegato-desde-la-carcel-contra-el-protocolo-antiyihadista-en-prisiones/]
No somos ni radicales ni terroristas. Ellos sí, radicales, terroristas e inquisidores. La inquisición contra el Islam.Como te he comentado en varias ocasiones sobre las injusticias, los abusos y violaciones de los derechos humanos y la inquisición que sufrimos los presos musulmanes en general y los presos políticos islamistas en particular en las cárceles españolas por parte de las autoridades –Ministerio del Interior, la SGIP,los responsables de las cárceles, algunos carceleros, servicios secretos, fuerzas de seguridad y los tribunales de inquisición– con la excusa de luchar contra el “terrorismo y la radicalización” y sus “pactos antiyihadistas” y “stop radicalismos”. En realidad se traduce a la lucha contra el islam y los musulmanes y pactos anti-islam y antimusulmán y stop islam.Estos neo cruzados de diferentes signos políticos e ideológicos han declarado la guerra contra el islam y contra los musulmanes para exterminarlos y por eso llevan sus planes macabros y criminales bajo el lema todo vale y el fin justifica los medios.En las cárceles españolas los musulmanes sufrimos la inquisición total, persecución y hostigamiento por el hecho de serlo. Persiguen a todo musulmán practicante y los incluyen en el fichero F.I.E.S. 5 como sospechosos de radicalismo y terrorismo y a muchos de ellos les han dado palizas por rezar. Se les prohíbe practicar su religión y hablar su idioma y tener libros de religión en su idioma u otras lenguas.Y como te he comentado en varias ocasiones, llevo años denunciando estos hechos que llevo sufriendo igual que el resto de mis compañeros y hace poco hice una huelga de hambre como protesta y denuncia de esta situación. El programa falso antiradicalismo pretende criminalizar a los presos comunes musulmanes que practican su culto a ratos y se les consideran radicales. Pero en realidad son drogadictos, personas desectructuradas, victimas del sistema. No existe radicalismo entre los presos. El radicalismo es el de la inquisición, es del sistema criminal que busca destruir y aniquilar a todo aquel que le planta cara, que no piensa como él y que lucha contra él, denunciándolo y desenmascarándolo.El falso programa busca colgar medallas, galones y méritos engañándose a sí mismo y engañando a la sociedad porque las personas que mete en dicho programa ni son radicales ni nada y los que se apuntan es por salir de una situación penitenciaria peor (aislamiento, FIES, represalias…) a otra menos mala. Igual que los islamistas condenados por terrorismo que han firmado una conformidad, que no lo hacen porque sean culpables sino para evitar una condena mayor, porque de todas maneras les condenaran porque son musulmanes practicantes y saben que son inocentes.Estas son las cloacas del estado, inventan, manipulan y falsifican las pruebas para condenar a personas inocentes como yo y como el caso del Dreyfus del siglo XXI, Jamal Zougam, condenado injustamente por el 11M, y como el 100% de los casos de islamistas acusados de terrorismo. Ver el documental del director de cine francés Cyrill Martin: El Nuevo Caso Dreyfus, que demuestra con pruebas y objetivamente que las cloacas del estado están detrás del terrorismo y que son ellos los terroristas y demuestran como hacen montajes acusando a musulmanes inocentes, como en mi caso y el caso de Zougam. Nosotros no somos ni radicales ni terroristas y a los hechos me remito (historial de cualquiera de nosotros). Nuestro único delito es ser musulmanes practicantes y, en mi caso, plantar cara al sistema, luchar contra él, denunciar sus violaciones y abusos, desenmascararlo y resistir a sus castigos, represalias e injusticias y defendiendo a los presos y presas víctimas de dichos abusos y violaciones.Estimado amigo R. Estas circunstancias te las explique en anteriores cartas, sobre todo las que te envíe desde Zuera en 2014 y la de Murcia en marzo de 2018. Ahí he detallado la cuestión.Por último quiero subrayar que el falso programa ha fracasado y fracasara porque al meter en él a falsos radicales (porque no hay otros) está curando heridas falsas inexistentes, esta sanando enfermedades falsas e inexistentes. Y para saberlo basta con analizarlo con el perfil e historial de los supuestos radicales. Pero antes hay que preguntarse ¿qué es el radicalismo? ¿qué es el terrorismo? “Es a este precio que podemos aclarar la acción institucional y asegurar que no va a agravar los fenómenos que está combatiendo, por ejemplo fabricando inútilmente categorías de sospechosos“. Le Monde Diplomatique, septiembre de 2018 artículo publicado por Laurent Bonelli y Fabien Carrié.Mohamed Achraf. Diciembre de 2018 en el aislamiento de la prisión de Córdoba










