La Junta de Castilla y León anuncia que pretende despedir este próximo noviembre a veinticinco trabajadores (se entiende, 'educadores') de los centros de menores.
Esto es consecuencia de la firma del nuevo convenio de personal laboral, que recalifica las categorías del convenio eliminando las cuatro actuales que se unifican en una única categoría y se crea una nueva en el grupo III. De no rectificarse la decisión, siete de los despidos tendrán lugar en Valladolid (4 del centro Zambrana y 3 del Montero); 8 de Salamanca (4 de Los Charros y otros 4 de Los Molinos); 4 del Gregorio Santiago de Burgos; 3 del Suero de Quiñones de León y 3 del Fuente Clara de Ávila.
En el Zambrana en Valladolid viven casi 60 jóvenes de entre 14 y 21 años que cumplen medidas de internamiento ordenadas por los diferentes juzgados de la Comunidad.
"Se irán a la calle muchos de los trabajadores de las cuatro categorías profesionales del Grupo ll que con este convenio se extinguen", denuncia CSIF. Se trata de los puestos de educador, técnico de atención al menor en institución (TAMI), técnico de atención al menor en medio Abierto (TAMMA) y responsable nocturno de internado. Estas categorías se sustituyen por una única, el técnico del menor (también del Grupo ll), puesto al que se accede con un grado en Educación Social, Psicología o Pedagogía. CSIF denuncia que la voluntad evidente de la Junta es ahorrar a costa de abaratar el trabajo de los empleados, ya que su intención real es asignar las tareas que venían realizando las mencionadas categorías TAMI, TAMMA, educador y responsable nocturno (Grupo II) a un puesto de nueva creación e integrada en el Grupo III, el técnico de apoyo al menor, para el que se exige el título de FP Técnico Superior en Integración Social. Y, aunque nadie lo diga, abaratar en puestos de valor educativo para gestionar estos centros como lo que son, cárceles de menores; es decir, que lo que no se gasta en educación se gastará en seguridad privada y control a los menores.
CSIF recalca "los despropósitos y los graves errores y consecuencias que va a tener para los afectados, y este es un ejemplo". Advierte que "por lo pronto, los trabajadores y trabajadoras se enfrentan a una importante inseguridad jurídica, derivada de un convenio colectivo que no se tendría que haber firmado nunca", ya que "para 25 profesionales va a suponer un despido inmediato, y para los que se queden o contraten inseguridad laboral, ya que no conocen bien cuáles van a ser sus funciones, dada la inconcreción del propio convenio cuando las define". Es especialmente preocupante, en este sentido, la eliminación -en las dos categorías laborales- de las funciones educativas dirigidas a los menores.
"El nuevo convenio de laborales afectará a la casi totalidad de las plantillas de los centros de menores, que no tienen la nueva titulación", avisa. Aunque CSIF está trabajando la rectificación de estos despidos, tanto con la Administración como ante los sindicatos firmantes, "parece que no les importa mandar al paro a los trabajadores de menores".
LAS CÁRCELES DE MENORES y el sistema capitalista
Este sistema y los que lo manejan desde arriba, amparándose en el miedo, son capaces de cualquier cosa. Se puede llegar a hacer negocio con todo y uno de esos claros negocios son las cárceles de menores. En las últimas décadas las fundaciones que gestionan estos centros (O´Belen, Diagrama, Grupo Norte, Adsis…) se han convertido en un ejemplo de éxito empresarial. Manejan millones y millones de nuestros impuestos en pro de nuestra seguridad y de la defensa de la infancia. En realidad solo son una pieza más que encaja perfectamente dentro del sistema capitalista.
Primero este sistema genera desigualdades sociales y económicas que son palpables en cualquier ciudad. La delincuencia, que se castiga, se da sobre todo en barrios marginales o barrios obreros en los que se crece sin las mismas oportunidades que en el resto. Cuando no eres rico y no naces en el seno de una familia acomodada solo te quedan dos opciones, una tragar con todo y convertirte en un trabajador más que deja su vida en el trabajo o en un delincuente que vive al margen y que constantemente se desliza hacia la ilegalidad. Y qué hacemos con este excedente social. El capital lo ha tenido claro desde el principio. Si no podemos hacer que toda la población viva en esta falsa sociedad del bienestar pues hagamos negocio de los que sobran.
Aquí entran las cárceles en general, y en particular las cárceles de chavales. Se ha demostrado que lo de la reinserción social es una falacia, que las cárceles simplemente sirven para castigar al que no ha podido, no ha sabido o no ha querido adaptarse a un sistema económico que falla por todos los lados (para el pobre claro).
En los medios de comunicación se da un gran bombo social a todos aquellos casos en los que un chaval ha matado o violado a alguien. Se analiza constantemente la violencia juvenil desde el punto de vista de responsabilización del menor de sus actos. De esta manera cada vez más se va justificando la ley del menor, las cárceles, la represión y por otro lado nos quitamos nuestra parte de responsabilidad. Pero si observamos bien, esta imagen que se nos da de la juventud es falsa. El 97% de los jóvenes que se encuentran cumpliendo condena en cárceles de chavales están por crímenes contra la propiedad privada. Es decir la mayoría no son asesinos ni violadores. La inmensa mayoría son pobres. Esto son datos reales y no es cuestionable.
Queda claro por qué el centro de menores Zambrana es una cárcel. Nos preguntamos por qué nuestros niñxs acaban bajo las manos de personas que solo ven en ellos un mero negocio y no alguien a quien hay que proteger y que es vulnerable.
Otras agresiones recientes:
> Muerte de un menor (abril 2022): https://valladolorentodaspartes.blogspot.com/2022/03/muertes-en-el-zambrana-asesinatos-sin.html
