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Renault propone trabajar más días, unificar los centros de Valladolid y Palencia y eliminar derechos sociales a sus trabajadores. Los sindicatos se oponen frontalmente a la propuesta y advierten del posible conflicto social
La Dirección de Renault ha propuesto a los sindicatos que las factorías de Valladolid y Palencia sean un centro de trabajo único (con la pérdida de decisión y la movilidad correspondiente para los trabajadores), una jornada anual de 220 días (tres más que en el convenio anterior) y la obligatoriedad del turno de tarde.
Estos son algunos de los puntos que la empresa ha trasladado a los sindicatos en la tercera reunión del convenio colectivo, en la que ha manifestado que las "prioridades" para asegurar el futuro de las factorías españolas son "reducir el absentismo, incrementar la flexibilidad y contener los costes".
La empresa propone un convenio con vigencia de tres años (2026 a 2028) que implique la creación de un centro de trabajo "único" Valladolid-Palencia, una jornada anual de 220 días más tres días de competitividad, la consolidación de los días de antigüedad sin generación de nuevos derechos y la eliminación de los periodos generales de disfrute de vacaciones colectivas (con preferencia de su disfrute en verano y Navidad). Por otro lado, propone la creación de una nueva categoría de entrada Especialista D, con salario al 90 por ciento de la retribución de Oficial de 3ª, paso de Especialista D a Oficial de 3ª por sistema de méritos en lugar de antigüedad y la eliminación del reglamento de disminución de la aptitud.
Asimismo, pide regular las condiciones de contratación a través de empresas de trabajo temporal (ETT), la interrupción del periodo de prueba en casos de incapacidad temporal, maternidad y paternidad, la regulación de la modalidad de contratación de fijos discontinuos y la obligatoriedad del turno fijo de tarde, además de reducir el porcentaje de excedencias por factorías del 2 al 1 por ciento.
Por otro lado, la plataforma de la empresa recoge ajustar a la nueva legislación vigente de jubilación parcial y que, en el caso de los turnos fijos por conciliación, se establezca un porcentaje máximo de aplicación de turnos fijos por taller (5 por ciento) y factoría (3 por ciento).
En cuanto a los permisos, Renault propone establecer un único periodo de disfrute acumulado de lactancia de once días para todos los casos, eliminar la nota del artículo 30 que refiere a la interrupción de las vacaciones por disfrute de permisos, regular y limitar el porcentaje de permisos parentales y que el disfrute de las semanas 18 y 19 de permiso de maternidad/paternidad deberá de ser comunicado con una antelación mínima de dos meses al inicio del disfrute.
También propone limitar a ocho horas al año las licencias por acompañamiento a asistencia sanitaria y consultas médicas de la persona trabajadora, la eliminación el complemento de los cuatro primeros días/año por enfermedad justificada y que las licencias por donación de sangre sean estrictamente por el tiempo necesario de donación, con la eliminación de la referencia a cuatro horas diarias.
Tras el encuentro, en el que la parte social ha terminado de presentar la plataforma reivindicativa conjunta decidida por todos los sindicatos, la Dirección de Renault ha asegurado que las propuestas sindicales "no acompañan" a la actual situación "crítica" del sector de la automoción y que, en esas condiciones, el acuerdo que permita atraer nuevos productos a las factorías españolas "está muy lejos de ser posible".
"Es inaceptable"
No ha gustado nada esta propuesta de Renault; aseguran estar sorprendidos porque la empresa no solo no recoge nuevos derechos sino que recorta los que ya tienen.
Sergio García, de CCOO, cree que la empresa está "muy alejada" de las necesidades de los trabajadores y tachan la propuesta de inaceptable: "La empresa tiene que hacer un esfuerzo como nosotros lo hemos sabido hacer cuando han venido mal dadas". Parece que no hemos aprendido nada: las cesiones a la empresa solo sirven para... que la empresa obligue cada vez a ceder más.
Con este planteamiento, y si la postura de la marca del rombo no avanza... no descartan la vía del conflicto social. Adolfo Arnáez, de UGT, afirmaba: "Están muy alejadas de las necesidades de Renault y no reconocen los esfuerzos que se hacen diariamente; hemos sabido llegar a acuerdos con todas las direcciones y en todos los momentos pero esto que proponen, si sigue así, podemos terminar con una conflictividad social muy elevada".
Por su parte CGT rechaza las propuestas como totalmente inaceptables e inasumibles: "no quieren trabajadores, quieren esclavos".
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Textos anteriores sobre la situación de Renault y la automoción en el Estado español:
> Horse y Renault, un nuevo paso en la guerra del auto: https://valladolorentodaspartes.blogspot.com/2023/07/horse-y-renault-un-nuevo-paso-en-la.html
> Renault y la situación del auto (I): https://valladolorentodaspartes.blogspot.com/2022/10/renault-y-la-situacion-del-auto-i.html
> Renault y la situación del auto (II): https://valladolorentodaspartes.blogspot.com/2022/12/la-situacion-del-auto-ii-el-caso-de.html
> Renaultadura permanente: otro convenio igual, siempre el mismo "Plan": https://valladolorentodaspartes.blogspot.com/2021/02/renaultadura-permanente-otro-convenio.html
LUCHA OBRERA Y LEGALIDAD BURGUESA
Desde la llamada transición democrática, que implantó el actual régimen que hoy padecemos en continuidad con el del general Franco, nacido de la derrota de la revolución española, los trabajadores supuestamente gozamos de unos derechos y libertades que nos permitirían defender más eficazmente —y sin enfrentarnos a graves consecuencias legales— nuestros intereses. Nada más falso.
El Estado nacido en el 78 ha tejido una maraña legislativa que de palabra nos permite defender nuestros intereses a la vez que lo impide en los hechos.
La Constitución «reconoce», la ley impide
La legislación prohíbe expresamente algunos de los instrumentos más potentes que la clase trabajadora tiene a su disposición para hacer frente a la patronal y a su aparato político e ideológico: la huelga espontánea, la huelga de solidaridad, la huelga política, los piquetes, las asambleas de huelga con voto a mano alzada.
El Real Decreto Ley de 1977 (previo, por tanto, a la propia Constitución española) impone el preaviso de huelga con al menos 5 días de antelación. Serían ilegales, por tanto, huelgas como las que espontáneamente estallaron con la primera ola de COVID, que estaba diezmando a los trabajadores, contagiados en los propios centros de trabajo. Y serían impensables huelgas ante sucesos imprevistos, como las de respuesta y duelo ante «accidentes» de trabajo.
Las huelgas de solidaridad, que además de espontáneas —frecuentemente decididas en asamblea en el momento— se realizan en apoyo de otros trabajadores en huelga y son una herramienta esencial para la extensión de la lucha, están expresamente prohibidas: la burguesía y su Estado legislan el aislamiento de las luchas obreras para derrotarlas una a una.
Las huelgas que la autoridad competente juzgue «políticas» son también directamente ilegales. Si, a pesar de los obstáculos, una lucha se extiende, saltando las barreras de empresa, sector, región... ya no tendrá enfrente a una empresa o a un sector patronal particular, sino a la clase explotadora en su conjunto, organizada en torno al Estado. La huelga —que bien puede conservar reivindicaciones puramente «económicas»— se torna así «política». Es decir: se vuelve ilegal.
Son ilegales también las huelgas que pretendan alterar los convenios colectivos. Es decir: el hecho de que los trabajadores pretendan alterar convenios colectivos firmados por terceros, sin participación de ningún trabajador del sector, es también ilegal (y esto no es un caso extraño: muchos convenios de ayuda a domicilio han sido firmados por los sindicatos decretados mayoritarios sin tener ninguna representación real, sin elecciones sindicales y sin consulta a las trabajadoras afectadas; es un simple ejemplo).
Un instrumento histórico y efectivo de las luchas de los trabajadores, la asamblea general de huelga con voto a mano alzada, que evita mucho pasteleo sindical —como el que vimos en la última huelga del metal en Cádiz— se prohíbe para el acuerdo de inicio de huelga, imponiendo el voto secreto. Los sindicatos se encargan de reproducir este fetiche de la democracia burguesa para todo lo demás, en especial para los «referéndum» de fin de huelga (que suelen ser de rendición completa).
Otros instrumentos de lucha obrera saltan directamente de las llamadas relaciones laborales al código penal: los piquetes y las ocupaciones de empresa. Los piquetes desaparecieron formalmente del código penal, pero se sigue aplicando el delito de coacciones; la ocupación de oficinas, locales, fábricas... supone el mismo delito que la ocupación de viviendas, la «usurpación».
Y por supuesto, el Estado cuenta con toda una batería legislativa para reprimir otras formas de lucha asociadas, como las manifestaciones. La «Ley Mordaza» es el ejemplo más socorrido, pero no es el único.
Con o sin ley, la lucha se abre paso
La patronal y su Estado cuentan, como hemos visto, con todo un entramado legal para impedir cualquier lucha real de los trabajadores. Sin embargo, no podemos decir que esta sea la causa de la aplastante paz social que nos ahoga mientras nuestras condiciones de vida empeoran.
En otros periodos históricos las leyes han sido igualmente duras, los obstáculos igualmente grandes y la represión aún más salvaje. Y sin embargo la clase trabajadora ha podido luchar por sus intereses, en muchos casos con éxito.
En España, la ola de huelgas de 1946-1947; la huelga general de 1951 en el País Vasco, la huelga minera de Asturias de 1962 («la huelgona»), que desencadenó huelgas mineras de solidaridad en toda España; el 10 de marzo en Ferrol, que desencadenó huelgas de solidaridad hasta desembocar en la huelga general de Vigo del 72; la «galerna de huelgas» de 1975-76... Son solo algunos ejemplos de luchas obreras reales, con métodos clasistas, en un contexto legal y represivo a priori peor que el actual.
Lo que queremos decir es sencillo: si los trabajadores queremos defender nuestros intereses de clase no nos podemos ajustar al marco legal que impone el enemigo de clase. Es necesario romperlo, sortearlo, pasar por encima, por debajo o rodearlo. Cualquier cosa, pero no aceptar sus normas, porque sus normas están hechas para aislarnos, impedirnos luchar y derrotarnos antes de empezar a pelear. El Estado democrático no es un ente neutral, es un aparato de los explotadores: no podemos esperar «justicia» de su parte. Es solo con nuestros medios, cumplan o no la legalidad burguesa, que podemos luchar de verdad. Sin ninguna garantía de victoria, pero al menos con alguna posibilidad. La aceptación de la ley es la aceptación sumisa de la derrota.
Texto extraído del Boletín LA HUELGA (https://lahuelga.info)
¿Será posible que hayamos retrocedido cinco siglos? ¡Pues lo es!
Para ello ha sido utilizado el mismo método: la aplicación desde el poder establecido de un proceso de represión bestial, tras la imposición de un dogma a seguir como único e incuestionable. En aquella época fue el catolicismo integrista y exacerbado. En la actualidad, es el capitalismo neoliberal y salvaje.
A partir de este planteamiento, nadie podrá ir contra el sistema impuesto por muy injusto que sea, sin riesgo de ser penalizado y reprimido. Tampoco podrá callar, porque su silencio será interpretado como el apoyo a planteamientos antisistema y será también penalizado, aduciendo supuestas intenciones contrarias al llamado orden establecido. Y esto se hace en condiciones peores que en la época inquisitorial, solo es necesaria la simple denuncia anónima y/o falsa; el testimonio incluso sin verificar de cualquier miembro de las fuerzas represeivas; el capricho incuestionable de cualquier magistrado o la decisión de órganos de gobierno convertidos en juez y parte. Lo que se pretende con esto es que solo esté permitido legalmente apoyar a este régimen de caos, corrupción, desigualdad, existente y creciente.
Desde hace tiempo el poder viene imponiendo una legislación cada vez más represiva y limitativa de las libertades, con la finalidad de proteger su sistema, y con el todos los privilegios que otorga a los capitalistas y a ciertos grupos minoritarios que operan a su servicio, como el político, militar, religioso, etc. Esta actividad represiva desplegada en todos los campos, desde el ideológico al físico, así como una judicialización punitiva de todo tipo de desavenencia con sus planteamientos o con la defensa de una mayor justicia social, nos ha situado en un Estado de excepción permanente y ha sumido a la nación en un estado policial.
Hasta hace poco y mientras duró el activismo armado ente el gobierno central y el independentismo vasco, esta fue la justificación falsa utilizada por el sistema (y aceptada por algunos miopes o ingenuos) para practicar la represión que hicieron extensiva a nivel legislativo a todo el pueblo. Hoy ante el desarrollo continuado del método represivo cada vez más violento y brutal, va quedando constancia que la causa no es la lucha contra la violencia popular (que hoy es prácticamente inexistente) sino que se asienta en ese afán de protección de los intereses capitalistas y los privilegios de los poderosos, que son obtenidos a costa de la miseria del pueblo y de su clase trabajadora.
Desde siempre y apoyados en el análisis histórico venimos denunciando, que un sistema basado en la explotación y la dominación de una clase sobre otra, no puede subsistir sin la práctica de una actividad represiva y que ello es la verdadera causa de su aplicación y desarrollo creciente, lo demás, las falsas justificaciones que se quieran dar, serán siempre coyunturales y adaptadas a los intereses del poder establecido en cada momento y ciscunstancia.
La más actual ley represiva impuesta (y que no será la última) ha sido la "Nueva ley de seguridad ciudadana", mal llamada Ley Mordaza. Y decimos mal llamada porque ello parece hacer referencia únicamente a la libertad de expresión, cuando en realidad su carácter represivo alcanza muchos ámbitos. Un somero análisis de los contenidos de esta ley nos demuestra que conlleva:
a) El rompimiento de lo que aún quedaba de la división de poderes entre el ejecutivo y el legislativo, que convierte a instituciones gubernamentales en jueces y parte a la hora de juzgar y penalizar.
b) Su configuración es tal que, complementada con leyes anteriormente impuestas, impide la defensa jurídica, que queda supeditada a la disponibilidad de poder económico para ser ejercida, dando al traste con la teórica igualdad ante la ley y eliminando todo vestigio (si aún quedaba) del tan cacareado estado de derecho.
c) Impone un blindaje a las actividades institucionales y personales de la clase política, independientemente del carácter de sus delitos, aunque estos estén significados por actos de corrupción, incumplimiento de deberes, robos, estafas, chantajes, etc.
d) Otorga total impunidad a los actos represivos policiales, utilizando fórmulas como la penalización de grabaciones y la valorización de la veracidad de sus declaraciones por encima de cualquier otras, dando al traste así con la presunción de inocencia e impidiendo e invalidando la investigación de los hechos. Ocultando la personalidad policial, pues como cualquier "terrorista" utilizan capucha, y en su caso como parte del uniforme reglamentario, a lo que hay que añadir la inhibición de acudir a los juicios mediante declaración por escrito, etc...
e) Institucionaliza la declaración obligada, bajo la imposición de penas que serán impuestas según criterio y valoración que de ello hagan las fuerzas represivas.
f) Según declaraciones de la propia ONU esta nueva ley, viola el derecho internacional a la libre circulación de las personas y conculca los derechos humanos.
g) Y como colofón: en todo lo que toda al llamado anti-yihadismo, no deja de ser una reproducción del anterior plan ZEN (Zona Especial Norte) cuyo desarrollo legislativo apoyado en situaciones concretas y muy localizadas se institucionaliza y hace extensivas y aplicables a toda la población a quienes convierte en sospechosos y potenciales colaboradores con esta ideología y por tanto susceptibles de ser penalizados siempre que al sistema le interese vincular su actividad represiva con este ámbito ideológico.
Esto es solo una pequeña muestra del conjunto mucho más amplio de lo que contempla esta nueva ley represiva, y cuyo objetivo entre otros pretende acllar la protesta social (incluso la de carácter pacífico) que se realiza contra los abusos del poder y la corrupción que se está impniendo desde la actual mafiocracia ultraliberal existente, con la finalidad de conducir a la sociedad hacia una situación global imperialista de desastrosas consecuencias para la clase obrera.
Esto es solo una pequeña muestra del conjunto mucho más amplio de lo que contempla esta nueva ley represiva, y cuyo objetivo entre otros pretende acllar la protesta social (incluso la de carácter pacífico) que se realiza contra los abusos del poder y la corrupción que se está impniendo desde la actual mafiocracia ultraliberal existente, con la finalidad de conducir a la sociedad hacia una situación global imperialista de desastrosas consecuencias para la clase obrera.
[hoja del Comité de Solidaridad de los Trabadores
/ POR LA UNIDAD OBRERA.
julio - 2015, encontrada en Valladolid]
El 1 de
julio, momento de la entrada en vigor de la Ley Mordaza
y de la última Reforma del Código Penal, la monarquía
española se convierte en un Estado policía, culminando
una etapa de populismo punitivo que arranca en la década
de los noventa con la Ley de la Patada en la Puerta y el
Código Penal “de la democracia”, el más duro de Europa y
digno heredero del código franquista vigente hasta 1995.
Lo que había sido hasta hoy un Estado partitocrático
caracterizado por un autoritarismo rampante emanando de
un “poder” legislativo que poco a poco iba conculcando
derechos y suprimiendo libertades con la ayuda de un
“poder” judicial dependiente de los partidos, ya es un
Estado de excepción declarado gracias a un ordenamiento
jurídico hecho a la medida del aparato represivo. La
diferencia no es sutil: hasta anteayer la partitocracia
se apoyaba principalmente en el conformismo de las
masas; ahora ante todo lo hace en “las fuerzas y cuerpos
de seguridad”. Eso quiere decir que, bien por la
irrupción incontrolable de la cuestión social, bien por
la debilidad irrefrenable del régimen ante las
consecuencias de la salida de Grecia de la zona euro,
los problemas políticos se están contemplando cada vez
más como problemas de seguridad, es decir, como
problemas de orden público. Al menos, a una parte
significativa de la clase dominante le ha entrado pánico
ante el peligro que conlleva el desarrollo de los
conflictos sociales en las urbes y el territorio,
consecuencia directa de la crisis económica y el
descrédito institucional, y ha considerado que no era
suficiente el refuerzo del sistema de partidos que ha
supuesto la aparición de nuevas opciones políticas. Una
parte de la oligarquía dirigente confía más en la
integración de los partidos y coaliciones emergentes
gracias a una política de pactos; la otra, cree más en
los cordones policiales con carta blanca para reprimir
sin contemplaciones toda veleidad de protesta y de
disidencia. En un caso bastaría con los mecanismos de
vigilancia y control habituales del posfranquismo,
fuertemente respaldados por la legislación de los
anteriores gobiernos socialistas; en el otro, se
trataría lisa y llanamente de volver a la política de
orden practicada por la dictadura franquista.
El pacto
social que fundamentaba la partitocracia, representado
por la ley Corcuera, parece haberse resquebrajado. Las
fuerzas políticas partidarias de anteponer la “seguridad
ciudadana” al estado actual de los derechos de
intimidad, vivienda, acogida, reunión, manifestación y
expresión, de por sí bastante recortados, piensan que la
situación social amenaza con deteriorarse y derivar
hacia coyunturas griegas pues el régimen es demasiado
vulnerable a las especulaciones financieras y a medida
que surjan nuevos agujeros en la financiación lo será
todavía más. A fin de conjurar una crisis potencial con
otro rescate en el horizonte complicado con un Syriza a
la española, ellas han apostado por la línea dura. Creen
conveniente imponer un “marco jurídico adecuado” y una
desregulación de la actividad policial que permita total
impunidad a prácticas ilegales que se venían ejecutando
sin demasiada cobertura, tal como hizo en su momento la
anterior ley. Incluso se le autoriza a imponer sanciones
que antes incumbían al juez. Parece que la intervención
arbitraria y desproporcionada de la policía contra
“terceros” que protesten sea, oligárquicamente hablando,
la única forma de garantizar “el normal funcionamiento
de las instituciones” dentro de la crisis y asimismo, de
mantener “la tranquilidad” de los ciudadanos que deciden
en la economía y la política. Para que la sociedad y el
Estado continúen en manos de irresponsables y corruptos,
la calle ha de quedar a merced de los verdaderos
violentos: la madera.
La ley
Mordaza es la primera de su estilo en definir el
concepto de “seguridad ciudadana”: es “la garantía de
que los derechos y libertades reconocidos y amparados
por las constituciones democráticas puedan ser ejercidos
libremente por la ciudadanía”. La redacción resulta más
clara de entender cuando se tiene en cuenta que se
refiere al derecho de estar de acuerdo con las
disposiciones del Estado y a la libertad para
obedecerlas. La legislación securitaria amplía el
muestrario de hechos “perturbadores” y figuras
delictivas con términos suficientemente ambiguos como
para abarcar a un sector importante de la población,
aquél que se manifiesta, desobedece, grita a los
políticos, se opone a los desahucios, convoca movidas
por internet; aquél que forma parte de piquetes de
huelga, okupa casas, corta el tráfico, fotografía las
brutalidades de las fuerzas de orden; aquel que
interfiere “en el funcionamiento de infraestructuras
críticas”, es decir, que defiende el territorio, e
incluso el hincha futbolero demasiado ruidoso y… aquél
que hace botellón: la dipsomanía juvenil resulta ahora
subversiva a la mirada beata de los dirigentes. En el
cesto punitivo cabe de todo, desde el yihadista fanático
al modesto ciudadano que no se cree obligado a mostrar
su carnet de identidad al primer esbirro; desde el
pacifista que se encadena contra las líneas MAT al
viandante que rehúsa un cacheo; desde el inmigrante
indocumentado al insolvente que se resiste a abandonar
su casa. Todos ellos son “infractores”, y como tales
figurarán en un registro, cualquiera que sea la levedad
de la infracción o el grado de culpabilidad, porque
aunque ésta sea mínima, puede ser susceptible de
considerarse contraria al orden constitucional, y por lo
tanto, responsable de aportar su grano de arena a la
desestabilización “de las instituciones políticas, de
las estructuras económicas o sociales del Estado”.
La ley Mordaza nos indica que el
régimen partitocrático evoluciona imparablemente hacia
una sociedad orwelliana como la descrita en la novela
“1984”, con la información unilateral, el control de
masas, la represión del activismo social, la
erradicación de la inteligencia crítica, las
neolenguas y los ministerios de la opresión, donde
cualquier muestra exterior de disconformidad puede
comportar terribles humillaciones. Es evidente el Gran
Hermano de hoy no es el Partido, sino el Estado
partitocrático, pero los lemas siguen siendo los
mismos: “la guerra es la paz”, “la libertad es la
esclavitud”, “la ignorancia es la fuerza”. La Ley
Mordaza es un producto típico de la Razón de Estado,
pues con ella se persigue un aumento de poder que
apunta a la conservación del régimen por encima de los
súbditos denominados “ciudadanos”, sea cual sea el
medio empleado. De preferencia, los inmorales,
arbitrarios, violentos e ilegítimos, pues a los ojos
de los expertos represores de la oligarquía dirigente,
son los más eficaces. La partitocracia desde el pasado
1 de julio es ya visiblemente lo que ya era
esencialmente: un Estado policial que da la bienvenida
a su “ciudadanía” con una expansión penal
perfectamente regulada sin necesidad de recurrir al
golpe de Estado.
