PRESENTACIÓN DE LA MESA REDONDA “REPRESIÓN, BULOS Y ODIO: ULTRADERECHA Y COMUNICACIÓN”
Viernes 12 de abril, 19.00, en La Casa de las Palabras (c/ San Ignacio, 9, Valladolid).
Casi dos años después de ser investigados por un presunto “falso testimonio”, se ha archivado la causa contra cuatro periodistas que se enfrentaban a una condena de uno a tres años de prisión por atestiguar una agresión policial a uno de ellos durante el mitin del partido político Vox en Vallecas (Madrid) en abril de 2021.
Se trata de uno de tantos procedimientos que nunca tendrían que haber ocurrido. Este caso agranda la impunidad de la violencia policial ejercida contra periodistas y lanza un mensaje de las consecuencias que puede tener denunciarla a nivel judicial, en un contexto en el que la ley mordaza pesa sobre todas las ciudadanas que no nos conformamos con nuestra situación.
Tras denunciar uno de los periodistas cómo un policía le agarró, empujó al suelo y agredió mientras trabajaba, el agente quedó absuelto y la jueza acordó un proceso penal por falso testimonio tanto para el periodista como los tres testigos, compañeros de profesión, que acudieron al juicio y relataron los hechos. Todo a pesar de partes de lesiones, vídeos y testimonios profesionales.
Este caso ejemplifica la alianza de los distintos poderes del Estado contra la libertad de información y la rendición de cuentas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con juezas galardonadas por la policía y una trayectoria de cargos de confianza en instituciones de la derecha y de ataques a la libertad de expresión con instrucciones judiciales extralimitadas.
La jueza instructora dio síntomas de considerar culpables a los cuatro periodistas al hacer declaraciones como “usted hizo unas manifestaciones que no son verdad” y “no es cierto lo que usted dice” al interrogarlos como investigados en julio de 2022. Finalmente, ha seguido la petición de la Fiscalía y de los abogados de archivar la causa, al igual que con dos periodistas que cubrieron una acción de Futuro Vegetal este mismo febrero. Sorprende (o no) la lentitud en sobreseer estas dos causas contra informadores cuando la misma jueza tardó menos de mes y medio en archivar una investigación contra tres detenidos en las protestas contra la amnistía de noviembre de 2023 en la calle Ferraz de Madrid pese a que la Fiscalía pidiese que fuesen investigados por un delito de desórdenes públicos.
Pilar Martínez Gamo, la jueza que archivó la causa contra el policía, impuso las costas procesales al denunciante por “actuar con temeridad y mala fe” y pidió la apertura de un proceso penal por falso testimonio contra los cuatro periodistas pese a que la defensa del policía no lo pidió. La Audiencia Provincial de Madrid le quitó las costas al periodista al reconocer que la jueza no probó en su sentencia la supuesta temeridad y mala fe y que las costas no pueden ser impuestas de oficio. La jueza no se inhibió pese a haber sido objeto de informaciones cuestionadoras en los medios para los que trabajan los periodistas.
No creemos casual que estas situaciones convivan con otras en que la ultraderecha utiliza las redes sociales como una suerte de pista libre para promover su información tóxica, acudiendo a identidades falsas, estrategias coordinadas a través de troll centers y otras medidas para darse una imagen de relevancia social que no coincide con la realidad, pero que perjudica el debate público sobre los problemas que afrontamos trabajadoras y trabajadores en esta sociedad. Es conocido en nuestra comunidad autónoma que un destacado neonazi ha ocupado el puesto de gestor de redes sociales del partido Vox, y se desconocen las funciones del vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León fuera de una presencia permanente en los medios de comunicación repitiendo el ideario de su partido.
