El gobierno de coalición del PSOE y UP juega a presentarse a la vez como el ala derecha e izquierda de sí mismo. Cuando se aprueba una ley abiertamente dañina para los trabajadores, como fueron los últimos presupuestos generales del Estado, el “ala izquierda”, representada por UP, se deshace en gritos y gesticulaciones estridentes, mientras acusa al “ala derecha”, representada por el PSOE, de traición. Después ambas alas se juntan los martes en el Consejo de Ministros, aprueban la ley y pretenden que su cara está salvada. Lo mismo sucede a la inversa, cuando cualquier ministrilla del PSOE aparece en los medios de comunicación reprendiendo a los “radicales” de Podemos mientras siguen pactando juntos. El juego democrático, que en los últimos años ya no alcanza ni el nivel del vodevil, tiene estas cosas: la burguesía manda, los intereses nacionales son intocables, pero se intenta continuar con la pantomima de un “gobierno progresis,ta”, a cualquier precio.

 

El último episodio lo tenemos servido con la nueva ley de vivienda que el Ministerio de Fomento quiere hacer aprobar. Como otras veces, una ley que beneficia directamente a los propietarios de viviendas, que marcha en el sentido de reducir los impuestos que gravan las rentas del capital (en este caso del capital inmobiliario, claro), va a ser aprobada en nombre de la “igualdad social”. El caso es flagrante: los propietarios de viviendas en alquiler podrán acceder a bonificaciones fiscales superiores a las que disfrutan actualmente, si aceptan rebajar ligeramente el precio del alquiler, alquilan a jóvenes, etc. Es decir, el Estado subvencionará los rendimientos del capital, garantizando un beneficio mínimo por cada vivienda alquilada.

Ante este nuevo ejemplo de “gobierno progresista”, Unidas Podemos y su líder Pablo Iglesias, saltan rápidamente a la palestra y se lanzan contra la ley. De acuerdo con sus afirmaciones, esta ley vulneraría los acuerdos de investidura que llevaron al gobierno de coalición porque no establece ninguna regulación del precio, no se dirige contra los grandes propietarios de inmuebles (como Blackstone) y por lo tanto beneficia a “la patronal inmobiliaria”.

Se puede anticipar el resultado de esta nueva polémica - polémica tan falsa como todas las anteriores-: la ley se aprobará, tal y como ha sido anticipada por el Ministerio del PSOE, con quizá algún ligero retoque “social” que intente salvar la cara de Podemos, pero sin modificar lo esencial. Los voceros del gobierno alabarán tanto la “responsabilidad” del PSOE como los esfuerzos de Podemos y justificarán, en caso de ser necesario, a este último diciendo que “está en minoría”. Fin del proceso “progresista” de aprobación de leyes anti obreras.

 

Para cerrar esta breve reflexión, merece la pena desgranar en unos pocos puntos qué va a significar exactamente la nueva ley:

    - Como se ha dicho, la nueva ley implica una subvención al capital inmobiliario al que se garantiza un beneficio mínimo en forma de deducciones fiscales. Ejemplo: si un propietario alquilaba hasta ayer una vivienda por 700€ y pasa a alquilarla hoy por 630€, tendrá una bonificación fiscal de 950€ al año. La diferencia entre lo que deja de ingresar y lo que recibe como subvención es de es de 950€ – 840€ = 110€ a favor del propietario. Esto significa sencillamente que el Estado se hará cargo de un tanto por ciento del beneficio empresarial. Los proletarios, que son quienes pagan los impuestos, le abonarán directamente una compensación al bolsillo del propietario.

    -Este tipo de medidas va en el mismo sentido que el resto de legislación aprobada desde que comenzó la pandemia hace un año: ERTEs, suspensión de cuotas fiscales para los empresarios, subvenciones a partir de los fondos NextGeneration de Europa, etc. El Estado ha empeñado prácticamente todos los recursos de los que disponía para subvencionar primero la mano de obra (regalándole los salarios a los empresarios) y después los costes del capital (garantizando las necesidades de financiación empresarial). Desde el gobierno, con el aplauso de todos los grupos políticos, se dice que estas medidas son una especie de “plan de choque social”, pero simplemente se están asumiendo gastos de capital y recursos humanos indefinidamente, esperando que con ello no se produzca una cadena de quiebras empresariales.

    -El mercado de vivienda en alquiler es un mar de pequeños propietarios con algún que otro islote de grandes empresas. De los dos millones de viviendas en alquiler que hay en España, aproximadamente 115.000 (un 4%) está en manos de grandes propietarios (Blackstone, etc.) Ver https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/01/companias/1612204350_033616.html

Esto implica que el grado de centralización de la propiedad es bajísimo. La propiedad de la vivienda está muy distribuida entre pequeños y medianos propietarios. La legislación propuesta por UP contra los grandes propietarios sencillamente no tendría ningún efecto en el mercado, porque apenas afectaría a 4 de cada 100 viviendas en alquiler.

    -Se calcula que, a lo largo de 2020, el número de viviendas residenciales en alquiler se ha incrementado casi un 10%. Es decir, aumenta la oferta. Por simple aritmética y dada la dispersión de la propiedad que hemos visto, lo normal sería esperar una caída del precio si la demanda se mantiene constante o crece menos que la oferta. Siendo así, vemos cómo la bonificación prometida por el gobierno no implica un descenso del precio del alquiler, sino una compensación al pequeño propietario por una rebaja que el propio mercado le iba a imponer.

 

Mapa en el que se aprecian las viviendas vacías por provincia (año 2011). En diez años la situación ha ido, sin duda, a más.