Desde hace tres días, los disturbios en Chile, provocados por el anuncio de que el precio del transporte suburbano subirá un 5%, se extienden por todo el país. El gobierno ha declarado el estado de emergencia y el ejército ha asumido el control de la seguridad pública en las principales ciudades del país. Mientras las manifestaciones y el enfrentamiento con las fuerzas del orden no cesan, ya se cuentan al menos 15 muertos, 88 heridos por armas de fuego y más de 1.300 detenidos.

Para el miércoles 23, la Central Unitaria de Trabajadores, el principal sindicato del país, ha convocado una huelga general, como protesta tanto por la subida del precio de los billetes de metro en particular, como por el aumento continuado de los suministros básicos mientras los salarios permanecen prácticamente estancados. Al mismo tiempo, el gobierno que capitanea el millonario Sebastián Piñeira, en sus declaraciones públicas, se ha reído abiertamente de los proletarios a los que, aunque ya tardan varias horas en llegar cada día al puesto de trabajo utilizando el transporte público, insta a madrugar más para aprovechar las ofertas del metro en las horas de menos afluencia.

La situación en Chile, aparte de la subida del precio del transporte público, es verdaderamente difícil tanto para los proletarios que viven de la economía regular como para aquellos que tienen que subsistir mediante el trabajo negro, tanto para los que habitan en las grandes barriadas obreras de Santiago, Valparaíso y Concepción como para los que tienen que vivir en las villas miseria de los extrarradios urbanos. Durante la última década, la Universidad Católica de Chile calcula que el precio de la vivienda en una ciudad como Santiago ha subido un 150%, la electricidad un 10%, manteniéndose la inflación general aproximadamente en un 2,5%. Mientras esto es así, el salario medio es de unos 13.000 $, pero el 70% de la población vive con menos de 770 $ mensuales, es decir, existe una gran polarización de la riqueza, manteniéndose una gran parte de la población por debajo del nivel de la pobreza. Porque en el “oasis chileno”, como gustan de llamar los economistas burgueses a Chile por su supuesta prosperidad, el 10% de la población en edad de trabajar se encuentra en paro, cifra que asciende a más del 20% entre los jóvenes. Cierto que, comparado con la situación de sus vecinos latinoamericanos, incluso con la que vive Argentina, la de Chile parece algo menos tenebrosa para los proletarios, pero es sabido que, en el capitalismo, la prosperidad, la riqueza, la buena marcha de la economía y los negocios, significan pobreza y miseria para la mayoría de la población.

Las revueltas de estos últimos días vienen a mostrar que la clase proletaria chilena, la que sufre la subida de los precios del transporte, el precio de los alquileres, la semana laboral cada vez más larga, los bajos salarios… tiene la fuerza suficiente como para contestar ante el enésimo agravio al que la burguesía chilena quiere someterle entre palos y burlas. Los disturbios, los saqueos de tiendas y grandes superficies, los incendios de algunas empresas, así como los enfrentamientos con la policía en todos los barrios proletarios de las grandes ciudades, son muestra de la rabia de una clase proletaria que carga sobre sus espaldas con la buena marcha de la economía nacional, con ese incremento anual del Producto Interior Bruto que llena de orgullo a los dirigentes del país. Es una rabia espontánea, sin canalizar ni organizar, donde se mezclan los actos de pillaje con los ataques al enemigo de clase… pero es la rabia que la clase proletaria albergaba en su seno desde que la democracia se reinstaurase en el país, hace ya casi treinta años, y de nuevo fuesen los obreros quienes pagasen el pato de la reconstrucción nacional y de la reconciliación con quienes les habían torturado y asesinado durante dieciocho largos años.

El Estado de Emergencia, declarado por el gobierno de Sebastián Piñeira el pasado domingo, es la respuesta más abierta y brutal que la burguesía chilena podía dar contra quienes se manifiestan en las calles: poner el control de la seguridad pública, es decir, de la represión, en manos del ejército, no es ninguna broma en un país donde este mismo ejercito gobernó con mano de hierro durante casi dos décadas, dedicando buena parte de sus fuerzas a secuestrar, torturar y asesinar a los proletarios más combativos. Aún hoy en día, de acuerdo a una publicación reciente del Congreso norteamericano, este ejército es uno de los más “profesionales” del continente sudamericano. Que los soldados patrullen las calles con sus armas apuntando a los vecinos de los barrios proletarios es toda una declaración de intenciones: ni desde la Casa de la Moneda, ni desde los cuarteles, ni desde los consejos de administración de las principales empresas del país, se va a tolerar que los proletarios salgan a la calle a exigir una mejora en sus condiciones de existencia.

Por su parte, las corrientes políticas de la oposición, han sido también muy claras: “No se le puede poner como condición al gobierno para dialogar que se deponga el Estado de Emergencia […] Categóricamente, como oposición, no buscamos desestabilizar al Gobierno Piñeira, que debe urgentemente dejarse apoyar y anunciar una agenda social que incluya beneficios inmediatos”. Estas palabras de uno de los principales líderes de la oposición definen perfectamente todo lo que los proletarios pueden esperar de los partidos izquierdistas del arco parlamentario: en primer lugar, el gobierno debe controlar a los rebeldes; no se cuestionará, por tanto, el Estado de Emergencia hasta que estos hayan sido detenidos.

En lo que respecta a la Central Unitaria de Trabajadores, para entender su posición en este conflicto basta con ver que ha tardado casi una semana en convocar la huelga general del día 23. ¡Y hasta el último momento ha ofrecido la desconvocatoria a cambio de que el gobierno dé muestra de buenas intenciones! Durante la crisis social más grave desde la llegada de la democracia, en medio de disturbios que han dejado más de una decena de muertos… la CUT se toma una semana de plazo para convocar una huelga dejando respirar al gobierno, que en ese plazo ha tenido tiempo de sobra para militarizar el país, convirtiendo la calle en un bastión de los soldados. Pero esta actitud se entiende mejor si prestamos atención al comunicado del día 21 de octubre que ha hecho público esta misma CUT. En él, después de moderar sus exigencias al “retorno de la normalidad”, refiriéndose a los disturbios de estos días de atrás, se afirma:

“Pero con la misma claridad condenamos de la manera más enérgica la violencia irracional generada por la actitud del gobierno, que ha permitido acciones de vandalismo y delincuencia de grupos minoritarios, mientras la gran mayoría del país se ha manifestado de manera pacífica y organizada por todo el territorio. Es absurdo destruir el metro que no es usado por los poderosos sino por trabajadores y trabajadoras, es repudiable el saqueo de negocios, algunos de ellos de pequeños comerciantes, así como la destrucción de bienes públicos. Esa violencia irracional solo es funcional a los poderosos para justificar la represión y militarización del país. Pero también dejamos planteada la pregunta acerca de la sospechosa ausencia de vigilancia y protección policial a la red de metro, negocios y edificios, justo en los momentos en que operaban estos grupos de desconocida y dudosa pertenencia”. Mientras el proletariado se manifiesta en la calle, se enfrenta a la policía para defenderse, sabotea los transportes públicos como manera de protestar... y es golpeado y asesinado, la CUT condena la violencia, acusando a los propios trabajadores que participan en las protestas “violentas” de ser aliados del gobierno.

La clase proletaria chilena debe ser capaz de sacar, en estos enfrentamientos y en aquellos que sin duda vendrán en un futuro más próximo que lejano, las lecciones de su propia historia, que es la misma historia que carga a sus espaldas el proletariado de toda América Latina. La democracia, el respeto por la legalidad parlamentaria, el reformismo encorsetado en las apretadas costuras del parlamentarismo, fueron la causa de su derrota en el momento de máxima tensión social. Durante los trágicos años que van de 1970 a 1973, la confianza en la corriente oportunista que representaban Allende y la Unidad Popular, llevó a una serie de durísimos reveses, el último de los cuales fue la implantación del terror burgués de mano del muy demócrata y constitucional Augusto Pinochet. Durante esos años las fortísimas movilizaciones de la clase proletaria, que tuvo en los cordones industriales una de sus formas más características de lucha, pudieron ser encauzadas gracias al relumbrón que entre los trabajadores tenía el mito de la democracia y el avance paulatino hacia el socialismo. La presión de las fuerzas del oportunismo político y sindical fue lo suficientemente fuerte como para encauzar tanto la lucha inmediata, desplegada con gran valor y coraje sobre el terreno de la defensa de los intereses económicos de la clase obrera, como la lucha política, que se definía en torno a una etérea “vía nacional al socialismo”. La primera, la lucha económica, a pie de fábrica y barrio, fue difícilmente controlable por la burguesía porque en ella la clase proletaria se mostraba más indómita, pero finalmente pudo ser supeditada a la defensa de la economía nacional chilena, que entonces tenía las nacionalizaciones de las empresas más importantes del sector primario y secundario como bandera. La segunda, la lucha política, fue limitada a un reformismo a pequeñísima escala que evitó en todo momento rozar siquiera los privilegios de clase de la burguesía. Tanto es así que la conspiración militar patrocinada por el gobierno de Estados Unidos pudo hacerse a plena luz del día mientras la Unidad Popular exigía a los proletarios contención y calma.

1.973 fue el triunfo de la acción combinada del oportunismo pseudo socialista y la represión burguesa, abierta y descarnada. El proletariado chileno debe sacar las lecciones oportunas: la clase burguesa recurre tanto al ejército y la fuerza armada como al circo parlamentario y la defensa de la democracia para mantener a la clase proletaria alejada de su terreno de lucha por excelencia, en el que se libra un combate con medios y métodos realmente clasistas. Hoy los proletarios han salido a la calle en un verdadero estallido social para defender sus condiciones de existencia más inmediatas. Ante ellos tienen, de nuevo, al ejército y a las organizaciones pseudo obreras que intentan encauzar su lucha hacia la confianza en el Estado burgués, hacia la renuncia a la lucha clasista, a la que tildan de violenta y sin sentido. El dilema es el mismo: o se rompe con la colaboración entre clases que estas posturas conciliadoras suponen, o se cae no ya en la inanidad política que representan, sino en la vorágine de la represión más despiadada.

¡Por la defensa intransigente de las condiciones de vida de la clase proletaria!

¡Por el retorno de la lucha de clase del proletariado!

¡Por la reconstitución del Partido Comunista, internacional e internacionalista!

22 de octubre de 2019 - Partido Comunista Internacional (El Proletario) - www.pcint.org