CONVOCATORIA
Los
integrantes de La Coordinadora de Afectados por Hepatitis C vamos a
llevar a cabo, los próximos días 25 y 26 de Septiembre de 2015, una
acción informativa-reivindicativa. “Exigiremos” el derecho de la
población reclusa afectada por hepatitis C a ser tratada en igualdad de
condiciones que el resto de afectados.
El
día 25 haremos llegar sendos documentos al Ministerio De Sanidad e
Instituciones Penitenciarias pidiendo que se nos proporcionen datos
reales. En el primer caso pediremos número de afectados por hepatitis C y
número de pacientes tratados con los nuevos medicamentos libres de
Interferón; en el segundo caso, número de afectados por esta enfermedad
en los centros penitenciarios y número de reclusos tratados con los
medicamentos de última generación; en ambos documentos solicitaremos
también conocer el coste de los nuevos fármacos aprobados en España para
tratar esta enfermedad.
La
tasa mundial de afectados por hepatitis C oscila entre el 1,5 y el 3 %
de la población. En el caso de la población reclusa, según la Sociedad
Española de Sanidad Penitenciaria, el porcentaje es superior al 22%.
El
día 26 las diferentes plataformas que formamos parte de La Coordinadora
efectuaremos concentraciones en las puertas de las prisiones,
Subdelegaciones Del Gobierno, Oficina del Defensor del Pueblo, etc.
Las
dificultades que la totalidad de afectados por esta enfermedad estamos
encontrando para ser tratados con los nuevos medicamentos, libres de
Interferón, que curan nuestra enfermedad en más del 90% de los casos, es
un caso insólito en la Sanidad Pública Española. Los diferentes
organismos competentes en materia sanitaria “exigen” como condición para
tratarnos que nos pongamos “lo suficientemente enfermos”, que estemos
en un estadio de la enfermedad grave o muy grave. Esta condición, con
ser intolerable, es aún peor para la población reclusa; en los centros
penitenciarios el estar gravemente enfermo no te garantiza que vayas a
ser tratado.
Por
eso vemos más necesario que nunca realizar estas acciones y pedir al
resto de Plataformas de afectados por hepatitis C, movimientos sociales,
colectivos, agentes políticos y ciudadanos en general que acudan a
estas acciones y nos ayuden a acabar con esta situación. Como sociedad
no podemos tolerar que dentro de las cárceles españolas sigan muriendo
personas afectadas por una enfermedad para la que existe cura.
Los
artículos 15 y 43 de la Constitución española garantizan el derecho a
la vida e integridad física, así como el derecho a la protección de la
salud. Encontrándose los primeros en el Catálogo de derechos
fundamentales. Estos derechos tienen un carácter absoluto y están entre
aquellos que no pueden verse limitados por pronunciamiento judicial
alguno, ni por ninguna pena.
Artículo
208 del reglamento penitenciario: A todos los internos, sin excepción,
se les garantizará una atención médico-sanitaria equivalente a la
dispensada al conjunto de la población.
Todo aquel que quiera sumarse a esta acción puede dirigirse a lourdes_lsv_25@hotmail.com,os
haremos llegar el cartel y en el caso de las Plataformas, también los
documentos para pedir datos tanto al Ministerio de Sanidad como a IIPP.
Más información:
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Según los últimos datos
proporcionados en 2013 por la propia Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, el 21,3% de las personas presas en las cárceles del
Estado español, unas 14.000 personas, tenían el virus de la hepatitis C
(VHC) y una de cada tres estaba también infectada por el VIH. Ocho de
ellas fallecieron ese año a causa de la hepatitis C, dos más que el año
anterior, a pesar de que la población reclusa había disminuido. La
secretaría general de prisiones admitía que, de la totalidad de personas
afectadas, sólo se estaba tratando al 2,8%, es decir, a 209. El gasto
en tratamientos de hepatitis C bajó un 26,04% entre 2013 y 2012 y un 48%
desde 2006. Y cómo podía ser de otra manera cuando la autoridad
carcelera ha estado restringiendo esos gastos con artimañas como
prohibir a los médicos bajo sus órdenes que prescribieran, ya no los
fármacos de última generación, sino los tratamientos que en la calle
estaban siendo rechazados por las asociaciones de afectados al ser menos
eficaces que aquéllos, no dando otra opción a las personas presas que
conformarse con medicaciones obsoletas, de terribles efectos secundarios
y mucho menos eficaces, o someterse a larguísimas listas de espera que
les permitieran entrar en los “cupos” establecidos con criterios de
ahorro presupuestario. Otro mecanismo encubierto de control y recorte de
gastos: sin ninguna razón terapeútica, los tratamientos se
centralizaron en la Unidad de Custodiados del Hospital Gregorio Marañón
de Madrid, con muy pocas plazas disponibles. Y, encima, cuando las
personas enfermas llegaban allí, después de años de espera, el problema
podía seguir siendo el mismo, que las administraciones no se pusieran de
acuerdo sobre cuál de ellas debía pagar el tratamiento, y al final,
como siempre, los perjudicados los pacientes. Para más inri, una orden
de las altas instancias de la administración carcelera, excluía del
tratamiento a las personas coinfectadas de VHC y VIH, por tergiversación
de los criterios al respecto de la Agencia española del Medicamento,
según los cuales, en realidad, la coinfección lo hace más urgente.
En
la calle, hasta hace muy poco, se estaban negando los últimos y más
eficaces tratamientos a las personas enfermas, por su elevado precio que
la multinacional farmaceútica vendedora se resistía a negociar. Se les
estaban administrando los anteriores, todavía demasiado caros para que
el sistema nacional de salud o el ministerio del interior estuvieran
dispuestos a proporcionárselos a las personas presas. La escandalosa
situación de discriminación y vulneración de los “derechos
fundamentales” de éstas, precisamente por quienes tienen encomendada
legalmente su “tutela”, fue denunciada en su día, por la Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía y la Sociedad Española de Sanidad
Penitenciaria. La evidencia era tan aplastante que hasta una “defensora
del pueblo” tan fría en el ejercicio de sus funciones como la actual
tuvo que reconocer en su informe anual de 2014 que, por razones de
dinero, los “nuevos” medicamentos “no estarían llegando a los presos”,
ni siquiera a muchos a quienes les habían sido prescritos por los
especialistas. Y que la administración penitenciaria se negaba a pagar
el importe económico alegando que debían hacerlo las comunidades
autónomas, y llevando la decisión a los tribunales, mientras las
personas presas enfermas “no reciben el tratamiento prescrito y su
estado de salud se deteriora”. Así que, por “motivos humanitarios”,
pedía a Instituciones Penitenciarias que “proceda al pago de tales
fármacos sin perjuicio de que paralelamente se inicien actuaciones
judiciales”, reconociendo también la mala fe de la administración
carcelaria al tergiversar los criterios de las autoridades sanitarias
para negar el fármaco a las personas presas coinfectadas de VHC y VIH.
Algunas sentencias judiciales han dictaminado también que en referencia a
“la dispensación y el pago, en ambos casos, el obligado es la
Administración Penitenciaria, que debe dispensar esos medicamentos, dado
que las competencias no han sido transferidas a las Comunidades
Autónomas”. Sin embargo, desde la cúpula de la administración carcelera
se sigue afirmando que el gasto corresponde a las “comunidades” las
cuales lo asumen provisionalmente en algunos casos y, en otros, se
niegan en redondo.
Al
menos aparentemente, ya que estamos en “año electoral” y ya sabemos a
qué atenernos en cuanto a promesas de los políticos, algo ha variado la
situación desde que, a finales de marzo de 2015, el ministerio de
sanidad proponía a las comunidades autónomas un “plan estratégico contra
la hepatitis C” que era aceptado por casi todas, para atender con los
nuevos fármacos en los próximos tres años a 52.000 enfermos, de los más
de 700.000 que, según las organizaciones de afectados, hay en el
territorio del Estado español. Se hablaba de un sistema de financiación a
crédito todavía “por discutir” y de pactos con los laboratorios
farmaceúticos, que prometerían ir bajando el precio a medida que la
demanda vaya siendo mayor. Un medio en internet anunciaba a primeros de
abril que Interior había decidido “seguir los pasos de Sanidad” y había
gastado un millón en los nuevos fármacos. Se habló también de una
partida presupuestaria para el 2016 de 20 millones para tratamiento de
la hepatitis C en las cárceles, cantidad que, por otra parte, sólo
alcanzaría para unos 700 tratamientos. Sea como sea, todo hace pensar
que, como advierten las plataformas de afectados que han surgido en todo
el territorio dominado por el Estado español en reivindicación de
tratamientos para todo el mundo, tanto en la calle como en la cárcel va a
ser necesaria la movilización para lograrlos, porque hay claros
indicios de que los planes del gobierno, de por sí insuficientes, pueden
resultar fácilmente papel mojado, por falta de recursos económicos y
voluntad política de desarrollarlos más allá de la demagogia. Sabemos
por experiencia que los gobiernos y administraciones, especialmente la
penitenciaria, no nos reconocerán en la práctica ningún derecho a no ser
que, de algún modo, les obliguemos.
Los
días 25 y 26 de julio, se reunieron en Valladolid una parte importante
de las plataformas de afectados. Con criterios de horizontalidad y
respeto por la autonomía de cada grupo, decidieron constituir una
coordinadora para actuar de común acuerdo exigiendo al Estado, entre
otras cosas, que financie suficientemente el llamado “plan nacional para
el abordaje de la hepatitis C” promulgado en abril por el Gobierno; que
se realice “una campaña de información y detección de la hepatitis C
mediante la búsqueda activa de la enfermedad, ya que gran parte de la
población afectada desconoce que lo es”; que se proporcionen los
tratamientos de última generación, sin discriminación territorial o del
tipo que sea, a todas las personas afectadas, incluidos niños,
independientemente de la fase de la enfermedad en que se encuentren,
“sin tener que esperar a que empeore su salud para poder acceder a ellos
como ocurre en la actualidad”; que la población reclusa afectada
reciba, como marca la ley, la asistencia sanitaria y los tratamientos de
última generación en las mismas condiciones que en la calle. Para
articular esta última reivindicación, decidieron convocar a las personas
participantes en todas las plataformas de afectados a concentrarse el
26 de septiembre en las puertas de las cárceles o frente a las
delegaciones del gobierno o juzgados de vigilancia penitenciaria de cada
territorio.
Los
días 15 y 16 de mayo la gente de la plataforma de afectados por la
hepatitis C de Valladolid trasladó su punto informativo a la cárcel de
Villanubla; se concentraron durante varias horas ante la puerta de la
cárcel en horario de comunicaciones, informando a la gente que entraba y
salía y manifestando de diversas maneras que los presos y las presas
tienen los mismos derechos que el resto de la población. El 14 de junio,
gente de las plataformas de afectados de Palencia y Valladolid se
concentró ante la cárcel de Dueñas para denunciar la discriminación
flagrante de las personas presas enfermas en la administración de los
tratamientos que podrían curarles. El 25 de julio, durante el primer
encuentro de plataformas de afectados por la hepatitis C celebrado en
Valladolid y en el cual se planteó seriamente el tema del derecho de las
personas presas enfermas al mismo tratamiento que las que están en la
calle, se decidió asumirlo como una de las reivindicaciones principales
de las plataformas participantes, así como la convocatoria de
movilización para el 26 de septiembre, y se grabó en video una
“performance” reivindicativa que se difundió luego en internet. El 28 de
julio, “día mundial de la hepatitis C”, la gente de la plataforma de La
Rioja, se concentró ante la cárcel de Logroño, reivindicando
“tratamiento para todos”. La plataforma de Galicia exigió también ese
día que las personas presas afectadas reciban el tratamiento adecuado,
miembros del colectivo participaron en una ofrenda floral ante el
monumento a Concepción Arenal en Vigo, un acto similar se celebró en
Ferrol.
La
estrategia de las plataformas de afectados estaría fundamentalmente
encaminada a presionar al gobierno central y demás administraciones para
que reconozcan en la práctica el derecho a la salud de todas las
personas afectadas. Sus medios serían la actividad legal, jurídica y
administrativa, la apelación directa a las instituciones, partidos
políticos, sindicatos y asociaciones y la “visibilización” del problema
ante la “opinión pública”, a través de su denuncia, debate y difusión en
los “medios de comunicación” y de las movilizaciones dentro del marco
legal vigente. Su objetivo final, que se integren sus demandas en la
legislación y en los planes ejecutivos del Estado. Eso se ve claramente
cuando piden a los partidos que se comprometan a asumir en sus programas
electorales una serie de puntos en relación directa con sus
reivindicaciones o cuando presentan, como podría hacerlo la “oposición”
parlamentaria, un plan estratégico alternativo que podría servir de base
a una negociación con el Gobierno. Se plantean pues un programa de
“movilización social” estrictamente “democrática”, a desarrollar dentro
de una composición de lugar eminentemente ciudadanista.
Si
no nos equivocamos, muy pocos de los grupos e individuos a quienes nos
estamos dirigiendo compartirán ese planteamiento. Nosotros tampoco, ya
que, en realidad, no somos partidarios de la participación en el juego
democrático estatal, que nos parece un sistema de autorregulación del
régimen de dominación y explotación capitalista, de legitimación de
todos sus abusos y manipulaciones, y de articulación de la “libre
competencia” y de la servidumbre voluntaria dentro del ciclo
trabajo-consumo. Nosotros pensamos más bien en la segregación del
sistema, en aprender a solucionar los problemas por nosotros mismos
librándonos cuanto antes de la dependencia con respecto a él, creada por
el monopolio estatal y capitalista del planteamiento y solución
interesada de todos los problemas básicos de la vida social. Pero,
entonces, ¿por qué nos dirigimos a los grupos anarquistas y
anticarcelarios para proponerles participar en esta convocatoria?
Porque
el rechazo de una actividad que no aspira en principio a salir del
marco “democrático”, sino a lograr unos objetivos o reivindicaciones
dentro de él, y su descalificación como “reformista” o
“colaboracionista” nos parece retórica hueca, cuando no se tiene fuerza,
ni siquiera una mínima entidad colectiva, para tomar otra opción, para
hacer otra cosa que no sea proclamar a grandes voces nuestros
irrealizables deseos de destruir las cárceles, el Estado y el Capital.
Quedándose ese rechazo en mero gesto testimonial que nos deja una vez
más encerrados en la irrelevancia del gueto. Dada la inexistencia de un
movimiento real, que sea anticarcelario por ser efectivamente
antiestatista y anticapitalista, no se trata de tomar un camino u otro,
sino de trabajar por constituir una colectividad consciente, una
comunidad de lucha capaz de marcarse objetivos y esforzarse por
alcanzarlos decidiendo en cada momento de qué modo.
Porque,
hoy por hoy, no estamos en condiciones de aspirar seriamente a obligar
al régimen de dominación y explotación a hacer esto, lo otro o lo de más
allá en nuestro beneficio o a dejar de hacerlo en contra nuestra,
cediendo ante nuestra presión directa por miedo a una insumisión
colectiva todavía mayor. Y mucho menos en condiciones de aspirar a
neutralizar su poder sobre las condiciones de vida de una cantidad
significativa de gente. Y no lo estamos, porque somos cuatro gatos
dispersos, sin organización ninguna y sin ninguna capacidad para
ponernos de acuerdo más allá de algunos débiles gestos reivindicativos.
orque,
en consecuencia, pensamos que nuestro objetivo a corto plazo tiene que
ser dar a nuestras energías, las de al menos unas cuantas personas
concretas, una articulación que no solamente adquiera una cierta
permanencia y continuidad, sino que tienda a expandirse. Supongamos que
se formaran una serie de grupos de afinidad anticarcelarios,
constituidos no por compromiso estético o ideológico de sus integrantes,
sino por su implicación verdadera en los concretos problemas que están
intentando plantear, y capaces de autoorganizarse en una lucha efectiva,
aunque sea de corto alcance, pero basada en las necesidades reales y en
los deseos concretos de sus componentes, que alumbraran objetivos y
proyectos fijados de manera pragmática y realista, a perseguir con los
procedimientos y herramientas que fueran capaces de desarrollar en su
realización. Al surgir en una situación en la que la amenaza punitiva
afecta por igual a mucha gente, es de suponer que sus necesidades,
deseos y objetivos, incluso sus prácticas, iban a tener mucho en común
desde un principio. Y supongamos que, por eso mismo, esos grupos
decidieran coordinarse horizontalmente acordando por medio del diálogo
directo una estrategia común y desarrollando unas tácticas de acción
colectiva que les permitan plantearse objetivos concretos cada vez de
mayor alcance… Mientras no hayamos andado un buen trecho en el camino
hacia todo eso, dárnoslas de radicales es fanfarronear.
Porque
el abandono sanitario de las personas presas es uno de los principales
factores que hacen de las cárceles máquinas asesinas y debilitadoras
tanto de los impulsos rebeldes en los oprimidos como de quienes caen
entre sus engranajes por dejarse llevar por esos impulsos, contribuyendo
a crear una infraclase de individuos degradados y debilitados aptos
para ser utilizados como chivo expiatorio social, justificando el
control punitivo sobre los pobres, pues ya sabemos que los de arriba
pueden hacer impunemente lo que les dé le gana.
Porque,
con sólo plantear públicamente la cuestión de la discriminación
sanitaria en el tratamiento de la hepatitis C, se está señalando
claramente este hecho, y resulta positivo que una parte significativa de
la población (hay un mínimo de 700.000 afectados de hepatitis C) se dé
por fin cuenta de que los presos no son sencillamente los malos o los
estúpidos que sufren por serlo un merecido castigo, sino gente de abajo
como ellos a quienes la administración niega las prestaciones sanitarias
y el reconocimiento de unos “derechos fundamentales” cuya defensa es lo
único que puede justificar la existencia del sistema penal y la
sumisión al orden jurídico y político vigente. Y de ahí surge
directamente no sólo el sentimiento, la idea y la experiencia de la
solidaridad, sino la deslegitimación frente a ella del poder punitivo
del Estado.
Porque
ese testimonio de solidaridad y de apoyo por parte de la gente de la
calle, que rompe claramente las condiciones de incomunicación y
aislamiento mutuo impuestas a los dominados por los aparatos de poder,
puede hacer que las personas presas afectadas (al menos unas 14.000) se
animen a movilizarse juntas, a unirse en la lucha, llegando quizá la
presión desde abajo a obligar al Estado y a sus agentes a hacer promesas
cuyo incumplimiento se podría denunciar poniéndoles más y más en
evidencia y hasta a cambiar las medidas que tenían previstas. Logrando
así quienes participen una buena experiencia de su propia fuerza y de
cómo se constituye y actúa, viviendo un primer paso hacia la rebelión
frente a todos los abusos que se cometen cotidianamente en las cárceles y
frente al abuso total que supone su misma existencia.
En
resumen, porque nos parece que la convocatoria de las plataformas de
afectados ofrece una oportunidad de articular prácticamente, con
participación de más gente que nunca, una argumentación antipunitiva,
antiautoritaria, antiestatal y anticapitalista. Confluir con ellas en
una convocatoria puntual no nos obliga a asumir sus planteamientos
ciudadanistas renunciando a los nuestros. Si tenemos claras nuestras
posiciones, podemos defenderlas en todo momento, en la teoría y en la
práctica, contribuyendo al mismo tiempo a crear una situación que podría
ser el principio de una movilización más amplia de las personas presas,
sus amistades y familias, reivindicativa al principio, pero con
posibilidades de extenderse más allá, dada la evidente facilidad para
relacionar el abandono sanitario con la infinidad de abusos y
humillaciones a que da lugar la misma existencia del sistema penal.
Por
todo eso, a todas las personas y grupos libertarios, anarquistas,
autónomos… que vean en la lucha contra la cárcel, el sistema penal y el
poder punitivo del Estado un aspecto fundamental de la lucha por abolir
el régimen totalitario de dominación y explotación que nos oprime, les
proponemos sumarnos a la convocatoria de la coordinadora de plataformas
de afectados por la hepatitis C a concentrarse ante las cárceles,
delegaciones del gobierno y juzgados de vigilancia penitenciaria de todo
el territorio dominado por el Estado español, el próximo 26 de
septiembre, exigiendo
¡FIN DEL ABANDONO SANITARIO EN LAS CÁRCELES!
¡ABAJO EL PODER PUNITIVO!
¡DEMOLICIÓN DE LA MÁQUINA ASESINA!
Grupo Pro Presxs de Madrid; Tokata; Presxs a la Calle Asturies; Ex Presxs Sociales COPEL
Quien quiera suscribir la propuesta puede hacerlo añadiendo un comentario en este enlace: http://tokata.info/propuesta-
