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COMUNICADO SOBRE LA SITUACIÓN DE ALBERTO ROMERO VARELA
Alberto Romero Varela de 56 años de Cubillos del Sil ,El Bierzo (León), actualmente preso en el centro penitenciario de Teixeiro se encuentra gravemente enfermo. El propio médico de esta cárcel de Teixeiro ha pedido la excarcelación de Alberto y supuestamente debería de estar en la Junta de tratamiento.
Alberto Romero Varela padece de Neoplasia de unión rectosigmoidea de carácter estenosante y tumor sincrónico (CE) de región orofaríngea (amigdalar) izquierda con metástasis ganglionar ipsilateral.
Tiene tres citas pendientes para consulta externa o prueba diagnostica en el hospital clínico universitario para las fechas 27/6/2022 a las 09:40, 1/07/2022 a las 11:00 y 13/07/2022 a las 17:35 y de las cuales nadie sabe nada en prisión.
Según las leyes penales (artículo 91 CP) y penitenciaria (artículos 104.4 y 196 RP), debería ser clasificado en tercer grado y puesto en libertad condicional, por tratarse de un "paciente muy grave con enfermedades incurables".
Considerando, al mismo tiempo, que la deficiente sanidad penitenciaria no posibilita que reciba un tratamiento médico-sanitario equivalente al que tendría derecho en la calle cualquier ciudadano o ciudadana, no llegaría a cumplir su condena que finalizaría en el 2024, falleciendo dentro de prisión.
Reclamamos su liberación para que pueda recibir tratamiento oncológico y unos cuidados médicos adecuados y, si tiene que morir, sea dignamente y rodeado de su familia.
Sábado 27 de junio:
CONCENTRACIÓN EN VILLANUBLA (Valladolid) - 12'00
https://elotrovalladolid.es/evento/6287
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Sábado 27 de junio.
CONCENTRACIÓN EN DUEÑAS (Palencia) - 12'00
(Resumen de la marcha del dia 15D a la cárcel de Dueñas, tomado de presxs en lucha)
El 15 Diciembre 2018 algunxs compañerxs de diversos lugares nos hemos concentrado delante de la prisión de La Moraleja (en Dueñas). Los motivos que nos han empujado a hacerlo son varios:
1) Allí estaba el compañero Ruiman encerrado hasta hace unos días. La semana pasada se realizo una campaña en su solidaridad ( envió de faxes, llamadas,etc) y al segundo día de campaña lo han enviado a su tierra, siendo esta, una de las reivindicaciones que se exigían, no podemos estar mas contentos. Estaremos felices cuando lo veamos en la calle libre y vivo. Mientras tanto que no se crean los de IIPP que lo hemos olvidado, por el también estuvimos y estaremos en alerta, hasta que veamos cumplidas todas nuestras/suyas reivindicaciones.;
2) En solidaridad con todxs lxs presxs en lucha que actualmente están en huelga de hambre (del 15 al 25 Diciembre). Una lucha individual y al mismo tiempo colectiva, por la libertad, por la dignidad, por la salud en definitiva por aquello que nos hace hombre y mujeres libres en nuestros designios, por la hermandad entre lxs oprimidxs y la guerra al vil explotador y opresor.
La protesta a medio día ha transcurrido con normalidad, se ha puesto música, hablado por el micrófono, conversado con algún preso y muchos de ellos respondían con saludos desde las ventanas. Se ha circundado la prisión y por medio de unos globos se han levantado algunas reivindicaciones escritas en algunos folios. Los guardianes, poco propensos a leer y al frió continuaban a pasar en sus coches y grabándonos con cámaras de vídeo. Los compañerxs presentes hemos decidido dar por concluido este momento de protesta hacia las 15 horas, cuando las pocas familias que habían acudido a visitar a sus familiares presos abandonaban el lugar. Nos llamó la atención los pocos familiares que acudían a las visitas. Hay que agradecer de esto a la huelga que están haciendo los carceleros que a conciencia están obstaculizando la normales visitas. No son carceleros son asesinos a sueldo.
Animo a todos y todas en estos días (y en los venideros).
Hasta que todxs seamos libres!!
Si tocan a unx, nos tocan a todxs
(A)
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INFOS ANTERIORES:
http://valladolorentodaspartes.blogspot.com/2018/11/anticarcelario-otra-condena-muerte.html
Ayer se celebró en Valladolid la CHARLA SOBRE LA SITUACIÓN SANITARIA EN LAS CÁRCELES de Castilla y León, situación similar sino idéntica a la que se produce en los centros de exterminio a lo largo y ancho del estado español.
Tras los muros de las prisiones españolas: Se oculta deliberadamente que nuestra tasa por homicidios es solamente del 0.7% frente al 4,1% promedio de la OCDE, y la de reclusión por delitos contra las personas apenas supera el 16% frente al 76 % de los delitos que lo son contra la propiedad y el patrimonio, y que en un 80% de éstos ,se trata pequeños delitos contra la Salud Pública por el consumo o el llamado trapicheo de drogas, o de los cometidos con el fin de obtenerlas o bajo su influencia ,en su mayoría hurtos, robos de coches o pequeños robos en comercios y/o domicilios Otros datos concluyentes demuestran la certeza de que nuestro Código Penal lo que castiga con más severidad es la pobreza y la exclusión social:
Según los datos que recoge la RESCOP (Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario) antes de su ingreso en prisión, casi la mitad de los reclusos estaban en desempleo y/o integrados en la economía sumergida, más de la mitad tenían antecedentes de abuso de drogas o dependencia de ellas, un 13% procedían de Centros de Menores y uno de cada cuatro reclusos tenían problemas de Salud Mental previos a su reclusión penitenciaria
Como señala Jorge Ollero, coordinador del Área Jurídica y de Justicia Restaurativa de la Federación Andaluza:
“Las que acaban en prisión son las personas más pobres, más vulnerables, procedentes de barrios desfavorecidos y con problemas de drogodependencias. Suelen ser chicos jóvenes, que comienzan en el consumo de drogas de una manera desordenada, con poco cuidado para su salud, y al meterse en esa espiral de drogodependencia acaban cometiendo muchos delitos de poca entidad, pero que se les van sumando, y acaban en prisión cumpliendo condenas de 15 o 20 años por haberse pasado unos años robando radios de los coches y cosas por el estilo”
España es el país de Europa, junto a Portugal y Grecia , donde se da la menor tasa de criminalidad (un 27% menor que el promedio europeo) y paradójicamente su población reclusa supera el doble de la media europea (y concretamente un 32 % por encima de países como Reino Unido, Francia, Alemania e Italia), lo que es En España más de un 40% de las y los reclusos está sujeto a tratamiento por trastornos mentales debido en gran parte al aumento de duración de las penas tras sucesivas modificaciones del Código Penal y a las numerosas situaciones de prisión provisional preventiva por la lentitud del sistema judicial y también a la importante tasa de reincidencia, por las mismas causas. Los datos corroboran el hecho de que
Existe una interrelación más que evidente entre pobreza, exclusión social, drogas, locura y prisión.
Tras la intervención de un compañero de CNT y del representante de OTEANDO (v. http://ultimocero.com/opinion/2018/03/21/la-salud-robada-cuatro-muros-notas-la-asistencia-sanitaria-las-prisiones/) pudimos escuchar el testimonio del compañero JUANKAR, que copiamos íntegro a continuación:
NO ENFERMOS /AS EN PRISIÓN
Los artículos 104.4 y 196 del Reglamento Penitenciario
regulan el adelantamiento de la libertad kondicional a enfermos/as muy graves
kon padecimientos inkurables. Afekta, en gran medida, a enfermos/as de VIH pero
también a akellos/as kompañeros/as afektados/as por káncer o kualkier otra
enfermedad de karákter grave ke ponga en peligro sus vidas. No obstante, este
precepto reglamentario no se kumple y en los kampos de exterminio ibérikos hay
muchos/as kompañeros/as muriéndose lenta y silenciosamente de VIH y kuando se
les decide exkarcelar os garantizo a los presentes ke les kedan unos meses de
vida.
[El número de] Los/as enfermos/as de VIH en los centros de exterminio ibérikos es 28 veces superior a los kasos existentes en la kalle. Afekta, según estadístikas fiables, a un 9 o 11% de la población reklusa. La legislación podría ponerles perfektamente en libertad por razones humanitarias y de mera cuestión de dignidad personal, pero se está aplikando tan a cuenta gotas ke los/as kompañeros/as presas se ven abokados/as a morir en la kárcel, de kárcel o, si se produce la liberación, morirán al poko tiempo.
Las condiciones de la kárcel agravan konsiderablemente las enfermedades de las personas, básikamente por la mala kalidad de la komida, o bien porke no se proporcionan los regímenes alimenticios ke se precisan y porke, primordialmente, no hemos de olvidar ke la kárcel en sí es un medio hostil y violento ke perjudika notablemente la salud de las personas rekluidas en sus entrañas.
La estrategia exterminadora institucional konsiste en
liberar a nuestros/as presas enfermos/as únikamente kuando están al borde la
muerte, porke muriendo en la kalle no
engrosasn las nefastas estadístikas de fallecimiento en prisión. Mientras tanto
se les mantiene sekuestrados/as en condiciones infrahumanas, sometidos/as a
regímenes ke distan mucho de la dignidad humana.
La situación médiko-sanitaria en general no hace más ke
empeorar. En la reforma del Régimen Penitenciario del año 96 se estableció un
modelo sanitario mixto en el ke se recogía, klaramente, ke la atención primaria
korrería a kargo de la administración,
kon medios propios o koncertados. Esta rekomendación kasi siempre se
enkomienda al cuerpo médiko karcelero, kon lo kual la relación penitenciaria de
sujeción especial prima por encima del sujeto/a enfermo/a.
La mayoría del personal médiko-sanitario de prisiones son personas malhumoradas, autoritarias, karentes de sensibilidad en su amplia mayoría y, en suma, negligentes ke defienden kon su ceguera los intereses de la administración karcelaria. Realizan una labor de enkubrir las torturas o malos tratos y falsean deskaradamente los partes de lesiones ke puedan poner de manifiesto ke las kárceles ibérikas no son esos hotelitos vakacionales ke generalmente se nos presentan en los medios desinformativos nazi-onales.
La ley de Kohesión y kalidad del sistema nacional de salud
de 2003 fija un plazo de 18 meses para la integración de la sanidad karcelaria
a las komunidades autónomas. Solamente Catalunya y País Basko han asumido en la
aktualidad estas competencias. El abandono administrativo y la deskordinación
tienen komo konsekuencias (en contra de sus propias leguleyas) ke la atención
médiko-sanitaria y las prestaciones farmaceútikas y komplementarias ke reciben
los/las kompañeros/as presas sean muchísimo más deficitarias ke las de la
población en libertad.
Komo ejemplo manifiesto de ello, tomamos komo base la
situación de los kompañeros/as presas infektadas por VHC, kuya existencia en
los kampos de exterminio ibérikos es sangrantemente superior a los de la kalle.
Un 22% de la población reklusa (más de 14.000 personas está afekatada por VHC y
de este porcentaje, un 40’5% (es decir, un 10% de las personas presas, 6300
aproximadamente) son koinfektados/as kon el VIH. La aktitud mantenida por la
administración karcelaria ha sido en todo momento la de restringir, para
ahorrarse unos miles de eurillos, el acceso de los/as compañros/as presas a los
nuevos tratamientos kapaces de kurar en un 90% de los kasos de VHC.
Los máximos responsables de la administración karcelaria prohíben a los mercenarios m´dikos a sus órdenes la preskripción de los nuevos fármakos, exkluyendo a los/as koinfectados/as, estableciendo kupos, poniendo komo kondición para su administración el traslado al Hospital Gregorio Marañón de Madrid; negándose por aktiva y por pasiva a pagarlos, alegando kon notoria mala fe ke los gastos le korrespondían a las CC.AA. donde se hallaban rekluidos nuestro/as kompañeros/as aunque para ello tuvieran ke entrar en eterno litigio kon ellas. Llegando incluso a desobedecer varias sentencias judiciales ke le obligaban a suministrar los medikamentos a los/as presas.
El gasto de VHC bajó un 26’4% entre 2012 y 2013 y un 48% desde 2006. Más tarde se aprobó una partida presupuestaria para el 2016 de 20 millones de euros para tratamientos de VHC, kantidad deficitaria pues solo alkanza a unas 700 personas.
La autoridad karcelaria sigue negándose a poner ni un solo euro más para kubrir las responsabilidades sanitarias kon los/as aministrados/as. Se atienden los kasos más sangrantes y son las CC.AA las ke se hacen kargo, en su mayoría, de los gastos.
Según informes penitenciarios, de 2576 presos/as ke se hallan en los estados más graves tan solo han sido tratados kon los nuevos fármakos konsiderados de última generación unos/as 622 personas; un 24% del total y los koinfectados/as kon el VIH (ke en la kalle serían tratados/as kon urgencia) kontinuan en el abandono. Lo kual me lleva a konkluir ke se está realizando un makrogenocidio evidente.
Rekalkamos también la situación de enfermos/as mentales, ke son mayoritarios en prisión. Según informes oficiales, un 40% de la población reklusa padece algún tipo de trastorno psíkiko, graves en un 8% de los kasos y entre un 70 y un 80% tienen problemas de drogodependencia.
Nos enkontramos kon un mogollón de personas presas kon problemas psikiátrikos ke no reciben ningún tipo de tratamiento adekuado; sino ke además por su inadaptación al régimen karcelario y sus abusivas normas, son destinadas a departamentos de aislamiento. Este régimen agrava konsiderablemente sus padecimientos porke las condiciones de aislamiento son tan inhumanas ke akacan agravando los brotes psikótikos ke padecen nuestros/as kompañeros/as.
De otra forma, kiero visualizar ke se está dando medikación psikiátrika a mansalva a nuestros/as presas para ke no molesten o reivindiquen las pésimas condiciones de vida a las ke están sometidos/as. Inkluso se les está dispensando metadona a akellas personas ke no han tenido problemas adiktivos en la kalle. Esta situación konlleva ke la konviviencia en los patios sea kada vez más insoportable y en último extremo konducen a la población reklusa a ser zombis ke no son konscientes de sus aktos.
TXARLA CONTRA LA DESATENCIÓN SANITARIA
EN LOS KAMPOS DE EXTERMINIO IBÉRIKOS
Valladolid, a 22/03/2018.
TRAS esta intervención, hubo debate en el que se recordó el PROCESO DE LUCHA ABIERTO EN LAS CÁRCELES y las 12 reivindicaciones de los PRES.O.S. EN LUCHA, así como la propuesta de lucha a partir del 1º de mayo.
Se recalcó que las cárceles están hechas para lxs pobres y rebeldes, que el/la rico/a nunca entra y si no ahí están Urdangarín y tantxs otrxs para confirmarlo.
Se abundó también en la situación sanitaria con casos concretos (un preso al que le tuvieron que cortar las piernas por falta de atención médica o el más conocido del preso al que le mandaron a la morgue hasta 3 médicos y luego estaba vivo).
El acto terminó con lxs presentes cantando
ABAJO LOS MUROS DE LAS PRISIONES
INFORME SANIDAD EN PRISIÓN: https://www.apdha.org/media/informe-sanidad-en-prision-web.pdf
http://ultimocero.com/opinion/2018/03/21/la-salud-robada-cuatro-muros-notas-la-asistencia-sanitaria-las-prisiones/
Huelgas de hambre y protestas en las cárceles del estado español: http://valladolorentodaspartes.blogspot.com.es/2018/02/estado-espanol-huelgas-de-hambre-y.html
Este sábado día 26 de noviembre la Plataforma de Afectados por Heptitis C de Valladolid llevaremos a cabo un "Tour Teatral: TRATAMIENTO PARA TODOS" por varios puntos de la ciudad, comenzando en el Hospital ´Río Hortega (11ºº horas) y finalizando en la Plaza San Pablo (13,30 horas).
Queremos agradecer a Cristina Calleja por su apoyo en la dirección técnica, artística, humana,... para llevar a cabo este tour Teatral. Os adjuntamos el cartel y esperamos vuestra presencia en cualquiera de los cuatro puntos de representación.
Hoy jueves, día 16 de junio, a las 13ºº horas, nos concentraremos en la Consejería de Sanidad de Valladolid (Pª Zorrilla nº 1) en apoyo a los compañeros y compañeras que han emprendido el camino de la denuncia para conseguir el tratamiento que les cure no sólo a ellos sino a todos los enfermos que están en su misma situación. Y que tienen que esperar a empeorar para que puedean ser tratados con los antivirales de última generación.
Este es el segundo paso que dan.
El pasado 12 de mayo, se registró la denuncia dirigida a los directores de los Hospitales Clínico y Río Hortega de Valladolid.
Hemos recibido sólo una respuesta a las seis reclamaciones y resuelve que no se les da el tratamiento porque no entran en el Plan para la Erradicación de la Hepatitis C (PEAHC).
Es decir, nos tratan como mercancías y no como personas.Cuanto más enfermemos para que nos den el tratamiento más caro saldrá para la Sanidad Pública.
Convocatorias y Propuesta de Movilización Colectiva para Luchar por los nuevos tratamientos contra la Hepatitis C en las cárceles.
CONVOCATORIA
Los
integrantes de La Coordinadora de Afectados por Hepatitis C vamos a
llevar a cabo, los próximos días 25 y 26 de Septiembre de 2015, una
acción informativa-reivindicativa. “Exigiremos” el derecho de la
población reclusa afectada por hepatitis C a ser tratada en igualdad de
condiciones que el resto de afectados.
El
día 25 haremos llegar sendos documentos al Ministerio De Sanidad e
Instituciones Penitenciarias pidiendo que se nos proporcionen datos
reales. En el primer caso pediremos número de afectados por hepatitis C y
número de pacientes tratados con los nuevos medicamentos libres de
Interferón; en el segundo caso, número de afectados por esta enfermedad
en los centros penitenciarios y número de reclusos tratados con los
medicamentos de última generación; en ambos documentos solicitaremos
también conocer el coste de los nuevos fármacos aprobados en España para
tratar esta enfermedad.
La
tasa mundial de afectados por hepatitis C oscila entre el 1,5 y el 3 %
de la población. En el caso de la población reclusa, según la Sociedad
Española de Sanidad Penitenciaria, el porcentaje es superior al 22%.
El
día 26 las diferentes plataformas que formamos parte de La Coordinadora
efectuaremos concentraciones en las puertas de las prisiones,
Subdelegaciones Del Gobierno, Oficina del Defensor del Pueblo, etc.
Las
dificultades que la totalidad de afectados por esta enfermedad estamos
encontrando para ser tratados con los nuevos medicamentos, libres de
Interferón, que curan nuestra enfermedad en más del 90% de los casos, es
un caso insólito en la Sanidad Pública Española. Los diferentes
organismos competentes en materia sanitaria “exigen” como condición para
tratarnos que nos pongamos “lo suficientemente enfermos”, que estemos
en un estadio de la enfermedad grave o muy grave. Esta condición, con
ser intolerable, es aún peor para la población reclusa; en los centros
penitenciarios el estar gravemente enfermo no te garantiza que vayas a
ser tratado.
Por
eso vemos más necesario que nunca realizar estas acciones y pedir al
resto de Plataformas de afectados por hepatitis C, movimientos sociales,
colectivos, agentes políticos y ciudadanos en general que acudan a
estas acciones y nos ayuden a acabar con esta situación. Como sociedad
no podemos tolerar que dentro de las cárceles españolas sigan muriendo
personas afectadas por una enfermedad para la que existe cura.
Los
artículos 15 y 43 de la Constitución española garantizan el derecho a
la vida e integridad física, así como el derecho a la protección de la
salud. Encontrándose los primeros en el Catálogo de derechos
fundamentales. Estos derechos tienen un carácter absoluto y están entre
aquellos que no pueden verse limitados por pronunciamiento judicial
alguno, ni por ninguna pena.
Artículo
208 del reglamento penitenciario: A todos los internos, sin excepción,
se les garantizará una atención médico-sanitaria equivalente a la
dispensada al conjunto de la población.
Todo aquel que quiera sumarse a esta acción puede dirigirse a lourdes_lsv_25@hotmail.com,os
haremos llegar el cartel y en el caso de las Plataformas, también los
documentos para pedir datos tanto al Ministerio de Sanidad como a IIPP.
Más información:
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Según los últimos datos
proporcionados en 2013 por la propia Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, el 21,3% de las personas presas en las cárceles del
Estado español, unas 14.000 personas, tenían el virus de la hepatitis C
(VHC) y una de cada tres estaba también infectada por el VIH. Ocho de
ellas fallecieron ese año a causa de la hepatitis C, dos más que el año
anterior, a pesar de que la población reclusa había disminuido. La
secretaría general de prisiones admitía que, de la totalidad de personas
afectadas, sólo se estaba tratando al 2,8%, es decir, a 209. El gasto
en tratamientos de hepatitis C bajó un 26,04% entre 2013 y 2012 y un 48%
desde 2006. Y cómo podía ser de otra manera cuando la autoridad
carcelera ha estado restringiendo esos gastos con artimañas como
prohibir a los médicos bajo sus órdenes que prescribieran, ya no los
fármacos de última generación, sino los tratamientos que en la calle
estaban siendo rechazados por las asociaciones de afectados al ser menos
eficaces que aquéllos, no dando otra opción a las personas presas que
conformarse con medicaciones obsoletas, de terribles efectos secundarios
y mucho menos eficaces, o someterse a larguísimas listas de espera que
les permitieran entrar en los “cupos” establecidos con criterios de
ahorro presupuestario. Otro mecanismo encubierto de control y recorte de
gastos: sin ninguna razón terapeútica, los tratamientos se
centralizaron en la Unidad de Custodiados del Hospital Gregorio Marañón
de Madrid, con muy pocas plazas disponibles. Y, encima, cuando las
personas enfermas llegaban allí, después de años de espera, el problema
podía seguir siendo el mismo, que las administraciones no se pusieran de
acuerdo sobre cuál de ellas debía pagar el tratamiento, y al final,
como siempre, los perjudicados los pacientes. Para más inri, una orden
de las altas instancias de la administración carcelera, excluía del
tratamiento a las personas coinfectadas de VHC y VIH, por tergiversación
de los criterios al respecto de la Agencia española del Medicamento,
según los cuales, en realidad, la coinfección lo hace más urgente.
En
la calle, hasta hace muy poco, se estaban negando los últimos y más
eficaces tratamientos a las personas enfermas, por su elevado precio que
la multinacional farmaceútica vendedora se resistía a negociar. Se les
estaban administrando los anteriores, todavía demasiado caros para que
el sistema nacional de salud o el ministerio del interior estuvieran
dispuestos a proporcionárselos a las personas presas. La escandalosa
situación de discriminación y vulneración de los “derechos
fundamentales” de éstas, precisamente por quienes tienen encomendada
legalmente su “tutela”, fue denunciada en su día, por la Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía y la Sociedad Española de Sanidad
Penitenciaria. La evidencia era tan aplastante que hasta una “defensora
del pueblo” tan fría en el ejercicio de sus funciones como la actual
tuvo que reconocer en su informe anual de 2014 que, por razones de
dinero, los “nuevos” medicamentos “no estarían llegando a los presos”,
ni siquiera a muchos a quienes les habían sido prescritos por los
especialistas. Y que la administración penitenciaria se negaba a pagar
el importe económico alegando que debían hacerlo las comunidades
autónomas, y llevando la decisión a los tribunales, mientras las
personas presas enfermas “no reciben el tratamiento prescrito y su
estado de salud se deteriora”. Así que, por “motivos humanitarios”,
pedía a Instituciones Penitenciarias que “proceda al pago de tales
fármacos sin perjuicio de que paralelamente se inicien actuaciones
judiciales”, reconociendo también la mala fe de la administración
carcelaria al tergiversar los criterios de las autoridades sanitarias
para negar el fármaco a las personas presas coinfectadas de VHC y VIH.
Algunas sentencias judiciales han dictaminado también que en referencia a
“la dispensación y el pago, en ambos casos, el obligado es la
Administración Penitenciaria, que debe dispensar esos medicamentos, dado
que las competencias no han sido transferidas a las Comunidades
Autónomas”. Sin embargo, desde la cúpula de la administración carcelera
se sigue afirmando que el gasto corresponde a las “comunidades” las
cuales lo asumen provisionalmente en algunos casos y, en otros, se
niegan en redondo.
Al
menos aparentemente, ya que estamos en “año electoral” y ya sabemos a
qué atenernos en cuanto a promesas de los políticos, algo ha variado la
situación desde que, a finales de marzo de 2015, el ministerio de
sanidad proponía a las comunidades autónomas un “plan estratégico contra
la hepatitis C” que era aceptado por casi todas, para atender con los
nuevos fármacos en los próximos tres años a 52.000 enfermos, de los más
de 700.000 que, según las organizaciones de afectados, hay en el
territorio del Estado español. Se hablaba de un sistema de financiación a
crédito todavía “por discutir” y de pactos con los laboratorios
farmaceúticos, que prometerían ir bajando el precio a medida que la
demanda vaya siendo mayor. Un medio en internet anunciaba a primeros de
abril que Interior había decidido “seguir los pasos de Sanidad” y había
gastado un millón en los nuevos fármacos. Se habló también de una
partida presupuestaria para el 2016 de 20 millones para tratamiento de
la hepatitis C en las cárceles, cantidad que, por otra parte, sólo
alcanzaría para unos 700 tratamientos. Sea como sea, todo hace pensar
que, como advierten las plataformas de afectados que han surgido en todo
el territorio dominado por el Estado español en reivindicación de
tratamientos para todo el mundo, tanto en la calle como en la cárcel va a
ser necesaria la movilización para lograrlos, porque hay claros
indicios de que los planes del gobierno, de por sí insuficientes, pueden
resultar fácilmente papel mojado, por falta de recursos económicos y
voluntad política de desarrollarlos más allá de la demagogia. Sabemos
por experiencia que los gobiernos y administraciones, especialmente la
penitenciaria, no nos reconocerán en la práctica ningún derecho a no ser
que, de algún modo, les obliguemos.
Los
días 25 y 26 de julio, se reunieron en Valladolid una parte importante
de las plataformas de afectados. Con criterios de horizontalidad y
respeto por la autonomía de cada grupo, decidieron constituir una
coordinadora para actuar de común acuerdo exigiendo al Estado, entre
otras cosas, que financie suficientemente el llamado “plan nacional para
el abordaje de la hepatitis C” promulgado en abril por el Gobierno; que
se realice “una campaña de información y detección de la hepatitis C
mediante la búsqueda activa de la enfermedad, ya que gran parte de la
población afectada desconoce que lo es”; que se proporcionen los
tratamientos de última generación, sin discriminación territorial o del
tipo que sea, a todas las personas afectadas, incluidos niños,
independientemente de la fase de la enfermedad en que se encuentren,
“sin tener que esperar a que empeore su salud para poder acceder a ellos
como ocurre en la actualidad”; que la población reclusa afectada
reciba, como marca la ley, la asistencia sanitaria y los tratamientos de
última generación en las mismas condiciones que en la calle. Para
articular esta última reivindicación, decidieron convocar a las personas
participantes en todas las plataformas de afectados a concentrarse el
26 de septiembre en las puertas de las cárceles o frente a las
delegaciones del gobierno o juzgados de vigilancia penitenciaria de cada
territorio.
Los
días 15 y 16 de mayo la gente de la plataforma de afectados por la
hepatitis C de Valladolid trasladó su punto informativo a la cárcel de
Villanubla; se concentraron durante varias horas ante la puerta de la
cárcel en horario de comunicaciones, informando a la gente que entraba y
salía y manifestando de diversas maneras que los presos y las presas
tienen los mismos derechos que el resto de la población. El 14 de junio,
gente de las plataformas de afectados de Palencia y Valladolid se
concentró ante la cárcel de Dueñas para denunciar la discriminación
flagrante de las personas presas enfermas en la administración de los
tratamientos que podrían curarles. El 25 de julio, durante el primer
encuentro de plataformas de afectados por la hepatitis C celebrado en
Valladolid y en el cual se planteó seriamente el tema del derecho de las
personas presas enfermas al mismo tratamiento que las que están en la
calle, se decidió asumirlo como una de las reivindicaciones principales
de las plataformas participantes, así como la convocatoria de
movilización para el 26 de septiembre, y se grabó en video una
“performance” reivindicativa que se difundió luego en internet. El 28 de
julio, “día mundial de la hepatitis C”, la gente de la plataforma de La
Rioja, se concentró ante la cárcel de Logroño, reivindicando
“tratamiento para todos”. La plataforma de Galicia exigió también ese
día que las personas presas afectadas reciban el tratamiento adecuado,
miembros del colectivo participaron en una ofrenda floral ante el
monumento a Concepción Arenal en Vigo, un acto similar se celebró en
Ferrol.
La
estrategia de las plataformas de afectados estaría fundamentalmente
encaminada a presionar al gobierno central y demás administraciones para
que reconozcan en la práctica el derecho a la salud de todas las
personas afectadas. Sus medios serían la actividad legal, jurídica y
administrativa, la apelación directa a las instituciones, partidos
políticos, sindicatos y asociaciones y la “visibilización” del problema
ante la “opinión pública”, a través de su denuncia, debate y difusión en
los “medios de comunicación” y de las movilizaciones dentro del marco
legal vigente. Su objetivo final, que se integren sus demandas en la
legislación y en los planes ejecutivos del Estado. Eso se ve claramente
cuando piden a los partidos que se comprometan a asumir en sus programas
electorales una serie de puntos en relación directa con sus
reivindicaciones o cuando presentan, como podría hacerlo la “oposición”
parlamentaria, un plan estratégico alternativo que podría servir de base
a una negociación con el Gobierno. Se plantean pues un programa de
“movilización social” estrictamente “democrática”, a desarrollar dentro
de una composición de lugar eminentemente ciudadanista.
Si
no nos equivocamos, muy pocos de los grupos e individuos a quienes nos
estamos dirigiendo compartirán ese planteamiento. Nosotros tampoco, ya
que, en realidad, no somos partidarios de la participación en el juego
democrático estatal, que nos parece un sistema de autorregulación del
régimen de dominación y explotación capitalista, de legitimación de
todos sus abusos y manipulaciones, y de articulación de la “libre
competencia” y de la servidumbre voluntaria dentro del ciclo
trabajo-consumo. Nosotros pensamos más bien en la segregación del
sistema, en aprender a solucionar los problemas por nosotros mismos
librándonos cuanto antes de la dependencia con respecto a él, creada por
el monopolio estatal y capitalista del planteamiento y solución
interesada de todos los problemas básicos de la vida social. Pero,
entonces, ¿por qué nos dirigimos a los grupos anarquistas y
anticarcelarios para proponerles participar en esta convocatoria?
Porque
el rechazo de una actividad que no aspira en principio a salir del
marco “democrático”, sino a lograr unos objetivos o reivindicaciones
dentro de él, y su descalificación como “reformista” o
“colaboracionista” nos parece retórica hueca, cuando no se tiene fuerza,
ni siquiera una mínima entidad colectiva, para tomar otra opción, para
hacer otra cosa que no sea proclamar a grandes voces nuestros
irrealizables deseos de destruir las cárceles, el Estado y el Capital.
Quedándose ese rechazo en mero gesto testimonial que nos deja una vez
más encerrados en la irrelevancia del gueto. Dada la inexistencia de un
movimiento real, que sea anticarcelario por ser efectivamente
antiestatista y anticapitalista, no se trata de tomar un camino u otro,
sino de trabajar por constituir una colectividad consciente, una
comunidad de lucha capaz de marcarse objetivos y esforzarse por
alcanzarlos decidiendo en cada momento de qué modo.
Porque,
hoy por hoy, no estamos en condiciones de aspirar seriamente a obligar
al régimen de dominación y explotación a hacer esto, lo otro o lo de más
allá en nuestro beneficio o a dejar de hacerlo en contra nuestra,
cediendo ante nuestra presión directa por miedo a una insumisión
colectiva todavía mayor. Y mucho menos en condiciones de aspirar a
neutralizar su poder sobre las condiciones de vida de una cantidad
significativa de gente. Y no lo estamos, porque somos cuatro gatos
dispersos, sin organización ninguna y sin ninguna capacidad para
ponernos de acuerdo más allá de algunos débiles gestos reivindicativos.
orque,
en consecuencia, pensamos que nuestro objetivo a corto plazo tiene que
ser dar a nuestras energías, las de al menos unas cuantas personas
concretas, una articulación que no solamente adquiera una cierta
permanencia y continuidad, sino que tienda a expandirse. Supongamos que
se formaran una serie de grupos de afinidad anticarcelarios,
constituidos no por compromiso estético o ideológico de sus integrantes,
sino por su implicación verdadera en los concretos problemas que están
intentando plantear, y capaces de autoorganizarse en una lucha efectiva,
aunque sea de corto alcance, pero basada en las necesidades reales y en
los deseos concretos de sus componentes, que alumbraran objetivos y
proyectos fijados de manera pragmática y realista, a perseguir con los
procedimientos y herramientas que fueran capaces de desarrollar en su
realización. Al surgir en una situación en la que la amenaza punitiva
afecta por igual a mucha gente, es de suponer que sus necesidades,
deseos y objetivos, incluso sus prácticas, iban a tener mucho en común
desde un principio. Y supongamos que, por eso mismo, esos grupos
decidieran coordinarse horizontalmente acordando por medio del diálogo
directo una estrategia común y desarrollando unas tácticas de acción
colectiva que les permitan plantearse objetivos concretos cada vez de
mayor alcance… Mientras no hayamos andado un buen trecho en el camino
hacia todo eso, dárnoslas de radicales es fanfarronear.
Porque
el abandono sanitario de las personas presas es uno de los principales
factores que hacen de las cárceles máquinas asesinas y debilitadoras
tanto de los impulsos rebeldes en los oprimidos como de quienes caen
entre sus engranajes por dejarse llevar por esos impulsos, contribuyendo
a crear una infraclase de individuos degradados y debilitados aptos
para ser utilizados como chivo expiatorio social, justificando el
control punitivo sobre los pobres, pues ya sabemos que los de arriba
pueden hacer impunemente lo que les dé le gana.
Porque,
con sólo plantear públicamente la cuestión de la discriminación
sanitaria en el tratamiento de la hepatitis C, se está señalando
claramente este hecho, y resulta positivo que una parte significativa de
la población (hay un mínimo de 700.000 afectados de hepatitis C) se dé
por fin cuenta de que los presos no son sencillamente los malos o los
estúpidos que sufren por serlo un merecido castigo, sino gente de abajo
como ellos a quienes la administración niega las prestaciones sanitarias
y el reconocimiento de unos “derechos fundamentales” cuya defensa es lo
único que puede justificar la existencia del sistema penal y la
sumisión al orden jurídico y político vigente. Y de ahí surge
directamente no sólo el sentimiento, la idea y la experiencia de la
solidaridad, sino la deslegitimación frente a ella del poder punitivo
del Estado.
Porque
ese testimonio de solidaridad y de apoyo por parte de la gente de la
calle, que rompe claramente las condiciones de incomunicación y
aislamiento mutuo impuestas a los dominados por los aparatos de poder,
puede hacer que las personas presas afectadas (al menos unas 14.000) se
animen a movilizarse juntas, a unirse en la lucha, llegando quizá la
presión desde abajo a obligar al Estado y a sus agentes a hacer promesas
cuyo incumplimiento se podría denunciar poniéndoles más y más en
evidencia y hasta a cambiar las medidas que tenían previstas. Logrando
así quienes participen una buena experiencia de su propia fuerza y de
cómo se constituye y actúa, viviendo un primer paso hacia la rebelión
frente a todos los abusos que se cometen cotidianamente en las cárceles y
frente al abuso total que supone su misma existencia.
En
resumen, porque nos parece que la convocatoria de las plataformas de
afectados ofrece una oportunidad de articular prácticamente, con
participación de más gente que nunca, una argumentación antipunitiva,
antiautoritaria, antiestatal y anticapitalista. Confluir con ellas en
una convocatoria puntual no nos obliga a asumir sus planteamientos
ciudadanistas renunciando a los nuestros. Si tenemos claras nuestras
posiciones, podemos defenderlas en todo momento, en la teoría y en la
práctica, contribuyendo al mismo tiempo a crear una situación que podría
ser el principio de una movilización más amplia de las personas presas,
sus amistades y familias, reivindicativa al principio, pero con
posibilidades de extenderse más allá, dada la evidente facilidad para
relacionar el abandono sanitario con la infinidad de abusos y
humillaciones a que da lugar la misma existencia del sistema penal.
Por
todo eso, a todas las personas y grupos libertarios, anarquistas,
autónomos… que vean en la lucha contra la cárcel, el sistema penal y el
poder punitivo del Estado un aspecto fundamental de la lucha por abolir
el régimen totalitario de dominación y explotación que nos oprime, les
proponemos sumarnos a la convocatoria de la coordinadora de plataformas
de afectados por la hepatitis C a concentrarse ante las cárceles,
delegaciones del gobierno y juzgados de vigilancia penitenciaria de todo
el territorio dominado por el Estado español, el próximo 26 de
septiembre, exigiendo
¡FIN DEL ABANDONO SANITARIO EN LAS CÁRCELES!
¡ABAJO EL PODER PUNITIVO!
¡DEMOLICIÓN DE LA MÁQUINA ASESINA!
Grupo Pro Presxs de Madrid; Tokata; Presxs a la Calle Asturies; Ex Presxs Sociales COPEL
Quien quiera suscribir la propuesta puede hacerlo añadiendo un comentario en este enlace: http://tokata.info/propuesta-
