El pasado 19 de noviembre el Congreso aprobó la reforma educativa del Gobierno, la LOMLOE que se basa en su mayoría en la recuperación, con ciertos cambios, de la anterior Ley Orgánica de Educación, impulsada y aprobada en el año 2006 por el entonces gobierno del PSOE.
Esta ley se caracteriza, al igual que la LOMCE, por haberse realizado a espaldas de la comunidad educativa. No debemos de olvidar que durante su primera tramitación, el debate del proyecto se realizó “entre cúpulas”, en espacios a los que la gran mayoría de la comunidad educativa difícilmente puede hacer llegar su voz, en los que se encuentra infrarrepresentada y cuyo carácter es como máximo consultivo. Durante la segunda tramitación, cualquier trato con la comunidad educativa y sus representantes se ha desechado de antemano. La ausencia de la participación de los trabajadores docentes y no docentes, estudiantado y familias en la redacción es patente a lo largo de todo el texto, que se queda en medidas esencialmente estéticas y no recoge sus principales reivindicaciones.
Por ello, desde el Frente de Estudiantes no podemos más que denunciar el carácter continuista de la LOMLOE con respecto a la legislación anterior (LOE y LOMCE) que sentó las bases de la mercantilización y privatización de la educación pública. Se trata de una ley que, en línea con la política de gestos del gobierno, deroga algunas de las medidas más mediáticas e impopulares de la LOMCE sin atacar, y de hecho reforzando, la estructura esencial que esta vino a implantar en el sistema educativo, sometiéndolo a los intereses de producción de mano de obra del mercado.
De esta forma, las medidas más difundidas por el gobierno han sido la eliminación de las reválidas, de las titulaciones diferenciadas de la ESO, de la religión computable y de la “demanda social” como argumento para la apertura de centros concertados además de otros beneficios asociados a estos . Son todas medidas positivas pero que, al final, no atacan la base de los problemas que aquejan hoy día a la escuela pública y ni siquiera revierten en lo esencial las realidades a las que se refieren. Si bien se eliminan las reválidas se mantienen e implantan diversas pruebas externas que, realizadas sin compromisos ni toma de responsabilidad por la Administración, y con el acceso público de los datos, inciden en la guetificación de los centros más desfavorecidos y en la culpabilización de los cuerpos docentes, que deben lidiar con complicadas situaciones socioeconómicas y culturales junto a la falta de medios y personal.
Por otro lado, aunque se eliminen las titulaciones diferenciadas, se mantienen los itinerarios en la ESO como base de una estructura que, junto a la FP Básica, no busca acompañar, ayudar e impulsar el máximo desarrollo del alumnado, sino separarlo atendiendo a su rendimiento académico para expulsar progresivamente a los estudiantes con más problemas hacia el mercado laboral. En este sentido, la estructura y el papel que juegan la Formación Profesional y el Bachillerato en la discriminación del alumnado por rendimiento y en la adaptación de la oferta educativa a las necesidades del mercado no se ha modificado un ápice. La Selectividad continuará siendo el filtro segregador que juega su papel no sólo en la expulsión de la clase obrera de los estudios superiores. sino que impide la formación del estudiantado en base a criterios de desarrollo personal y para la satisfacción de las necesidades del conjunto de la sociedad.
El papel y la financiación de la escuela concertada ha sido quizás el punto más atacado de la ley por parte de la patronal de la educación privada al retirarle algunos de los privilegios que les dió la LOMCE. Sin embargo el papel de la privada cómo alternativa, con su posibilidad de acogerse a los conciertos y el deber de la Administración en su financiación quedan firmemente establecidos en la ley y también en los PGE en los que, de hecho, se incrementará la financiación a la concertada. Por ello, las provocaciones de quienes se han beneficiado del negocio de la concertada que sin duda suscitan nuestra más absoluta repulsa, no deben llevarnos a apoyar el proyecto del gobierno que, lejos de querer acabar con la concertada, apuntala su papel en el sistema educativo español.
Fuera del texto queda la situación del profesorado y la del personal de apoyo y orientación. No se plantea ninguna mejora de las condiciones laborales ni de las ratios: tanto las de las aulas como las de los equipos de orientación se mantienen como hasta ahora. Más sorprendente es dejar todo esto de lado cuándo la pandemia ha supuesto una verdadera explosión de la crisis en la que ya estaba sumida la educación pública. En vez de mejorar las condiciones y apoyar a los centros en la elaboración de planes de acompañamiento, para combatir el abandono escolar que se está multiplicando con la pandemia se rebajan las expectativas, camuflándose los datos y situándose menos exigencias académicas. Los docentes quedan fuera de cualquier participación tanto en la elaboración curricular como en la propia dirección de los centros, que sigue siendo dictada por la Administración a través de directores elegidos a dedo.
Para abrir más la puerta a la privatización educativa si que hay, sin embargo, espacio. Llaman la atención dos elementos: el primero, la posibilidad de financiación externa a la administración de la enseñanza pública; y el segundo, la posibilidad de que agentes, de nuevo, externos a la administración proporcionen recursos incorporados a las plataformas digitales. Así, la digitalización educativa (que en abstracto no es negativa y aporta tecnología que podría colocarse al servicio de las necesidades educativas) se concreta en la apertura de nuevas vías de privatización y presencia directa de grandes monopolios, empresas y bancos, en el sistema educativo. La nueva Ley Celaá no hace sino cristalizar esta vía tan explorada ya durante el confinamiento en cuerpo legal.
En último lugar, pero no menos importante, la ley abre la puerta a la creación de un nuevo mercado en la escuela pública. Ante el definitivo crecimiento que ha vivido la educación infantil en los últimos años dedica un apartado al refuerzo de su papel que, sin embargo, no asegura su oferta obligatoria por parte de los poderes públicos. Así, se posibilita que ante el aumento de la demanda posibles externalizaciones o recortes entreguen el sector a la búsqueda de beneficios del sector privado, tal como ha venido sucediendo con la FP.
En conclusión, la LOMLOE constituye un proyecto legislativo ajeno al estudiantado y al conjunto de la comunidad educativa. Elaborado a sus espaldas, no recoge sus principales reivindicaciones, demandas y propuestas, sino que se limita a realizar una declaración de intenciones que, a lo largo del texto, no se ve concretada en medidas específicas que tengan en cuenta en su aplicación las condiciones y necesidades actuales de la educación pública. Sus principales medidas no son más que meras pinceladas estéticas que no hacen más que retocar una estructura que se mantiene y continúa y que sitúa, a todo el sistema educativo, al servicio de las exigencias del mercado español y europeo.
Desde el Frente de Estudiantes, por todo ello, llamamos al conjunto del estudiantado y de la comunidad educativa a no posicionarse bajo el pabellón de quien, en última instancia, apuntalará un sistema educativo al servicio del interés privado. Llamamos al conjunto de la comunidad educativa, que estos meses tanto hemos tenido que pagar las consecuencias del desmantelamiento de la escuela pública, a plantar cara y luchar por sus reivindicaciones. Sabemos que esa es la única manera de conseguir victorias y mejoras en nuestras condiciones de estudio y trabajo. Pero además, llamamos a situar esa lucha bajo la bandera de una educación 100% pública y de la que nadie pueda hacer negocio, una educación que, además, responda a las necesidades del pueblo trabajador y en cuya construcción y desarrollo seamos nosotros, la comunidad educativa, el pilar fundamental.
