LLAMAMIENTO A LA SOLIDARIDAD activa y de clase contra los hechos que están ocurriendo en Cádiz:

Como muchos sabéis, desde el día 23 de junio los trabajadores del metal de la provincia de Cádiz han desarrollado una importante huelga por sus condiciones de trabajo en la que se han enfrentado a las mafias sindicales y a la represión desatada. Ahora que la huelga ha sido desconvocada, la REPRESIÓN SE ESTÁ INTENSIFICANDO, con detenciones puerta a puerta de trabajadores y solidarios por su supuesta participación en las protestas.

Nos relatan HECHOS DE EXTREMADA GRAVEDAD: 

"aquí se ha terminado la huelga, pero NOS ESTÁN MATANDO CON LAS DETENCIONES", se están llevando a gente y están pidiendo PRISIÓN SIN FIANZA". 

Los compañeros están movilizándose para liberar a los detenidos y, en su caso, para pagar las fianzas para sacarlos a la calle.

Las detenciones están llegando cuando la masa obrera vuelve a los tajos. Detenciones casa por casa, secretas que agreden cuando detienen y que sacan a los compañeros como si fueran terroristas, golpes y agresiones; detenciones dirigidas y señaladas, contra el entorno solidario y los que luchan. 

En esta huelga del metal y en la represión actual desatada por el estado, ya han sido detenidos 22 trabajadores que sepamos. ES UNA AUTÉNTICA CAZA DE BRUJAS.

Por todo esto se pide :

apoyo para las cajas de resistencia.

DIFUSIÓN Y SOLIDARIDAD,

la SOLIDARIDAD DE TODA LA CLASE TRABAJADORA.

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"Esta situación requiere que la lucha obrera y popular sea desarrollada con unas tácticas que puedan minimizar y reducir en lo posible la acción represiva del estado, y con unas estrategias de combate contra todos sus órganos y medios utilizados en las acciones y actividades represivas

La lucha antirrepresiva habrá de realizarse transgrediendo sobre la práctica toda legislación que consideremos injusta, en su transcripción, utilización o manipulación por parte del sistema.

Hay que combatir todo planteamiento inquisitorial adoptado a nivel dogmático, sociopolítico y económico, y todos aquellos métodos utilizados para su aplicación represiva, como la llamada colaboración ciudadana (que no es otra cosa que delación reaccionaria), as escuchas, la vídeo-vigilancia, el espionaje, la detención y la tortura. Y esto ha de combatirse mediante la acción directa y el ataque efectivo.

Actuar contra las sentencias dictadas por los entes judiciales del sistema, sustentadas en una legislación impuesta por los poderes dominantes para ser utilizadas en su propio beneficio y contra el pueblo combativo. Denunciar todo entramado de criminalización, judicialización y penalización, prioritariamente cuando se fundamenta como acción preventiva, basada siempre en hipótesis, suposiciones e intereses políticos.

Hay que combatir y denunciar todo recorte de libertades individuales y colectivas, así como cualquier acomodo de éstas a los intereses políticos y socioeconómicos de los capitalistas.

Es de vital importancia como método de autodefensa primario y fundamental al desarrollar la actividad combativa, el no facilitar al sistema ninguna información que, aun siendo legal, en cualquier momento será utilizada por éste para ejercer la represión. Es peligrosa y absurda la facilitación de datos personales y colectivos, en cualquiera de sus modalidades, a quienes son enemigos declarados de la clase trabajadora y a los cuerpos represivos, bien mediante la legalización o publicación de las actividades combativas, o mediante solicitudes, publicación de fotos, vídeos,
comentarios irresponsables, etc.

El planteamiento de combate contra la actividad represivo-penal debe estar orientado en un contexto de diferenciación de la actividad anticapitalista, del criterio adoptado por el sistema que lo encuadra en el marco jurídico de la delincuencia común, identificándolo en muchas ocasiones con el vandalismo. Por tanto, todo ataque a la propiedad de los medios de producción, a la propiedad de la explotación y
al proceso consumista, a la economía de mercado, al comercio lucrativo y a la usura, al robo legalizado, al sistema especulativo, a la utilización de fondos públicos para el beneficio de la burguesia o para el afianzamiento del sistema capitalista y de todas sus estructuras, deberá llevar inherente un contenido politico, a la vez que deberá ser complementado con alternativas de carácter socializador.

Contra la actividad represiva de fuerte contenido ideológico, hay que actuar en un contínuo proceso de contraataque, basado en la clarificación de las verdaderas intenciones pretendidas por el capitalismo y sus gobiernos. Hay que descubrir sus entramados legislativos judiciales, en los que apoyan su práctica de verdadera delincuencia y terrorismo dentro de la impunidad más absoluta, y a lo que dan carácter legal. Hay que atacar directamente toda su estructura legislativa y jurídica, desde los más elementales órganos, hasta las más altas instancias. Denunciar todos sus procedimientos interesados y reaccionarios.

En cuanto al concepto manipulado y tergiversado de la consideración jurídica de terrorismo o su equivalente penal, de toda actividad politica, se ha de combatir en el ámbito ideológico, procurando que sea entendido por las bases obreras y populares cuál es el verdadero terrorismo. Cómo quien lo practica son los poderes capitalistas y sus gobiernos, etc. Y cómo ello se realiza desde sus organismos, sus empresas, los poderes políticos, sus fuerzas represivas, desde la más completa impunidad, apoyada en una legislación y una metodologia juridica creada y aplicada para la protección de sus intereses clasistas y de su sistema de dominación.

Hay que demostrar cómo la clase capitalista crea terror a nivel popular con sus prácticas explotadoras, creadoras de paro, hambre, miseria y marginación. Con sus prácticas coactivas y represivas para consolidar su poder y su dominación sobre el pueblo. En tanto que la lucha antisistema pretende la eliminacion de ese terror mediante la aplicación de un nuevo orden socioeconómico más justo".

(Del DOSSIER: "Situación actual, crisis y represión. El necesario cambio de metodologías", 2014)
 

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Otras informaciones:

> CGT formaliza el fin de la huelga: https://cgtandalucia.org/cgt-a-formaliza-el-fin-de-la-huelga-general-en-el-metal-de-cadiz-decidido-por-las-asambleas/

> Cádiz: la vía de la lucha de clase: http://valladolorentodaspartes.blogspot.com/2025/06/cadiz-la-via-de-la-lucha-de-clase.html

> Huelga del metal en Cádiz: https://valladolorenlainfoobrera.blogspot.com/2025/06/huelga-del-metal-en-cadiz.html

 Continúa el Encuentro del libro Anarquista de Salamanca, con esta ya será la decimoséptima edición, desde su inicio en el 2008. Permanecemos con la idea de construir un espacio de acción y teoría que, poco a poco, se ha ido consolidando dentro de la red anual de ferias del libro que se organizan en diferentes lugares.

Los días programados para esta edición: viernes 8 y sábado 9 de agosto.

 

Viernes 8 de agosto: Paseo Libertario a las 19:30 h. en Zamora. Sera un recorrido ameno, por lugares emblemáticos del movimiento libertario histórico zamorano. Confirma tu asistencia mandando un correo a: encuentrosalamanca@gmail.com

 

Sábado 9 de agosto: Plaza de Barcelona (frente a la estación de tren) – Salamanca

    A las 11:00 Inicio de la feria de libros, fanzines, periódicos, revistas…

    A las 13:00h. Presentación del colectivo anti-carcelário Vozes de Dentro (Lucha y resistencia en las cárceles en el territorio dominado por el estado portugués)

    A las 15:00h. Vermouth musicalizado con el recopilatorio del Fanzine *El Sekadero*+ Pintxos.

    A las 17:00h. Charla/Debate"90 años después de la huelga de alquileres del 31, hoy ,qué esperamos" con Manel Aisa Pàmpols, autor del libro La huelga de alquileres y el comité de defensa económica

    A las 19:00h.Charla/Debate"Barroso Em Resistencia, resistiendo a la propuesta del capitalismo verde". En Barroso, en el norte de la península ibérica, las máquinas han invadido tierras privadas y comunales, con el respaldo del Gobierno de Portugal y las instituciones Europeas, imponiendo un proyecto de minería de litio a cielo abierto.

    A las 21:00hh. Teatro con la obra Pic-Nic, interpretada por el Grupo de teatro autogestionado de Salamanca.

 

Para más información : www.encuentrosalamanca.blogspot.com

Todas las actividades serán en Plaza de Barcelona, realizándose todas al aire libre y con sombra. 

 

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Cádiz: la vía de la lucha de clase

La huelga del sector del metal en la provincia de Cádiz, que incluye a todas las empresas, principalmente dedicadas a la construcción y reparación naval, en San Fernando, la ciudad de Cádiz, Puerto Real y Jerez, ha tomado una fuerza que parecía imposible, si nos atenemos a la serie de derrotas y claudicaciones sindicales con que se han cerrado huelgas similares y recientes en otras provincias. 

La sucesión de acontecimientos, muy resumidamente, ha sido la siguiente: cuatro años después de la firma del último convenio colectivo del sector (firma que se logró por parte de CC. OO y UGT in extremis, colocándose contra buena parte de los trabajadores, que lo rechazaron abiertamente), la tensión acumulada en las factorías, precisamente como resultado de ese último convenio colectivo, de la implantación del sistema de fijos discontinuos como vía para el despido rápido, etc., había ido en aumento. De cara a la negociación, los principales sindicatos (UGT primero, seguido de CC.OO. y de CGT) convocaron una huelga de dos días. El fin era evidente: permitir que los trabajadores, especialmente aquellos que se han radicalizado más a lo largo de los últimos años y que han engrosado las filas de CGT, de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) o, en algunos casos, del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), desfogasen parte de la rabia contenida, como si se tratase de dos jornadas de lucha destinadas a aliviar la tensión. Después de esa huelga parcial, con preaviso y perfectamente adecuada a las necesidades de la patronal, en el guion esperable estaba el paripé de la negociación: UGT -primer convocante- representando “tensos encuentros” con la patronal de las empresas del sector (las grandes empresas, como Navantia, tienen convenio propio y están excluidas). Como parte del circo, se firma un preacuerdo la madrugada del domingo y se presenta a los trabajadores el lunes por la mañana con el fin de que entren ese mismo lunes a trabajar. Pero en este punto se ha roto la baraja: buena parte de los trabajadores (según la prensa burguesa, aquellos que trabajan en la bahía de Cádiz) ha rechazado el preacuerdo y ha decidido continuar con la huelga y, con la cobertura legal de CGT -cuya sección del metal se ha negado a desconvocar la convocatoria de huelga- , han continuado con los paros, esta vez de manera indefinida y sin que ni la patronal ni el gobierno tengan la certeza de que van a poder pararlos a su antojo, como han hecho habitualmente, gracias a la labor de los grandes sindicatos colaboracionistas.

Las reivindicaciones iniciales de los trabajadores del metal eran estas:

• Cumplimiento íntegro del convenio para todo trabajador y trabajadora del sector.

• Regulación justa del contrato “fijo discontinuo”.

• Imposibilidad de trabajar dentro de las factorías bajo convenios diferentes a los del metal.

• No a los impagos constantes.

• Coeficiente reductor para la jubilación anticipada.

• Vigilancia y prohibición de las listas negras.

Para entender correctamente su alcance, es necesario tener en cuenta que el sector del metal en Cádiz lo compone una miríada de pequeñas y medianas empresas que prestan servicios para las grandes empresas del sector (Navantia, Airbus, Dragados Ofshore, etc.). Esta fragmentación de las llamadas “empresas auxiliares” es consecuencia de la progresiva descapitalización que emprendió la industria del metal hace cuarenta años, entonces enucleada en torno a las grandes empresas estatales: al proceso de privatización le acompañó el fenómeno de la externalización, por el cual las empresas principales prescindían de la mano de obra y el capital necesario para realizar tareas que podían subcontratarse en función de la carga de trabajo que existiese. De esta manera, a día de hoy, en una misma obra, trabajando en la construcción de un solo barco, puede haber al mismo tiempo muchas empresas, cada una de las cuales tiene a un grupo de trabajadores realizando determinadas tareas. Esto, en la práctica, ha supuesto la estratificación de la masa proletaria que antes contrataba una única empresa y la desvinculación de los diferentes oficios dentro del sector, con lo que el problema para los trabajadores se agudiza porque muchas empresas, con el fin de disminuir los salarios, se acogen a convenios colectivos que no son los del metal (con la excusa de que la tarea particular que realizan así lo exige). De esta manera, no sólo hay diferentes trabajadores de diferentes empresas, sino que, legalmente, en una sola obra puede haber una división “industrial” total.

Durante décadas ésta ha sido la gran fuerza de la burguesía. Ante la crisis prolongada del sector del metal (que comenzó en los años ´80 y que a lo largo de las dos décadas siguientes implicaría una profunda reestructuración de la industria, de los métodos de trabajo, etc., con la amenaza de la deslocalización, de la competencia coreana o de cualquier otro chantaje pendiendo siempre sobre la cabeza de los trabajadores), la estrategia siempre fue rebajar los costes salariales mediante la división y el consiguiente debilitamiento de lo que antaño fue una clase proletaria fuerte y combativa. Primero lo logró dividiendo entre jóvenes y mayores, favoreciendo la salida de estos últimos con buenas prejubilaciones, mientras despedía o imponía condiciones mucho peores a los primeros. Luego fue la división por empresas: las que se mantuvieron dentro del Estado (participadas total o parcialmente por la SEPI) y las que se privatizaron. Una vuelta de tuerca más: desmembración de las grandes empresas y traslado de la carga de trabajo a otras, auxiliares, en las que las condiciones de trabajo están muy por debajo de las grandes. Finalmente, la última gran baza de la patronal y del Estado ha sido la introducción de la figura contractual del llamado “fijo-discontinuo”, generalizada por la ministra de trabajo de Sumar, Yolanda Díaz, en la reforma laboral de 2022. Con esta forma de contratación las empresas logran vincular a los trabajadores y mantenerlos a su disposición, ahorrándose los costes de los despidos, de la nueva contratación, etc., y consiguen además contar con bolsas de empleo que utilizan según su necesidad en cada momento.

Esta descripción de la situación de Cádiz puede valer para cualquier porción local del sector del metal que se quiera examinar: Ferrol, Vigo, País Vasco, Valladolid, Valencia… en todas partes la dinámica ha sido la misma y el resultado, por lo tanto, casi idéntico: un proletariado dividido, tanto en los aspectos legales como en lo que se refiere a las condiciones laborales; y una patronal que, valiéndose de las organizaciones sindicales tricolores, que a lo largo de los años han sancionado esta situación, se apoya en la relativa paz social comprada entre los trabajadores de las empresas principales (aquellos que tienen unas condiciones algo menos malas), para imponer una explotación brutal a los proletarios de las auxiliares.

Pero la situación de Cádiz es especialmente dura. Fuera del sector del metal, la provincia de Cádiz es un desierto laboral: se trata de una de las provincias con más paro de España, con una tasa de pobreza por encima de la media de España, con un entorno industrial prácticamente inexistente… No es por casualidad que toda la región ha visto crecer una estructura criminal dedicada al contrabando de drogas con Marruecos, que emplea a centenares de jóvenes que, de otra manera, no conocerían otra cosa que el hambre. En Cádiz, además de los barrios obreros que aplauden a los huelguistas que se manifiestan por ellos, también existen barriadas y pueblos donde los vecinos protegen a los miembros de los clanes criminales de la Guardia Civil, porque con las mafias al menos pueden comer.

Esta situación ha actuado de presión extra sobre los trabajadores del metal, especialmente sobre los empleados de las empresas auxiliares que van y vienen del paro (ahora del “fijo indefinido”) y que siempre tienen la amenaza de entrar en las listas negras por negarse a trabajar en determinadas condiciones, por no ser lo suficientemente dóciles, o por el simple capricho del encargado de turno. El ejército industrial de reserva con el que la clase burguesa presiona a los proletarios ocupados -temporal o permanentemente- es un instrumento de orden y pacificación de primer rango, y en manos de la clase burguesa siempre sirve para disciplinar a los proletarios que conviven con la amenaza del hambre para ellos y para sus familias.

Esta situación es la que ha llevado a la tabla reivindicativa que plantearon los trabajadores del metal tanto en las asambleas convocantes de la huelga como en los dos sindicatos que la han hecho posible, CGT y CTM.

Dichas reivindicaciones plantean una cuestión básica pero intolerable para la patronal, pública y estatal: la unidad, es decir, la igualdad en las condiciones de trabajo, el fin de la fragmentación laboral, el NO a la discriminación y NO a la represión. Porque a lo largo de los últimos años en la industria del metal de Cádiz se ha visto madurar a un sector proletario dispuesto a luchar y a asumir las necesidades que la lucha plantea. Ya en 2021, cuando el anterior convenio colectivo se firmó con la ayuda inestimable de las tanquetas antidisturbios del PSOE y de Podemos, la lucha que CC.OO. y UGT traicionaron amenazaba con desbordarse, tanto por la negativa de algunos trabajadores a aceptar los acuerdos, como por su esfuerzo en sacar el conflicto de las factorías y movilizar a toda la clase proletaria de Cádiz. Entonces, una desconocida CTM estuvo a la cabeza de la protesta y de las tentativas por romper la paz social impuesta por los sindicatos colaboracionistas. Pero finalmente estos, apoyados por todo el arco de la izquierda parlamentaria, impusieron la vuelta al trabajo en condiciones penosas.

Cuatro años después, la situación había madurado hasta tal punto que la anterior minoría fácilmente reprimible y ninguneable, arrastró tras de sí a miles de proletarios, impuso la continuidad de la huelga y el rechazo a la política de colaboración entre clases que propugnan UGT y CC.OO. Y no sólo eso, lo ha hecho con la reivindicación explícita de la unidad y la solidaridad con los proletarios que se encuentran en peores condiciones, rechazando explícitamente -como hizo el representante de CGT en la asamblea del lunes 23- cualquier modelo dual de contratación y trabajo, e imponiendo estas exigencias mediante la huelga y la movilización continua.

Por su parte, UGT, que encabezaba el comité de huelga, firmó un preacuerdo que suponía una nueva soga en el cuello de los trabajadores: partiendo de un “contrato para los jóvenes” que permitiría a las empresas pagar un 25% menos a los nuevos trabajadores y pasando por un plus de toxicidad a cobrar en siete años, para acabar por una actualización salarial que no llega a cubrir la pérdida de salario real de estos últimos años… De lo que se trata, tanto para UGT (o CC.OO., que finge no aceptar el acuerdo para jugar la baza de la radicalidad, y mantenerse, así, como interlocutor válido) como para la patronal, es garantizar un acuerdo de paz social que permita a las empresas asumir sin contratiempos el incremento de la carga de trabajo que se prevé para los próximos años. No en vano el convenio colectivo que se quiere imponer se prolongaría ¡hasta 2032!

En el convulso contexto económico y político que se avecina, con un plan de rearme generalizado para las grandes potencias imperialistas ya en ciernes, la patronal del metal y sus aliados oportunistas ven una posibilidad de negocio que ningún burgués rechazaría. Y para aprovecharla, necesitan garantizarse una mano de obra dócil que permita los márgenes de beneficio que hagan rentable la inversión necesaria.

Para los proletarios del metal de Cádiz la vía, por una vez, se ha mostrado clara: sólo los medios y los métodos propios de la lucha de clase sirven para vencer en la lucha que, inevitablemente, se debe librar contra la burguesía. El chantaje habitual en las últimas décadas (carga de trabajo a cambio de peores condiciones laborales), que siempre se ha traducido en la política sindical conciliadora del “ante todo, defensa del puesto de trabajo” se ha revelado como una trampa que ha sumido a los trabajadores en niveles de precariedad inauditos. Y es por ese lado por el que ha comenzado su respuesta: siendo conscientes del gran momento que puede vivir la clase burguesa a su costa, con unas expectativas de negocio tan prósperas… se han negado a aceptar la amenaza habitual y han impuesto una huelga indefinida hasta vencer. No sólo eso, sino que la han impuesto con los métodos propios de la lucha proletaria: piquetes, saltos, asambleas unitarias y abiertas a otros sectores de trabajadores, manifestaciones ilegales para tratar de unir al resto de la población obrera de la ciudad, solidaridad con los detenidos, etc.

Por el momento, su capacidad para romper con UGT y CC.OO., que son los órganos de contención que la burguesía utiliza habitualmente como primera línea de su defensa contra la lucha obrera, les ha dado una fuerza capaz de obligar a la patronal a, como mínimo, ceder en sus exigencias más inmediatas. Pero esto no significa que el camino haya quedado libre de obstáculos. Más allá de las grandes organizaciones del oportunismo político y sindical, existen otras fuerzas que tienden a desviar a los proletarios de la vía de la lucha de clase. Esa segunda línea de contención, formada por la extrema izquierda clásica, que ya aparece en las manifestaciones y en los piquetes buscando una notoriedad que les confiera influencia, y por algunos sectores del llamado “sindicalismo alternativo”, también supone una fuerza anti proletaria que se ejercerá llegado el momento.

El ejemplo de los trabajadores del metal de Cádiz muestra no sólo que (¡por supuesto!) la clase proletaria es una fuerza viva, sino que la lucha de clase fuera del aparato legal de la burguesía, contra la política de conciliación social, contra el oportunismo sindical, etc., puede y debe revivir allí donde las condiciones de vida de los proletarios caen y caen por exigencias de la economía capitalista. Ese es el ejemplo que estos trabajadores han dado: la burguesía y su Estado siempre van a estar contra los proletarios, y la única manera de poder siquiera pensar en vencerlos es la práctica de la verdadera lucha de clase, la que no tiene en cuenta sino las necesidades de los proletarios, la que no recurre a la negociación sin lucha, la que no pacta la paz social como requisito previo para los acuerdos, la que se enfrenta a la represión con la fuerza que le da la unidad de clase.

¡Por la recuperación de la huelga como arma de la lucha de clase del proletariado tanto para las reivindicaciones inmediatas como para las generales!

¡Por la reorganización clasista del proletariado!

¡Por la defensa intransigente de la lucha de clase proletaria!

24 de junio de 2025

Il comunista - le prolétaire - el proletario - proletarian - programme communiste - el programa comunista - Communist Program

Chinches, sarna y torturas en la cárcel de Mansilla de las Mulas 

LA VIVIENDA es uno de los temas que más tinta ha hecho correr últimamente, y a lo largo de la historia: la carencia de ella ha sido problema central de tanta literatura sobre el asunto, desde la expulsión de los antiguos campesinos de sus pueblos y medios de vida hasta los pisos turísticos en la actualidad.

Dependiendo de los intereses y la coyuntura se usan diferentes palabras al hablar de ello, todas ellas intencionadas. Los capitalistas lo llaman “mercado inmobiliario” porque, como con todo, ven en ello una mercancía, una fórmula extractiva más, otra pieza del ajedrez con la que jugar… siempre a favor del poseedor de la vivienda, del propietario, sea grande o pequeño. En cambio para la clase trabajadora es un “hogar”, un lugar donde vivir, no es más que eso, un lugar donde volver después de producir … otra serie de “mercancías” que como la casa donde vive le han sido vendidas… por el mismo u otro poseedor de la tierra y de los medios de producción.

Tan importante es el mercado de la vivienda que, aun habiendo construidas casas y pisos de sobra para todos, observamos cada día a cientos de personas en la ardua labor de encontrar un lugar donde vivir a un precio ya no asequible si no que se pueda pagar… y vivir al mismo tiempo, con los salarios que hoy campan por nuestros curros.

Cada día vemos ejemplos de auténticos agujeros, alquilados por barbaridades, colas interminables para castings inmobiliarios de los que se selecciona al inquilino más rentable de entre cientos de candidatos, fianzas abusivas, cargos ilegales para los inquilinos y un largo etc…, solo hay que ir a la calle o a las redes sociales y alucinar o indignarse, según se vea.

Es imperativo y es evidente que las tornas deben cambiar. La vivienda es una necesidad para la clase obrera, la misma clase que produce, paga, se reproduce, muere… y siempre paga. La clase que sin tener nada, sin los medios económicos y de producción, hace que todo, absolutamente todo, funcione y/o exista, tanto para la propia clase trabajadora como para los burgueses propietarios y que especulan con la vivienda. ¿No es totalmente injusto que le falte donde vivir al proletariado que ha hecho las casas y es el hacedor de todas las cosas, sustentador del terrible sistema capitalista que lo utiliza como moneda de cambio? O es que la burguesía prefiere… ¿que la clase obrera tome lo que considere oportuno para su supervivencia?

Los sucesivos gobiernos del estado han legislado de manera dispar para intentar acallar las protestas del proletariado cuando el mercado, su mercado, se ha puesto inalcanzable, convirtiéndose en directamente extractivo para los trabajadores. Desde “el milagro económico” de Rato y su liberalización del suelo, a la consabida crisis del ladrillo de principios de siglo que se llevó por delante a millones de trabajadores y pequeñoburgueses al sumidero del paro y los desahucios, a las colas del hambre e incluso al suicidio; hasta la actual ley de vivienda aprobada por el “progresismo”, boicoteada aún nonata por la derecha española, catalana y vasca… resumiendo: mucho ruido y muy poquitas nueces. Como mucho, se subvenciona a los propietarios para contener un poco el precio, pero seguir mercadeando igual con una necesidad básica… igual que con las “zonas tensionadas”, dependientes, claro, de las decisiones de concejales-propietarios-constructores, siempre en las zonas centro de las ciudades. ¡Qué pasa!, ¿en los barrios obreros no es necesaria ninguna distensión de la situación?

Hoy en día que el papel (o la nube) lo aguanta todo, podemos jugar un poco a la política-ficción o… mejor, ¿fiscalidad-ficción?

La vivienda vacía y no habitada se cifraba históricamente en 4 millones en el estado español, esa vivienda no produce rentas a sus propietarios, pero tampoco genera los suficientes gastos como para que tenerla vacía, sin uso, sea una carga inasumible. Sin consumos, la comunidad si la hubiere y el pago del I.B.I. son los únicos gastos que pueden tener una casa o un piso. ¿Qué pasaría, por tanto si hubiera un IBI súper-aumentado para las viviendas vacías para forzar su puesta a disposición? o si persistiese esa situación de desuso en el tiempo ¿por qué esas viviendas no pasan a engrosar el parque público de vivienda? Veamos más ejemplos de medidas que se podrían tomar si hubiera eso que llaman “voluntad política”:

Impuesto de bienes inmuebles superaumentado: En poblaciones de más de 1000 habitantes que tengan viviendas vacías sin uso real y tensa demanda de las mismas, se incrementaría el 100% del IBI a partir del segundo año de desuso de la vivienda. Se podría aumentar un 20% en sucesivos años hasta que se decretará como vivienda abandonada y pasara a ser expropiada quedando asignada su propiedad a una autoridad pública provincial gestora del fondo de vivienda expropiada, para que asignara habitantes, atendiendo exclusivamente a las necesidades reales y puramente prácticas, nunca económicas.

En este mundo de ficción se nos ocurren muchas otras medidas que las organizaciones de trabajadores podrían plantearse. Sigamos imaginando:

Prohibición de tenencia de vivienda a personas jurídicas: Que las empresas, sean del sector que sean, no tengan la posibilidad de acaparar viviendas para luego ponerlas en el mercado.

Limitación en la tenencia de vivienda: Las personas físicas tendrían un límite de… ¿2 viviendas en propiedad? La que habitan donde trabajan y, como mucho, otra que después de muchos años de convencimiento y generación de propietarios de vivienda en siglos pasados viniera de familia. La vivienda habría que considerarla como un bien de uso.

Supresión de todos los negocios de viviendas turísticas por todos los problemas que generan en los barrios y en la convivencia en los mismos: las casas para vivir.

Fijar el precio máximo del m² alquilado: El límite de dicho precio de alquiler no debería superar en ningún caso el 20% del salario mediano, el más común de todos, que hoy está en 1599€ al mes, ergo hoy el alquiler máximo sería de unos 320 euros, con ello la ecuación salario-alquiler quedaría igualada.

10% de cesión de vivienda privada nueva: Cada nueva promoción de vivienda debería ceder al fondo de vivienda pública un 10% de las viviendas que pretenda construir: contribuir para construir. Ese porcentaje se haría por sorteo de entre todas las viviendas evitando las tentaciones ahorrativas de los promotores.

Con la concepción actual de las leyes y con la propiedad privada en la picota del problema, nadie podrá decir que estas medidas, de llevarse a cabo, no solucionarían en buena medida el problema de acceso a la vivienda para la clase trabajadora. A los propietarios solo les quedarían dos opciones o atenerse a la norma o tirar abajo su propiedad. Que ellos elijan.

Lo que demuestran, al fin, estas “medidas” es que la abolición de la propiedad privada y más en el asunto de la vivienda está totalmente justificada. Así sí se acabaría de facto con el problema: ningún obrero sin techo, ningún propietario de techo.

La asignación de uso de vivienda, organizada por la clase obrera a través de los núcleos obreros locales, la puesta a disposición de techo a obreros sin salario favoreciendo su cambio de situación y un sinfín de soluciones de clase, antes de que la casa sea la tumba de muchos trabajadores. Por desgracia no estamos en ese punto de organización de clase, ni siquiera en la asunción de que la vivienda no puede ser una mercancía, sino una necesidad que debe ser cubierta: Que euros/m2 no es una “medida” social, no es una moneda de curso legal con la que especular sobre la vida de las gentes.

Como clase, como conjunto de trabajadores de todos los países, somos conscientes de que la vivienda es una necesidad de todos y para todos, y que mucha de esa tenencia de casas recae en la misma clase obrera, en la parte salarialmente más elitista y en la más auto-explotada, convencida de pertenecer a la burguesía que los exprime. Parece que nos gusta ser pequeños, muy pequeñoburgueses; y se disfruta de la posibilidad de decir “NO” a otro trabajador, o de pedir 1500€ por un alquiler.

Debemos luchar contra la actitud y la mentalidad burguesa en nuestra clase y en toda la sociedad.

Apoyar a los sectores más desfavorecidos de nuestra clase, a los trabajadores inmigrantes que malviven en pisos patera o casetas de obra en los campos entre Valladolid y El Carracillo, en las chabolas de Huelva o de Murcia.

Apoyar la lucha social en los barrios obreros que denuncia la infravivienda o los desahucios.

Fomentar y extender la acción directa, la lucha por la vivienda para la clase obrera, la okupación, y la solidaridad de clase.

San Juan 2025 -  Comité de Solidaridad de los Trabajadores

Protestas contra las deportaciones en Los Ángeles : una advertencia sobre el futuro que la burguesía prepara a toda la clase proletaria

Desde hace varios días en la ciudad estadounidense de Los Ángeles están teniendo lugar protestas multitudinarias, a menudo violentas y con fuertes enfrentamientos con la policía, contra las redadas y las deportaciones que el Gobierno del país ejecuta a través del ICE (siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de aduanas), encargado habitualmente de aplicar la política migratoria y de parte del control fronterizo. Según reporta la prensa, desde hace dos o tres días las manifestaciones se han extendido a otras ciudades, como San Diego (también en California) o Seattle (en el Estado de Washington, al norte del país) mientras que en Los Ángeles el tono de la protesta iría aumentando una vez que la Guardia Nacional y el cuerpo de marines del Ejército han sido habilitados para intervenir en la represión e incluso para contribuir a la labor del ICE en lo que a redadas anti inmigrantes se refiere.

Aunque la misma prensa se centra exclusivamente en la parte más espectacular de las protestas, buscando el morbo de las fotos y vídeos de los coches de policía quemados o de los manifestantes encapuchados, la realidad es que estas protestas no sólo están teniendo lugar en la calle y en forma de manifestaciones. La propia CNN daba noticia de paros y piquetes en algunas fábricas de Los Ángeles cuando los agentes del ICE pretendían detener a obreros en condición irregular en su interior, llegando, los trabajadores solidarios con sus compañeros, a bloquear los camiones con los que pretendían llevárselos a los centros de detención (1).  

Las medidas que aplica el Gobierno norteamericano, las deportaciones masivas, el internamiento en centros de detención, la represión contra los inmigrantes que buscan pasar la frontera, el secuestro de los hijos de aquellos que vienen con su familia, etc. son instrumentos de presión que, sobre la clase proletaria inmigrante lleva aplicando la burguesía norteamericana desde hace varios años. La prensa europea, que defiende los intereses de las clases dominantes locales, ahora enfrentados a los de unos Estados Unidos beligerantes en lo que se refiere a la defensa de sus intereses nacionales contra sus “socios” europeos, quiere culpar de esta situación al gobierno Trump. Pero lo cierto es que la política represiva, las agresiones contra los inmigrantes irregulares, etc. comenzaron mucho antes del primer gobierno de Donald Trump: fue Obama quien, en plena escalada de medidas anti proletarias encaminadas a sacar al capital norteamericano de la crisis de 2008-2013, puso en el punto de mira a los inmigrantes, tanto a los que vivían de manera irregular dentro del país como a los que pretendían entrar sin visado. Fue su gobierno el que reforzó los centros de internamiento fronterizos, quien dio potestad represiva inédita hasta el momento a la policía de fronteras, etc. Trump únicamente ha continuado, publicitándola y haciéndose fuerte en ella de acuerdo con el particular estilo de gobierno que le exige su burguesía, una política que esa burguesía norteamericana considera indispensable para el control social del país.

Por supuesto, el problema de la inmigración, tomado en general, no puede entenderse exclusivamente como un problema de burgueses contra proletarios, especialmente en un país como Estados Unidos en el que la mayor parte de la burguesía y la pequeña burguesía han sido inmigrantes (evidentemente en otras circunstancias) hace aún pocas generaciones. Existe, claro, una pequeña burguesía inmigrante que vive en la ilegalidad, que está vinculada a negocios más o menos clandestinos y que también es perseguida por la política anti inmigratoria, sobre todo desde el momento en que se incentiva a los cuerpos locales del ICE para obtener un cupo mínimo de detenciones diarias. Pero esto no es lo esencial: es evidente que la represión, las detenciones, las deportaciones, etc. van dirigidas a intimidar al grueso de la inmigración que se ve obligada a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, que mantiene, con sus condiciones de explotación extremas, tanto la economía sumergida como la legal (una hipócrita distinción que a la burguesía sólo le importa con fines propagandísticos). La inmigración es, fundamentalmente, importación de mano de obra por parte del país receptor. Precisamente porque el mercado laboral del país de origen no es lo suficientemente amplio como para acoger a una parte de su población proletaria, que por lo tanto se convierte en «excedente», en el país de destino esta mano de obra se ve obligada a trabajar a un precio (salario) inferior al que se paga en el mercado laboral legal y regulado. La importación de mano de obra responde, por lo tanto, a una necesidad del sistema productivo del país de acogida, y su clasificación en mano de obra «legal» e «ilegal» sirve a la clase burguesa para dividir a los proletarios entre autóctonos e inmigrantes aceptados y regularizados, y exacerbar la competencia entre los propios proletarios inmigrantes, entre aquellos a los que se les permite acceder a la regulación prevista por las leyes vigentes y aquellos que son explotados aún más, pero de forma oculta a través del trabajo negro y precario; de esta manera, la competencia entre proletarios aumenta cada vez más, dando la posibilidad a los pequeños y medianos empresarios y a los grandes capitalistas de aumentar sistemáticamente la presión sobre toda la mano de obra, por lo tanto, también sobre la legal y regular.

En el capitalismo ningún fenómeno social es equilibrado y pacífico y allí donde domina la ley del valor y la extracción de plusvalía aparecen todo tipo de variantes sociales sustentadas en la explotación del trabajo asalariado, sean legales o ilegales. Esto la burguesía norteamericana, cuya misma policía es poco más que una extensión de las bandas irlandesas de principios del siglo XX, lo sabe perfectamente sino que se apoya en esos sustratos sociales intermedios para mantener controlados a los proletarios inmigrantes de cuya súper-explotación viven ambos. La burguesía norteamericana necesita la inmigración irregular porque necesita la mano de obra a bajo coste que ésta proporciona. Ciertamente no tiene ningún interés en quedarse sin trabajadores, pero también necesita mantenerlos a raya. En un momento de crisis social como el que vive Norteamérica, derivado de una delicada situación internacional y de una situación interna que no hace más que empeorar desde 2008, los ataques contra el proletariado inmigrante tienen una doble función: por un lado, aterrorizan, disciplinan y encuadran a los proletarios que viven continuamente bajo la amenaza de la expulsión, de la separación de sus familias e incluso del secuestro legal de sus hijos menores de edad. Por otro lado, proporciona al conjunto de la sociedad, especialmente a las clases medias pero también a la aristocracia obrera, a la parte más rica, entre los que cala el discurso nacionalista, un chivo expiatorio del malestar social, una especie de causa común que permite dirigir el odio que debería apuntar hacia la clase dominante.

La burguesía, la clase que prometió la libertad individual por encima de todo, que decía levantarse (en su época revolucionaria) contra toda opresión en nombre de la igualdad y la fraternidad universales, sobrevive desde hace siglos gracias a la exacerbación de los odios raciales y nacionales y mediante la represión racista. Y si durante los periodos de expansión económica importa mano de obra sin parar, pero es incapaz de garantizarle ningún tipo de garantía legal a cambio de su explotación diaria, en las fases de contracción vuelve todo su arsenal político y policial contra los trabajadores irregulares, golpea selectivamente para infundir miedo y sumisión, a la vez que trata de crear un frente nacional contra ellos. Es el caso también de Estados Unidos, donde el propio gobierno que sabe perfectamente que tanto el campo como la industria del país requieren de proletarios super explotados como lo son los trabajadores irregulares para ser competitivos, pero que lanza campañas “contra la invasión” con el fin de crear un caldo de cultivo propicio para imponer condiciones laborales y sociales aún más penosas para los trabajadores sin papeles.

El gran logro de esta política de deportaciones masivas, que hoy vemos en Estados Unidos pero que mañana llegará de nuevo a Europa, con la misma crudeza, será hacer creer a los proletarios “legales”, a los que para poder ser explotados no han tenido que saltar ningún muro o jugarse la vida en una embarcación, que las leyes excepcionales, la represión y la explotación desmedida son algo que sólo padecerán los inmigrantes. Los proletarios inmigrantes viven hoy el futuro de toda la clase proletaria. La burguesía siempre necesita, para poder existir como clase, la explotación de la fuerza de trabajo. Mantener en pie el sistema capitalista de explotación de la fuerza de trabajo asalariada y preservarlo a lo largo del tiempo depende y a ha dependido siempre de lograr que los proletarios luchen unos contra otros, que entren en una competencia cada vez más intensa entre ellos, aceptando salarios cada vez más bajos, tolerando condiciones peores de trabajo, etc. en lugar de unirse y enfrentarse contra la propia burguesía. En tiempos de crisis, cuando la explotación del trabajo asalariado debe ser particularmente intensa, la burguesía trata de imponerla en primer lugar a los sectores más débiles de la clase obrera, pero el objetivo final es exigir condiciones idénticas a todos los proletarios. Al degradar las condiciones de vida y de trabajo de los sectores más explotados y evitando cualquier reacción inmediata por parte de los trabajadores mejor tratados, la burguesía prepara todas las medidas sociales y legales con las que extenderá también a las demás capas proletarias un futuro similar, con condiciones de vida y de trabajo peores que las actuales, lo que será posible gracias a la competencia entre los proletarios.

En un futuro no muy lejano, los vientos de la guerra volverán a soplar sobre las grandes naciones capitalistas. Entonces, la clase proletaria, ya sea autóctona o extranjera, tendrá que afrontar con toda su dureza la realidad de un mundo en el que su perspectiva es ser carne de cañón, explotada brutalmente en tiempos de paz y masacrada en tiempos de guerra. Entonces, la burguesía exigirá sacrificios impensables y, para imponerlos, utilizará esta competencia, esta rivalidad entre proletarios, esta costumbre de los proletarios que disfrutan de una mejor situación social de colaborar con la burguesía.

 Para evitarlo, la clase proletaria solo tiene un camino: la lucha de clases, la defensa intransigente de sus intereses, contra toda forma de «unidad nacional», contra toda forma de frente unido con su propia burguesía en nombre de orígenes, etnias o religiones comunes...

 Esta lucha de clases implica la ruptura con la política de colaboración con las clases dominantes, la ruptura de la solidaridad con sus políticas nacionalistas basadas en la represión de los sectores más débiles del proletariado. Sin duda, los acontecimientos de Los Ángeles no pondrán fin, por sí solos, a décadas de aceptación de la política de colaboración interclasista, pero muestran que la única alternativa existente para el proletariado de todos los países es luchar en defensa de los intereses exclusivos del proletariado, rompiendo drásticamente con la costumbre de mendigar un salario de miseria a la pequeña o gran burguesía.

NOTAS:

14 de junio de 2025

Il comunista - le prolétaire - el proletario - proletarian - programme communiste - el programa comunista - Communist Program

 Manifestaciones espontaneas contra la policía en Los Ángeles: oponerse y combatir las expulsiones y despidos masivos de trabajadores

Las redadas policiales de las últimas semanas para detener a trabajadores inmigrantes y expulsarlos del
país forman parte de un ataque contra todos los trabajadores de Estados Unidos. No pueden permanecer
indiferentes ante las reacciones y manifestaciones espontáneas que la población mayoritariamente
proletaria del barrio Paramount de Los Ángeles ha llevado a cabo en los últimos días.
Al igual que los despidos de la noche a la mañana en los servicios públicos [los trabajadores federales], la burguesía estadounidense, bajo la dirección del equipo Trump que eligió, está intensificando sus ataques abiertos contra el conjunto de la clase obrera del país. Esto ocurre en un momento en el que la inflación vuelve a aumentar, haciendo así bajar los salarios en todos los sectores. Y en un momento en que la desaceleración de la economía, agravada por las políticas anti-obreras del gobierno de Trump, anuncia despidos en todos los sectores y una mayor explotación para los que conservan su empleo.

Las manifestaciones espontáneas del 6 y 7 de junio en Los Ángeles para oponerse a la redada policial y a las detenciones de jornaleros que buscaban trabajo en un taller de herramientas son una primera reacción que todo proletario debe saludar y con la que debe solidarizarse. Pero si se quedan como están, serán rápidamente derrotados por la represión que la burguesía norteamericana ya ha empezado a utilizar. 

Apenas dos días después de los primeros enfrentamientos con la policía, el gobierno decidió enviar a la
guardia nacional y a los marines contra los obreros. La represión estatal es sólo un aspecto del peligro al que se enfrentan. El otro es la recuperación de su lucha por parte del aparato del Partido Demócrata y su desvío hacia las urnas y el campo electoral. Seamos claros, la izquierda demócrata y la derecha trumpista trabajan juntas para desviar a los trabajadores de su lucha. Una es el yunque y la otra el martillo. 

Sólo hay dos vías paralelas para hacer frente con eficacia a la represión y las deportaciones: la primera es organizar las mayores manifestaciones y concentraciones posibles en los barrios y buscar la solidaridad activa, e incluso la participación masiva, de los trabajadores de las empresas de los barrios para oponerse a la policía y paralizar su acción. Esta lucha contra la represión y la deportación será mucho más eficaz si las manifestaciones callejeras están respaldadas por acciones de huelga de los trabajadores. Además, los trabajadores y los barrios de otras ciudades del país deberían emprender acciones similares siempre que sea posible, porque las deportaciones masivas no sólo afectarán a los trabajadores californianos. 

Oponerse a la deportación de inmigrantes, así como a los despidos en el sector público y otros sectores,
puede permitir a los proletarios del país reagruparse y establecer una línea de defensa contra los ataques
actuales y los graves que se avecinan a medida que la clase dominante y su Estado se preparan para la
guerra generalizada y nos hacen pagar por ella. Es en este terreno “de clase”, el de los trabajadores y sus intereses, y no en el de la defensa de los derechos democráticos o de otro tipo, donde es posible resistir a la ofensiva de la burguesía norteamericana. Es también en el terreno de los aumentos salariales en todos los sectores, industriales o no, sindicales o no, de trabajo legal o no, donde el conjunto de la clase obrera puede y debe reagruparse.

¡No a las detenciones y deportaciones! ¡No a los despidos! ¡Aumento general de los salarios al ritmo de la inflación!

Sólo hay una “comunidad”: la de los trabajadores asalariados, sea cual sea su pasaporte, color de piel, sexo o lengua.

Para resistir a los ataques y frustrar la represión de la policía y el ejército :
- ¡no quedarse aislados!
- ¡buscar la solidaridad en cada barrio!
- manifestaciones y concentraciones masivas, ¡todos juntos, todos unidos!
 

Il GIIC, 11 de junio de 2025