En 1985, el jurista conservador Günther Jakobs se
congratuló ante el mundo de la aparición y desarrollo de una
legislación restrictiva en clara contradicción con el Derecho
Penal tradicional, dentro del cual constituía una parcela
extraña a la que denominó Derecho Penal del Enemigo. Dichas
leyes sancionaban conductas a las que la “autoridad competente”
atribuía el papel de llevar a la comisión de actos delictivos
aunque dichos actos no se hubieran cometido. El supuesto
infractor sufría castigo no por hechos realizados, sino por
hechos posibles. La ley ya no le contempla como un ciudadano del
Estado con plenos derechos, sino como un peligro, un enemigo del
Estado con derechos recortados, o mejor, sin derechos. Pues
bien, dada la inestabilidad de unos sistemas políticos donde la
progresión de la injusticia social evidencia su fracaso
histórico, la legislación contra el “enemigo” ha pasado de ser
la excepción a la norma, quebrando la relación lógica entre la
falta y la sanción, o el delito y la pena. En el actual
ordenamiento jurídico las detenciones y registros arbitrarios
sin órdenes expresas, la violencia gratuita de los agentes del
orden, las deficientes garantías procesales y el castigo
desproporcionado por delitos inexistentes, empiezan a ser
normales. Lo hemos visto recientemente, por ejemplo, en el
juicio del 4F, en los procesos a piqueteros,
en la Operación
Pandora y en la revisión de la sentencia a
quienes “bloquearon”
el acceso al Parlament de Catalunya, cosas que
confirman una situación que ya no corresponde a un estado de
Derecho, sino a un estado de Excepción, o sea, a un estado de No
Derecho. Políticos, policías, jueces, fiscales y magistrados
gustosamente contribuyen a ello.
Información y actualizaciones:
La idea de
“enemigo” constituye la base de un estado de
Derecho Suprimido, es decir, de una Democracia de
la No Libertad (de una Dictadura). Por enemigo se
considera no al corrupto, al prevaricador o al
delincuente privado, sino al adversario del
ordenamiento jurídico y político vigente, a quien
combate a éste, sea con ideas o con hechos. El
enemigo es el enemigo público, el del sistema
político, aquél que no acepta su legitimidad y
considera su existencia como la garantía de una
desigualdad y una opresión perpetuas. Y el
sistema, para protegerse, se separa de su enemigo,
lo pone fuera de la ley y lo trasforma en
criminal, puesto que la disidencia es un crimen,
el mayor. El sistema se considera en guerra contra
ese “enemigo” y por lo tanto le aplica leyes de
guerra. Cuando el Jefe Superior de Policía de
Valencia, Antonio Moreno, nombrado por Rubalcaba,
justificó en una rueda de prensa (20 de febrero de
2012) la contundencia de las cargas policiales en
las manifestaciones contra los recortes en la
Enseñanza refiriéndose a los estudiantes como “el
enemigo”, proclamaba con la naturalidad del
verdugo un secreto de Estado a voces. El
funcionario fue ascendido dos años más tarde.
Todavía hay quien se rasga las vestiduras hablando
de rasgos “típicos del franquismo”, cuando en
realidad son típicos de la democracia de castas
parlamentarias. No, el Derecho Penal del Enemigo
no es un legado de la Dictadura de Franco; es una
invención del sistema democrático bipartidista.
Un sistema
autoritario, se llame democrático o no, se define
respecto a su enemigo, ese ser vil e infame que
pretende su abolición, y en la actualidad la
etiqueta de “terrorista” cuadra a la perfección.
Pero calificar a todo enemigo de terrorista
requiere una gran flexibilización del concepto.
Así pues, en el campo gaseoso del terrorismo cabe
de todo, desde la quema de contenedores y el
lanzamiento de bengalas a los actos propios de la
lucha armada, desde la difusión de ideas y la
okupación a los atentados suicidas. En ese todo
queda atrapado cualquiera que discrepe de la forma
estatal como la ideal de una sociedad libre
organizada y dude del desarrollo económico
capitalista como esencia de la democracia, puesto
que a poco que practicase sus ideas, en el
lenguaje del orden equivaldría a “subvertir el
orden constitucional, o suprimir, o desestabilizar
gravemente el funcionamiento de las instituciones
políticas”. El delito de opinión, es decir, el
tener una opinión contraria a la dominante, al
parecer lleva lejos. Igual que los delitos de
usurpación y resistencia a la fuerza pública, es
decir, la creación de centros sociales en
edificios abandonados y la protesta ante la
brutalidad policial. Las imaginarias tramas de
“terrorismo anarquista” descubiertas por la
policía y perseguidas por los jueces son una clara
muestra de lo que estamos diciendo.
La Operación
Piñata del 30 y 31 de marzo último, segunda parte
de la Operación Pandora, han tenido por objeto la
detención de personas acusadas de pertenecer a una
“organización criminal con fines terroristas”.
Entiéndase bien eso de “fines”, puesto que ni hay
prueba alguna de que los detenidos estuvieran
organizados, ni tampoco de que se les puedan
atribuir acciones que hasta utilizando los
criterios más amplios sean calificables de
terroristas. La organización en sí, con la que
muchos no han tenido nada que ver, los Grupos
Anarquistas Coordinados, no ha sido más que un
foro de relaciones entre individuos y colectivos
de ideología afín a efectos de propaganda
perfectamente trasparente, con su dirección de
correo electrónico incluida. Sin embargo, en el
Derecho Penal del Enemigo, la organización del
contrario es delictiva por naturaleza, y por lo
tanto, criminal y terrorista per se; un
“punto de encuentro de grupos violentos”
dispuestos a cometer improbables “sabotajes y
colocación de artefactos explosivos” con el objeto
de “sembrar el terror en la población”. Aquí se
juzga solamente por la intención, que se da por
sentada. El enemigo no tiene derecho a la
intimidad, ni tampoco a la libertad de expresión o
de reunión, por lo que tanto el uso del servidor
Riseup, como la publicación de un libro y la
coordinación de personas, son consideradas pruebas
suficientes de delitos potenciales y aun de otros
ya cometidos por desconocidos, como los petardos
de feria colocados en cajeros automáticos o los
artefactos sin carga explosiva de la Almudena y
del Pilar, que servirán para calificar de
“terroristas” a las víctimas de la operación.
El Director
general de la Policía Nacional Ignacio Cusidó no
tiene empacho en afirmar públicamente que “el
terrorismo anarquista se ha implantado en España”
y por eso la lucha contra él es “una prioridad
para la policía”. Si los hechos desmienten tales
despropósitos, tanto peor para los hechos. Los
agentes del orden arreglarán pruebas y los jueces
desecharán testimonios favorables. El Derecho
Penal del Enemigo nos sumerge en un universo
kafkiano que en cierto modo tiene su lógica y esa
es la del miedo. La aberración yihadista y la
crisis prolongada amenazan con despertar una
histeria securitaria en las masas ciudadanas que
no augura nada bueno. Malos tiempos para la
libertad, un valor a la baja, y buenos para los
halcones de la política. El miedo es la coartada
del Poder, y un sector de éste es partidario de
jugar esa carta a fondo. Las algaradas callejeras
han ridiculizado montones de veces la eficacia de
unas fuerzas del orden mentalmente muy
identificadas con su función represora, pero
incapaces de neutralizar una lucha urbana ruidosa
que cuenta con efectivos no excesivamente
numerosos. El ridículo es a veces mucho más
subversivo que la propaganda radical o la pedrada,
si bien no es el acto de sabotaje del sistema más contundente, sí es el que más
lo deslegitima. La Operación Piñata no se ha
desencadenado pues contra un etéreo terrorismo
anarquista, sino que forma parte de un plan de
guerra que apunta al entorno segregado del
sistema, a la base de la disidencia social y de la
resistencia callejera. A los ateneos, centros
okupas, asambleas vecinales, colectivos obreros
autónomos, grupos anticarcelarios, agrupaciones en
defensa del territorio… Es una operación de
limpieza que intenta evitar que unos minúsculos
puntos de apoyo, al calor de la crisis económica y
política, se conviertan en palanca de una crisis
social difícilmente manejable. Como dijo Cusidó,
se trata de una “labor preventiva”, dos palabras
que conviene interpretar en sentido militar,
puesto que este servidor del Estado es consciente
de estar en guerra contra el bando radical de la
justicia social, la igualdad y la libertad.
¡Abajo el
Estado! ¡Libertad inmediata para los detenidos!
Revista
Argelaga, 1 de abril de 2015.
Otro textos:
Operación Piñata, de aquellos vendavales, estos lodos: https://adherentesalasextabcn.wordpress.com/kompas-presxs/libertad-press-anarquistas/han-sido-lxs-narquistas/
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