Reinaldo
Gómez Guijarro, Jaro, es uno de esos presos que sufren cadena perpetua
desde mucho antes de que se reconozca su existencia en el sistema
punitivo español incorporándola al código penal. Él lleva 21 años preso y
su fecha de cumplimiento prevista todavía está muy lejana. Aún está
clasificado en primer grado, el régimen penitenciario de castigo. Fue
trasladado hace poco desde Huelva, en el otro extremo del país, a la
cárcel de A Lama (Pontevedra); como siempre, muy lejos de sus lugares de
arraigo, donde viven su familia y amistades. Había conseguido pasar
bastante tiempo sin sanciones, lo que hacía posible su paso a segundo
grado, con la posibilidad de salir de permiso e integrarse en otras
actividades reinsertadoras. Lejos de eso, hacia navidad, fue trasladado
al departamento de aislamiento. Aún sin poderlo sancionar, pues no había
cometido ninguna infracción del reglamento, sin ninguna acusación
formal, lo encerraron solo allí. Sus compañeros de módulo protestaron
por ello y retrasaron el momento de iniciar las tareas de limpieza hasta
que se aclarara su situación. Él no estaba allí, sino en aislamiento,
pero la actitud de sus compañeros fue calificada muy exageradamente por
los funcionarios como “conato de motín” y se acusó arbitrariamente a
Reinaldo de incitarles a rebelarse. Le encerraron en la misma celda en
la que murió en abril pasado Eugenio García Serrano, Gaviotu, en
circunstancias aún no aclaradas, y desde el primer día recibió amenazas
de algunos “funcionarios de prisiones”. Los cuales, por ejemplo, le
decían: “Ya sabes quién estaba ahí, tú verás cómo quieres acabar”. Ante
las quejas legalmente cursadas por su familia y amistades, le cambiaron
de celda, pero habiendo pasado más de un mes desde que fue trasladado de
módulo le han notificado tres sanciones muy graves, como promotor de un
“motín” que nunca existió y en el que él no pensó ni por un momento. Le
tienen sometido a una dinámica de tensión permanente, encerrado en una
celda sin ninguna de sus pertenencias, constantemente vigilado,
presionado y amenazado. Cuando le sacan de la celda, por ejemplo, le
colocan las esposas. Se ve que para este compañero no rige el “principio
de rehabilitación” como finalidad de las penas privativas de libertad
reconocido en la constitución española. En lugar de darle la oportunidad
de progresar en el “tratamiento penitenciario” aproximándose a la
reinserción social, se le está acosando, reduciéndole a una situación
desesperada y enloquecedora. Tememos por la vida de nuestro compañero.
Sugerimos, como principio, enviar cartas, correos electrónicos o faxes, y
hacer llamadas teléfonicas a las “autoridades responsables ¡Hay que
hacer algo para proteger a Jaro!
Modelo de texto para faxes:
A QUIEN CORRESPONDA
Exigimos que se respeten los
derechos de Reinaldo Gómez Guijarro, preso en la cárcel de A Lama
(Pontevedra), encerrado en el departamento de aislamiento a finales de
diciembre pasado, en la misma celda donde murió el pasado abril, en nada
claras circunstancias, su compañero Eugenio García Serrano, Gaviotu,
donde ha sufrido amenazas por parte de algunos “funcionarios de
prisiones”, llegando a tener que escuchar de alguno de ellos: “Ya sabes
quién estaba ahí, tú verás cómo quieres acabar”. Se está viendo sometido
a una tensión permanente, con amenazas, cacheos y todo tipo de
presiones, encerrado en una celda prácticamente desnuda sin poder
disponer de sus pertenencias, esposado cada vez que tiene que salir de
la celda. En semejantes condiciones llevaba ya un mes cuando se le han
notificado tres sanciones muy graves, al menos una de ellas debida a una
arbitraria acusación de incitar a sus compañeros a la rebelión, por
unos hechos calificados muy exageradamente de “conato de motín” cuando
consistieron en una mera protesta verbal totalmente legítima, y que se
produjeron cuando él ya estaba en aislamiento, es decir en otro módulo
distinto. Reinaldo lleva ya 21 años preso, habiendo sufrido continuos
traslados, casi siempre en cárceles muy alejadas de su familia y
amistades, siempre clasificado en primer grado, sometido a unas
condiciones de vida embrutecedoras, sin ninguna actividad que pudiera
ser relacionada de ningún modo con su reinserción social. Como prescribe
la constitución, un preso tiene derecho a que su condena está
permanentemente encaminada a esa reinserción, pero el tratamiento que ha
recibido y continúa recibiendo esta persona y lo que consigue es
hacerla imposible, empujándole a la desesperación. Por todo ello y
temiendo por su vida y su salud mental, exigimos a quienes tienen
asignada por las leyes esa responsabilidad que se ocupen de que la
Reinaldo Gómez Guijarro sea puesto en una situación que permita la
satisfacción de sus derechos como persona.
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Calle Alcalá 38-40. 28014 – Madrid
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dgip@dgip.mir.es; TEL: 91 335 48 76; FAX: 91 335 40 64
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Juzgado Vigilancia Penitenciaria nº 2 (Pontevedra)
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