El perito de Hacienda ratifica que el alcalde de Arroyo ingresó 836.652 euros en cinco años que «no justificó»

El perito de Hacienda que realizó el informe sobre la situación fiscal del alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez, y su mujer, María Ana Fernández, en el periodo comprendido entre los años 2003 y 2007 ratificó que el matrimonio obtuvo unos ingresos superiores a los declarados en el IRPF por importe de 836.652 euros, que no justificó, lo que se podría considerar «como dinero B», según contestó este técnico del Estado a las insistentes preguntas de José María de la Red, letrado de la acusación particular.
Méndez y Gómez de Liaño
El testimonio del inspector se produjo en la quinta sesión del juicio del denominado 'caso Arroyo' por presunta corrupción urbanística, que se desarrolla desde el pasado martes en la Audiencia Provincial de Valladolid.
En ese mismo periodo analizado, la pareja ingresó más de 14.000 euros en concepto de devolución de sus declaraciones de la renta.
Aunque Méndez ya ha regularizado a posteriori esta situación y no se puede considerar delito fiscal por no superar los 120.000 euros por ejercicio, según confirmó el inspector de la Agencia Tributaria, el regidor realizó operaciones que «no eran transparentes», tanto en los movimientos de venta de sus sociedades como en la adquisición de propiedades. Entre ellas, Fernando Lafuente Molinero destacó que la venta de participaciones por parte de Méndez bien a su primo Guillermo Fontevedra Méndez como a su entonces socio José Presas Zobra en firmas como Sociedad Operadora del Futbolín, Recreativos Dema, Automáticos 33, Autojocs, Diverjuegos o Contabilidad y Control le reportaron unos ingresos de 290.721 euros, cuya entrada no se refleja en ninguna de las cuentas que tiene el matrimonio.
Por su parte, la mujer del primer edil realizó dos suscripciones de participaciones en las firmas D'Factory Garmen y Promotora Ulmetum por importe de 69.000 euros, que ingresó en efectivo en dos cuentas sin constar ninguna anotación bancaria de que se haya retirado una cantidad igual o similar.
Respecto a los inmuebles, el informe pericial pone en duda que la venta de la vivienda habitual del alcalde en Arroyo a sus suegros sea tal, ya que el matrimonio Méndez-Fernández continua residiendo en el chalé, al mismo tiempo que es la pareja la que abona el crédito hipotecario al que se subrogaron los padres de ella al comprar el inmueble. El perito tampoco encuentra justificado el origen de los 84.742 euros que el primer edil pagó en efectivo a Mahía por la vivienda que adquirió a la promotora en la localidad gallega de Villagarcía de Arosa.


Entre los acusados se encuentran el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez Freijo, y el portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Jesús García Galván, quien a su vez es concejal en el Ayuntamiento de Valladolid, presidente de la sociedad Sodeva y responsable de la elaboración de las listas electorales de los 'populares' en la provincia.
El Ministerio Fiscal solicita para José Manuel Méndez -exmilitante del PP y hoy en una candidatura independiente- diez años y medio de prisión, así como la inhabilitación para ejercer cargo público durante 27 años y el pago de multas de más de 535.000 euros, por dos delitos de cohecho, otros dos de prevaricación y uno de malversación.
Para Jesús García Galván, el fiscal pide dos años de prisión y multa de 316.720 euros por cohecho y otro año de privación de libertad por prevaricación, así como nueve años de inhabilitación por cada uno de ellos.
El Ministerio Público solicita las siguientes penas para los otros cuatro acusados: Ramón López Casal y José Presas Zobra, de la constructora Mahía Grupo Inmobiliario S.L, penas de 14 y dos años de cárcel, respectivamente, junto con el pago de multas de 851.500 y 180.000 euros, a cada uno. Para Buenaventura Conde Salazar, exarquitecto municipal, la petición es de cuatro años por de prisión, multa de 125.000 euros y 27 años de inhabilitación. Y para María Iluminada Miguel Fernández, apoderada de Mahía en Valladolid e hija de Dionisio Miguel Recio, la petición es de tres años de prisión y multa de 174.000 euros, además de inhabilitación durante nueve años. Dionisio Miguel Recio ha sido concejal del Ayuntamiento de Valladolid, diputado provincial y hombre de confianza del consejero Tomás Villanueva. Miguel Recio fue tambiién consejero de la empresa municipal de suelo de Arroyo, Emuva, gestora de la política urbanística en el citado municipio.
La suma de las peticiones del Ministerio Fiscal para los seis acusados asciende a un total de 36,5 años de cárcel y pago de multas por más de 2,1 millones de euros. Peticiones que son superadas por la acusación particular, representada por la Asociación de Vecinos de Arroyo Siglo XXI, que solicita un total de 58,5 años de prisión y multas por casi seis millones de euros.
Para el todavía alcalde Méndez la petición -por tres delitos de cohecho, uno de malversación y otro urbanístico- es de 16,5 años de prisión, inhabilitación por 31,5 años y el pago de 3.485.000 euros de multa.
Para el otro político, Jesús García Galván, la acusación particula pide -por cohecho y prevaricación- seis años de prisión, veinte de inhabilitación y 475.000 euros de multa.

BENEFICIOS
En el auto se atribuyen a José Manuel Méndez ser recepcionista de 30 millones de pesetas de Mahía por sus gestiones a favor del desarrollo de los planes de la constructora.en el municipio. Además recibió como 'regalos' una vivienda en Vilagarcia de Arousa. También se hace constar el desconocimiento del capital de compra de un chalé en Sansenxo y un piso en Carril; todos ellos en Pontevedra. Además aparece otra vivienda en la localidad lucense de As Nogais, muy próxima a Doncos, donde inició su carrera política el aún alcalde de Arroyo. Méndez poseé otras dos fincas en la urbanización La Vega, de Arroyo.
Todo este patrimonio ha sido acumulado por el alcalde, cuyos ingresos no superaban los 3.000 euros, y que no será la primera vez que se vea con la justicia acompañado de su abogado defensor: el exjuez de la Audencia Nacional, Javier Gómez de Liaño. En 2007, Méndez ya fue juzgado, junto a José Presas Zobra, en el 'Caso Dema' (Recreativos Dema SA), por delitos societarios y de falseamiento de cuentas en una de sus sociedades mercantiles, de los que resultó absuelto por el juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid.
A Jesús García Galván, que fue presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, se le atribuye el ser receptor de un chalé de casi 200 metros cuadrados, en dos plantas, construido por Mahía en la localidad coruñesa de Mugardos, en la ría de Ferrol. El político del PP ha querido ocultar el regalo mediante compras y préstamos ficticios por 140.000 euros, según consta en autos. Desde su cargo autorizó, entre otras operaciones, la conversión en urbanizable el 70% del suelo de Arroyo de la Encomienda. García Galván se comprometió por escrito, en mayo del pasado año, a dimitir antes del inicio del juicio.
Todas las personas que se sentarán en el banquillo el próximo mes de junio formaron parte de un entramado constituido con la finalidad de cometer una serie de ilegalidades, cuyos exponentes más escandalosos son las modificaciones las normas del SAU 9 (recalificación de 25,598 metros cuadrados de suelo industrial en suelo residencial para que Mahía levantara casi 3.000 viviendas) o del SAU 13 (donde se permitió edificar a pesar de la papelera existente).
Estas, y otras operaciones, contaron con la participación de los acusados, que han convertido "el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda en un negocio particular", según el abogado de la acusación particular, José María de la Red.
Sobre estos hechos se pronunciará la sección segunda de lo Penal, cuyo presidente es Feliciano Trebolle.
PETICIONES DE DIMISIÓN
Los Grupos Municipal y Provincial de Valladolid de IU reiterarpn hoy, 2 de abril, su petición de dimisión a Jesús García Galván, que ya formularon anteriormente en solitario.
Salvador Arpa, diputado provincial de IU, pidió que García Galván "dejase sus responsabilidades en la Institución hasta que hubiera sentencia del Caso Arroyo" el pasado 25 de mayo de 2012; mientras que el Grupo Municipal presentó una moción en el mismo sentido el pasado 11 de septiembre, que no fue apoyada ni por el PP ni por el PSOE. IU consideraba que en un momento en que la sociedad reclama el cumplimiento de los códigos éticos que cada partido dice respetar, no había por qué esperar a la apertura del juicio oral, una vez que la imputación era firme.
Javier Izquierdo, portavoz del Grupo Municipal Socialista, también se sumó hoy a la petición de dimisión de García Galván.

Fuente: El norte de Castilla (dossier sobre el caso arroyo) y últimocero.

Un blog en el que se informan de aspectos de este caso de especulación galopante.

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