Imputadas 16 personas y empresas por manipular el PGOU de Valladolid

 

Entre los 16 imputados aparecen el exconcejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca; el secretario municipal, Valentín Merino; cualificados funcionarios y directivos de cuatro empresas inmobiliarias. No figura el alcalde, Javier León de la Riva, ni ningún edil del Grupo Popular.

Aunque no figura el alcalde vallisoletano, PSOE e Izquierda Unida solicitan la dimisión inmediata de Javier León de la Riva por su responsabilidad en la "trama" de corrupción urbanística. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Javier Izquierdo, anunció la petición de un pleno extraordinario ante un hecho gravísimo, calificado como "atentado a la democracia"



VALLADOLID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -  
   En el auto judicial, de treinta y siete páginas y dado a conocer este mediodía, el juez José María Crespo responsabiliza de las alteraciones detectadas en la principal herramienta de planeamiento urbano de Valladolid al exedil de Urbanismo, José Antonio García de Coca; al secretario municipal, Valentín Merino Estrada; al arquitecto Luis Álvarez Aller; al exjefe de Área de Urbanismo, Modesto Mezquita; a José Luis Cerezo, exjefe de este servicio; a los hermanos José Luis y Eduardo González Torres y a José Luis Mayordomo (expresidente del Baloncesto Valladolid), los tres socios de Grupo Capitol; Antonio Pastrana y José Ángel Astorga, socios de Parkosa; así como a José Luis Barca, exjefe de la Asesoría Jurídica municipal y al todavía letrado municipal, Luis Ángel Lavín Deza.

   Junto a ellos, figuran también como imputadas cuatro empresas: Capitol Promociones, Parkosa, Vallenaba Capitol y Progot, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

   A los imputados se les acusa de delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, falsedad, cohecho, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios
.     En el caso del resto de personas que a lo largo del proceso declararon en calidad de imputadas, entre ellas el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, así como a antiguos miembros de la corporación (Tomás Punzano, María Luisa Ramírez y José Carlos Muñoz Mateos) y los todavía hoy ediles Gonzalo Hernández Santamaría y Manuel Sánchez, el arquitecto Pablo Luis Gigosos, o el director general de Vivienda de la Junta, Ángel María Marinero, quien en la época de los hechos era jefe del Servicio de Urbanismo, el instructor acuerda el sobreseimiento provisional de la causa contra ellos al no encontrar indicios suficientes como para acusarles de delitos concretos. En este sentido, al instructor precisa que en algunos de estos casos "podría hablarse de una culpa in vigilando o bien in eligendo, pero sin alcance penal".
   Las claves de las irregularidades detectadas por el juez en el proceso habido hacen referencia a que no se ha tramitado el cambio del PGOU mediante revisión del mismo; no se ha dado cuenta del texto único por el Pleno municipal a todos los grupos, con tiempo para examen del texto antes de su remisión para la publicación del mismo, y la ausencia de requisito de control por la Consejería de fomento del texto único, antes de su publicación.
   El procedimiento de revisión o los controles señalados, según entiende Crespo, habrían podido evitar que se publicase en el boletín oficial un texto con planos distinto al que debió ser publicado.

 

EL CONCEJAL Y EMPRESARIOS, CONCERTADOS

   El juez se muestra contundente al señalar que en el proceso de modificación del PGOU, los imputados que actuaron en representación de distintas mercantiles, también imputadas, "se pusieron de acuerdo" con el concejal García de Coca de cara a obtener por la vía del articulado y planos, determinadas  modificaciones bien no previstas bien rechazadas con anterioridad, ante solicitudes de actuación formuladas por algunas de esas empresas.
   "El núcleo operativo" dentro del Ayuntamiento estaba conformado por García de coca, Álvarez Aller y Modesto Mezquita, ambos técnicos que acudían de ordinario, aunque no figuraban en las actas, a las reuniones de la Comisión de Urbanismo, donde daban las explicaciones oportunas cuando los miembros de la oposición municipal planteaban dudas o problemas a los diferentes informes favorables a las posturas mantenidas por el primero y los solicitantes en cada caso de actuaciones urbanísticas.
   Para ello se siguió el proceso normal reglado, "dando apariencia de normalidad en el mismo, salvo algunos trámites, que no se llevaron a cabo de modo ortodoxo. Pero además, el juez apunta que en el momento en que García de Coca accede al cargo cambió la organización y varias personas del equipo municipal con competencias en urbanismo para adecuarlo a los planes que se conformarían en el proceso posterior de modificación del PGOU.
   Respecto de las actuaciones entre personas del Ayuntamiento y representantes de empresas que se tradujeron en beneficios concretos, el instructor pone el acento en cuatro actuaciones urbanísticas, una de ellas en la Avenida de Madrid, promovida en febrero de 2007 por José Luis Mayordomo, en nombre de Vallenaba Capitol (luego Vallenava Inversiones S.L), solicitando aprobación de estudio de detalle de cuatro parcelas en el kilómetro 185 de la referida vía.
   Tras una tramitación irregular amparada por el entonces edil de Urbanismo, García de Coca, el arquitecto Álvarez Aller y Modesto Mezquita, entonces jefe del Área de Urbanismo, se pasó de la posibilidad de construir nueve a 124 viviendas, al haberse alterado en el plano la superficie de parcela mínima.
   También se centra el juez en la demolición del edificio de Monedero--era un bien catalogado--en la calle Libertad 15-17, que se efectuó obviando la obligación de que la Junta supervisase la catalogación de edificios gracias a una modificación del artículo 6 del PGOU. El 18 de septiembre de 2007 llegaría una sentencia, ya tarde, que declaraba nula dicha demolición.
   Del mismo modo, el auto se centra en la operación urbanística de Parkosa relativa al proyecto básico de complejo residencial-asistencial para mayores en Arca Real 54 presentado en 2006. Se trataba de la figura de apartamentos tutelados, inexistente en la normativa de Castilla y León y la municipal. Se conseguiría así la edificación de residencial bajo la forma de inmueble asistencial.
   Otras de las manipulaciones señaladas por el juez, de suelo urbano no consolidado a consolidado por alteraciones en los planos, es la relativa al cambio de calificación de uso del entorno de Cáritas, en la calle José María Lacort, promovido por la Fundación Emilio Álvarez Gallego y que permitió a Parkosa escavar un aparcamiento de 400 plazas, sin que el Ayuntamiento recibiera a cambio, además, cesiones de suelo, subsuelo y vuelo.

 

 (REPRODUCIMOS A CONTINUACIÓN UN PANFLETO DE AQUELLOS AÑOS EN EL QUE SE DENUNCIABAN LOS TEJEMANEJES ESPECULATIVO ENTRE EL ALCALDE Y EL GRUPO POPULAR Y VARIAS EMPRESAS... Teconsa, que no sale aquí, se ha relacionado con Gürtel, Corsan-Corviam ha tenido también procedimientos, el Grupo Parquesol y compañía ya vemos cómo actuan... pero las que se salvan de todas son las grandes empresas constructoras e inmobiliarias del país, bancos y cajas, FCC, ACS, Metrovacesa... EL MILAGRO ECONÓMICO de finales de los 90 en el Estado español fue construido por LOS QUE AHORA GOBIERNAN CON LA CONNIVENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LAS GRANDES EMPRESAS DEL PAÍS. Valladolid solo es un ejemplo más... para ellos, donde vivimos o cómo vivimos SOLO ES UNA CUESTIÓN DE BENEFICIOS.