La justificación para privatizar es la INSUFICIENCIA de los servicios sanitarios públicos para atender las demandas de la  población, pero como podemos ver día a día, la sanidad pública se deteriora y se vuelve insuficiente por la gestión voluntaria de ciertos partidos políticos.
El aumento de provisión y del aseguramiento privado va unido  a una creciente y cada vez mayor desigualdad  social: la  privatización  produce  un  aumento  de  la  mortalidad  evitable  porque  va  unida  a  una  falta de financiación  paralela  de  la  sanidad pública.

La privatización en nuestro país proviene ya de la Ley General de Sanidad (1986) y se acelera a raíz de la ley 15/97. Actualmente se ha extendido a todo el Sistema Nacional de Salud con intensidad variable según las CCAA atendiendo al grupo político en el gobierno y a otras circunstancias, profundizándose a partir de  la  finalización  de  las  transferencias sanitarias en 2001  y del  primer  gobierno  del PP  a  nivel  central. Se  acentuó  con  la  crisis económica  de  2007  y  con  la  pandemia  de covid19 que ha sido aprovechada por varias CCAA, especialmente la de Madrid, para profundizar esta deriva privatizadora del sistema sanitario.

La realidad es esta: por eso no nos pueden extrañar las noticias sobre el Hospital de Torrejón o el Grupo Quirón. Pero la realidad también es que mientras miramos a Madrid, en Castilla y en León se está produciendo un deterioro progresivo de la Sanidad Pública, impulsado por las mismas fuerzas que operan en Madrid: el grupo Recoletas en Valladolid es el equivalente al grupo Quirón madrileño... el Hospital Campo Grande, el Sagrado Corazón, son muestras del incremento de la Sanidad Privada que ya se está comiendo una buena parte del pastel.


 

¿Y LOS USUARIOS? ¿Y LOS SANITARIOS?

Los usuarios vemos día a día como siguen aumentando las LISTAS DE ESPERA para los especialistas, sobre todo, vemos como no nos dan cita cuando la necesitamos, sino para "la semana que viene", vemos que nuestros médicos de familia están cansados...
Por su parte, los sanitarios sufren la presión de todos: de la administración y de los usuarios, de la falta de medios y de la falta de personal.

LOS USUARIOS Y LOS SANITARIOS SOMOS LOS PAGANOS DE ESTA SITUACIÓN. Deberíamos unirnos contra los que parasitan el sistema sanitario. Nuestra responsabilidad es denunciar la situación y luchar contra el deterioro y la degradación del sistema sanitario.

La clase trabajadora deberá responder: con la lucha por sus condiciones de vida y de existencia, por la sanidad universal y unas condiciones higiénicas y sanitarias dignas. Por los verdaderos intereses de la clase trabajadora, seamos "responsables"... 

 

A los sanitarios les toca elegir: O PÚBLICA O PRIVADA: DEDICACIÓN EXCLUSIVA

A los usuarios y sanitarios, juntos, NOS TOCA LUCHAR: POR LA SANIDAD, POR NUESTRAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO.
 

CONTRA LA GESTIÓN SANITARIA DE LA JUNTA, NUESTRA RESPONSABILIDAD: 

LA LUCHA DE LA CLASE TRABAJADORA. 

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NOTICIAS y TEXTOS anteriores:

> Informe sobre la privatización de la sanidad 2025: https://fadsp.es/privatizacion-sanitaria-espana-2025/

> Contra la privatización de la sanidad, derogar la Ley 15/97: https://valladolorentodaspartes.blogspot.com/2021/02/contra-la-privatizacion-de-la-sanidad.html

> Sobre el desmantelamiento de la atención primaria en Madrid: https://valladolorentodaspartes.blogspot.com/2022/07/de-aquellos-barros-estos-lodos-sobre-el.html

> Las privatizaciones matan: https://valladolorentodaspartes.blogspot.com/2023/02/las-privatizaciones-matan.html

> Lo que todos ocultan en la destrucción de la sanidad pública: https://valladolorentodaspartes.blogspot.com/2023/03/lo-que-todos-ocultan-en-la-destruccion.html

> Valladolid, sanidad: La lucha es el único camino: https://valladolorentodaspartes.blogspot.com/2025/02/sanidad-la-lucha-es-el-unico-camino.html

Lo que todos ocultan en la destrucción de la Sanidad Pública

La Sanidad Pública hace aguas en todo el Estado, independientemente de quien gobierne. Desde los centros de salud a los hospitales, pasando por la salud mental, o el transporte sanitario, el brutal deterioro se plasma en las listas de espera más elevadas de la historia, pacientes que fallecen sin ser atendidos, excesos de mortalidad no investigados, etc.

Todo lo que está ocurriendo es, desgraciadamente legal, gracias a las leyes de ámbito estatal 15/97, y los artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad, que el gobierno “más progresista de la historia” mantiene en vigor pudiéndolas derogar. Es decir, unos hacen el “trabajo sucio” y los otros se rasgan las vestiduras. Puro espectáculo.

Hoy la realidad es esta: uno de cada tres euros dedicados a sanidad acaba en los bolsillos de empresas privadas mientras los centros públicos agonizan por falta de medios y los seguros privados se disparan. En cuanto a los trabajadores, tras los aplausos, el maltrato ha alcanzado niveles escandalosos, lo que ha provocado la huida y el abandono de muchos de ellos en busca de mejores condiciones laborales.

Lo llevamos advirtiendo dos décadas, la agresión no va a acabar aquí. Con la justificación de la crisis están desmantelando todos los “servicios públicos”, y van a convertir la sanidad, en un Sistema de Beneficencia. Los “Ayuso dimisión (o el político que corresponda)”, o “La sanidad no se vende, se defiende” son reclamos vacíos. Si queremos salvar la sanidad no nos tenemos que dejar engañar por los síntomas, hay que actuar sobre las causas (las leyes estatales) y señalar a los responsables (todos los partidos que las mantienen). Están todos en el ajo, los partidos y sindicatos que han permitido esta situación son parte del problema y no pueden formar parte de la solución. Son los mismos que desmantelan las pensiones, han pasado página en la masacre de las residencias, mantienen la ley Mordaza, no derogan la reforma laboral, siguen sin garantizar el acceso a la vivienda….

O recuperamos la movilización autónoma, al margen de los privatizadores, o nos despojaran de todo.

Cronograma de la privatización de la Sanidad

• 1986:Ley General de Sanidad. Incorporó avances como la creación de la Atención Primaria, pero se suprimieron propuestas iniciales como la creación de un sistema público de Farmacia, o la atención integral de salud mental y bucodental. Se introducen los artículos 67 (convenios singulares) y 90 (conciertos) que van a permitir trasvasar miles de millones de euros a empresas privadas, por actividad que se podría hacer en los centros públicos si estuvieran dotados de plantillas suficientes.
• 1997:Ley 15/97 (de “Nuevas Formas de Gestión”), que va a permitir, con dinero público, la apertura de centros sanitarios privatizados durante décadas.
• 1999: Primer hospital de modelo concesión (Alzira, Valencia), cedido a una empresa privada por 20 años. Posteriormente se abren otros 4 del mismo modelo.
• 2004-2011:Madrid aplica el mismo modelo poniendo en manos privadas por 30 años (hasta 2038-2040)11 hospitales privados, lo que implicó el cierre de más de 2.000 camas públicas y el trasvase de cientos de millones de euros anuales que se detraen de los centros públicos.
• 2010: Se extiende el modelo de hospitales privatizados a Baleares, Cataluña, Castilla y León, Galicia, etc. Paralelamente se privatizan ambulatorios y laboratorios públicos, citas médicas, extracción de sangre, lavandería, limpieza, informática, mantenimiento, almacenaje, vacunas, etc.
• 2018-2023: Se disparan las listas de espera hasta cifras récord, lo que les ha permitido justificar el brutal incremento de los conciertos privados (art. 90 Ley General de Sanidad), mientras se cerraban o reducían servicios en los centros públicos. La crisis del Covid es aprovechada para derivar cientos de millones de euros hacia empresas privadas, abrir “hospitales” innecesarios, cerrar servicios de urgencias, rematar la Atención Primaria y maltratar aún más a los trabajadores.

Cuando hace 18 años Esperanza Aguirre anunció el Plan “La sanidad del futuro ya está aquí” comprendimos perfectamente lo que se escondía detrás de esa promesa, y decidimos crear la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) para explicar por barrios y pueblos lo que se nos avecinaba. En aquellos años, muchos de los que hoy se escandalizan por la situación de la sanidad madrileña, nos tildaron de “talibanes” que estábamos exagerando y engañando a la población.

Durante esos años (2004-2012), mientras se privatizaba y deterioraba la sanidad:

- Establecimos contactos con otros compañeros del resto del Estado que vieron, como nosotros, que el problema radicaba en las leyes que permitían la privatización y el desmantelamiento de la sanidad.

- Advertimos a los grupos de la izquierda institucional de lo que se nos vendría encima. Recogimos 500.000 firmas en las calles explicando que la privatización solo era posible por la existencia de dichas leyes y las entregamos en el Parlamento en 2009, pidiendo al PSOE, que tenía en aquel momento mayoría, que las derogase y blindara la sanidad antes de que fuera tarde.

- Fuimos silenciados por todos los medios mientras miles de personas salían a la calle pidiendo la derogación de la ley 15/97.

El proceso de demolición se extendió por todo el Estado, de forma que se comenzó desmantelando plantillas y servicios sanitarios (aquí, aquí, aquí, aquí), cerrando consultorios en la España vaciada/vacilada (aquí), ambulancias (aquí), puntos de urgencias (aquí, aquí), etc. Entonces, a la mayor parte de la población no le importó porque no le afectaba de forma directa.

Sin embargo, ahora la destrucción del sistema sanitario ya está afectando a zona más densamente pobladas (aquí), con cierres de centros de salud por las tardes (aquí), de paritorios (aquí), de servicios de urgencias en localidades de más de 100.000 habitantes (aquí), supresión de plazas de medicina y de pediatría sobre todo en barrios marginales (aquí), cierre de servicios hospitalarios (aqui, aquí), retrasos en tratamientos oncológicos de hasta casi 200 días (aquí), etc.

Ningún lugar del Estado se salva. Incluso en el “oasis vasco” ya avisan de que tendrán que acostumbrarse a desplazarse los kilómetros que ellos decidan para ser atendidos (aquí, aquí), cierran ambulancias municipales que llevaban funcionando 110 años (aquí), y hasta copian del nuevo modelo de centros de salud sin médicos de Ayuso (aquí). Mientras este cierre de recursos ocurre, nuestro dinero fluye cada vez más hacia los centros privados (aquí).

En este contexto, el cierre desde hace dos años (aprovechando la nefasta gestión del COVID) de los servicios de urgencias de Madrid (SUAP) es solo un paso más del plan, perfectamente diseñado, para convertir la sanidad pública en un modelo de beneficencia. Si a las limitaciones derivadas de la falta de atención urgente le sumamos la escalada de las listas de espera hasta cifras nunca antes vistas, está asegurado el crecimiento de los seguros privados. Así, 2,5 millones de madrileñxs (jn 37%) ya tenían una póliza privada en 2020, mientras que a nivel estatal se alcanzaba ya el 23 % (aquí). Este crecimiento está alimentado por los que se creen “clases medias” que, en lugar de luchar por el sistema sanitario público, huyen en una suerte de sálvese quien pueda, para regocijo de los accionistas de estas empresas.

Esta situación es resultado de la connivencia de todos los partidos políticos y sus satélites. Es más, desde marzo de 2020 y pese a las promesas de blindar la sanidad en la Constitución, no se ha hecho nada para frenar en serio el deterioro del sistema sanitario en ningún lugar del Estado. En cuanto a los trabajadores del sector, solo existen promesas cosméticas (aquí), ya que en la práctica no crecen las desmoralizadas plantillas. Al contrario, se las ha precarizado con la ayuda inestimable del sindicalismo colaboracionista, pieza indispensable desde hace décadas en el desmantelamiento sanitario.

El acceso a la atención sanitaria empeorará con toda seguridad a medida que la crisis económica derivada del fin de la era de los combustibles fósiles y materiales baratos se haga más evidente. El Estado perderá capacidad recaudatoria y aplicará medidas de “decrecimiento” a los sectores trabajadores, lo que supondrá no solo el empobrecimiento de amplias capas de la población, sino su abandono sanitario. En este contexto, cuando ya no se garantiza la atención sanitaria en tiempos adecuados, cuando se pone en riesgo la salud de la población, solo una respuesta contundente, lo más amplia posible, puede revertir el proceso. Al mismo tiempo, convendría recoger enseñanzas: los servicios públicos solo sobrevivirán si son gestionados democrática y descentralizadamente entre usuarios y profesionales.

Ahora más que nunca: www.recuperatusanidad.org

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Sobre las pancartas en los colegios públicos y la diferencia de rasero con la concertada y sus lazos y pancartas. 

Las AMPAS de Castilla y de León están totalmente indignadas por la prohibición de la Junta de colocar pancartas en los centros públicos por el doble rasero de la Junta que no ha dicho nada sobre la propaganda visible en los centros privados y prohibida para los públicos. 

En la pancarta se lee "Yo amo la escuela pública: porque es nuestra, porque es de todos y todas". Nada más. Se ve que el lema en sí es muy peligroso. La Junta ha llamado a los directores de los centros educativos amenazándoles si ponen la pancarta. El señor Igea por su parte ha afirmado que no se debe al mensaje en sí, sino al hecho de que son edificios públicos y, según él, no debería haber "mensajes" en los centros públicos. Sin embargo, es evidente para cualquiera que camine por la ciudad que los edificios públicos ostentan mensajes, carteles y pancartas de diverso signo en múltiples ocasiones.

Los centros concertados durante meses han aireado sus lazos naranjas, pancartas y mensajes, contra la modificación de la ley de educación realizada por el gobierno. Durante todo este tiempo, la Junta no ha dicho nada al respecto, posicionándose claramente a su lado y contra la escuela pública que es, lo recordamos para los desmemoriados, la escuela que la Junta debería gestionar y defender. Esto es la gota que ha colmado el vaso de una política claramente partidista y determinada por las presiones de la escuela privada y concertada, sobre todo, la católica. 

La Junta, para evitar y/o sortear la LOMLOE, ha adelantado el periodo de matriculación en los centros sabiendo los problemas que la fecha generaría por la cercanía de la semana santa. De nuevo, la Junta gestiona la educación con tintes políticos que favorecen a la privada y la concertada en detrimento de la educación pública que ella misma gestiona. Frente a una gestión integral del sistema educativo, en la que la educación sea un bien común y un hecho social, nos encontramos con la politización constante por parte de los propios gestores del sistema que obligan a los centros a competir por el alumnado como si esto fuera "el mercado". Pero es que la educación es un gran negocio, para algunos. Solo un ejemplo, actualmente, el empresario más rico de Castilla y León es el segoviano Jesús Núñez Velázquez, máximo accionista de la Universidad privada Alfonso X El Sabio, que cuenta con un patrimonio de 870 millones de euros y con unas ganancias de más de 70 millones de euros al año. Esto es solo un ejemplo, pero es claro que la educación privatizada es un negocio millonario y que hay mucho dinero en juego. La Junta no solo quita unas pancartas, pretende "eliminar" toda una manera de entender la educación.

La Junta, fomentando la competencia entre colegios e institutos por el alumnado, mediante la supuesta libertad de elección de centros, en vez de realizar una gestión integral del sistema educativo, favorece el "negocio de la educación" y al mismo tiempo promueve una determinada ideología basada en la competitividad y en la mercantilización de la educación. 

La escuela como negocio y la gestión empresarial del sistema educativo.

Al igual que sucede con la privatización de muchos servicios sanitarios, asistimos desde hace tiempo a la mercantizalición completa y progresiva de la educación (al menos desde la aprobación de la Ley Bricall y el Plan Bolonia hace 20 años). Existe un movimiento para favorecer la entrada de la iniciativa y el capital privados en los sistemas públicos de enseñanza apoyado por grandes coorporaciones y por las grandes instituciones de control de la burguesía a nivel mundial. 

Se habla de un Global Education Reform Movement (GERM) ('Global education ‘reform’ building resistance and solidarity'), caracterizado por la estandarización generalizada, el pago por resultados, la competición, la capacidad de elección, y la privatización. Así, cada día, mayores empresas están invirtiendo en la industria educativa. La mayor de ellas es Pearson, que vendió su participación en el 'Financial Times' y en 'The Economist' para dedicar toda su potencia financiera al sector educativo. Las grandes compañías de informática —Microsoft, Apple, Cisco, Samsung, IBM, Google— están invirtiendo también fuertes sumas en educación.

La idea de educación pública como un sistema que debe regirse por reglas de eficiencia copiadas del mercado (libertad de elección y competición) quedó incluida dentro del movimiento de la Nueva Gestión Pública. La Nueva Gestión Pública dice que pretende mejorar el sector público introduciendo sistemas de gestión empresarial. Pero como ocurre en la sanidad, la gestión empresarial de las vidas humanas lo único que genera es dolor: la tasa de mortalidad en la sanidad privada es mucho mayor que en la pública, la gestión empresarial mira antes las cifras de resultados que los sanos, enfermos y muertos. Lo mismo pasará en el sistema educativo si les dejamos.

Esta política educativa cuenta con el apoyo de organismos económicos internacionales: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE, lo que lleva a muchos a pensar en una conspiración capitalista en contra de la escuela pública, que siempre ha tenido como objetivo la igualdad y la cohesión social. Los defensores de la gestión estatal de la escuela pública consideran que el pensamiento neoliberal ha contaminado las políticas educativas, y que incluso gobiernos "socialistas" o "laboristas" consolidaron la idea de educación como un supermercado, abriendo paso a una serie de escuelas en competición: 'religious schools', 'private schools', 'grammar schools', 'specialist schools', 'beacon schools', 'church schools', 'foundation schools', 'academies', etc. 

Para hacer más complejo el panorama, hay un gran movimiento, en el que participan el FMI, el BM, la OCDE, la Unesco, Unicef, que defiende la cooperación de las administraciones públicas con las organizaciones empresariales y con las organizaciones 'non profit (sin beneficio)' para mejorar las prestaciones educativas. Parten de la constatación de que muchos estados van a tener dificultades para dedicar a la educación la financiación necesaria y dicen que sería conveniente canalizar hacia la educación capital financiero, y también capital intelectual, investigador, organizativo. Eso ha producido el interés por las asociaciones público-privadas en educación. Unas son contratos entre el Estado y organizaciones privadas; y otras, las llamadas Asociaciones de Actores Múltiples para la Educación (MSPE), en las que distintos agentes se unen para un proyecto educativo común. 

Los partidarios de la gestión estatal del sistema educativo piensan que la privatización de la enseñanza lleva inevitablemente a la segregación por razones económicas, y por lo tanto al fracaso de la función social del sistema. Además, al ser un negocio, consideran que las plusvalías que se llevan los empresarios detraen fondos de la educación (y qué decir de los conciertos, financiados con dinero de todos). Los partidarios de la privatización argumentan que la gestión privada —no funcionarial— es más eficiente (para su bolsillo, sin duda), que la libre competencia entre escuelas las exige mejorar continuamente, y que dejar al Estado la gestión de la educación es peligroso porque puede convertir la escuela en herramienta de adoctrinamiento. De ahí al "pin parental", que el partido del moco verde quiere implantar, hay solo un paso.

Pública, privada ... ¿y concertada?

En España, desde los gobiernos de Felipe González, hay un sistema de conciertos entre la escuela pública y algunas escuelas privadas que se benefician de la inversión pública. La ley, supuestamente, establecía condiciones muy estrictas: la admisión de alumnos debía seguir la misma normativa que los centros de gestión pública, la enseñanza debía ser totalmente gratuita y las actividades, tanto docentes como extraescolares y de servicios, no podrían tener carácter lucrativo. Pero la realidad es otra, todos lo sabemos. Los centros concertados no reciben apenas alumnado conflictivo, seleccionan al alumnado mediante diversos medios y subterfugios, piden "ayudas" económicas a las familias, gastos extra y un sinfin de condicionantes más que promueven la segregación y la elección del alumnado, además de una cantidad de ingresos extra de los que la pública no dispone. Así, cualquier centro concertado puede presentar unas "estupendas" instalaciones, pagadas con el dinero de todo y con las propinas de los padres. 

Las condiciones del profesorado de la escuela concertada no son las del profesorado de la pública. Para lo bueno y para lo malo. Sus condiciones de trabajo suelen ser peores que las de los trabajadores públicos. La existencia de dos sistemas genera esta desigualdad. Por eso apostamos por un único sistema educativo. Es claro, para quien esto escribe, que la concertada se ha convertido en el caballo de Troya de la privatización.

La responsabilidad del Estado supuestamente es  "proteger la calidad y equidad de la educación, favoreciendo la igualdad de oportunidades". Para conseguir este objetivo, hay que tener en cuenta que no basta la calidad de las escuelas, porque la procedencia socioeconómica de los alumnos tiene un peso enorme en los resultados educativos. Por eso, el sistema de educación básico debería esforzarse en compensar las diferencias iniciales. Eso implica que una buena educación va más allá de un buen conjunto de escuelas. Incluye el apoyo a las familias, la especial ayuda a las zonas educativamente deprimidas, los sistemas de apoyo a los alumnos con necesidades especiales, la cobertura educativa de todo el territorio, la coordinación con empresas para la formación profesional, el enlace con los municipios, el control de la calidad de la enseñanza, los criterios de capacitación del profesorado, etc. 

Estas funciones deberían ser realizadas por la Administración pública, garante de que se cumpla el derecho a una buena educación. Pero la Junta se dedica a lo contrario.

Por una educación social y de oficios. NO al negocio de la educación. 

NI CONCERTADA NI PRIVADA.

Pancarta en un Instituto de Valladolid

FUENTES:

Sobre el asunto de las pancartas y la matriculación:

> https://cadenaser.com/emisora/2021/03/16/radio_valladolid/1615889854_925292.html

> https://www.cgt-cyl.org/2021/03/cgt-denuncia-la-falta-de-responsabilidad-de-la-junta-en-el-procedimiento-de-admision-del-alumnado-en-los-centros-docentes-de-cyl/

> https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/castilla-y-leon/ccoo-carga-educacion-prohibir-pancartas-fomentar-matriculacion-escuela-publica/20210303114915024358.html

Sobre la privatización  y el negocio de la educación:

> "Universidad: Jaque mate" en https://solidariosdelaensennanza.000webhostapp.com/

> "El negocio de la educación": https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/educacion/2017-04-11/educacion-publico-privado-mercado_1364722/

> Los 7 empresarios más ricos de Castilla y León:  https://www.noticiascyl.com/t/1744985/estos-7-empresarios-ricos-castilla-leon

 Privatización de la Sanidad: Que no te engañen.
Contra la privatización, la mejor vacuna: Derogación de la ley 15/97 y del artículo 90 de la Ley General de Sanidad.

“Durante décadas, los gobiernos apenas han financiado, ni dotado de personal suficiente y han privatizado los sistemas de salud en todo el mundo. Y estas tendencias han agravado el impacto de la pandemia”.
.

Estamos asistiendo a una serie de movilizaciones contra los partidos de derechas que están privatizando la sanidad, pero no te están contando todo. 

¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué pueden privatizar la sanidad?
La privatización es legal en base a dos leyes de ámbito estatal: los artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad, que permiten derivar a los pacientes a la privada mediante conciertos y convenios singulares; y la Ley 15/97, que permite que un centro público sea gestionado por empresas privadas.
 

¿Quién aprobó y/o mantiene estas leyes?
Todos los partidos políticos del arco parlamentario aprobaron o defienden mantener dichas leyes.

¿Qué garantías hay de que si cambian los gobiernos no privatizarán?
Ninguna. Cuando las “izquierdas” están en la oposición prometen derogarlas, pero cuando llegan al poder, olvidan sus promesas.
En 2009 presentamos 500.000 firmas en el Congreso pidiendo que derogase la ley, cuando el PSOE tenía mayoría para derogarla, y ni siquiera tuvo la decencia de
recibirnos.
Pero, en el 2012, ya en la oposición, el PSOE presentó una proposición no de ley para derogar la 15/97 -el PP tenía mayoría absoluta y era imposible que saliera adelante-.
Unidas Podemos defendía derogarla hasta 2015 cuando estaba en la oposición. Incluso Irene Montero participó con nosotrxs en las movilizaciones en aquella época por la
derogación. Hoy guarda silencio.
 

¿Por qué estamos en contra de la sanidad privada?
Los hospitales privados tienen mayor mortalidad. La evidencia demuestra que la mortalidad se incrementa al ser atendido en un hospital con ánimo de lucro: un 9,5 % en recién nacidos, un 2% en adultos (2), , y un 8 % en crónicos (3). Esto es así porque los hospitales privado emplean menos personal y ... para repartir beneficios entre sus accionistas (los inversores esperan un 10%-15%
de retorno de su inversión).

¿Qué se puede hacer?
Explicar que la privatización es legal, y que detrás de ella se esconde el trasvase de miles de millones de euros todos los años a empresas privadas, lo que ha desmantelado el sistema público.
Convencer a nuestros vecinos de que la única posibilidad es la movilización en la calle contra todos los partidos políticos que defiendan la gestión y el lucro privado de la sanidad.

¿Qué alternativas hay?
Es posible una sanidad pública que atienda a toda la población, independientemente de su situación
administrativa, con gestión democrática, centrada no en lo curativo y el hospitalcentrismo, sino que actúe contra los determinantes sociales y económicos de la enfermedad.

Ello implica:
- Potenciar la atención primaria y la salud pública.
- Prohibir el ánimo de lucro en el sistema sanitario, derogando las leyes privatizadoras.
- Acabar con las redes sanitarias paralelas que se nutren del dinero público .

- Reforzar el sistema sanitario con más plantillas.

Sábado 27 de febrero a las 12:00.
Madrid, metro Sevilla.
Manifestación de la Conserjería de Sanidad al Ministerio de Sanidad.
 

Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad - www.casestatal.org - @CAS_estatal_
 

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NOTAS:

(1) Lo que salió mal. El coronavirus y el mundo después de la parada completa. Carlo Caduff, King’s College de Londres. 

(2) A systematic review and meta-analysis of studies comparing mortality rates of private for-profit and private not-for-profit hospitals. https://ww w.cmaj.ca/content/166/11/1399

(3) Estudio: Comparación de la tasa de mortalidad entre centros de hemodiálisis lucrativos y no lucrativos: una revisión sistemática y meta-análisis. https://www.casmadrid.org/docStatic/dialisis_mortalidad.pdf