Hoy 19 de mayo, comparecemos ante los medios para
denunciar la situación higiénico -sanitaria de las cárceles del Estado
español, que calificamos de calamitosa. No solo lo decimos nosotrxs,
tampoco lxs presxs y familiares que lo sufren en sus carnes, lo afirma
rotundamente cualquiera con un mínimo de decencia que tenga contacto
con la administración penitenciaria.i
Esta situación
no ha surgido de un día para otro, sino que es producto del prolongado
abandono y desidia de las administraciones públicas, de todas, y muy
especialmente de sus máximos responsables a lo largo de los años, los
ministros de interior de uno y otro pelaje y en la actualidad de
Fernando Grande-Marlaska.
Que la sanidad
penitenciaria de la mayor parte de las cárceles del país (a excepción de
Cataluña, Euskadi y Navarra) dependa de su ministerio, le sitúa en el
centro de esta denuncia. Porque hay un abismo entre lo que señalan sus
leyes, decretos, reglamentos y normativas (el deber de velar por la
vida, la integridad y la salud de lxs presxs; el deber de dar una
prestación sanitaria integral; el deber de garantizar que la atención
médico-sanitaria sea equivalente al del conjunto de la población; el
deber de garantizar la desinfección, la desinsectación y desratización
de las dependencias...) y la realidad carcelaria.
Falta
personal médico y sanitario, solo están cubiertas el 30% de las plazas
vacantes. En algunas prisiones no existe ningún médico y se opta por los
contratos temporales de servicios privados y/o por las
videoconferencias. Las enfermedades infecciosas/ contagiosas (VIH,
tuberculosis, escabiosis...) campan a sus anchas sin que se tomen las
medidas necesarias para su erradicación. Cucarachas, chinches, ratas,
sarna están tan presentes como en las mazmorras del pasado. Este año
murió en Estremera un chico por una infección en el oído provocada por
una cucaracha. Sus súplicas para ser atendido por el médico de la
prisión nunca se atendieron. En Mansilla de las Mulas, los brotes de
sarna se suceden desde hace años sin que el JVP de León ni la SGIP ni la
cárcel reconozcan siquiera su existencia.
Dolencias
que serían fácilmente tratadas terminan convirtiéndose en crónicas, con
amputaciones o incluso la muerte; todo por la desidia, la ineptitud, la
negligencia y en ocasiones la mala fe de unos servicios médicos que
olvidaron hace tiempo el juramento hipocrático y las más elementales
normas de su código deontológico. Cada vez que permiten en sus consultas
la presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cada vez
que encubren malos tratos y torturas, cada vez que niegan la entrega de
un historial médico, cada vez que aplican medidas de contención y
tratamientos sin el conocimiento ni el consentimiento de lxs presxs, se
alejan de la promesa que hicieron en su día de velar ante todo por la
salud y el bienestar de sus pacientes, convirtiéndose en carcelerxs.
Los
suicidios, que según el Ministerio de Sanidad siguen siendo un grave
problema de salud pública y que constituyen la segunda causa externa de
muerte en este país (3.953 personas en 2024), se disparan en prisión y
su tasa es 8 veces más alta que la de la población en general, sin que
aquí se consideren un problema de salud pública.
Estas
muertes por suicidios y sobredosis podrían evitarse en gran medida si
en lugar de mercadear con metadona, benzodiacepinas y demás
psicotrópicos, se tratara a lxs presxs con un mínimo de respeto,
dignidad y humanidad. Pero esto es pedir peras a un olmo. Después de más
de 200 años de vigencia, la única finalidad que cumple la prisión es la
de vertedero que recoge los frutos allá donde nadie sembró y la de
trituradora para quien osa rebelarse.
Desde
diciembre del año pasado, que se convocó la primera acampada contra la
desatención sanitaria, hemos venido denunciando el reguero incesante de
muertes y situaciones de abandono sanitario en las cárceles, y a partir
de hoy volvemos a la carga con una nueva movilización colectiva que se
desarrollará entre el 20 y el 30 de mayo frente al Congreso de los
Diputados, en torno al dos demandas fácilmente realizables, pues suponen
algo tan simple como el cumplimiento de sus propias leyes:
- que se produzca el traspaso de los servicios sanitarios de instituciones penitenciarias al servicio nacional de salud, previsto en la disposición adicional sexta de la ley 16/2003, aprobada un 28 de mayo de hace 23 años.
- la excarcelación inmediata de todas las personas presas con enfermedades graves e incurables, por razones humanitarias y de dignidad personal, tal y como recoge el artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario.
Desde aquí hacemos un llamamiento a grupos, asociaciones, sindicatos, colectivos e individualidades a contribuir y participar en esta campaña, tal y como se indica en el blog creado a tal efecto:https://desatencionenprision.noblogs.org/
También podéis dirigiros para cualquier consulta, duda, propuesta, adhesión...al siguiente correo electrónico: infodesatencionenprision@
