Cuando hace 18 años Esperanza Aguirre anunció el Plan “La sanidad del futuro ya está aquí” comprendimos perfectamente lo que se escondía detrás de esa promesa, y decidimos crear la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) para explicar por barrios y pueblos lo que se nos avecinaba. En aquellos años, muchos de los que hoy se escandalizan por la situación de la sanidad madrileña, nos tildaron de “talibanes” que estábamos exagerando y engañando a la población.
Durante esos años (2004-2012), mientras se privatizaba y deterioraba la sanidad:
- Establecimos contactos con otros compañeros del resto del Estado que vieron, como nosotros, que el problema radicaba en las leyes que permitían la privatización y el desmantelamiento de la sanidad.
- Advertimos a los grupos de la izquierda institucional de lo que se nos vendría encima. Recogimos 500.000 firmas en las calles explicando que la privatización solo era posible por la existencia de dichas leyes y las entregamos en el Parlamento en 2009, pidiendo al PSOE, que tenía en aquel momento mayoría, que las derogase y blindara la sanidad antes de que fuera tarde.
- Fuimos silenciados por todos los medios mientras miles de personas salían a la calle pidiendo la derogación de la ley 15/97.
El proceso de demolición se extendió por todo el Estado, de forma que se comenzó desmantelando plantillas y servicios sanitarios (aquí, aquí, aquí, aquí), cerrando consultorios en la España vaciada/vacilada (aquí), ambulancias (aquí), puntos de urgencias (aquí, aquí), etc. Entonces, a la mayor parte de la población no le importó porque no le afectaba de forma directa.
Sin embargo, ahora la destrucción del sistema sanitario ya está afectando a zona más densamente pobladas (aquí), con cierres de centros de salud por las tardes (aquí), de paritorios (aquí), de servicios de urgencias en localidades de más de 100.000 habitantes (aquí), supresión de plazas de medicina y de pediatría sobre todo en barrios marginales (aquí), cierre de servicios hospitalarios (aqui, aquí), retrasos en tratamientos oncológicos de hasta casi 200 días (aquí), etc.
Ningún lugar del Estado se salva. Incluso en el “oasis vasco” ya avisan de que tendrán que acostumbrarse a desplazarse los kilómetros que ellos decidan para ser atendidos (aquí, aquí), cierran ambulancias municipales que llevaban funcionando 110 años (aquí), y hasta copian del nuevo modelo de centros de salud sin médicos de Ayuso (aquí). Mientras este cierre de recursos ocurre, nuestro dinero fluye cada vez más hacia los centros privados (aquí).
En este contexto, el cierre desde hace dos años (aprovechando la nefasta gestión del COVID) de los servicios de urgencias de Madrid (SUAP) es solo un paso más del plan, perfectamente diseñado, para convertir la sanidad pública en un modelo de beneficencia. Si a las limitaciones derivadas de la falta de atención urgente le sumamos la escalada de las listas de espera hasta cifras nunca antes vistas, está asegurado el crecimiento de los seguros privados. Así, 2,5 millones de madrileñxs (jn 37%) ya tenían una póliza privada en 2020, mientras que a nivel estatal se alcanzaba ya el 23 % (aquí). Este crecimiento está alimentado por los que se creen “clases medias” que, en lugar de luchar por el sistema sanitario público, huyen en una suerte de sálvese quien pueda, para regocijo de los accionistas de estas empresas.
Esta situación es resultado de la connivencia de todos los partidos políticos y sus satélites. Es más, desde marzo de 2020 y pese a las promesas de blindar la sanidad en la Constitución, no se ha hecho nada para frenar en serio el deterioro del sistema sanitario en ningún lugar del Estado. En cuanto a los trabajadores del sector, solo existen promesas cosméticas (aquí), ya que en la práctica no crecen las desmoralizadas plantillas. Al contrario, se las ha precarizado con la ayuda inestimable del sindicalismo colaboracionista, pieza indispensable desde hace décadas en el desmantelamiento sanitario.
El acceso a la atención sanitaria empeorará con toda seguridad a medida que la crisis económica derivada del fin de la era de los combustibles fósiles y materiales baratos se haga más evidente. El Estado perderá capacidad recaudatoria y aplicará medidas de “decrecimiento” a los sectores trabajadores, lo que supondrá no solo el empobrecimiento de amplias capas de la población, sino su abandono sanitario. En este contexto, cuando ya no se garantiza la atención sanitaria en tiempos adecuados, cuando se pone en riesgo la salud de la población, solo una respuesta contundente, lo más amplia posible, puede revertir el proceso. Al mismo tiempo, convendría recoger enseñanzas: los servicios públicos solo sobrevivirán si son gestionados democrática y descentralizadamente entre usuarios y profesionales.
Ahora más que nunca: www.recuperatusanidad.org
