[tras los resultados electorales en Andalucía, publicamos este texto aparecido el pasado 17 de junio en el que ya se anunciaba lo sucedido:]
ELECCIONES EN ANDALUCÍA
HACIA UN GOBIERNO FUERTE DE LA DEMOCRACIA
Las elecciones autonómicas andaluzas del 19 de junio van a suponer un paso más en el declive del “bloque progresista” que gobierna el país en favor de la alianza, explícita o implícita, entre el Partido Popular y Vox. Después de Madrid, donde gobierna el PP con los votos de investidura de Vox, y de Castilla y León, donde el partido de extrema derecha incluso ha entrado en el gobierno autonómico (garantizando, eso sí, la absoluta continuidad con las políticas sostenidas por el PP en solitario), Andalucía será, con casi toda seguridad, el próximo paso hacia el fin del auge de las corrientes de la izquierda parlamentaria nacidas tras el 15M. Estas corrientes están conformadas tanto por la tendencia de Pedro Sánchez dentro del PSOE como por Podemos y las candidaturas locales surgidas junto a este partido tras su éxito en las elecciones europeas de 2014 y su existencia ha recorrido una línea que les ha llevado desde el auge inicial, con el triunfo en las elecciones municipales de ciudades como Madrid, Barcelona, Cádiz, Zaragoza, Valladolid, etc., un periodo de relativa incertidumbre en el que el propio gobierno de España estuvo condicionado por su negativa a participar en él hasta su descenso, que comenzó realmente en 2019 cuando Podemos aceptó formar un gobierno de coalición con el PSOE pero en condiciones notablemente peores que aquellas a las que pudo optar unos años antes.
Hay que recordar que Andalucía, junto con el cinturón industrial de Barcelona y algunas zonas de País Vasco, Asturias o Madrid, ha sido una zona que históricamente ha dado su apoyo al Partido Socialista de manera inequívoca. En el caso andaluz, tanto los proletarios industriales de Cádiz o Málaga como los jornaleros, agricultores pobres, etc. del valle del Guadalquivir, fueron una de las grandes fuerzas sociales del PSOE que gestionó, en estas áreas, la imposición de una serie de amortiguadores sociales frente a la crisis de los años ´80 y la reconversión del sector del metal con la que se desarrolló un gran sistema de relaciones clientelares que tenía como base la gestión del subsidio agrario, la creación de empleo público e incluso vías más oscuras como el reparto de subvenciones discrecionales para comprar la paz social en determinados sectores (caso de la empresa Delphi en 2007, por ejemplo). La finalidad de este sistema ha sido, siempre, comprar la paz social a base de privilegiar a determinados estratos de la burocracia sindical encargados, a su vez, de repartir dinero y algunas prebendas en la medida necesaria para suavizar las tensiones sociales existentes. Todos los escándalos de corrupción que mandaron a pique los gobiernos de Chávez, Griñán y Susana Díaz no han sido otra cosa que la salida a la luz pública de parte de los entresijos de esta densa red, que implicaba tráfico de influencias, prevaricación, etc.
El hecho de que el “bloque progresista” vaya a sufrir el enésimo varapalo precisamente en Andalucía es sintomático. Por un lado, el gobierno del Partido Popular ha sido capaz, en los últimos 4 años, de mantener intacto el sistema de corruptelas puesto en pie por el PSOE, demostrando que la utilización por parte del Estado de este tipo de métodos, que requieren del concurso de las grandes organizaciones sindicales y de la participación de una parte de la clase proletaria (aquella que está más directamente vinculada con estas burocracias sindicales) que recibe dinero y determinadas ventajas mientras que mantiene estable cierto colchón social, es una cuestión que interesa de manera general al conjunto de la burguesía, una manera de gobernar para la que no hay alternativa y con la que continuarán todas las corrientes políticas, cualesquiera que sean, que alcancen el poder. Por otro lado, el hecho de que este sistema de reparto de prebendas con el que se busca favorecer la política de colaboración entre clases que defienden los grandes sindicatos de concertación y los partidos de la izquierda parlamentaria (y extraparlamentaria) no requiera de aquellas corrientes que, como el PSOE y Podemos, podrían ser más adecuadas para garantizar su funcionamiento, muestra que ese recambio en el flanco izquierdo de la política parlamentaria que fueron estas tendencias surgidas en los años posteriores al 15M van agotando su papel.
En primer lugar, el PSOE que pretendía renovarse con el liderazgo de Pedro Sánchez (enemigo del IBEX, como le gustaba decir en televisión) ni tan siquiera es capaz de jugar ya el papel de la gran corriente de izquierda que garantizaba la estabilidad política nacional: si a nivel estatal requiere de todas las corrientes regionalistas del Parlamento, a nivel local su fuerza parece completamente minada y posiblemente las elecciones andaluzas sean un hito en la consolidación de esta situación de debilidad. En segundo lugar, Podemos y las candidaturas locales que le acompañan como parte de su marca o desde fuera, nacieron tras la explosión social que supuso el 15M como vía para encauzar por la vía parlamentaria de las corrientes pequeño burguesas que expresaban una tendencia a la ruptura con el PSOE y como manera de reforzar el dominio de estas sobre la clase proletaria que acusaba los golpes más duros de la crisis y que, lentamente, amenazaba con salir del letargo en el que permanecía sumida. El hecho de que previsiblemente no vayan a ser capaces ni siquiera de jugar el papel de muleta del PSOE, indica que probablemente su función, por ahora, no tiene sentido. Casi diez años después de su nacimiento, el régimen político levantado sobre la base de la colaboración entre dos grandes partidos políticos, no necesita más refuerzo por el lado izquierdo.
Frente a este declive de la izquierda, se lanza la consigna antifascista: la llegada de un gobierno del PP y Vox a la Junta de Andalucía se proclama como el peor de los males posibles, como una involución prácticamente al año ´39 y un peligro para la misma democracia. Pero Vox no es un partido fascista ni representa tan siquiera a otras fuerzas sociales que aquellas que encontraron su acomodo en el PP hasta que la incapacidad primero de este y luego de Ciudadanos para hacer frente a las corrientes nacionalistas de Cataluña, les forzaron a escindirse definitivamente y consolidar una plataforma de presión intensa desde fuera de la organización tradicional de la derecha. Ni Vox, ni mucho menos el PP, tiene el más mínimo interés en tocar siquiera los problemas de detalle que atañen a la gobernabilidad general del Estado. Sus charlotadas contra los “chiringuitos”, los sindicatos, etc. son sólo bravuconadas que esconden que la base del marco general de la colaboración entra clases, aquella sobre la que se levanta la capacidad de la burguesía de mantener sometida a la clase proletaria mediante el sistema de amortiguadores sociales y participación democrática, requiere de la existencia de las grandes organizaciones estatales directamente vinculadas al Estado, de las organizaciones sociales de la izquierda burguesa, etc. Vox no representa ningún tipo de amenaza para el Estado constitucional salido de 1978, ni para el ordenamiento jurídico territorial basado en las autonomías: sus posibilidades de participar en cualquiera de los gobiernos, autonómicos o nacional, pasan por que sean capaces de reforzar la gobernabilidad del Estado ayudando a constituir un gobierno fuerte capaz de prescindir de algunas de las servidumbres que la extrema fragmentación del actual Parlamento impone. Andalucía, como antes Castilla y León o Madrid, son pruebas para medir esta capacidad: en la medida en que las pase, mostrará que es válido para esta tarea a la vez que evidenciará que no representa ninguna amenaza para el régimen democrático.
La clase proletaria, en Andalucía y en el resto del país, permanece presa de esta política de colaboración con la burguesía que todos los partidos, las organizaciones sindicales, sociales, etc. defienden y llevan en el centro de su programa. Desde 2008 ha padecido la dureza extrema de una crisis económica que minó incluso los escasos recursos de que disponían los estratos proletarios más pobres, las políticas de ajuste económico que han logrado mantener los salarios a niveles de hace dos décadas, una crisis sanitaria que ha dejado casi 100.000 muertos y un inmenso despliegue de las exigencias represivas del Estado y, ahora, de nuevo, unas medidas posteriores a la crisis que sin duda repercutirán en una drástica caída de sus condiciones de existencia.
La amenaza de la llegada del fascismo con Vox, es sólo el intento de reverdecer la consigna democrática de defensa de las instituciones para lograr, en cualquier caso, vincular a los proletarios a la defensa del Estado burgués. Los proletarios de Cádiz saben perfectamente que el verdadero orden democrático de la burguesía no llega con el caballo de Abascal, sino con las tanquetas policiales del PSOE, con los disparos indiscriminados de balas de goma sobre los colegios de las barriadas obreras, con la traición de CC.OO. y UGT durante la pasada huelga del metal.
La clase proletaria, tarde o temprano, deberá ser capaz de romper con esta tendencia histórica a la subordinación ante la burguesía y retomar el camino de su lucha de clase independiente, fuera y contra las instituciones democráticas, sean estas de izquierda o de derecha, y contando sólo con sus propias fuerzas para ello.
¡Por el retorno de la lucha de clase proletaria!
¡Por la ruptura del frente común con la burguesía!
¡Contra el circo electoral y la defensa del Estado burgués!
Partido Comunista Internacional (El Proletario)
17/06/2022
Las movilizaciones por los represaliados en la Huelga del Metal en Cádiz continúan
