LOS
MINEROS DE ZARRÉU NO ENTRARÁN EN PRISIÓN. LA AUDIENCIA PROVINCIAL
ADMITE LOS ARGUMENTOS DE LA DEFENSA Y REDUCE LA CONDENA A UN AÑO DE
PRISIÓN
La
Sala Segunda Sección de la Audiencia Provincial de Asturies ha
dictado sentencia sobre el caso de los 5 mineros de Zarréu,
admitiendo los argumentos de la defensa y reduciendo la condena a un
año de prisión y a diversas multas que, en el caso de nuestro
compañero de la CSI, Toño, ascienden a 5.680 €.
Contra
esta sentencia no cabe recurso ordinario alguno y solamente podría
interponerse un Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional.
Desde
Asturies en Pie y desde la CSI ampliaremos esta información después
de analizar la sentencia.
Os
anunciamos que, cuando nos sea posible, Asturies en Pie organizará
un acto público, en el que todas y todos podremos celebrarlo y
seguir uniendo fuerzas para continuar la lucha de la clase obrera
asturiana.
Por
el momento, os dejamos con las primeras palabras de nuestro compañero
Toño:
“Antes
de nada, quiero dar las gracias a todas las personas que nos
apoyaron. A quienes nos apoyasteis, incluso sin conocernos, gracias
por vuestra solidaridad. Y a quienes estuvisteis todos los días con
nosotros, haciendo lo posible y lo imposible y arriesgándolo todo
por nuestra libertad, lo siento, pero no me salen las palabras.
Esto
es una batalla más de la clase obrera. Conseguimos la libertad de
los 5 mineros de Zarréu. Ahora, tenemos que seguir peleando para que
ni una sola persona más entre en prisión por defender sus derechos.
Como decía uno de los carteles que sacamos: Con la lucha obrera hay
futuro. Gracias a todas y a todos”.
El pasado 29 de marzo de 2012 tuvo lugar una huelga general en todo el estado español en respuesta a la reforma laboral impulsada ese mismo año por el gobierno y la patronal. En Barcelona se organizaron numerosos piquetes al margen de los sindicatos pactistas (CCOO y UGT) que prácticamente paralizaron algunos barrios, así como una gran manifestación por la tarde, en la que confluyeron multitud de luchas y asambleas libertarias, y que mantuvo un tono especialmente contundente. El resultado fue una jornada de lucha que desbordó el inmovilismo de los sindicatos oficiales y que puso de manifiesto la capacidad de respuesta de la Barcelona anticapitalista y revolucionaria.
Sin embargo, en el propio transcurso de la huelga, los políticos de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, de la mano de los grandes medios de comunicación, se afanaron en condenar y criminalizar las protestas. Tildaron de violentos y antisistema a los participantes que optaron por mantenerse al margen de CCOO, UGT y otros sindicatos que, recordemos, utilizaban ese día como excusa para legitimar su estatus de subvenciones y privilegios dentro del movimiento obrero. En esta línea, la represión no se hizo esperar, y a las personas detenidas el propio día 29 se sumaron a posteriori muchas más, resultado de las investigaciones de la Brigada de Información de los Mossos d’Esquadra.
Uno de los detenidos es miembro de Acció Llibertària de Sants y de la CNT-AIT de Barcelona. Está acusado de daños y desórdenes públicos, y se le pide una pena de prisión de cinco años, mas el pago de 8500 euros a El Corte Inglés en concepto de reponsabilidad civil. Desde ambas organizaciones hemos decidido lanzar una campaña a raíz de este caso con los siguientes objetivos:
1. Evidenciar la represión y persecución a las personas que participaron de forma activa en la huelga general, las cuales están siendo sometidas a juicios penales con peticiones de prisión y multas desorbitadas. En esta persecución tomaron especial parte la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, a través de sus representantes políticos y sus cuerpos policiales, que llegaron a decir que los huelguistas éramos “ratas que nos escondíamos en cuevas y en cloacas”. Queremos evidenciar la función represiva de estas instituciones, independientemente de quien las gobierne.
2. Señalar empresas como El Corte Inglés, que no contentos con generar condiciones laborales miserables, pretenden participar en el castigo a los que se rebelan contra ellas. En el caso de nuestro compañero, se le exige el pago de 8500 euros como reparación del supuesto daño que le causó a la empresa. Por supuesto nos hemos negado a pagar tal concepto. En este sentido, hemos elaborado una campaña de boicot a El Corte Inglés para que se concozcan la realidad laboral de esta empresa así como para exigirles que renuncien al cobro de la responsabilidad civil impuesta a los huelguistas.
3. Generar un debate sobre el modo en que los movimientos revolucionarios afrontamos los procesos penales. Desde nuestro punto de vista debemos apostar más por asumir las consecuencias represivas de nuestra acción de una forma colectiva, no generando grupos de apoyo individuales. En esta línea, creemos que son las organizaciones y asambleas quienes deben marcar la línea política de las acciones antirrepresivas, y como consecuencia debemos mantener unos mínimos de coherencia a la hora de enfrentarnos a un juzgado al cual, como anarquistas que somos, no otorgamos ningún tipo de legitimidad.
4. Por último, nos gustaría reivindicar la huelga como herramienta de lucha esencialmente confrontativa. Ante la criminalización, la represión y los intentos por parte de algunas organizaciones de convertir la huelga en una mera reivindicación pacífica e inocua, nosotros queremos reivindicar los piquetes, los sabotajes, los cortes de carretera, la paralización de las ciudades, y, a fin de cuentas, la lucha, como el verdadero sentido irrenunciable de cualquier día de huelga.
Sin más que añadir, desear que la campaña que estamos realizando sea de provecho a las personas dignas y luchadoras, y anime a más gente a salir a la calle y a organizarse en el trabajo. A ver si para la próxima huelga general conseguimos que el capitalismo tiemble.
Sin embargo, en el propio transcurso de la huelga, los políticos de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, de la mano de los grandes medios de comunicación, se afanaron en condenar y criminalizar las protestas. Tildaron de violentos y antisistema a los participantes que optaron por mantenerse al margen de CCOO, UGT y otros sindicatos que, recordemos, utilizaban ese día como excusa para legitimar su estatus de subvenciones y privilegios dentro del movimiento obrero. En esta línea, la represión no se hizo esperar, y a las personas detenidas el propio día 29 se sumaron a posteriori muchas más, resultado de las investigaciones de la Brigada de Información de los Mossos d’Esquadra.
Uno de los detenidos es miembro de Acció Llibertària de Sants y de la CNT-AIT de Barcelona. Está acusado de daños y desórdenes públicos, y se le pide una pena de prisión de cinco años, mas el pago de 8500 euros a El Corte Inglés en concepto de reponsabilidad civil. Desde ambas organizaciones hemos decidido lanzar una campaña a raíz de este caso con los siguientes objetivos:
1. Evidenciar la represión y persecución a las personas que participaron de forma activa en la huelga general, las cuales están siendo sometidas a juicios penales con peticiones de prisión y multas desorbitadas. En esta persecución tomaron especial parte la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, a través de sus representantes políticos y sus cuerpos policiales, que llegaron a decir que los huelguistas éramos “ratas que nos escondíamos en cuevas y en cloacas”. Queremos evidenciar la función represiva de estas instituciones, independientemente de quien las gobierne.
2. Señalar empresas como El Corte Inglés, que no contentos con generar condiciones laborales miserables, pretenden participar en el castigo a los que se rebelan contra ellas. En el caso de nuestro compañero, se le exige el pago de 8500 euros como reparación del supuesto daño que le causó a la empresa. Por supuesto nos hemos negado a pagar tal concepto. En este sentido, hemos elaborado una campaña de boicot a El Corte Inglés para que se concozcan la realidad laboral de esta empresa así como para exigirles que renuncien al cobro de la responsabilidad civil impuesta a los huelguistas.
3. Generar un debate sobre el modo en que los movimientos revolucionarios afrontamos los procesos penales. Desde nuestro punto de vista debemos apostar más por asumir las consecuencias represivas de nuestra acción de una forma colectiva, no generando grupos de apoyo individuales. En esta línea, creemos que son las organizaciones y asambleas quienes deben marcar la línea política de las acciones antirrepresivas, y como consecuencia debemos mantener unos mínimos de coherencia a la hora de enfrentarnos a un juzgado al cual, como anarquistas que somos, no otorgamos ningún tipo de legitimidad.
4. Por último, nos gustaría reivindicar la huelga como herramienta de lucha esencialmente confrontativa. Ante la criminalización, la represión y los intentos por parte de algunas organizaciones de convertir la huelga en una mera reivindicación pacífica e inocua, nosotros queremos reivindicar los piquetes, los sabotajes, los cortes de carretera, la paralización de las ciudades, y, a fin de cuentas, la lucha, como el verdadero sentido irrenunciable de cualquier día de huelga.
Sin más que añadir, desear que la campaña que estamos realizando sea de provecho a las personas dignas y luchadoras, y anime a más gente a salir a la calle y a organizarse en el trabajo. A ver si para la próxima huelga general conseguimos que el capitalismo tiemble.
JUICIO
A 14 MIEMBROS DEL SAT POR IMPEDIR TRABAJAR EN LA HUELGA DE 2012
Un
Juzgado de lo Penal de Sevilla enjuiciará a 14 componentes de un
'piquete' y a su vez miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores
(SAT) que, durante la huelga general convocada a nivel nacional el 14
de noviembre de 2012, coaccionaron, amenazaron e impidieron a unos
profesores la entrada a un instituto de enseñanza secundaria de Los
Corrales.
En
este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que el
Juzgado de lo Penal número 5 de Sevilla ha fijado la fecha del
juicio contra estos 14 miembros del 'piquete', para quienes la
Fiscalía ha solicitado penas de hasta seis años y medio de cárcel.
En
su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el
Ministerio Público pide para todos los acusados cuatro años y medio
de prisión y el pago de una multa de 5.400 euros por un delito
contra los derechos de los trabajadores, mientras que también
solicita para uno de los imputados dos años de cárcel por un delito
de atentado, y el pago de una multa de 180 euros por una falta de
maltrato.
El
fiscal relata que los hechos tuvieron lugar sobre las 7,45 horas del
día 14 de noviembre de 2012, cuando los acusados, "de común
acuerdo" y con ocasión de la huelga general convocada a nivel
nacional, se apostaron en la entrada principal del instituto
'Entrepuentes' de Los Corrales "con la intención de
obstaculizar" la entrada al centro de enseñanza de los
profesores.
Para
ello, los imputados colocaron una cadena con candado y dos vehículos
en la única puerta de entrada para el acceso con coche, "impidiendo
así" la entrada de los once profesores que acudieron a su
puesto de trabajo y que integraban los servicios mínimos previstos
para esa jornada.
Según
la Fiscalía, en el momento en que llegó al instituto en su coche la
jefa de estudios, los acusados "se negaron a permitirle la
entrada" y comenzaron a dirigirle expresiones como 'guarra,
puta, esquirol, hija de puta, asquerosa. Esta hija de puta tiene la
suerte de no ser de aquí, si no se iba a enterar'.
GRAN
TEMOR
Al
mismo tiempo, y "con ánimo intimidatorio", unos miembros
del 'piquete' "zarandeaban" el vehículo de la jefa de
estudios mientras otros grababan la escena con un teléfono móvil y
un acusado llegaba a "colocar la rodilla en la parte delantera
del coche, causándoles un gran temor".
La
Fiscalía añade que, a medida que los restantes profesores llegaban,
"y con intención de amedrentarles", los acusados se
dirigían a ellos de forma generalizada con frases como 'no sabéis
el por qué estamos aquí; que no entráis; que si no hay niños no
vais a dar clases, cabrones. En manos de esta gentuza está la
educación de nuestros hijos, sinvergüenzas'.
Agentes
de la Guardia Civil "debidamente uniformados y en el ejercicio
de sus funciones" se trasladaron al lugar de los hechos, donde
el principal acusado, "de los más activos", se negó a
identificarse, aprovechando un segundo imputado para "arrebatarle"
su DNI al agente, que "fue rodeado" por miembros del
'piquete' y recibió "empujones" por parte de uno de ellos,
además de por otros acusados no identificados, sin que sufriera
lesiones.
REPRESORES
La
Fiscalía asevera que dos de los imputados "asumieron el rol de
responsables" del 'piquete' y "se negaron reiteradamente"
a permitir el acceso de los profesores al centro de trabajo, llegando
a manifestar a los agentes 'que se provocaría un conflicto en Los
Corrales, ya que tanto los vecinos como los 'piquetes' comarcales se
trasladarían hasta el acuartelamiento en auxilio de los detenidos,
provocándose incidentes mayores'.
Por
todo ello, fue necesaria la presencia en el lugar de hasta 16
agentes, que procedieron a la identificación de los acusados entre
gritos de 'represores, cabrones' y a cortar la cadena que los
imputados, previamente, habían puesto en la puerta del colegio, sin
que ésta sufriera desperfectos.
DENUNCIAS
DE PERSECUCIÓN SINDICAL EN AMBULANCIAS DOMINGO
La
empresa Ambulancias Domingo, con sede en el Poblenou de Barcelona, ha
denunciado y despedido el delegado de la CNT y quiere sancionar
cuatro trabajadores de la CGT a raíz de la huelga que convocó la
plantilla el pasado diciembre.
"Cuando
entré a trabajar en Ambulancias Domingo, en 2014, ya había un clima
de tensión: las cosas no iban bien", nos explica David
Sevillano, ex delegado de la CNT. "Había compañeros que
llevaban cinco o seis años encadenando contratos temporales y de
sustitución. Hacíamos muchos cambios de turno y trabajábamos más
de 60 horas a la semana, una auténtica locura”. La negativa de la
empresa a conceder reducciones de jornada por maternidad y
paternidad, impidiendo así la conciliación familiar, terminó de
encender la llama entre la plantilla.
Desde
la CNT se puso en marcha una campaña de agitación y propaganda en
el sector del transporte sanitario y, en diciembre del año pasado,
CGT decidía convocar una huelga en Ambulancias Domingo para los días
22 y 23 de ese mes. La CNT la secunda y así lo transmite a la
empresa a través de la sección sindical, que se presenta
públicamente durante las movilizaciones. "La dirección se negó
a emprender ningún tipo de negociación previa -recuerda Sevillano-
y no organizó servicios mínimos, como está obligada por ley,
porque decía que la huelga no se haría. La actitud de la empresa
fue muy hostil; el propietario y su abogado se presentaron el día de
la huelga para amenazar a los trabajadores, diciéndoles que se
trataba de una huelga ilegal”.
La
CGT se personó a Inspección de Trabajo, que constató en un informe
que "la huelga se ha realizado siguiendo todos los trámites
legales vigentes" y extendió un acta de infracción a la
empresa por "no designar los servicios mínimos necesarios a los
que le obliga la normativa aplicable a fin de permitir un adecuado
ejercicio del derecho a huelga”. Por otra parte, la CNT presentó
otra denuncia al mismo órgano sobre el mal estado material de las
ambulancias.
"La
mayoría de unidades tiene fallas importantes: motores que no
arrancan, camillas con bordes cortantes, agujeros en la tapicería
(que son un nido de ácaros)". El 6 de marzo se llevó a cabo la
inspección de los vehículos, con presencia de la empresa y el
comité. La resolución de la inspectora confirmaba "el
incumplimiento de la legislación en materia de prevención de
riesgos laborales, con el riesgo consiguiente para la seguridad y
salud de trabajadores y pacientes" y requería la empresa a
hacer todas las modificaciones necesarias en el plazo de un mes.
Espionaje
y criminalización de sindicalistas
"El
6 de febrero de este año, la empresa me comunica que se me ha
propuesto para una" sanción muy grave "y que me imputa el
bloqueo de algunas unidades durante los piquetes y una serie de
pintadas que aparecieron por incitar a la huelga, consideradas
'injuriosas' para Ambulancias Domingo. El 18 del mismo mes, el
expediente se resuelve con un despido disciplinario "explica
David Sevillano.
"La
huelga se desarrolló de manera pacífica y se respetaron las
emergencias sanitarias. Los piquetes fueron exclusivamente
informativos. Trasladaron a la calle para que el empresario y su
abogado estaban dentro de la nave coaccionando a los trabajadores;
eran ellos, entonces, los que más retrasos podrían haber
provocado”.
"En
cuanto a la acusación de las pintadas, nos enteramos de que la
directora del CUAP de Horta, Maria del Carmen Ortega Quintana, había
denunciado a los Mossos la presencia de grafitis en la fachada del
centro a la huelga, y había enviado fotos en la empresa. Ambulancias
Domingo decidió hacerse cargo del repintado ", relata
Sevillano. "Fue entonces cuando la empresa contrató los
servicios de Krahmer Detectives. Los investigadores privados hicieron
fotografías y seguimientos de los trabajadores”. El 16 de
septiembre entregaban el informe, donde adjuntaban capturas de Tweets
de las cuentas de Twitter de la CGT, fotografías y un peritaje
caligráfico que ha confrontado algunas pintadas con papeles internos
del puesto de trabajo manuscritos por David Sevillano, y afirma que
los dos escritos son obra del mismo autor. "La empresa tenía un
culpable preestablecido", comenta Sevillano, que duda también
de la validez de la comparación probatoria entre letra ligada
escrita a bolígrafo y una pintada hecha con spray.
El
informe caligráfico debía llevar al ex delegado sindical a un
juicio de faltas por deslucimiento de bienes inmuebles, que estaba
previsto para el jueves, 29 de octubre, en la Ciudad de la Justicia,
pero la jueza del caso decidió archivarlo porque los hechos
denunciados habían quedado despenalizados, según la sección
sindicato de la CNT. "A partir de aquí nos concentraremos en la
siguiente cita, el 22 de diciembre, cuando se celebrará el juicio
laboral por el despido disciplinario. Aún está pendiente de fecha
otro juicio que debe revisar la decisión de la empresa de castigar
cuatro trabajadores de la CGT sin 45 días de empleo y sueldo”.
Las
subcontratas de la Consejería de Salud
Ambulancias
Domingo es una empresa familiar fundada por Cesáreo Blanco de
Domingo, aunque propietario, y tiene unas 40 ambulancias de soporte
vital básico operando en Barcelona. La compañía conforma un grupo
empresarial que también incluye Oxígeno Salud, que suministra
bombonas a hospitales. Además, hacen inversiones inmobiliarias.
Tiene su sede en la calle Pere IV del Poblenou y unas oficinas en la
Gran Vía.
Desde
hace cerca de diez años, la empresa tiene una contrata del Servicio
de Emergencias Médicas (SEM), ente público derivado del CatSalut,
que a su vez cuelga orgánicamente de la Consejería de Salud. "El
sector del transporte sanitario se mueve sobre todo entre contratos
con las administraciones, adjudicados por concurso o bien a dicho"
-nos explica en David-. "Sospechamos que entre Ambulancias
Domingo y el SEM hay un buen entendimiento. En mayo pasado, hicimos
llegar al SEM la resolución de Inspección de Trabajo sobre las
malas condiciones de los vehículos, y respondieron tirando balones
fuera ", recuerda. "Desde la CNT, consideramos que el SEM
es responsable de consentir que no se cumplan las condiciones
laborales mínimas ni los derechos de los trabajadores, lo que
debería ser un impedimento para acceder a concursos. Son ellos los
que hacen el pliego de condiciones que exigen a las empresas que
están ofreciendo el servicio”.
La
Directa ha llamado a la sede de Ambulancias Domingo para conocer la
versión de la empresa, la cual nos ha dicho que no tiene "nada
que comentar" respecto al caso.
