José Antonio Casasola Astorga, Otro Enfermo De VIH Y VHC Abandonado A La Muerte En La Cárcel De Villabona
José
Antonio Casasola Astorga, enfermo de hepatitis C con cirrosis muy
avanzada y sufriendo VIH con las defensas extremadamente bajas, lleva
cinco meses en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de
Villabona (Asturias) sin haber recibido en todo ese tiempo ningún
tratamiento médico. Sufre vómitos, diarrea y fiebre permanente, se
encuentra en los huesos y a menudo está tan débil que no puede ni
levantarse de la cama para acercarse hasta el teléfono y hablar con su
compañera. Ha solicitado su ingreso en el hospital al juzgado
responsable de su situación, el cual se niega a actuar porque los
informes médicos, solicitados ya hace tiempo, nunca terminan de llegar.
La administración carcelera, que según la propia ley penitenciaria debe
garantizar el derecho a la vida y a la protección de la salud de las
personas presas, el Juzgado de vigilancia penitenciaria que debería
ejercer la “tutela judicial efectiva” de esos derechos, y el juzgado que
le mantiene preso en condiciones infrahumanas y sin ninguna
justificación, además de la administración sanitaria, que debería
proporcionar su historia clínica y no lo hace, son responsables de un
verdadero asesinato.
El
de José Antonio es un caso extremo, pero no una excepción, en unas
cárceles donde al menos un 21 % de los internos tienen hepatitis C y
cuyos responsables políticos lograron reducir los gastos de tratamiento
en un 26,04% entre 2013 y 2012 y en un 48% desde 2006, impidiendo que
las personas presas enfermas de VHC pudieran recibir como ordena la ley
el mismo tratamiento que todo el mundo. Lo hicieron poniendo obstáculos
como prohibir a los médicos bajo sus órdenes que prescribieran, no los
nuevos fármacos, sino los anteriores, rechazados en la calle por las
asociaciones de afectados por ser mucho menos eficaces que los de última
generación, no dando otra opción a las personas presas que conformarse
con medicaciones obsoletas, de terribles efectos secundarios y aún mucho
menos eficaces, o someterse a larguísimas listas de espera para entrar
en los “cupos” establecidos, centralizando además injustificadamente los
tratamientos en la Unidad de Custodiados del Hospital Gregorio Marañón
de Madrid, con muy pocas plazas, para un tratamiento de 48 semanas. Sin
embargo, al llegar allí, después de años de espera, el problema seguía
siendo el mismo: las administraciones autónomicas y la carcelaria no se
ponían de acuerdo sobre cuál de ellas debía pagar el tratamiento y,
mientras pleiteaban, los enfermos seguían sin él. Además, por una orden
de la autoridad carcelera que tergiversaba malintencionadamente los
criterios al respecto de la Agencia Española del Medicamento, quedaban
excluidas las personas coinfectadas de VHC y VIH. De manera que la misma
secretaría general de prisiones tenía que admitir que sólo estaban
recibiendo tratamiento el 2,8%, de las personas presas afectadas. A
pesar del nuevo plan estratégico contra la hepatitis C del ministerio de
sanidad, la situación no ha variado, ya que son apenas 24 las personas
presas enfermas que están recibiendo los nuevos tratamientos.
Desde
luego, hay que exigir que se le proporcione a José Antonio el mejor
tratamiento médico disponible, al que tiene derecho en igualdad de
condiciones con el resto de la población enferma, como cabe exigirlo
para el resto de los más de 14.000 enfermos encarcelados por el Estado
español. Pero lo que corresponde a la situación de José Antonio es su
puesta en libertad, ya que las condiciones en que se le tiene no sólo no
son las adecuadas para un enfermo tan grave, sino que, literalmente, le
están matando.
¡La cárcel mata!
¡Tratamiento para todo el mundo sin discriminación!
¡José Antonio Casasola a la calle!
Sugerimos
el envío de fax, correos electrónicos, cartas o llamar por teléfono a
las “autoridades” que vienen al final y son responsables de la situación
de José Antonio. Nos faltan los datos del juzgado que le mantiene en
prisión preventiva, ya que aún no los conocemos. Los pondremos cuando
los sepamos. El siguiente texto puede servir de modelo para los envíos:
A QUIEN CORRESPONDA
José
Antonio Casasola Astorga está preso en la cárcel de Villabona, en
Asturias. Portador de VIH, con las defensas extremadamente bajas, sufre
además hepatitis C y cirrosis muy avanzada. Todo esto nos consta, a
pesar de que, por impedimentos burocráticos, ni él ni su gente han
podido aún tener acceso a su historia clínica. Y nos consta igualmente
que en cinco meses que lleva en prisión preventiva no ha sido
diagnosticado ni tratado adecuadamente por médico alguno. Sin embargo,
su estado es muy grave ya que sufre de vómitos, diarrea y fiebre
permanentemente, hallándose en un estado de debilidad extrema y en
peligro constante de sufrir infecciones oportunistas por su falta casi
total de defensas inmunitarias.
Según
el capítulo de derechos fundamentales de la Constitución española,
artículo 15, José Antonio tiene, como todos, “derecho a la vida y a la
integridad física y moral”. El artículo 43 le reconoce igualmente el
“derecho a la protección de la salud”. Según la Ley Orgánica General
Penitenciaria: “La actividad penitenciaria se ejercerá respetando, en
todo caso, la personalidad humana de los recluidos y los derechos e
intereses jurídicos de los mismos no afectados por la condena, sin
establecerse diferencia alguna por razón de raza, opiniones políticas,
creencias religiosas, condición social o cualesquiera otras
circunstancias de análoga naturaleza”. Y, en consecuencia: “La
Administración penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de
los internos”. Según el Reglamento Penitenciario: “La asistencia
sanitaria tendrá carácter integral y estará orientada tanto a la
prevención como a la curación y la rehabilitación”, obligándose la
administración penitenciaria también a lo siguiente: “A todos los
internos sin excepción se les garantizará una atención médico-sanitaria
equivalente a la dispensada al conjunto de la población. Tendrán
igualmente derecho a la prestación farmacéutica y a las prestaciones
complementarias básicas que se deriven de esta atención”.
Así
que exigimos al Estado y a sus agentes y funcionarios que cumplan sus
obligaciones legales de velar por la vida y la integridad física y moral
de José Antonio Casasola Astorga, de proteger su salud, de respetar su
personalidad humana, derechos e intereses sin ningún tipo de
discriminación, de prestarle una asistencia sanitaria integral
garantizándole una atención en todo equivalente a la que recibe el
conjunto de la población, incluidas las prestaciones farmaceúticas
correspondientes. Denunciando al mismo tiempo la evidente negligencia de
los responsables legales en el cumplimiento de esas obligaciones. Y, si
no fueran capaces de garantizar la vigencia de sus derechos por el
hecho de encontrarse privado de libertad, que se le excarcele, para que
pueda ser atendido en igualdad de condiciones con el resto de la
población. Teniendo en cuenta, además, que, por su estado, ni puede huir
ni delinquir de ningún modo, lo que hace innecesaria la prisión
preventiva.
El juzgado que le tiene preso
Juzgado de instrucción nº 2 de Oviedo
C/ Comandante Caballero, 3 – 4ª; 33005 OVIEDO
Teléfonos: 98 596 88 46; 98 596 88 47
Fax: 98 596 88 49
efensora del pueblo
Se puede enviar por internet en www.defensordelpueblo.es
Por mail a registro@defensordelpueblo.
Por correo ordinario a Oficina del Defensor del Pueblo. C/Zurbano, 42 -28010 Madrid.
Por fax: 91 308 11 58
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 1 (Oviedo)
C./ José Requejo, 1
33011 Oviedo (Asturias)
Fax: 985280181
Ángel Yuste Castillejo. Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
C./ Alcalá, 38-40
28014 Madrid
Fax: 913354052
José Miguel Arroyo Cobo. Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria
C./ Alcalá, 38-40
28014 Madrid
Fax: 913354992
Centro Penitenciario de Villabona
Finca Tabladiello
33422 Villabona-Llanera (Asturias)
Fax: 985105212-985105225
