Ley Mordaza, ley 1984
Posted by
valladolor
miércoles, 8 de julio de 2015
análisis,
CONTRA LA LEY MORDAZA,
contra la represión,
democracia burguesa = dictadura del capital
El 1 de
julio, momento de la entrada en vigor de la Ley Mordaza
y de la última Reforma del Código Penal, la monarquía
española se convierte en un Estado policía, culminando
una etapa de populismo punitivo que arranca en la década
de los noventa con la Ley de la Patada en la Puerta y el
Código Penal “de la democracia”, el más duro de Europa y
digno heredero del código franquista vigente hasta 1995.
Lo que había sido hasta hoy un Estado partitocrático
caracterizado por un autoritarismo rampante emanando de
un “poder” legislativo que poco a poco iba conculcando
derechos y suprimiendo libertades con la ayuda de un
“poder” judicial dependiente de los partidos, ya es un
Estado de excepción declarado gracias a un ordenamiento
jurídico hecho a la medida del aparato represivo. La
diferencia no es sutil: hasta anteayer la partitocracia
se apoyaba principalmente en el conformismo de las
masas; ahora ante todo lo hace en “las fuerzas y cuerpos
de seguridad”. Eso quiere decir que, bien por la
irrupción incontrolable de la cuestión social, bien por
la debilidad irrefrenable del régimen ante las
consecuencias de la salida de Grecia de la zona euro,
los problemas políticos se están contemplando cada vez
más como problemas de seguridad, es decir, como
problemas de orden público. Al menos, a una parte
significativa de la clase dominante le ha entrado pánico
ante el peligro que conlleva el desarrollo de los
conflictos sociales en las urbes y el territorio,
consecuencia directa de la crisis económica y el
descrédito institucional, y ha considerado que no era
suficiente el refuerzo del sistema de partidos que ha
supuesto la aparición de nuevas opciones políticas. Una
parte de la oligarquía dirigente confía más en la
integración de los partidos y coaliciones emergentes
gracias a una política de pactos; la otra, cree más en
los cordones policiales con carta blanca para reprimir
sin contemplaciones toda veleidad de protesta y de
disidencia. En un caso bastaría con los mecanismos de
vigilancia y control habituales del posfranquismo,
fuertemente respaldados por la legislación de los
anteriores gobiernos socialistas; en el otro, se
trataría lisa y llanamente de volver a la política de
orden practicada por la dictadura franquista.
El pacto
social que fundamentaba la partitocracia, representado
por la ley Corcuera, parece haberse resquebrajado. Las
fuerzas políticas partidarias de anteponer la “seguridad
ciudadana” al estado actual de los derechos de
intimidad, vivienda, acogida, reunión, manifestación y
expresión, de por sí bastante recortados, piensan que la
situación social amenaza con deteriorarse y derivar
hacia coyunturas griegas pues el régimen es demasiado
vulnerable a las especulaciones financieras y a medida
que surjan nuevos agujeros en la financiación lo será
todavía más. A fin de conjurar una crisis potencial con
otro rescate en el horizonte complicado con un Syriza a
la española, ellas han apostado por la línea dura. Creen
conveniente imponer un “marco jurídico adecuado” y una
desregulación de la actividad policial que permita total
impunidad a prácticas ilegales que se venían ejecutando
sin demasiada cobertura, tal como hizo en su momento la
anterior ley. Incluso se le autoriza a imponer sanciones
que antes incumbían al juez. Parece que la intervención
arbitraria y desproporcionada de la policía contra
“terceros” que protesten sea, oligárquicamente hablando,
la única forma de garantizar “el normal funcionamiento
de las instituciones” dentro de la crisis y asimismo, de
mantener “la tranquilidad” de los ciudadanos que deciden
en la economía y la política. Para que la sociedad y el
Estado continúen en manos de irresponsables y corruptos,
la calle ha de quedar a merced de los verdaderos
violentos: la madera.
La ley
Mordaza es la primera de su estilo en definir el
concepto de “seguridad ciudadana”: es “la garantía de
que los derechos y libertades reconocidos y amparados
por las constituciones democráticas puedan ser ejercidos
libremente por la ciudadanía”. La redacción resulta más
clara de entender cuando se tiene en cuenta que se
refiere al derecho de estar de acuerdo con las
disposiciones del Estado y a la libertad para
obedecerlas. La legislación securitaria amplía el
muestrario de hechos “perturbadores” y figuras
delictivas con términos suficientemente ambiguos como
para abarcar a un sector importante de la población,
aquél que se manifiesta, desobedece, grita a los
políticos, se opone a los desahucios, convoca movidas
por internet; aquél que forma parte de piquetes de
huelga, okupa casas, corta el tráfico, fotografía las
brutalidades de las fuerzas de orden; aquel que
interfiere “en el funcionamiento de infraestructuras
críticas”, es decir, que defiende el territorio, e
incluso el hincha futbolero demasiado ruidoso y… aquél
que hace botellón: la dipsomanía juvenil resulta ahora
subversiva a la mirada beata de los dirigentes. En el
cesto punitivo cabe de todo, desde el yihadista fanático
al modesto ciudadano que no se cree obligado a mostrar
su carnet de identidad al primer esbirro; desde el
pacifista que se encadena contra las líneas MAT al
viandante que rehúsa un cacheo; desde el inmigrante
indocumentado al insolvente que se resiste a abandonar
su casa. Todos ellos son “infractores”, y como tales
figurarán en un registro, cualquiera que sea la levedad
de la infracción o el grado de culpabilidad, porque
aunque ésta sea mínima, puede ser susceptible de
considerarse contraria al orden constitucional, y por lo
tanto, responsable de aportar su grano de arena a la
desestabilización “de las instituciones políticas, de
las estructuras económicas o sociales del Estado”.
La ley Mordaza nos indica que el
régimen partitocrático evoluciona imparablemente hacia
una sociedad orwelliana como la descrita en la novela
“1984”, con la información unilateral, el control de
masas, la represión del activismo social, la
erradicación de la inteligencia crítica, las
neolenguas y los ministerios de la opresión, donde
cualquier muestra exterior de disconformidad puede
comportar terribles humillaciones. Es evidente el Gran
Hermano de hoy no es el Partido, sino el Estado
partitocrático, pero los lemas siguen siendo los
mismos: “la guerra es la paz”, “la libertad es la
esclavitud”, “la ignorancia es la fuerza”. La Ley
Mordaza es un producto típico de la Razón de Estado,
pues con ella se persigue un aumento de poder que
apunta a la conservación del régimen por encima de los
súbditos denominados “ciudadanos”, sea cual sea el
medio empleado. De preferencia, los inmorales,
arbitrarios, violentos e ilegítimos, pues a los ojos
de los expertos represores de la oligarquía dirigente,
son los más eficaces. La partitocracia desde el pasado
1 de julio es ya visiblemente lo que ya era
esencialmente: un Estado policial que da la bienvenida
a su “ciudadanía” con una expansión penal
perfectamente regulada sin necesidad de recurrir al
golpe de Estado.
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