EL PUEBLO NO TOLERA MORDAZAS,
LAS CALLES LO DEMUESTRAN

Comunicado sobre la mal llamada “Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana”

Sabido es por casi cualquier habitante del territorio bajo el yugo del Estado español que otro
alarde más de actitud social dictatorial se ha tornado en la aprobación de una ley que, a buen
criterio, no tardó en ser conocida, desde el anteproyecto, como “Ley Mordaza”. Varias han
sido las leyes o propuestas de ley que, con anterioridad a la que nos concierne, se ganaron
dicho sobrenombre en lugares como Puerto Rico (1958), Argentina (2009) o Italia (2008) y
todas ellas se lo merecieron con creces. Eran documentos que castigaban acciones contra el
gobierno, controlaban las licencias radiotelevisivas o promovían las escuchas telefónicas a
la población. En nuestro caso, desde el día 11 de Julio del 2014, se encuentra aprobado por
el consejo de ministros un proyecto de ley para la sustitución de la hasta ahora vigente
desde 1992 en relación con el uso de la violencia y represión estatal en forma de códigos de
actuación policial y administrativa en la regulación de sanciones y delitos. Todo ello bajo un
título oficial por el que ha de suponerse que el motivo de todo esto es la seguridad
“ciudadana”, como tanto les gusta decir, o, simplemente, de todas nosotras.

El 27 de Mayo del 2014, el gobierno difundió que se habían hecho modificaciones sobre el
anteproyecto de noviembre del 2013, atendiendo a las críticas que llegaron desde el Consejo
General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal. Ambas entidades, a parte de un amplio abanico
de plataformas por parte de la población, avisaron de la inconstitucionalidad de algunas
partes, sin olvidar que el adjetivo “inconstitucional” hace alusión a un texto legislativo
heredero del régimen franquista y una transición que no lo fue tanto, como bien hemos
experimentado las generaciones que nos hemos criado desde los años 80. Sin duda una
prueba palpable de que nos enfrentamos a una ley que no hay por dónde cogerla, incluso
estando revisada.

La “Ley Mordaza” se antoja a los ojos de cualquiera con dos dedos de frente como un paso
firme para la intervención estatal represiva en las acciones de protesta de la población, a la
que se sacude y pisotea constantemente desde el altar en el que no pocos políticos se creen
subidos desde que desempeñan por desgracia común sus cargos. En lo últimos años, ha
habido un auge de las protestas en la calle, a la par que el enfado colectivo y la
desesperación, además de una renovación en los modos que han puesto en guardia a
quienes temen perder el poder y buscan estar blindados constantemente.
Hay una gran gama de posibilidades de ser sancionado desde 100 € hasta los 600.000. Se
perseguirán las manifestaciones en lugares considerados por las autoridades como
“críticos”, las protestas no comunicadas ante las instituciones del Estado, el uso de pequeños
fuegos o la obstrucción de la vía pública por parte de los manifestantes para su propia (y
real) seguridad frente a las autoridades, la obstrucción de un desahucio pese al derecho
constitucional a una vivienda digna, la negativa a disolver una reunión, manifestación o
evento público o ser identificado por los agentes; o la falta de colaboración, forzada…

Es el momento de que Pucela deje claro lo que piensa:
¡NO A LA REPRESIÓN ESTATAL!