El Ayuntamiento de Valladolid se compromete a derogar este otoño la Ordenanza Municipal sobre Protección de la Convivencia y Prevención de Conductas Antisociales, conocida en la ciudad como “ordenanza antisocial” por su claro propósito de reprimir la libertad de expresión, reunión y manifestación y recortar derechos fundamentales de los ciudadanos.


A ello se ha comprometido el actual equipo de gobierno municipal en la reunión que representantes de la Plataforma ciudadana en defensa de las libertades, acompañados por la letrada Carmen López Cedrón –uno de los miembros del equipo jurídico de la Plataforma-, mantuvieron el pasado martes 15 de marzo de 2016 en el despacho de Alcaldía con el concejal de Seguridad y Movilidad y miembro del grupo socialista Luis Vélez, la concejala de Medio Ambiente y miembro del grupo municipal de Toma la Palabra María Sánchez, el Jefe del Gabinete de Alcaldía José Ignacio Herrán, la concejala de Toma la Palabra Rosalba Fontériz y el director de la Asesoría Jurídica General del Ayuntamiento de Valladolid. El alcalde Óscar Puente, quien estaba previsto que participara en la reunión, excusó su asistencia por problemas de agenda.

En la reunión del martes, celebrada a petición de la Plataforma ciudadana en defensa de las libertades, ésta le planteó al equipo municipal, primero, su malestar porque la “ordenanza antisocial” (uno de los símbolos represivos del gobierno autoritario del exalcalde León de la Riva) no hubiera sido ya derogada “de oficio” por el nuevo Ayuntamiento en coherencia con la postura que los grupos que sustentan al actual alcalde habían expresado en años anteriores; segundo, que bajo ningún concepto iban, tras haber luchado con gran desgaste desde 2003 contra esta norma limitadora de los derechos y libertades fundamentales, a iniciar una nueva campaña reivindicativa ante el actual Ayuntamiento y que su postura directa habría sido la desobediencia abierta a esta injusta norma; y, tercero, que pedían la retirada de la ordenanza en el menor plazo legalmente posible no asumiendo que fuera reformada, pues la ordenanza, más allá de su articulado, es la expresión de una concepción ideológica represiva y estigmatizante de la expresión de la disidencia social y por ello debía ser eliminada.
En la reunión de este martes, el Ayuntamiento esbozó lo que podría ser el proceso que seguirían para la desaparición de la “ordenanza antisocial”: los muchos artículos que no vulneran ningún tipo de libertad serían incorporados a otras ordenanzas municipales (son artículos cuya presencia en la ordenanza no buscaba más que enmascarar la naturaleza represiva de la ordenanza mezclando torticeramente cuestiones de simple orden y limpieza con conductas “antisociales”) y el articulado que sí promueve la convivencia pasaría a formar parte de una nueva ordenanza para cuya elaboración abrirían un proceso de participación ciudadana.
Hay que recordar que el gobierno de León de la Riva fue pionero en España aprobando en abril de 2004 la primera Ordenanza Municipal sobre Protección de la Convivencia y Prevención de Conductas Antisociales en España, norma ideológica que instauraba con fuertes multas la represión a nivel local de distintas formas de expresión social, anticipando las sanciones administrativas que luego iba a generalizar a nivel estatal la “ley mordaza” en 2015.

Ya en 2004 [algunas de] las organizaciones de Valladolid se coordinaron en el Foro por las Libertades iniciando la desobediencia y la lucha social y judicial contra esta “ordenanza antisocial” logrando en diciembre de 2006 que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anulara parte de su articulado (también la Federación de Asociaciones Vecinales logró otra sentencia en el mismo sentido). Pero el Ayuntamiento de León de la Riva volvió a endurecer la ordenanza en 2011 con prohibiciones que afectaban, entre otros, al ejercicio de la mendicidad, al modo de vestir y la estancia, ocupación o acampadas en espacios públicos -en clara represión del movimiento 15M y su continuación- y que reincorporaba artículos ya anulados en 2007, ante lo que de nuevo reaccionan las organizaciones de la ciudad uniéndose en diciembre de 2011 en la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Libertades que llegó a integrar a más de 30 organizaciones sociales, sindicales y políticas de la ciudad poniendo de nuevo en marcha una intensa campaña social de información, de desobediencia y jurídica para luchar contra la ordenanza (también la Federación Española de Naturismo presenta recurso contra esta norma) que obtiene de nuevo una victoria con una nueva sentencia del TSJ de octubre de 2013 que anula parte de los nuevos artículos tumbando una ordenanza que recortaba la libertad de expresión, de vestuario y que criminalizaba la pobreza.
La Plataforma Ciudadana en Defensa de las Libertades no puede por menos que celebrar la decisión del actual equipo de gobierno formado por el PSOE y Toma la Palabra, y apoyado por Sí se Puede, de derogar por fin este otoño la ordenanza y de promover en su lugar una norma que verdaderamente fomente la “buena convivencia” aunque las organizaciones de la Plataforma consideran que los pactos de buena vecindad, solidaridad y apoyo mutuo no debieran ser instadas ni reguladas desde las instituciones sino emanar de la propia sociedad organizada como el bien común que siempre han sido.