Se dice que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad y esto es lo que ha sucedido en relación con la finalidad que deben cumplir las penas privativas de libertad. Una mentira que recoge así el artículo 25.2 de la Constitución: "Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzosos" y que han suscrito las sucesivas leyes, decretos, reglamentos, circulares aprobados durante los casi cincuenta años de régimen democrático. Una mentira que sirve también de carta de presentación de las cárceles, en cuyas entradas encontramos los correspondientes letreros y el artículo citado bien visible, del mismo modo que en las entradas a los campos de concentración nazis podía leerse: "El trabajo os hará libres".

Pero la realidad desmiente tanta palabrería jurídica.

 

La primera evidencia es que la ley no es igual para todos. A la cárcel siguen entrando mayoritariamente los pobres. Más de la mitad de las personas presas cumplen condena por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico y por delitos contra la salud pública, es decir, robos y tráfico de drogas. Los banqueros, empresarios, políticos y grandes traficantes tienen dinero y privilegios suficientes para comprar voluntades y evitar el estigma carcelario.

 

La segunda evidencia es que la pena de cárcel es un fin en sí misma y tiene como objetivo castigar el hecho tipificado como delito. En la cárcel quedan encerrados por tiempo indefinido tod@s aquell@s que no pudieron, no supieron o no quisieron amoldarse a los ajustados márgenes de libertad tutelada que ofrecen los llamados Estados Sociales y Democráticos de Derecho. Quien ose saltarse los límites que se atenga a las consecuencias. Y estas también son una evidencia. La cárcel nunca procurará que la persona privada de libertad se eduque e inserte en la sociedad. Tampoco que gocen de los más mínimos y elementales derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la de reunión y asociación, el derecho a la educación, la libertad y la seguridad, el derecho a la tutela judicial y a la presunción de inocencia, el derecho a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, el derecho a la igualdad ante la ley...ni a otros como el de tener un trabajo remunerado, gozar de los beneficios de la Seguridad Social, el acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. Y ello es así porque ni hay voluntad política ni presupuestos más allá de los destinados a mantener el orden y la seguridad de estos centros de exterminio. Lo que sí abunda en las cárceles es arbitrariedad, prepotencia, abusos, malos tratos, pésima alimentación, abandono sanitario, sobre- medicación psiquiátrica, muertes, desesperación...

 

Para denunciar este estado de cosas, acudimos el pasado 19 de enero a la cárcel de Villanubla. La marcha discurrió sin incidentes. Se corearon las consignas habituales y se entabló comunicación con los presos que se asomaron a las ventanas de sus celdas. Se mandaron y recibieron palabras de aliento, escuchamos sus quejas, sus reivindicaciones.

 

Dos meses más tarde, una de las participantes a esta marcha recibió una denuncia de la Subdelegación de Gobierno de Valladolid por importe de 200 euros( 100 si se paga en el plazo de quince días y se renuncia a las alegaciones), por infringir el artículo 37.4 de la Ley Orgánica 4/2015, la maldita Ley Mordaza, que multa la falta de respeto y consideración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según el acta-denuncia, ocho policías nacionales: "escucharon perfectamente como una mujer se dirigía a ellos diciéndoles textualmente: "LA POLICÍA TORTURA Y ASESINA". Además, arengaba a los presos del Centro Penitenciario para que faltasen al respeto e insultasen a los policías allí presentes, los cuales estaban realizando su trabajo". 

 

Ese día nadie fue identificado. Ni nosotr@s nos dirigimos a ellos ni ellos a nosotr@s. Lo que hicimos ese 19 de enero fue ejercer nuestro legítimo derecho de reunión y de libertad de expresión, así como denunciar las pésimas condiciones sanitarias y laborales de las personas presas, trasladarles fuerza y ánimo y recordarles que no están solos.