El pasado miércoles, 2 de noviembre, tuvo lugar el juicio contra las 15 personas que fueron acusadas de “injurias a la guardia civil” y “obstrucción al culto” por concentrarse el 12 de octubre de 2010 ante la iglesia donde los picoletos del cuartel de Arteixo (A Coruña) celebraban el día de su patrona. Las Nais Contra a Impunidade ya llevaban entonces varios años pidiendo explicaciones sobre lo sucedido a Diego Viña en septiembre de 2004, cuando “apareció” ahorcado en uno de los calabozos del cuartel de los cigüeños de Arteixo, donde había sido detenido ilegalmente a instancias de su propio padre, perteneciente al “cuerpo”.

Todos los intentos de obtener justicia o siquiera alguna explicación sobre lo sucedido habían sido infructuosos y a la madre de Diego y a sus compañeras ya no les quedaba otro recurso que las movilizaciones callejeras, repetidas año tras año. Fueron perseguidas por ello en varias ocasiones, hasta que se encontró un juez dispuesto a prestar oídos a las acusaciones en defensa de su “honor” de los representantes de una institución de tan siniestra fama como la guardia civil. El resultado fue un proceso penal con una petición fiscal de 54.000 euros en total de pena-multa, con nueve meses de cárcel para cada una en caso de impago, contra 15 personas, entre ellas una hermana, una prima y una tía del muchacho muerto en oscuras circunstancias. Oscuras y oscurecidas, ya que incluso fueron destruidos por la misma guardia civil los pantalones con los que, supuestamente, se había ahorcado Diego, mientras se encontraba “confiado” a la custodia de la “benemérita institución”.

Se “celebró” por fin el juicio, que había sido convocado para el 6 de junio y fue suspendido por motivos burocráticos, y fue como suele suceder una farsa insultante donde el juez obstaculizó en todo momento con formalismos y arbitrariedades la labor de la defensa, dejando claro, tanto él como el fiscal, que su interés está centrado en defender la ficción ensangrentada que ellos llaman el “honor de la guardia civil” imponiendo por la fuerza esa ofensiva falsedad para obligarnos a inclinarnos ante ella como si fuera una verdad sagrada. A pesar de eso, se vieron frente a frente la coherente argumentación de los abogados defensores, en el sentido de la inocencia de las personas amenazadas judicialmente y de la legitimidad de sus actividades, y la endeblez de las pruebas acusatorias, las cuales se reducían a una corta grabación de vídeo obtenida ilegalmente con un móvil por un picoleto de paisano, donde apenas se reconoce a nadie ni se puede saber quién hizo o dijo qué, y a las confusas y contradictorias acusaciones de unos cuantos “números”, de los que varios no asistieron porque estaban “de vacaciones”, llegando el cinismo de la acusación a pretender que se suspendiera el juicio una vez más por ese motivo. Todo hubiera quedado muy claro para un “justicia” merecedora de ese nombre, pero conociendo el aparato estatal punitivo que abusa de él dentro del territorio dominado por el Estado español no se puede ser optimista.

Sobre lo que sí tenemos suficientes datos para formarnos una opinión es sobre nuestra propia solidaridad. Unas 50 personas, entre las que entraron en la sala del juicio y las que estuvieron concentradas en la puerta de los juzgados durante las caso cuatro horas que duró sosteniendo pancartas y gritando palabras de apoyo, lo demostraron en A Coruña. En el resto del territorio estatal, que sepamos, hubo cinco personas con una pancarta frente a la audiencia nazional en Madrid; veintiuna ante la ciudad de la (in)justicia en Valencia; un número intermedio en la concentración convocada en Sama de Langreo por una asociación de familiares y amigos de personas presas así como en la propuesta frente a los juzgados de Gijón por un grupo feminista; cinco o seis en la que hubo en Cartagena… No sabemos lo que sucedió en Lleida o en Santander, donde también se habían convocado concentraciones solidarias, y la de Salamanca hubo de suspenderse por falta de gente. Con todo lo cual, tenemos elementos suficientes para constatar la extrema debilidad de la “comunidad anticarcelaria” y la casi total indiferencia tanto de la “sociedad civil” como de los “movimientos sociales”, incluido el autodenominado “libertario”, frente a los abusos del poder punitivo.

Dentro de las cárceles, nueve compañeros presos en lucha se han sumado que sepamos a la huelga de hambre convocada por algunos de ellos en apoyo de las Nais, que todavía dura en las cárceles de Palencia, Estremera y Soto del Real en Madrid, Albocásser (Castellón), Morón (Sevilla), el Acebuche (Almería), Topas (Salamanca), etc. A continuación, insertamos unas palabras de Pastora González, la madre de Xosé Tarrío y miembro de las Nais que resumen bien la situación.