El regreso del Tribunal de Orden Público (TOP)

Publicado por valladolor domingo, 29 de marzo de 2015 ,



El regreso del Tribunal de Orden Público [Encausados del Parlament]



El Tribunal Supremo, a petición del Parlamento catalán, el Gobierno de la Generalitat y el colectivo españolista Manos Limpias, acaba de condenar a tres años a ocho de los procesados por la protesta pacífica ante el Parlament del 15 de junio de 2011, revocando así el fallo anterior de la Audiencia Nacional. Como era de esperar, la sentencia ha concordado con el sentir mayoritario de la plutocracia catalana, que ha invitado a todos a respetar la decisión del Supremo. Según un tribunal del que cabe cuestionar su imparcialidad puesto que sus miembros son elegidos por las cúpulas de los partidos políticos, la libertad de expresión y de crítica de los electores había colisionado con “valores superiores” como el derecho de los diputados a representar la farsa parlamentaria y aprobar recortes de servicios públicos en nombre de todos los “ciudadanos catalanes”. Los procesados habían incurrido en una “errónea y traumática desjerarquización del derecho de participación política a través de los legítimos representantes en el órgano legislativo”, pero… ¿de verdad eran legítimos? ¿Representaban a algo más que a los intereses espurios de sus partidos? ¿Merecían sufrir esa “traumática desjerarquización” de sus derechos políticos, es decir, merecían que les increparan cuando se dirigían a sus escaños para cercenar con total impunidad los derechos sociales de los demás?

Tendría que resultar trivial decir que nada de lo que se llama “pueblo de Cataluña” o “ciudadanía catalana” existe, faltando las mínimas condiciones de debate público, información imparcial, reunión libre, elección abierta y control popular de la representación, para que esas expresiones no sean otra cosa que entelequias. Ese supuesto “pueblo”, es en realidad una masa domesticada de votantes inferior a la clase gobernante. Princeps est solutus legibus, por consiguiente, no hay “soberanía popular”. Si las instituciones no cumplen con su cometido, no hay pueblo “soberano” capaz de disolverlas. Toda representación en este caso es ilegítima: el Parlament no se representa más que a sí mismo. Ni el día en que los diputados se regodearon con la injusta sentencia, ni cualquier otro día, nos hemos sentido representados por el Parlament. El hecho de que una parte de la población se haya resignado a lo que juzga inevitable y hasta llegue a complacerse en la farsa no legitima dicha institución: las costumbres de los pueblos esclavos forman parte de su servidumbre, no de su libertad. El Parlament y la Generalitat forman parte de un Estado que nunca fue producto de la voluntad soberana de un pueblo, sino fruto de un contrato entre la dictadura franquista y las fuerzas de la oposición, mediante el cual se instauró un nuevo régimen de partidos apoyado en el viejo aparato dictatorial. Si el sistema de representación actual tiene alguna legitimidad, ésta proviene del franquismo. El resultado fue una partitocracia, es decir, un régimen político autoritario con leves apariencias democráticas donde los partidos se abrogan la representación de la voluntad popular a fin de hacer valer sus intereses particulares en el reparto del poder. Los políticos han hecho de la política una profesión, formando una clase parasitaria que vive de la plusvalía social extraída a través de las instituciones, a menudo incumpliendo sus propias leyes. Aunque los cargos sean electivos, en la práctica sus atribuciones no están limitadas: el uso se confunde con el abuso. La legitimidad auto-otorgada gracias a elecciones condicionadas y viciadas no es más que la justificación de ese statu quo político, abusivo y privilegiado.

Lo que los partidos llaman democracia solamente es una forma modernizada de despotismo, hija de una usurpación partidista de la voluntad popular. En los regímenes despóticos la naturaleza de sus instituciones requiere un grado de sumisión elevado, puesto que la arbitrariedad y la corrupción que acompañan al ejercicio de la función política es incontestable. La autoridad que otorgan las elecciones es unidireccional: unos mandan y otros obedecen, eso es todo. Por algo no existe la separación de poderes y los mecanismos de contrapeso de los “representados” al exceso de los “representantes” brilla por su ausencia. Lo acaba de confirmar el Tribunal Supremo: los derechos políticos de la masa no pueden operar como elementos “neutralizantes” de la acción partitocrática. La masa únicamente tiene el derecho de apoyar a los déspotas, no a resistirles. En caso de resistencia, la protesta queda desautorizada, violentamente reprimida y llevada al banquillo. El despotismo no puede prescindir del temor; por eso la policía tiene carta blanca con los contestatarios y la ley cubre su brutalidad y malos tratos. Ningún juez dará curso a una denuncia contra ella, ni aceptará pruebas que la encausen. Cuando impera el despotismo, la justicia es suave y lenta con los de arriba, pero dura y expeditiva con los de abajo.

Consumado el divorcio entre la clase política y la masa insumisa, el curso lógico del despotismo conduce a restaurar un concepto jurídico de la pasada dictadura: el “orden público”. En un régimen autoritario y despótico, cualquier protesta real se convierte en conducta delictiva. Es directamente subversiva, puesto que altera “el normal funcionamiento de las instituciones”, es decir, es un acto que amenaza al orden establecido, poniendo en peligro las prerrogativas y la impunidad de los cargos políticos. La defensa institucional del orden publico es en realidad una defensa de los privilegios de clase; en un contexto despótico como el franquista o el parlamentario actual, dicha defensa se traduce en intolerancia, represión e injusticia. El papel que antaño desempeñara el Tribunal de Orden Público, ahora lo ejerce el Tribunal Supremo. Que ni siquiera éste ande limpio, y que su anterior presidente, Carlos Dívar, dimitiera por verse implicado en un caso de malversación, es algo anecdótico. Lo que realmente repugna es su llamativo enfoque “acerca del rango axiológico de los valores constitucionales en juego”, es decir, su parcialidad manifiesta en favor de los inicuos fueros e indecentes regalías de las franquicias políticas. Pero, en fin, la Justicia no es más que otra arma para los gobiernos despóticos y sus parlamentos, la representación ficticia del pueblo abstracto, contra el pueblo real, los de abajo. Montesquieu, el pensador de la democracia, nos ofrece a este respecto un consuelo: “Los fundamentos del gobierno despótico se corrompen sin cesar, porque éste es corrupto por naturaleza. Los demás gobiernos perecen debido a accidentes particulares que destruyen sus bases; el despótico perece por culpa de su vicio interno, cuando causas accidentales no consiguen impedir que sus bases se pudran.” A ver si el derrumbe llega pronto. 
 
¡No al despotismo! ¡Nulidad de la sentencia!
Revista Argelaga, 21 de marzo de 2015.




[Solidaridad, desde Sevilla]

COMUNICADO:
El 18 de Marzo se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo que anula la absolución de ocho de las encausadas por la acción Aturem el Parlament y las condena a tres años de prisión.

Recordemos que esta sentencia resuelve un recurso interpuesto por la Fiscalía, el Parlament de Cataluña, la Generalitat y Manos Limpias contra la absolución dictada por la Audiencia Nacional al finalizar el juicio en julio del año pasado.

Ya no tenemos lugar a dudas: la avaricia es la sangre que corre por las venas de la clase dirigente. Tener tanto amor por el dinero y el poder, el único que llega a sentir, marca a fuego sus vidas. Son niñatos malcriados y caprichosos que siempre lo han tenido todo. Y si una sentencia de la Audiencia Nacional contradice sus planes, ya está el Supremo para que corrija el entuerto. Nada puede escapar de sus totalitarios dictámenes democráticos. Patalean y berrean por otro caramelito más; cuentan con el poder judicial para que lo envuelva con discursos técnicos y con la Prensa, sierva y fiel.

La saña nunca ha sido buena compañera de viaje, y cuando la ejercen las oligarquías mandatarias, se institucionaliza la inquina, el rencor y el odio. La persecución de unas personas por parte de la Fiscalía, el Parlament y la Generalitat para que paguen con años de prisión haber intentado impedir un paquete de recortes sociales atroz e impune, y que lo consigan y se congratulen, sólo es signo de putrefacción política.

La lapidación democrática a la que nos abocan nace de su arrogancia y desprecio, de su insignificancia como personas. El hedor de su ideología, la del “todo por la pasta”, es aberrante.
No creemos en sus leyes, pero viendo los tejemanejes judiciales que se llevan, afirmamos que tampoco creen ellos. Su sistema legal es una construcción elitista que funciona como látigo, siempre de arriba hacia abajo.

Menos mal que nos tenemos entre nosotras. Menos mal que sabemos que esto no será así para siempre. Llevamos tiempo agrupándonos, respetándonos y conspirando para que sea la verdadera voluntad popular -aquella que se remanga y planta cara, aquella que aguanta golpes y no recula- la que marque el sentido de esta vida. Seguimos muy decididas a continuar con las enseñanzas revolucionarias de quien ya nos dejaron, de quienes se jugaron sus vidas por la dignidad de todas las generaciones.

No está siendo fácil, pero ya estamos acostumbradas a nuestras vidas de incertidumbres e inestabilidad. La permanente precariedad a la que nos condenan nos hace ser avispadas, rápidas, audaces y cada vez más radicales.

Nos miramos para que nuestros golpes sean certeros.
Nos cuidamos para hermanarnos.
Nos reímos porque quien no ha tenido nada, nada pierde.

El Caso Parlament será recordado por el infranqueable compañerismo generado.
El Caso Parlament será recordado por la infamia y la jugarreta política.
Nos dirigimos a todas aquellas personas, asambleas, colectivos, organizaciones y mareas que luchan contra la mafia política y los fundamentalistas neoliberales. Queremos invitaros a una manifestación unitaria de rechazo contra esta sentencia, y también contra la política del miedo y la represión que despliega un sistema en descomposición que quiere salvar sus privilegios por encima de la dignidad del resto de la población.

Valladolor no admite comentarios
La apariencia como forma de lucha es un cancer
El debate esta en la calle, la lucha cara a cara
Usandolo mal internet nos mata y encarcela.
Piensa, actua y rebelate
en las aceras esta el campo
de batalla.

si no nos vemos
valladolorenlacalle@gmail.com















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Contrainformacion internacional

"Las prisiones son una parte más de la esencia represiva de todo Estado, no hay que olvidar la parte que nos toca a lxs que aún seguimos en la calle.

No podemos ver las cárceles como algo ajeno a nuestras vidas, cuando desde temprana edad hemos sido condicionadxs a no romper las normas, a seguir una normalidad impuesta; el castigo siempre está presente para lxs que no quieren pasar por el aro.

En el trabajo, en la escuela... domesticando y creando piezas para la gran máquina, piezas que no se atrevan a cuestionar o que no tengan tiempo para hacerlo.

Hemos sido obligadxs a crecer en un medio hostil donde es dificíl desarrollar nuestros propios deseos.

La rebeldía brota de algunxs, otrxs simplemente se acomodan en la mierda, tapando sus frustraciones con lo que le dan quienes antes les despojaron de todo. O viendo sus problemas como algo aislado, único y personal.

Para lxs que no tragan o no se adaptan al gran engaño ahí tienen sus cárceles, reformatorios, psiquiatrícos ... creados por los que no quieren ver peligrar las bases de su falsa paz.

No podemos ignorar la lucha de lxs compañerxs presxs.

Su lucha es nuestra lucha."