Tal y como sucedió en el pasado mes de diciembre, la Diputación Foral de Bizkaia ha vuelto a notificar la suspensión de la prestación social denominada Renta de Garantía de Ingresos (RGI), posteriormente a su impago en el mes de julio, aunque la comunicación de esta medida se está produciendo a lo largo de este mes de agosto. Esta medida ha supuesto dejar sin ningún recurso económico a 1.589 familias de Bizkaia en paro, con empleos precarios y pensionistas.
En esta ocasión la supuesta pérdida de requisitos que implica la suspensión de la RGI tiene que ver con la incorrecta aplicación de los artículos sobre bienes inmuebles del decreto de Renta de Garantía de Ingresos que implica que no se puede tener otro bien inmueble que no sea la vivienda habitual, con excepciones si no se es propietario del 100%. Desde el área de acción social de la diputación han enviado una remesa de cartas en las que no se especifica en que se basa su suspensión excepto el epígrafe generalista de la nueva ley de bienes inmuebles.
Asimismo, no se han revisado los casos individualmente sino que se ha realizado un cruce de datos entre propietarios y perceptores de RGI que implica que, quienes sí cumplen con los requisitos son sancionados de la misma manera que quienes sobrepasen el patrimonio máximo para percibir esta prestación. La Diputación Foral de Bizkaia no sabe a ciencia cierta a cuántos de esos 1500 casos les corresponde realmente la suspensión y a cuales no, 1500 familias que corren el riesgo de perder sus prestaciones sociales aun cumpliendo los requisitos para obtenerla.
El pasado mes de Diciembre de 2010, ya se produjo un hecho de este tipo en el cual la Diputación bizkaina, tuvo que dar marcha atrás, debido a la sistemática vulneración de la ley de procedimiento administrativo que se viene realizando desde esta institución.
Ante estas actuaciones diferentes Colectivos Sociales de Bizkaia, exigimos:
La inmediata suspensión de este procedimiento y que, inmediatamente, se ingrese a las personas afectadas su prestación correspondiente al mes de julio y, procediéndose a un estudio individual de cada caso que garantice, en plazos y formas, los derechos de las personas preceptoras de prestaciones sociales.
Es fundamental recordar que ya en el mes de diciembre pasado, se realizó una suspensión masiva similar y acabaron, paralizando primero y suspendiendo después la medida, al carecer de soporte legal para hacerlo. Ya recibieron una advertencia por parte del Defensor del Pueblo del País Vasco, ARARTEKO, (http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_2232_3.pdf ) por la utilización de dicho procedimiento, que pese al compromiso de la Diputación para usar el procedimiento correcto, están utilizando de nuevo el anulado anteriormente.
Así, la Asamblea Abierta en Defensa de las Prestaciones Sociales, Harresiak Apurtuz (Coordinadora de ONG de inmigrantes y de apoyo a inmigrantes), Asociación “Los Invisibles”, Argilan, Mujeres del Mundo, Berri-Otxoak, La Posada de los Abrazos, Elkartzen, EMAÚS Fundación Social Bitartean, EMAÚS Bilbao, Sortarazi y SOS Racismo reclamamos públicamente a la Diputación Foral de Bizkaia un replanteamiento de su modo de operar en este sentido así como transparencia y responsabilidad en el ejercicio público de sus funciones.
BERRI-OTXOAK
(Plataforma Contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales)
www.nodo50.org/berri_otxoak(Plataforma Contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales)
