El plan de prejubilaciones que prepara Telefónica costará más de 270 millones a las arcas públicas con la actual normativa. El Gobierno quiere cambiar la ley.

Telefónica es una empresa privada desde 1997 y, tal y como ha reconocido el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, tiene derecho a reducir su plantilla sin que el Gobierno pueda hacer nada para frenar su expediente de regulación de empleo (ERE) de un máximo de 8.500 trabajadores si cumple los requisitos legales y está pactado con los sindicatos.

Pero el Ejecutivo va a hacer todo lo posible para que la iniciativa privada de Telefónica no tenga un coste para el Estado.

Y es que, a falta de conocerse las condiciones del expediente, las prejubilaciones que va a acometer Telefónica implican el paso de la totalidad o la mayoría de los afectados por el paro. Eso significa que son las arcas públicas las que tendrían que asumir los dos años de desempleo máximo a los que tendrían derecho estos extrabajadores más las cotizaciones correspondientes a la Seguridad Social.

El gasto medio por desempleado que figura en las estadísticas del Servicio Público Estatal de Empleo, según los datos de marzo, asciende a 898 euros mensuales (incluida la cotización a la Seguridad Social). Sin embargo, el perfil de los trabajadores de Telefónica sujetos a la prejubilación apunta a una cotización en las bases más altas del sistema y en consecuencia les correspondería la prestación más alta, que está fijada en 1.242 euros mensuales para 2011.

A este último coste (que incluye solo la prestación por desempleo) habría que sumarle la parte de cotización al sistema que la Seguridad Social aporta por cada uno de estos trabajadores y la deducción aplicable por el IRPF. Multiplicado por los 24 meses de límite de prestación y por los 8.500 trabajadores de Telefónica afectados, con la actual legislación los planes de la operadora supondrían un coste máximo para el Estado de 270 millones de euros (serían 180 millones si todos los trabajadores recibieran no la prestación más alta sino la media). Estos cálculos se han realizado tomando una estimación conservadora de las bases de cotización de estos trabajadores, ya que el dato no es público.

A esta cantidad habría que añadirle otra indeterminada de los trabajadores que, tras dos años de cobro de la prestación por desempleo, cumplieran las condiciones para recibir el subsidio para mayores de 52 años. La cifra final, por tanto, superará con toda seguridad los 270 millones.

Lo que está en cuestión, por tanto, es quién paga ese dinero. Con la legislación actual, el gasto recaería en el Estado, pero el Gobierno ha comenzado una cruzada para evitar que sean las arcas públicas las que asuman los pasivos de las decisiones de grandes empresas que tienen beneficios.

Por ello, desde el Ministerio de Trabajo se ha lanzado una enmienda a introducir en el Decreto Ley de Políticas Activas de Empleo para que este tipo de empresas, entre las que estaría Telefónica, asuman todos los costes.

Según la redacción de la enmienda, lo que se pretende es que las compañías que hagan despidos colectivos que afecten a mayores de 50 años hagan una aportación al Tesoro Público por el equivalente "al importe de las prestaciones y subsidios de desempleo de los trabajadores de 50 o más años afectados por el expediente de regulación de empleo, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal".

Telefónica cumpliría todas las condiciones a las que se refiere la enmienda, ya que el año pasado tuvo más de 10.000 millones de euros de beneficio y las filiales a las que afecta este expediente (las que operan el negocio de fijo y móvil en España) también tuvieron ganancias.

Lo único que podría evitar que Telefónica asumiera el coste es el calendario. Valeriano Gómez ha asegurado este jueves que se prevé que la normativa se apruebe en julio y el ERE de la operadora debería, en principio, haber recibido el visto bueno antes de esa fecha.

Pero una cosa es que el Gobierno no pueda frenar el expediente si cumple la normativa y está pactado con los sindicatos y otra que no pueda manejar los plazos para, de alguna forma, retrasar su aprobación hasta que la nueva legislación esté en vigor.

De todas formas, Gómez también ha señalado que se ha dirigido a Telefónica y le ha transmitido la necesidad de que sea ella la que asuma el coste de las prestaciones por desempleo de los afectados por su ERE y que la operadora ha expresado verbalmente su "disposición" a aceptarlo.