Dos trabajadores del metal se suben a una grúa en el astillero de Navantia en San Fernando en protesta contra las "listas negras" 

Dos trabajadores del metal se han atrincherado en una grúa a varios metros de altura en el astillero de Navantia en San Fernando, desde donde han descolgado una enorme pancarta para rechazar lo que consideran "listas negras" en la industria de la Bahía de Cádiz. A día de hoy, 20 de abril, se cumplen 13 DÍAS desde que subieron. 

La empresa les ha incomunicado y no permite llevarles provisiones ni baterías.

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"Exigimos una solución política y que se cumpla la Constitución con el derecho al trabajo digno", explican en un comunicado remitido tras esta acción que, aclaran, realizan a título personal. Fuentes de Navantia niegan tajantemente la existencia de este veto por parte de la compañía.

Los trabajadores Manuel Balber y Jesús Galván se subieron anoche a una de las grúas de la factoría de esta localidad isleña y allí continúan este miércoles para demandar una solución al veto que sufren para ser contratados desde hace años en el sector del metal de la provincia de Cádiz, algo que atribuyen a su condición de representantes de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM).

"Somos padres de familia, nos quieren en la exclusión social y nos castigan por defender los derechos de los trabajadores, los nuestros y los de nuestros compañeros", afirma Galván desde la grúa a los empleados del astillero que han ido a mostrarles apoyo. Estos profesionales del metal insisten en que sufren una represión sindical desde hace al menos seis años, lo que les impide trabajar en su tierra, con las consecuencias que eso tiene en su núcleo familiar. Aseguran que, a pesar de su experiencia como soldadores y de la demanda actual de carga de trabajo que tienen empresas como Navantia o Dragados, estas compañías tractoras y sus subcontratas los han incluido en unas "listas negras", por las que no pueden optar a ningún contrato. 

"Nos vemos obligados a esta protesta ya que ni los comités de empresa se han dignado a preguntar por nuestra situación", agrega.

Galván y Barbel explican que han decidido subir a la grúa de Navantia San Fernando y desplegar una pancarta contra las listas negras "tras agotar todas las vías posibles". 

El equipo de organización de CTM, con los dos afectados presentes, protagonizó hace dos semanas una acampada frente a las puertas del astillero de San Fernando. El sindicato recordaba entonces la sentencia de 2020 contra el despido de estos dos trabajadores trs una acción sindical. "No hace falta explicar más: hay listas negras, y por eso no entran. Pero también hay persecución sindical. Los comités de empresas tienen los mismos intereses que la patronal: no tener a gente que dé la cara y luche”, abundaba Diego Rodríguez, como portavoz de CTM. Galván y Barbel también han presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo para dar oficialidad a su queja.

La producción de Navantia ha quedado paralizada tras estos hechos y en solidaridad con los compañeros subidos a la grúa para denunciar la existencia de listas negras. 

Durante la mañana, varios compañeros del astillero se han acercado a la grúa para expresar su solidaridad a Manuel y Jesús. Entonces, el personal de seguridad y altos cargos de Navantia ha procedido a tomar los números de tarjeta de identificación a los empleados solidarios. Además, los soldadores han informado que otros compañeros que han acudido a expresar su solidaridad en el aparcamiento exterior de Navantia también han sido expulsados, bajo el argumento de que "es un aparcamiento privado", notificado en varios carteles que la empresa ha colocado al instante.

La acción en la grúa de Navantia vuelve a poner el foco sobre la contratación en el sector naval y del metal gaditano, caracterizado por una fuerte externalización a través de empresas auxiliares. Balber y Galván insisten en que su protesta es el último recurso que les queda tras haber agotado todas las vías posibles para recuperar su derecho a trabajar en su tierra sin ser señalados por su militancia sindical en la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM). "Firmar es romper el silencio; es defender los derechos de toda la clase trabajadora", reivindican los obreros. 

Informaciones anteriores: 

> https://valladolorentodaspartes.blogspot.com/2026/03/metal-bahia-de-cadiz-contra-las-listas.html

Los trabajadores del metal comienzan una acampada contra las listas negras por actividad sindical en Cádiz

“En la provincia de Cádiz se está produciendo un veto laboral contra los trabajadores. Muchos de ellos son anónimos y jamás conoceremos sus nombres porque existen situaciones coercitivas tanto en las subcontratas como en las grandes empresas de la bahía”, explican.

 La situación ha llevado a varios trabajadores del sector a iniciar una acampada frente a la empresa Navantia en San Fernando para que esta situación termine.

Sindicato CTM: https://www.instagram.com/sindicatoctm/

EL SALTO: Comienza la acampada contra las listas negras a las puertas de Navantia: https://www.elsaltodiario.com/cadiz/trabajadores-del-metal-comienzan-una-acampada-listas-vetos-actividad-sindical-cadiz

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Metal Bahía de Cádiz. COMUNICADO DE CTM SOBRE LA SITUACIÓN DE MANUEL BALBER I JESÚS GALVÁN 

Manuel Balber y Jesús Galván son dos soldadores con más de 30 años de experiencia que, además de ser reconocidos por su profesionalidad, han participado activamente en las reivindicaciones obreras del metal. Por esta razón, fueron vetados, inicialmente, hace 10 años de la factoría de Dragados. Aún así, nunca han renunciado a su justa lucha:

En el verano del 2020 nuestros compañeros Jesús Galván y Manuel Balber fueron despedidos de una subcontrata de Navantia/Puerto Real después de unas protestas en la que se reivindicaba carga de trabajo. Varios años después estos astilleros permanecieron sin apenas faena.

Inmediatamente, sus compañeros decidieron parar los Astilleros de Navantia San Fernando y Puerto Real durante una semana como protesta por los despidos.

Los Comités de Navantia, el de Dragados y varios sindicatos consideraron, sobre las reivindicaciones de carga de trabajo y los posteriores paros, que “estaban de acuerdo con el FONDO de las reivindicaciones, pero NO en las FORMAS”

Jesús y Manolo denunciaron los despidos y, dos años después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJ) les dio la razón y consideró que los despidos eran NULOS por tratarse, según dicho tribunal, de una represalia por las acciones sindicales en las que ambos participaron. No obstante, al tratarse de trabajadores eventuales y haber acabado la obra para la que fueron contratados, no volvieron a sus puestos de trabajo.

A pesar de que, según la propia patronal, estamos en un momento histórico de carga de trabajo -en el que factorías, como la de Dragados, están teniendo que traer soldadores del extranjero-, 6 años después de haber sido despedidos y 4 de haberles dado la razón los tribunales, Manolo y Jesús, soldadores con diferentes homologaciones y profesionales contrastados, no han vuelto a trabajar en ninguna factoría de la Bahía ni en ningún taller. El despido de ambos no fue un hecho puntual, fue una auténtica CADENA PERPETUA.

No estamos hablando entonces, de ninguna de las maneras, de una decisión judicial. Se trata, claramente, de una DECISIÓN POLÍTICA que se debe resolver con una respuesta POLÍTICA. Se castigó a los dos compañeros, pero, en realidad, lo que se hizo fue enviar una señal al conjunto de los trabajadores para que nadie se atreviera a reivindicar sus derechos.

Por tanto, la más que demostrada condena a ambos compañeros no es una cuestión que solo atañe a ellos. Es una vulneración de los derechos fundamentales y es anticonstitucional. Y supone un ataque a la libertad sindical, que se debería defender desde el sindicalismo estatal, no desde un solo sindicato.

Desde CTM desconocemos cuál es la “FORMA” adecuada para llevar a cabo estas exigencias, pero sí tenemos clarísimo que la solución, la forma, no puede ser NO HACER NADA: algo que ha ocurrido estos años, creando un gran sufrimiento a ellos y sus familias.

Es inadmisible que la izquierda política y la sindical nos llevemos las manos a la cabeza por el auge del fascismo y permitamos que prácticas, claramente propias de una dictadura y del franquismo, se estén dando dentro de las factorías del metal de la Bahía de Cádiz.

¡INSISTIMOS!, desde CTM desconocemos cuáles son las FORMAS ADECUADAS de tratar el problema, pero no vamos a permitir que nuestros compañeros sigan teniendo que emigrar. Nos gustaría, deseamos y aprovechamos este escrito para hacer un llamamiento a que esta respuesta se dé desde todas las fuerzas sindicales, políticas y sociales que se consideren democráticas.

A partir de ya, nuestro sindicato se pone a disposición de quienes quieran colaborar en acabar con esta injusticia, dejando claro que no vamos a perder más tiempo y que, de la FORMA que sea, Manolo y Jesús tienen que volver a trabajar en la Bahía de Cádiz de manera inminente.

Coordinadora de Trabajadores del Metal Bahía de Cádiz

Se han confirmado los peores presagios: Lino Rubio Mayo, titular del juzgado número 1 de lo penal de Xixón, ha dictado orden de ingreso en prisión a las seis sindicalistas de La Suiza para cumplir tres años de prisión.  

En 2017, la denuncia de un empresario, la complicidad de la brigada de información de la policia, la prensa, fiscales y jueces, abrieron un tortuoso proceso contra una trabajadora de esa pastelería y cuarenta compañeras de la CNT que la apoyaron.

En junio de 2024 el Tribunal Supremo convirtió en jurisprudencia la represión de la acción sindical, confirmando dos injustas sentencias de tres años y medio para 6 compañeras. Y lo hizo equiparando la negociación y las concentraciones pacíficas con los delitos de coacciones y obstrucción a la justicia.

En un texto publicado hace un tiempo, resumíamos lo sucedido:

" El pasado 24 de junio el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de tres años y medio de prisión para los trabajadores que participaron en las movilizaciones contra la pastelería de Gijón La Suiza. Previamente a esta ratificación, los trabajadores habían sido condenados por un juzgado de lo penal en Gijón y la sentencia ratificada por la Audiencia Provincial de Asturias.

Según los jueces, queda probado que la campaña, que los trabajadores condenados (afiliados a CNT) llevaron a cabo contra el acoso laboral y sexual que sufría una empleada de la pastelería, es constitutiva de un delito de coacciones graves contra el propietario del establecimiento.

Es necesario decir que dicho propietario es un conocido ultraderechista de la capital asturiana que ha hecho de este juicio una campaña abierta contra los trabajadores, con la ayuda de abogados como Gómez Bermúdez (antiguo magistrado célebre por ser el presidente de la sala que juzgó a los autores del 11-M) y de un juez como Lino Rubio, de conocida animadversión contra los sindicalistas desde que mandó a la cárcel a Cándido y Morala.

La realidad es que las supuestas coacciones y el resto de delitos asociados a la acción sindical de los trabajadores no fueron otra cosa que unos piquetes en la puerta de la pastelería y el reparto de unos volantes contra el acoso laboral. Nada que no se haga en cualquier tipo de conflicto sindical, por tranquilo y legal que sea. De hecho, esta acción sindical fue legalizada en lo que a movilizaciones se refiere y transcurrió dentro de los cauces de lo que recoge el derecho español. ¿Qué ha sucedido entonces?

Que tanto la patronal como la magistratura y el gobierno han querido dar una lección. Esa patronal, esa magistratura y ese gobierno que, de cara a la galería, fingen enfrentarse como enemigos acérrimos, que se acusan de golpistas o liberticidas, que niegan incluso la legitimidad del contrario… están en perfecto acuerdo para mandar a la cárcel a un grupo de trabajadores por unos hechos en principio irrelevantes.

Para entender esto hay que ver el contexto de los últimos años. Desde el año 2020, gobierno y patronal han sido inmisericordes a la hora de cargar a los proletarios con el peso de la crisis, primero sanitaria y después económica, que hemos vivido. La dureza, a la hora de aplicar todas las medidas anti obreras que han sido necesarias, ha sido tanto mayor cuanto que el acuerdo entre el gobierno de izquierdas (con la ministra estalinista de trabajo al frente) y todas las facciones de la burguesía ha sido total. Recortes de sueldo para pagar la factura del confinamiento, ERTEs a mansalva como forma de reducir el coste de la mano de obra, una legislación que continúa con los aspectos más duros de la del gobierno anterior, represión a base de tanquetas (Cádiz) y fuego real (Linares) y una ofensiva declarada contra todas las movilizaciones y huelgas obreras, empezando por las del metal de 2021 y acabando por la reciente huelga de Acerinox, que cuenta en su haber también con varios condenados a prisión.

La burguesía, sus jueces y su gobierno lo dicen claro: tanto en el momento presente como sobre todo de cara a un futuro endurecimiento de las condiciones de vida de los trabajadores (que llegará, sobre todo por la movilización bélica que ya asoma en el porvenir) no va a haber misericordia de ningún tipo para los proletarios. Aquel que luche, ya sabe qué puede esperar. El encarcelamiento de los trabajadores de La Suiza es un aviso a navegantes".

¡6 DE LA SUIZA LLIBERTÁ!

SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES REPRESALIADOS

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> Con los 6 de la Suiza, LUCHA DE CLASE: https://valladolorentodaspartes.blogspot.com/2024/06/con-los-6-de-la-suiza-lucha-de-clase.html

> 6 de la Suiza: intolerable agresión al sindicalismo combativo: https://cgt.es/6-de-la-suiza-intolerable-agresion-al-sindicalismo-combativo/

> Por las 6 de la Suiza: STOP REPRESIÓN ANTISINDICAL: https://www.cntvalladolid.es/por-las-6-de-la-suiza-en-xixon-stop-represion-antisindical/

Pena de cárcel para los sindicalistas de La Suiza

LA LUCHA DE LA CLASE PROLETARIA ES DELITO

El pasado 24 de junio el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de tres años y medio de prisión para los trabajadores que participaron en las movilizaciones contra la pastelería de Gijón La Suiza. Previamente a esta ratificación, los trabajadores habían sido condenados por un juzgado de lo penal en Gijón y la sentencia ratificada por la Audiencia Provincial de Asturias.

Según los jueces, queda probado que la campaña, que los trabajadores condenados (afiliados a CNT) llevaron a cabo contra el acoso laboral y sexual que sufría una empleada de la pastelería, es constitutiva de un delito de coacciones graves contra el propietario del establecimiento.

Es necesario decir que dicho propietario es un conocido ultraderechista de la capital asturiana que ha hecho de este juicio una campaña abierta contra los trabajadores, con la ayuda de abogados como Gómez Bermúdez (antiguo magistrado célebre por ser el presidente de la sala que juzgó a los autores del 11-M) y de un juez como Lino Rubio, de conocida animadversión contra los sindicalistas desde que mandó a la cárcel a Cándido y Morala.

La realidad es que las supuestas coacciones y el resto de delitos asociados a la acción sindical de los trabajadores no fueron otra cosa que unos piquetes en la puerta de la pastelería y el reparto de unos volantes contra el acoso laboral. Nada que no se haga en cualquier tipo de conflicto sindical, por tranquilo y legal que sea. De hecho, esta acción sindical fue legalizada en lo que a movilizaciones se refiere y transcurrió dentro de los cauces de lo que recoge el derecho español. ¿Qué ha sucedido entonces?

Que tanto la patronal como la magistratura y el gobierno han querido dar una lección. Esa patronal, esa magistratura y ese gobierno que, de cara a la galería, fingen enfrentarse como enemigos acérrimos, que se acusan de golpistas o liberticidas, que niegan incluso la legitimidad del contrario… están en perfecto acuerdo para mandar a la cárcel a un grupo de trabajadores por unos hechos en principio irrelevantes.

Para entender esto hay que ver el contexto de los últimos años. Desde el año 2020, gobierno y patronal han sido inmisericordes a la hora de cargar a los proletarios con el peso de la crisis, primero sanitaria y después económica, que hemos vivido. La dureza, a la hora de aplicar todas las medidas anti obreras que han sido necesarias, ha sido tanto mayor cuanto que el acuerdo entre el gobierno de izquierdas (con la ministra estalinista de trabajo al frente) y todas las facciones de la burguesía ha sido total. Recortes de sueldo para pagar la factura del confinamiento, ERTEs a mansalva como forma de reducir el coste de la mano de obra, una legislación que continúa con los aspectos más duros de la del gobierno anterior, represión a base de tanquetas (Cádiz) y fuego real (Linares) y una ofensiva declarada contra todas las movilizaciones y huelgas obreras, empezando por las del metal de 2021 y acabando por la reciente huelga de Acerinox, que cuenta en su haber también con varios condenados a prisión.

La burguesía, sus jueces y su gobierno lo dicen claro: tanto en el momento presente como sobre todo de cara a un futuro endurecimiento de las condiciones de vida de los trabajadores (que llegará, sobre todo por la movilización bélica que ya asoma en el porvenir) no va a haber misericordia de ningún tipo para los proletarios. Aquel que luche, ya sabe qué puede esperar. El encarcelamiento de los trabajadores de La Suiza es un aviso a navegantes.

Esta es la verdad de este conflicto. Cualquier intento de verlo en otros términos, de pretender que este es un problema puntual, que de alguna manera la patronal pueda recapacitar, etc., significa escamotear la parte principal de la cuestión. Por supuesto que los trabajadores de La Suiza van a ir a la cárcel por algo que es habitual y normal en tantos otros conflictos… Cuando la burguesía necesita golpear a los proletarios, lo hace. Y el golpe sólo lo puede parar la fuerza organizada de la clase proletaria.

Cuando los trabajadores del metal han rescatado a algún detenido a golpes de las mismas furgonetas de los antidisturbios a nadie se le ha ocurrido condenar a los identificados en la movilización. Entonces no hablaba la ley, sino el miedo de la burguesía a que las movilizaciones se recrudecieran. Cuando los tribunales condenaron a Raquel Rodríguez, de Cádiz, por un delito mucho más grave que el de La Suiza lo han hecho con una pena relativamente suave, porque jueces, patronal y gobiernos temen la respuesta que puedan dar los trabajadores de la ciudad. Y así todo: la base de la ley y del derecho es la fuerza.

Los proletarios no podemos esperar otra cosa que el empeoramiento de nuestras condiciones de vida y de trabajo y la represión para quienes intenten luchar y organizarse contra esta situación. Esa es la realidad que vamos a tener que afrontar en los próximos tiempos. La burguesía va a necesitar imponer sus exigencias inmediatas (menos salario, jornadas laborales más largas, despidos, etc.) y generales (obediencia escrupulosa al Estado, defensa de la economía nacional…) y lo va a hacer por todos los medios que tenga a su alcance.

Frente a esto, los proletarios no pueden exigir que se respete la ley, que la Justicia se ponga de su lado o que el Gobierno les apoye. Si luchan, tendrán enfrente a la patronal, al gobierno, a los jueces y a todos sus aliados. Por eso deben luchar consecuentemente: Rompiendo los límites empresariales y sindicales, es decir, buscando la solidaridad del conjunto de los proletarios; utilizando medios y métodos clasistas, como la huelga indefinida y sin preaviso; boicoteando los servicios mínimos, renunciando a las argucias legales y a los modos legalistas que encapsulan las luchas en un puro espectáculo, etc.

Cuando la burguesía quiera, los proletarios estarán fuera de la ley.

Lo muestra el caso de La Suiza como antes lo han hecho tantos otros. Por eso debemos evitar limitar las luchas al estrecho marco de la acción sindical aceptada y reconocida por el enemigo de clase. 

SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES REPRESALIADOS 

ENCUENTRO. 7 y 8 de octubre.

SINDICALISMO HOY:                     PROBLEMÁTICA Y PERSPECTIVAS

Organiza: CTM (Central de Trabajadores del Metal, Bahía de Cádiz)

Participan: 

Sindicato del Campo 25 de marzo de Extremadura

Sindicato CTA (transportes y servicios) de Córdoba y Cádiz

Sindicato intersindical de Valencia (metal y automoción)

Sindicato SAT de Huelva, Sevilla, Almería y Cádiz

Lluita Internacionalista de Catalunya

Solidaridad Obrera de Madrid, Puertollano y Sevilla

CNT del Puerto de Santa María

Colectivo Obrero BAT-U de Ezkerraldea

Sindicatos de contratas concertadas y servicios SSP

Sindicato USTEA de Cádiz

Sección Sindical de KAMAX en Valencia

Red de Apoyo Laboral Vallekas

Sindicato LAB en Tubacex y Tubos reunidos (Euskalherrria)

Comité de Solidaridad de los Trabajadores (Valladolid)

La represión burguesa se abate sobre los militantes del sindicalismo de base, con las acusaciones más absurdas, en el marco de la criminalización de las luchas obreras fuera del control del colaboracionismo tricolor Hoy apuntan a las luchas de los trabajadores de la logística, como ayer a los parados, y mañana reprimirán cualquier otro movimiento de lucha

En la madrugada del pasado viernes 22 de julio, cuatro sindicalistas de Si Cobas y dos de USB fueron detenidos y puestos bajo arresto domiciliario acusados de violencia privada, resistencia a funcionario público, sabotaje y perturbación de un servicio público en las huelgas de logística entre 2014 y 2021.

Según la Fiscalía de Piacenza, "estas huelgas se llevaron a cabo con motivos pretextos y con intenciones "extorsionistas", con el fin de obtener mejores condiciones para los trabajadores que las previstas en el contrato nacional". (Ansa)
De hecho, según el GIP, se ha comprobado que "en muchas situaciones la agitación sindical y el ejercicio del derecho de huelga han servido sólo en parte para defender los derechos de los trabajadores, pero sobre todo para consolidar posiciones de fuerza, incluso con la búsqueda de beneficios". Y de nuevo: "Cada delito cometido, cada bloqueo de personas y bienes, cada interrupción de un servicio público o boicot, cada conflicto físico con las fuerzas del orden fue planificado buscado y deseado por los sospechosos que siempre actuaron con la convicción de que podían obtener posiciones de privilegio, casi una especie de inmunidad tras el ejercicio del derecho de huelga".

"En la concreción de tal diseño criminal -continuó el GIP- los trabajadores eran una mera herramienta, utilizados como peones que se movían de un lado a otro para dar mayor énfasis a cada iniciativa (según las transferencias bancarias, el Si Cobas habría gastado más de 200 mil euros en un año para el alquiler de autobuses)". Para lograr sus objetivos, los sospechosos habrían creado grupos criminales capaces de organizar y agrupar a los trabajadores, pero también a sujetos totalmente ajenos al contexto laboral de vez en cuando, para cometer numerosos delitos como los controvertidos, "legitimándolos" con la lucha sindical, "revistiéndolos de la retórica de la lucha de los más débiles contra los más fuertes". en varios casos se ha documentado cómo la reivindicación sindical constituía un mero pretexto tras el que se escondían los ataques dirigidos deliberadamente al sindicato contrario para ganar afiliados. En todos los casos se vio cómo ninguno de los dos sindicatos luchó nunca con el único objetivo de obtener una mejora de las condiciones de todos los trabajadores, sino que actuó como un grupo de presión -un verdadero lobby- interesado en asegurar mejores condiciones para sus acólitos, especialmente en la gestión de los cambios de contrato. En este sentido, los resultados de las escuchas, confirmados por pruebas documentales, han puesto de manifiesto cómo los cambios acordados con el empresario en las relaciones contractuales permitieron a los sindicatos obtener el pago de cantidades destinadas a los trabajadores, pero parcialmente retenidas gracias a mecanismos como el "fondo de resistencia"".

Está claro que este enésimo ataque a las organizaciones de base ajenas al sindicalismo tricolor es un paso más en la criminalización de las luchas y su contenido de clase que el movimiento logístico ha expresado hasta ahora y expresa en estos momentos. Definir como "extorsión" lo que sería una negociación normal aclara bien el teorema de la fiscalía emilianense que desplaza el conflicto a un marco bien definido de prevención de la reanudación de la lucha de clases donde la represión y la criminalización juegan un papel compensatorio a la pérdida de consenso de la política colaboracionista de CGIL, CISL y UIL.

Las detenciones de los sindicalistas de SiCobas y USB son una advertencia para todo el proletariado. Los que luchan fuera del ámbito institucional son considerados delincuentes. Las multinacionales responsables de la muerte de los dos sindicalistas de Si Cobas atropellados y muertos por un coche durante una manifestación hace unos años y los responsables de los dos estudiantes muertos durante la alternancia escolar-trabajo ni siquiera son procesados. La lividez clasista de la burguesía se tensa sabiendo que, a medida que las contradicciones se agudizan, el conflicto social se extenderá, y así juega por adelantado.

Pero la respuesta de los sindicatos de Cobas no se hizo esperar y el sábado 23 de julio se organizó en Piacenza una masiva manifestación nacional unitaria del sindicalismo de base. A ella se unieron grandes delegaciones de toda Italia, como el movimiento estudiantil Movimento NoTav, el Movimento di lotta/Disemplo '7 Novembre' de Nápoles y el Collettivo di fabbrica/Lavoratori Gkn Firenze.

El Si Cobas durante la manifestación reiteró que las detenciones de sus compañeros es la punta del iceberg de una estrategia dirigida a golpear el corazón de las luchas obreras especialmente en la logística donde los términos del caporalato y los salarios de hambre han sido fuertemente cuestionados.

"Este ataque", reza uno de sus documentos, "tiene como objetivo impedir el desarrollo de un movimiento más general contra la guerra, la carvita y las medidas lacrimógenas que los próximos gobiernos, independientemente del color político de la coalición que salga victoriosa de las próximas elecciones, se verán obligados a adoptar en deferencia a los diktats de la patronal y el gran capital industrial y financiero en plena continuidad con la obra de Draghi".

La manifestación tenía como objetivo preliminar la liberación inmediata de los compañeros detenidos, pero en la perspectiva de construir la movilización de un movimiento fuerte que esté a la altura de la grave situación para las masas trabajadoras prevista para el próximo otoño.

La próxima movilización coincidirá con la audiencia de reexamen en Bolonia, invitando a los movimientos a una pronta movilización.

¡Expresamos nuestra solidaridad con los compañeros detenidos!

A la luz de las luchas que tendrán lugar en el futuro, trabajamos en la perspectiva de una gran coordinación de todas las realidades del sindicalismo de base, de los movimientos conflictivos y de los desempleados, donde una única plataforma de lucha pueda englobar las diferentes disputas que tendrán en cuenta única y exclusivamente los intereses del proletariado, al margen de la política concertada de la CGIL, la CISL y la UIL.

¡Contra la represión y la criminalización de los movimientos de lucha!

¡Adelante con la reanudación de la lucha de clases!

Partido Comunista Internacional (El Proletario)

24 de julio de 2022

www.pcint.org