La excusa de la pandemia para reforzar el control social

Después de casi dos años desde que comenzó la pandemia Covid-19, y desde que la práctica totalidad de los Estados capitalistas desarrollados impusieron durísimas restricciones a las libertades civiles reconocidas como derechos en sus constituciones, el curso seguido por la pandemia en su parte estrictamente sanitaria parece cada vez más desligado del curso seguido por la parte política y social, es decir, precisamente por toda una serie de medidas represivas que se mantiene contra todo criterio médico porque poco o nada tienen que ver con un problema de salubridad público.

Por ejemplo, según la prensa burguesa norteamericana (New York Times del 13 de julio de este año) China piensa mantener las medidas de control vecinal (patrullas para policiales), de limitación de movimientos y de vigilancia a todos los niveles (implantación de cámaras con softwares de reconocimiento facial en la calle, etc.) pese a que la pandemia prácticamente no tiene incidencia ya en el país. Puede pensarse que se trata de un caso típico de un país no democrático, pero podemos ver otros ejemplos mucho más cercanos. Italia ha formalizado la obligación de vacunarse de todos los ciudadanos del país so pena de no poder asistir al trabajo y, por lo tanto, ser despedidos. Alemania pretende aprobar leyes de vacunación obligatoria a partir de febrero del próximo año... España o Francia, por solo citar algunos ejemplos, han impuesto ya en parte de sus regiones el pasaporte Covid, es decir, un documento que limita los movimientos de la población dentro del territorio nacional y restringe derechos de parte de la población. 

¿Qué sentido tienen estas medidas represivas? 

Todo depende del punto de vista: La extrema derecha clama cínicamente contra la supresión de libertades que suponen y se nos vende a una oposisión conspiranoica como la única posible... Por su parte, desde determinados ámbitos de la extrema izquierda se habla de la introducción de medidas de corte anti democrático para dominar a la población (una parte de la extrema izquierda, pues otra buena parte de ella se ha colocado detrás de las medidas represivas justificándolas en nombre de la solidaridad nacional). 

Por supuesto, los diferentes Estados las justifican en nombre de un criterio de salud pública que se coloca por encima incluso del ordenamiento constitucional del país (caso ejemplar es el español, donde el Tribunal Constitucional ha llegado a decir que las medidas de confinamiento atentan contra los derechos constitucionales de la población).

Lo cierto es que la lógica de estas medidas poco o nada tiene que ver con la pandemia o con el control de la expansión del virus, fundamentalmente porque ninguna de las medidas de control social impuestas tiene sentido en términos sanitarios. El control médico, cuya fase terminó en el momento en que apareció la vacuna y todos los Estados apostaron por esta como única vía para acabar con el riesgo sanitario, ha corrido parejo con la capacidad de las diferentes burguesías para hacerse cargo del coste de la salud de la población: donde los Estados han contado con recursos suficientes para paralizar la actividad productiva, siempre hasta cierto punto, remunerando tanto a los empresarios como a los trabajadores, se ha hecho; y la incidencia del virus ha sido baja en términos de letalidad. Donde no era posible, la incidencia ha sido alta y ha dejado un reguero de muertos perfectamente evitables, sobre todo entre los sectores más vulnerables de la población. Esa es la diferencia entre los 406 muertos por cada millón de habitantes en Alemania durante 2020 y los 1.147,27 en España para el mismo periodo. 

Queda, por lo tanto, una utilidad estrictamente represiva de las medidas de control social. Pero ¿qué sentido tiene la represión en este contexto, cuando la clase proletaria de todos los países ha mostrado su absoluta incapacidad -temporalmente- para resistir a las durísimas medidas económicas que se han tomado en su contra?

Para entenderlo, se atiende a dos posiciones enfrentadas entre sí acerca de la naturaleza del Estado y del carácter represivo de este:
La primera afirma que ante fenómenos de crisis social como el que hemos vivido, el incremento de la competencia entre potencias imperialistas a nivel internacional, entre facciones de la burguesía dentro de las fronteras de un país o entre clases sociales en este mismo ámbito, tiende a debilitar la fuerza de la clase dominante burguesa, debilidad que se transmite a sus aparatos represivos y coercitivos, el primero de los cuales es el ejército, y que lentamente los va minando hasta que pierden fuerza, abriéndose en ese momento la posibilidad de una lucha de alcance revolucionario contra la cual las medidas represivas, aunque aumenten en número e intensidad, no pueden hacer nada porque la fuerza de la clase burguesa ya va declinando. Este tipo de tesis las comparten grupos como Cencellada o Barbaria, que entienden el flujo de la lucha de clase como una contraposición entre la curva descendente de la burguesía y la curva ascendente del proletariado.

La segunda posición afirma que ante los fenómenos de crisis social, se produce una concentración de las fuerzas burguesas, una eliminación temporal de los factores de dispersión que pueden pesar sobre estas y un progresivo reforzamiento de las fuerzas represivas, por lo tanto del Estado y sus herramientas de control social.

La primera posición es incorrecta porque confunde el hecho, cierto, de que la competencia entre burguesías nacionales debilita el orden social con que esta debilidad se proyecte inmediatamente como debilidad de las fuerzas represivas del Estado, de la burguesía y del propio Estado.
La segunda posición es correcta porque para la burguesía sólo hay un camino, el de mantener su poder contra la clase proletaria, incrementando las medidas coercitivas y reforzando todos los mecanismos de control social, sean estos pacíficos o violentos. 

¿Qué ha traído la pandemia? 

Una fortísima crisis social en la cual el precario orden internacional, que ya estaba bastante debilitado desde la crisis de 2008 – 2012, ha sufrido una convulsión muy intensa. Esto ha obligado a cada burguesía nacional a dos cosas: la primera ha sido tomar partido en términos internacionales en la perspectiva de un enfrentamiento bélico entre potencias imperialistas que cada vez está más cercano. Ejemplos de esto son las tensiones militares entre China y Estados Unidos en el Pacífico, la configuración de un ejército europeo ajeno a la OTAN para 2023, etc. La segunda ha sido reforzar el control social interno con vistas a imponer durísimas medidas anti obreras dentro del propio país. 

Este control interno, como siempre, marcha por dos lados. El primero, el juego de los llamados “agentes sociales” que ponen en marcha sus fuerzas “democráticas” para forzar a los proletarios a aceptar todas las exigencias de la burguesía. El segundo, consiste en la amplia variedad de medidas represivas, tanto a nivel legal como técnico. En este sentido, la implantación de restricciones a la movilidad interna, de fronteras dentro de un mismo país, etc., tiene una importancia de primer orden: se da cabida jurídica a un poder discrecional para el Estado que le permitiría activar o desactivar, dentro de los necesarios formalismos legales, el nivel de represión que necesite en cada momento. En España tuvimos un caso clarísimo: en septiembre de este año los delegados de la fábrica de Airbus en Puerto Real, que pretendían viajar a Getafe para exponer su caso ante los trabajadores de la filial local, fueron detenidos por la policía y se les impidió viajar en nombre de las restricciones sanitarias, es decir, con la justificación legal de la restricción de movimientos que a día de hoy impera de hecho en todo el país. Estas medidas, que como vemos tienen una aplicación concreta muy clara, se mantienen más o menos “dormidas” hasta que llega el momento de despertarlas.

En general, se tiende a un incremento del poder despótico del Estado, al aumento de la batería de medidas represivas con las que cuenta, a la legalización por la vía de "emergencia” de medidas que habitualmente están fuera de las constituciones democráticas. Y todo esto porque estas medidas son necesarias para garantizar la movilización social que se avecina: son imprescindibles para reprimir cualquier tipo de respuesta proletaria y para garantizar legalmente el derecho burgués a movilizar a los proletarios en defensa de los “intereses nacionales” tenga esto el sentido de una movilización de tipo bélica o “social”, como ya ha previsto el gobierno de PSOE-UP ante futuras crisis (así, en el periódico El País del 2 de julio de este año se anunciaba cómo el gobierno ha cambiado la legislación de emergencia nacional para que, en caso de crisis económica, todos los ciudadanos puedan ser movilizados en defensa del interés nacional, lo que quiera que signifique esto…).

Las medidas represivas que se han implantado con el Coronavirus muestran que el Estado es cada vez más fuerte, que anula en la medida de lo posible los límites democráticos que en tiempos de bonanza se puede permitir respetar, que la tendencia es a la hiper inflación de sus fuerzas represivas. Y es necesario tener en cuenta que no va a haber una marcha atrás en este recorrido: no se va a volver nunca a la situación pre pandemia, no se van a deponer las armas represivas ni se va a desmantelar lo que la legislación de emergencia ha impuesto. 

Igual que la tendencia del capitalismo es a enfrentar entre sí a las diferentes clases burguesas nacionales y al proletariado contra la burguesía, esta tendencia lleva a que, en el momento previo al enfrentamiento, el poder del Estado, órgano de combate de la burguesía, alcance su mayor potencia. Todas las medidas de control social, por lo tanto, van en un sentido ascendente y dirigidas, siempre, contra la clase proletaria.

¿Guerra contra el virus? 

¡Guerra contra los trabajadores!

El año y medio largo que llevamos desde que se anunció la aparición de la pandemia mundial de la Covid-19 ha visto el mayor desarrollo de medidas represivas tomadas en tiempos de paz. Desde la imposición de un Estado de alarma con el que se restringieron derechos fundamentales como los de expresión, desplazamiento y reunión hasta las medidas excepcionales como son los toques de queda o los poderes ilimitados dados a la policía y a la Guardia Civil para reprimir a la población, este tiempo ha traído un incremento del poder represor del Estado que seguro que no se reduce con el fin de la pandemia.

En un primer momento, cuando las burguesías de todos los países no tenían muy claro cómo iba a evolucionar el virus, si se iba hacia el colapso de las principales economías mundiales por una infección masiva de la población o si, incluso, la situación podía evolucionar hacia algo parecido a lo que sucede con los brotes de ébola en el occidente africano, estas tomaron dos tipos de medidas: las primeras, de prevención económica, interviniendo en todos los sectores productivos con una legislación de nuevo tipo para garantizar su funcionamiento; la segunda, de contención del proletariado, imponiendo toda una serie de medidas represivas, sacando a los ejércitos a las calles, suspendiendo derechos fundamentales, etc. que diesen al Estado el margen de maniobra necesario para evitar cualquier tipo de estallido social. Los dos tipos de medidas, tomados en conjunto, dan una visión muy clara de una movilización social de tipo bélico que, por supuesto, ha ido acompañada de la puesta en marcha de un inmenso aparato de propaganda de guerra en el que han participado al unísono todos los medios de comunicación, todas las redes sociales, etc. Con ayuda de esta propaganda de guerra, las medidas anti obreras se han logrado hacer pasar como iniciativas encaminadas a garantizar la salud pública, responsabilizando a la propia población trabajadora de la extensión del virus por no respetar las medidas de salubridad, etc. Mientras la población obrera era obligada a acudir a sus puestos de trabajo, mientras en las residencias de ancianos se dejaba a su suerte a miles de personas que han muerto por orden de los responsables sanitarios y porque sus vidas fueron consideradas superfluas para las necesidades económicas de todos los países, mientras la policía actuaba como verdaderos pandilleros por las calles de las grandes ciudades, la prensa clamaba por la “guerra contra el virus” la “movilización ciudadana” y otras tantas consignas que buscaban desviar la atención de la verdadera guerra que se estaba (y se está) librando.

En el terreno de la producción industrial también hemos visto fenómenos característicos de una guerra: el rápido trasvase de recursos económicos hacia las corporaciones farmacéuticas, la utilización de todos los medios públicos para desarrollar vacunas que habitualmente tardan décadas en producirse, la comercialización de estas en un tiempo récord, salvando todos los obstáculos para su distribución y conservación en condiciones óptimas, tiene más que ver con un esfuerzo de concentración y centralización económica, que con una política coherente de salvaguarda de la salud. Aquí hay que recordar que la inmensa mayoría de los proletarios que durante la pandemia conservaron sus empleos fueron obligados a trabajar, acudiendo a sus puestos de trabajo en un transporte público atestado, desarrollando sus labores en centros que no garantizaban en absoluto las medidas de profilaxis mínimas… La burguesía asumió que el virus debía extenderse porque para evitarlo habría sido necesario paralizar la producción nacional durante un tiempo indefinido y, mientras afirmaba que su único objetivo era la defensa de la salud pública, tomaba como meta, como única salida posible a la pandemia, el desarrollo de vacunas útiles por parte de la industria farmacéutica, es decir, daba por bueno que la única salida posible era una que implicaba un negocio multimillonario para la big pharma.

El penúltimo paso en esta “guerra contra el virus”, después de haber impuesto durante más de un año medidas represivas “excepcionales” que sólo están justificadas para contener a la clase proletaria, después de haber regalado los recursos económico-sanitarios necesarios a las grandes empresas farmacéuticas, ha sido la puesta en marcha de un desarrollo logístico nunca visto en tiempos de paz para poder vacunar a toda la población. Mientras que durante los días más duros de la pandemia se daba la orden de dejar morir a los ancianos por falta de recursos para garantizarles respiración asistida, en pocos meses se ha sido capaz de habilitar instalaciones para transportar, almacenar y suministrar millones de vacunas. De la misma manera, se ha sido capaz de movilizar a toda la población susceptible de ser vacunada, mostrando una capacidad más que sospechosa para mantener registros por edad, profesión, etc. de todo un país.

En aquellos otros países donde la campaña de vacunación no ha tenido éxito, se ha desarrollado un segundo paquete de medidas legislativas encaminadas a hacer obligatoria la vacunación. Es el caso de EE.UU., Francia o Italia. En estos países se imponen medidas represivas contra los trabajadores que se nieguen a vacunarse a través de las empresas que los emplean. En Estados Unidos todos los trabajadores federales deben mostrar el certificado de vacunación si no quieren perder su empleo; en Italia todos los trabajadores, sean del sector público o del sector privado, deben estar vacunados en los próximos meses o las empresas deberán suspenderles de empleo y sueldo. Finalmente, en Francia esta medida se aplica por el momento contra los trabajadores sanitarios.

Esta legislación, que llegado el caso se impondrá en cualquier país donde sea necesario, está encaminada a culpar a la población obrera de la extensión del virus, imponiendo a la vez medidas represivas que sirvan para dar ejemplo y constreñir al proletariado a acatar las órdenes de la burguesía en materia sanitaria.

La propaganda juega aquí, de nuevo, un factor esencial: se opone la actitud “responsable”, sumisa y que acata las órdenes que vienen de arriba, es decir, la actitud del “buen ciudadano” que simplemente marcha al son que marcan las autoridades a posiciones identificadas con las corrientes “negacionistas”, “conspiranoicas”, etc. No se trata de vacunarse o no, sino de toda una legislación que carga el peso político, económico y social de la pandemia sobre las espaldas de la clase proletaria, de que se responsabiliza a los proletarios de la situación vivida, de que se les amenaza y coarta y, llegado el caso, se les despide en nombre de una política sanitaria que no tiene como objetivo defender la salud de la población sino la de la economía.

Para neutralizar cualquier tipo de oposición, se juega la baza de identificar esta con corrientes de extrema derecha, fascistas y similares para anular la fuerza que puedan tener. A este fin, por otro lado, se prestan muy a gusto los grupos nazis que trabajan a las órdenes del ministerio de interior y que salen a la calle cada vez que a este le conviene.

A los proletarios se les ha dado una lección con esta pandemia: se les ha mostrado cuál es el verdadero poder de movilización y represión del que dispone la burguesía, se les ha enseñado cómo todas las corrientes de esta, de la extrema derecha a la extrema izquierda, de la patronal a los sindicatos, de los medios de comunicación a la última empresa de cualquier país, pueden marchar conjuntamente para imponer a la clase obrera sus necesidades. Este último año y medio ha sido algo así como una visión a escala de la situación que se vivirá cuando la clase proletaria deba ser movilizada no ya en una pandemia sino con vistas a una guerra.

Y es precisamente a la clase proletaria a la que le toca sacar las lecciones para una situación que, seguro, se vivirá en un futuro cada vez menos remoto.

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES PARA LUCHAR,

SOLIDARIDAD ENTRE OBRERXS