Hace 6 días
Mostrando entradas con la etiqueta no más muertes en prisión. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta no más muertes en prisión. Mostrar todas las entradas
CONTRA LA DESATENCIÓN SANITARIA EN PRISIÓN
Ante el alarmante agravamiento de la situación sanitaria en las cárceles del estado, y el insoportable e intolerable número de muertes entre los muros de las prisiones, diferentes colectivos e individualidades se unen para denunciar y visibilizar esta vulneración de derechos de las personas presas e impulsar medidas y actuaciones para corregirla sin renunciar a principios anticarcelarios y antipunitivistas. Hay muertes por negligencia institucional.
La asistencia sanitaria en los centros penitenciarios depende del Ministerio del Interior y no de los servicios autonómicos de salud salvo en las 3 comunidades con las competencias transferidas en esta materia (Cataluña, País Vasco y Navarra). Se trata de un modelo mixto donde la atención primaria se lleva a cabo por Instituciones Penitenciarias (o por medios ajenos concertados cuando no se disponen de propios) y la asistencia especializada se presta a través del Sistema Nacional de Salud.
La comparativa entre centros con competencias transferidas y centros no transferidos concluye que la ratio de personal asistencial por persona interna es mayor en los centros transferidos y existe una mayor accesibilidad tanto a la atención especializada como a la atención de urgencia.
Esta falta de transferencia de las competencias deriva en determinadas problemáticas, como son:
Falta de cobertura de plazas
En la actualidad solo el 30% de las plazas de personal sanitario están cubiertas lo que supone un ratio de 3,46 medicxs por cada mil personas presas, muy lejos de la media europea de 8 médicxs por cada mil internxs, y que existan siete centros que no cuentan con ningún médicx en su plantilla (a fecha de
septiembre de 2024).
Esto es debido a la falta de atractivo de estas plazas en comparación con las del Sistema Nacional de Salud puesto que son parte de la Administración Central del Estado y sus funciones están reguladas en la Ley General Penitenciaria, su salario medio es de 1450 euros brutos, inferior a la media de puestos equivalentes en los centros de salud, y una mayor carga de trabajo y burocrática al no solo atender a funciones médico-asistenciales sino también las médico-instrumentales tales como las cuestiones administrativas relativas a la atención sanitaria, el control medioambiental del centro y las funciones de informe y propuesta a los órganos de gobierno de la prisión, entre otras.
Incidencia de enfermedades
La prisión, por su propia naturaleza, es causa de enfermedad y padecimientos físicos y mentales. Pero la deficiente atención sanitaria actual por abandono supone, no solo una vulneración de sus derechos fundamentales sino también, una grave amenaza directa a la salud y la vida.
La falta de personal y medios producen deficiencias asistenciales como las siguientes:
- La mayoría de los servicios médicos se prestan por videoconferencia.
- El personal de enfermería se ve obligado a realizar tareas ajenas a sus competencias para cubrir la falta de personal médico.
- Alta tasa de enfermedades infecciosas (VIH, hepatitis, tuberculosis), que reciben además una atención insuficiente.
- Restricciones de acceso a determinados tratamientos
- Retraso o ausencia de tratamiento
- Dificultad de acceso a la atención médica adecuada, suficiente y oportuna, así como a la atención especializada.
- Seguimiento inadecuado o abandono del seguimiento de enfermedades crónicas.
- Al depender del Ministerio del interior es difícil que prevalezca el criterio médico que vela por la salud del paciente sobre el de la autoridad penitenciaria.
Falta de atención especializada a patologías psiquiátricas y alta tasa de suicidios.
El sufrimiento psíquico es uno de los problemas graves de las personas presas y se traduce en sobremedicación, reinstitucionalización y patologización. La desatención médica en el ámbito psiquiátrico reduce la asistencia a la mera prescripción farmacológica.
El 30% de la población reclusa refiere que está en tratamiento con medicación psiquiátrica y más del 20% ha intentado alguna vez quitarse la vida. La tasa de suicidio en prisión es 8 veces más alta que la de la población general.
El sistema penitenciario español solo cuenta con dos hospitales psiquiátricos (Sevilla y Foncalent) dedicados al cumplimiento de medidas de seguridad privativas de libertad y no actúan como hospitales de referencia para la atención psiquiátrica que se realiza en las enfermerías y módulos de los centros penitenciarios.
NUESTRAS REIVINDICACIONES
Los centros penitenciarios tienen el deber encomendado de “velar por la vida, salud e integridad física de las personas privadas de libertad”. Hay que recordarles ese deber. Además, y para garantizarlo, reivindicamos lo siguiente:
- Asegurar a las personas presas la misma atención sanitaria que al resto de ciudadanas del Estado en cumplimiento de sus derechos fundamentales.
- Transferencia de las competencias de sanidad penitenciaria a los servicios de salud autonómicos, en cumplimiento de la Ley 16/2003, del 28 de mayo, para la Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.
- Garantizar la existencia de canales de denuncia efectivos y confidenciales.
- Registrar de forma precisa el número de muertes en prisión y sus circunstancias
- Asegurar el cumplimiento de la pauta médica establecida previa al ingreso o la realización de un diagnóstico adecuado así como el seguimiento médico oportuno.
- Informar adecuadamente al paciente sobre cualquier cambio, modificación o interrupción del tratamiento.
- Respetar el carácter confidencial de los datos referentes a la salud.
- Instauración de un sistema quién ha solicitado atención médica, quién ha recibido atención y, en su caso, los motivos por los que no se ha realizado.
- Información, facilitación e impulso de hábitos de vida saludables.
- Implicación activa de los Colegios de Médicos y Enfermería, así como Sindicatos Sanitarios, en la defensa de los derechos sanitarios de las personas presas.
(Trabajo completo en: https://saludylibertadaragon.wordpress.com)
Desde mayo de 2025 más de una docena de presos y sus familiares están denunciando la existencia de un brote de sarna y la desatención que han venido y siguen sufriendo en el centro penitenciario de Mansilla de las Mulas (León). Desde ese mismo momento, con el apoyo de algunxs solidarixs, se han venido desarrollando varias iniciativas y se han presentado multitud de quejas y denuncias ante las instituciones.
Con la intención de dar un nuevo impulso, que suponga un salto cualitativo en la extensión de la iniciativa/campaña, sumando nuevas adhesiones y fuerzas, se convoca una nueva movilización colectiva entre los días 20 y 30 de Mayo de 2026. Se hace un llamamiento a grupos, asociaciones, sindicatos, colectivos e individualidades a contribuir y participar, en la medida de sus posibilidades y de acuerdo sus principios y criterio particular (mas info sobre como participar: https://desatencionenprision.noblogs.org)
El compañero Pope se encuentra en el Congreso de los
diputados en huelga de hambre para visibilizar la situación en la que de
encuentran lxs presxs en el Estado español.
El
abandono por parte de las instituciones penitenciarias y la falta de
asistencia medica conlleva el asesinato de los presos en las cárceles. El estado español asesina a las personas presas. Exigimos asistencia
médica a los presos que la necesitan, por ello, desde el 20 de diciembre
hasta el 30 de diciembre.
El compañero Pope estará enfrente del Congreso de los diputados en huelga de hambre. Ven a apoyar al compa. No le dejemos solo. ¡Por la complicidad transversal y por todos los presos que están dentro, y fuera! ¡No olvidamos que este Estado les condena a la muerte!
Libertad a todas las presas, muerte al estado y abajo los muros de las prisiones. Hasta ke todes seamos libres.
CARTA DEL COMPAÑERO en HUELGA DE HAMBRE
Buenas compañerxs! A lxs que me conocéis, os saludo y para lxs que no, me llamo Honorio Gómez Alfaro, "Pope". Tengo 57 años, de los cuales he pasado 25 de ellos privado de libertad, pero no han conseguido que me doblegue a sus dictados. Por ello, una vez más, tengo que recordar los derechos de las personas presas a la sanidad y a la vida, derechos pisoteados diaria y sistemáticamente.
Aunque no hay
todavía cifras oficiales de este año, como siempre lxs muertxs se
cuentan por cientos. De algunos sabemos los nombres y la edad: Juan
Antonio Aparicio Gómez, de 45 años, en Alcalá Meco; Juan Ramón Fernández
Rodríguez, de 35 años, en Huelva; José Joel, 23 años, en Navalcarnero.
De otrxs, solo nombres como Begoña, muerta en Pamplona y que ha sido la
gota que ha colmado la paciencia de Patxi Ruiz Kapota, que está en
huelga de hambre desde el pasado 9 de diciembre para denunciar la
desatención sanitaria en esta cárcel, en la que otras dos personas más
han muerto a lo largo de este año. O iniciales: D.A.C, muerto en Palmas
II, o motivo de la muerte: mujer de 25 años se suicida en la cárcel de
Wad Ras; preso muere de sobredosis en Brians II...La lista es
interminable. Más aún la de lxs enfermxs, los hay por miles. La
institución solo excarcela por enfermedad grave a "sus ilustres",
mientras personas como M°José Baños o Antonio Arevalillo se pudren en la
cárcel sin la atención médica que necesitan.
Estos
hechos me empujan a comenzar el sábado 20 de diciembre una huelga de
hambre indefinida, delante del Congreso de los Diputados, en la plaza
que hay frente a los leones, para visibilizar delante de lxs políticxs
esta tragedia consentida, este chorreo de muertes en prisión, de gente
enferma y abandonada a la muerte en la más absoluta dejadez y desidia
sanitaria. Y que (como mínimo), se les caiga la cara de vergüenza.
Os
pido apoyo, compañeras y compañeros. Si entre todxs fuésemos capaces de
organizar turnos de permanencia, sobre todo por la noche, os lo
agradecería eternamente. Ya hay un grupo de compas que echarán una mano
en la logística del campamento que me tendré que montar, pero serán
muchos días, por eso es por lo que pido vuestra colaboración. Os podéis
poner en contacto conmigo a través de este registro. Sé que puedo contar
con vosotrxs, compas!!! Os mando un abrazo gigante y mi agradecimiento
de antemano!
DIGNIDAD PARA LXS ENFERMXS EN PRISIÓN
ABAJO LOS MUROS DE LAS PRISIONES
Pope
___________
MÁS INFO: Contra la desasistencia sanitaria en las cárceles ¡Acampada permanente! https://loquesomos.es/contra-
MANIFIESTO INICIO CAMPAÑA
Desde diversos territorios nos hemos organizado para
señalar públicamente a lxs responsables directos de las 200 vidas que se
quedan dentro de las cárceles cada año bajo la custodia y dominio del
estado. Distintas colectivas e individualidades hemos buscado apoyo las
unas en las otras para movilizarnos y hacer de altavoz de todo lo que
nuestrxs compañerxs presxs tienen que explicar y denunciar. Agresiones,
abusos, vejaciones, abandono, desatención médica y muerte son la
realidad del día a día dentro de las cárceles. Instituciones
penitenciarias y carcelerxs responsables directxs. Personal sanitario
cómplice.
Aquí fuera no
queremos silenciar esta realidad y queremos mostrar nuestro apoyo a las
personas que se encuentran detrás de los muros. Por eso hemos convocado
una campaña estatal coordinada: “¿Qué está pasando tras los muros?
Contra la desatención médica y las muertes en prisión”.
Del 10 al 25 de
Junio de 2024 saldrán a la luz de forma progresiva testimonios de compas
presxs además de informaciones varias relacionadas con el tema. También
habrá convocadas concentraciones y actos en diferentes territorios.
La
dignidad hace referencia al valor inherente a cada ser (humano o no
humano) por el simple hecho de serlo. No se trata de una cualidad
otorgada por alguien sino intrínseco a la naturaleza del propio ser. Ni
se compra, ni se vende. Tampoco se custodia. Dentro de prisión las
personas son secuestradas por el estado y se les arranca su dignidad.
Allí se tortura física y psicológicamente. Se traslada de forma
arbitraria a las personas, desarraigándolas de cualquier entorno social
y/o familiar; se utilizan las comunicaciones con el exterior como moneda
de cambio en un juego de “premio-castigo”; se revisan cartas, llamadas o
comunicados como medidas preventivas de seguridad; existe la
explotación laboral y no hay derecho a tener un sindicato de apoyo (lxs
carcelerxs sí); no se atienden las necesidades específicas de cada
cuerpo; existe un régimen de aislamiento que se puede alargar en el
tiempo durante años; no existe libertad de expresión ni de asociación;
hay un estricto régimen de control temporal y de horarios y la
comunicación con el exterior es tan reducida que lo que pasa aquí fuera
está fuera del alcance de las personas que habitan dentro (y al revés).
Se crea una brecha espacio-temporal que dificulta e impide la
convivencia y la adaptación entre un “dentro-fuera”.
Si
entramos a hablar de desatención médica a nuestrxs compañerxs,
afirmamos que hay asesinatos directos y asesinatos indirectos. Muertes
directas como consecuencia de palizas y torturas por parte de carcelerxs
armadxs y en manada en una encerrona contra un preso y con la
complicidad médica de partes sanitarios falsificados negando las
pruebas. Personas con enfermedades terminales como cáncer, esclerosis o
parkinson que no son inmediatamente excarceladas como indica esa ley
vigente suya a la que tanto les gusta acudir solo cuando les interesa. O
compañercs que necesitan urgentemente salir al hospital por una
sitomatología grave y no son derivades.
De
forma indirecta la cárcel también mata cada día. Más de la mitad de los
puestos de trabajo médico-sanitarios de instituciones penitenciarias
están vacíos. Además, la administración niega el derecho de asegurar a
las personas presas unas prestaciones médicas y sanitarias mínimas.
Muchas veces no se da acceso a medicaciones que podrían salvar una vida o
se administra a destajo ibuprofeno sin ajustarse a los requerimientos
de la enfermedad. Personas sin dientes a las que no se les da una dieta
adaptada a sus necesidades o compas con movilidad reducida a las que no
se las acompaña para que puedan desplazarse al lavabo, visitas
familiares o al patio. En relación a la salud mental, los servicios de
acompañamiento y terapéutico son prácticamente inexistentes. Y ante
tentativas de quitarse la vida, nos explican que las consecuencias son
el castigo a aislamiento y la retirada de todas las pertenencias hasta
nuevo aviso. En el mejor de los casos, baja la psicóloga una semana más
tarde y le comenta al chico que debería empezar sesiones de yoga. El
riesgo a desarrollar un trastorno mental es 16 veces mayor en prisión
que en la calle.
La
mortalidad por sobredosis, muerte súbita o suicidio dentro de las
cárceles es mucho más elevada que fuera. El Estado Español es el cuarto
país de Europa con más suicidios en sus prisiones; el riesgo de suicidio
en la cárcel se multiplica por 8 respecto a la vida “libre”. En 2020,
62 personas se quitaron la vida mientras estaban privadas de libertad.
Se
proporciona a las personas presas psicotrópicos aditivos legales sin
apenas control médico, herramienta infalible para obtener una población
reclusa relajada, adormecida y enganchada. Se suministra metadona sin
necesidad y se sabe de casos de muertes por sobredosis habiendo sido
administrada por los propios servicios médicos carcelarios. Abundan los
fallecimientos de compas en extrañas y dudosas circunstancias, nunca
esclarecidas.
Enviamos
especialmente todo nuestro amor al compañero Pedro Escudero a quien, el
15 de mayo de 2019, dejaron morir ardiendo en su celda en la cárcel de
Teixeiro a la espera de juicio como denunciante por unas palizas que le
habían propinado lxs carcelerxs un año antes. Así como a Sannah Cadiri
muerta el pasado año en la cárcel de Brieva supuestamente ahorcada,
aunque un carcelero confesó que se le había dado una paliza. A Manuel
Fernández, fallecido en la prisión de Albocasser; su muerte se catalogo
como “muerte súbita” aunque tenia evidentes marcas de violencia y se
negó a la familia la posibilidad de una segunda autopsia. Y tantas otras
personas muertas en todos los centros de exterminio (cárceles, CIES,
calabozos…).
Gracias
también a Manuel Noguera “Lolo”, a Alfonso Miguel Codón, a David Rojas…
por sus relatos, así como a todxs aquellxs que han compartido su
experiencia anónimamente. Vuestras palabras nos llena de dolor y rabia
pero, lejos de hundirnos en la soledad y el aislamiento, nuestros lazos
se hacen más fuertes cada día. Gracias también a todxs aquellxs compas
con quien mantenemos contacto pero no han salido reflejadas sus
palabras. Y enviamos nuestro cariño a todxs lxs que seguís ahí dentro
resistiendo. Vuestra lucha siempre será nuestra lucha.
La máquina social penitenciaria se justifica por el principio de reinserción social como finalidad de las penas de cárcel y garantizando teóricamente el reconocimiento y salvaguarda de los derechos de las personas presas que no hayan sido restringidos por la sentencia condenatoria. Palabrería, porque nada de eso se cumple, sino que el sistema punitivo en su funcionamiento real resulta sumamente destructivo tanto para quienes están condenados legalmente a sufrirlo y presuntos culpables presos como para sus familiares y gente cercana. Los mecanismos de garantía o defensa jurídica sólo funcionan para los presos ricos, una exigua minoría, que pueden gastar mucho dinero en abogados. Y el sistema punitivo se ceba en los pobres, estigmatizando a los más rebeldes o inadaptados y persiguiéndoles de por vida, a ellos y a sus allegados.
Las familias que llegamos a tener a alguno de los nuestros en la cárcel, hemos de sufrir, sin proceso ni delito, una condena tan grave o más que la de nuestros seres queridos encerrados: un gran impacto emocional, mucho dolor, ansiedad, frustración, indignación, impotencia… que duran tanto como la condena judicial y bastante más allá; estigmatización social, malos tratos y humillaciones permanentes por parte de los agentes del orden de (policía, jueces, administración, carceleros…); gastos considerables y continuos que lastran enormemente nuestras economías domésticas… Familias frente a la crueldad carcelaria (FFACC) surge como un intento de autodefensa solidaria ante todo eso.
Nuestra asociación fue fundada por un grupo de mujeres con hijos, hermanos, compañeros o padres encarcelados, muchos de los cuales han encontrado la muerte dentro de los muros. Se apoya en la compañía y atención y recíproca como principal fuente de energía, habiendo organizado varios encuentros en los que se celebran talleres, guiados por una psicoterapeuta, para aprender a cuidarnos, y asambleas en las que dialogamos directamente sobre nuestros problemas comunes y decidimos en pie de igualdad sobre qué hacer para afrontarlos.
Coordinándonos en lo posible con grupos anticarcelarios de la calle y personas presas en lucha, hacemos lo que podemos para denunciar ante la sociedad y las instituciones responsables todos los abusos que sufrimos, tanto nosotras como nuestra gente presa, por medio de movilizaciones en las calles, ante las cárceles, juzgados, instituciones penitenciarias, etc; utilizando lo mejor que podemos los medios publicitarios a nuestro alcance; y también hemos der meternos muchas veces en procedimientos judiciales con la consiguiente necesidad de abogados que nos asesoren y asistan profesionalmente. esa es nuestra principal fuente de gastos.
Hasta hora nos habíamos financiado con ayuda de una caja de resistencia de grupos libertarios de Valencia, ya desaparecida, donde nos integramos como un grupo más, organizando comidas populares, vendiendo libros, láminas, camisetas, etc. Las sinergias en que nos apoyábamos casi se han disuelto y nosotras estamos bastante agotadas, pero tenemos que seguir adelante, porque todavía tenemos gastos considerables sin cubrir y casos judiciales abiertos: una muerte en prisión, varios enfermos mentales encarcelados, presos con condenas interminables, denuncias de abusos…
https://
https://www.facebook.com/
Itinerario de Familias frente a la crueldad carcelaria: continuamos preparando la campaña de crowdfunding
Las personas presas, como cualquier otra y un poco más, necesitan muchos cuidados, una parte de los cuales, por exigencia legal, deberían serles proporcionados por la administración penitenciaria que les mantiene encerrados pero está obligada por sus propias leyes a velar al mismo tiempo por su salud y calidad de vida y a proporcionarles los medios para su reinserción social, la finalidad constitucional de las penas de cárcel. Desgraciadamente, no es sólo que eso no se cumpla, sino que el sistema penitenciario resulta muy destructivo tanto para quienes lo sufren encerrados como para sus familiares y allegados.
Torturas y malos tratos frecuentes e impunes. Régimen de castigo por aislamiento sumamente destructivo. Traslados arbitrarios y punitivos, desarraigantes, desocializantes. Abandono médico. Uso arbitrario de fármacos psicotrópicos. Enfermos mentales presos y, frecuentemente, en régimen de castigo. No excarcelación de enfermos graves y terminales hasta que no es inminente su muerte. Doble discriminacón de las mujeres presas, pues las cárceles están pensadas para hombres. Explotación laboral. Condenas muy largas en general, con dos tipos de cadena perpetua, en la que la resocialización es imposible. Alto índice de mortalidad, por enfermedad grave, sobredosis y suicidios principalmente. Indefensión jurídica manifiesta.
Para intentar enfrentarse a estas situaciones las familias deben hacer grandes esfuerzos, con gran impacto económico, psicológico y social, en su salud y en su vida, como si, no habiendo hecho nada, tuvieran que sufrir también una condena. Nuestra asociación la formaron en 2017 un grupo de mujeres que tenían familiares presos o los habían perdido: sus hijos, hermanos o compañeros habían muerto estando en prisión. Entre ellas, Pastora González, la madre de Xosé Tarrío, que fue para nosotras una compañera importante por su contagiosa energía y gran corazón. Empezamos con mucho ímpetu. El apoyo y el cuidado recíproco entre nosotras era nuestra principal fuente de energía. Con ayuda de una psicoterapeuta, hicimos varios talleres en los que aprender a articularlo. Encuentros personales, directos, entre nosotras, que aprovechábamos también para hacer asambleas y tomar decisiones.
Encontramos apoyo sobre todo en gente libertaria de Valencia que mantenía una cierta comunidad de lucha, integrándonos como un grupo más en su caja de resistencia. Esa ha sido durante años nuestra principal fuente de financiación. Nos movilizamos juntas durante varios años en actividades de recaudación y, además, haciendo concentraciones anuales frente a las cárceles de Picassent y Albocàsser y también en la Secretaría General de Institucionanes Penitenciarias, coordinándonos en lo posible con las luchas de las personas presas y con algunos grupos anticarcelarios de la calle y buscando el contacto directo con la gente que sufría los mismos problemas que nosotras. También intentamos comunicarnos a través de redes sociales y otros recursos en internet. Nuestros gastos han sido mayormente los que nos ha ocasionado la necesidad de contar con abogados para denunciar e intentar buscar reparación ante las vulneraciones de los derechos de nuestra gente.
Aquella sinergia casi se ha roto. Pastora murió y otras compañeras han ido abandonando la asociación. Pero, aunque un poco agotadas, aún quedamos unas cuantas y, sobre todo, aún tenemos gastos sin cubrir y casos abiertos. Uno de ellos, por ejemplo, el de un muchacho que murió en prisión. Otros dos de enfermos mentales presos, uno de los cuales hemos conseguido que salga, pero persiste su enfermedad psíquica y aún le quedan causas pendientes, acusado por los carceleros, de cuando aún estaba preso y en régimen de aislamiento. El otro sigue preso y en régimen de castigo sin ningún tratamiento adecuado. Otros casos son de grandes condenas.
Nos dirigimos una vez más a personas y grupos afines para pediros vuestro apoyo en el desarrollo de la campaña de crowdfunding que estamos preparando. Querríamos que nos conocierais un poco mejor. Nos vendría bien un poco de apoyo económico, desde luego, pero es tanto o más importante la comunicación y la solidaridad práctica, que crezca en lugar de ir a menos como parece suceder de un tiempo a esta parte. Es necesario afrontar lo que pasa en las cárceles, actuar día a día frente a ello. ¡No nos dejéis solas! ¡No dejemos sola a la gente encarcelada!
Más información sobre nosotras, ideas, preocupaciones, experiencias y actos, en nuestro blog: https://
Por qué muere nuestra gente en las cárceles
Porque allí son habituales las torturas y malos tratos. Existe un régimen de castigo que destruye física y mentalmente a sus víctimas. Se traslada arbitrariamente a la gente, desarraigándola de su entorno social y familiar. Se obstaculizan las comunicaciones con la calle, imponiendo despóticamente su intervención o su privación como castigo. El acceso a la cultura casi no existe. Se censuran las publicaciones «por motivos de seguridad». No existe libertad de expresión ni de asociación. La explotación laboral es enorme. Las mujeres presas están doblemente discriminadas, por presas y por mujeres.
La situación sanitaria es catastrófica, porque la administración penitenciaria incumple sistemáticamente su obligación legal de asegurar a las personas presas unas prestaciones médicas, sanitarias y farmaceúticas iguales a las de cualquier ciudadano. Se abandona a los enfermos sin proporcionarles la medicación y los tratamientos que podrían salvarles. Y, sin embargo, no se aplica la legislación que dispone que deben ser liberados los enfermos muy graves y con padecimientos incurables más que cuando ya es inevitable su muerte a corto plazo. Los enfermos psiquiátricos constituyen un porcentaje muy elevado de la población reclusa, sin que se les reconozca su condición ni se les cuide, yendo a parar muchos de ellos, por el contrario, al régimen de castigo, de donde han salido muertos unos cuantos. En las cárceles no existe psiquiatría ni psicoterapia que valga. Y no es que pensemos que la actividad corriente de los «profesionales de la salud mental» sea ninguna panacea, pero siempre será mejor que el aislamiento, las porras de goma, el gas pimienta o las sujecciones mecánicas.
No es extraño que más de la mitad de los puestos de trabajo médico-sanitario perma-nezcan vacantes: ¿quién va a querer trabajar en condiciones tan indignas? De los que tienen estómago suficiente, muchos médicos suelen hacerse cómplices de las frecuentes torturas al hacer la vista gorda ante las lesiones resultantes. El tráfico de drogas ilegales está con-sentido, pero, además, se proporciona a los presos todo tipo de drogas legales adictivas sin apenas control médico, para que no molesten. Se suministra metadona sin necesidad y con tal negligencia que ha habido muchas muertes por sobredosis, administradas por los mismos servicios médicos carcelarios. La mortalidad –muchas veces por causas como sobredosis, suicidio o «muerte súbita»– es en las cárceles mucho más elevada que en la calle y abundan los fallecimientos en extrañas y dudosas circunstancias, nunca aclaradas, ya que no se cumplen los trámites prescritos legalmente para ello ni se ofrece a los familiares la oportunidad de exigirlos.
Las personas presas están indefensas frente a todo eso y ante multitud de decisiones de las autoridades carcelarias y judiciales que les perjudican gravemente. Los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria y la justicia gratuita son insuficientes. Los Juzgados de Vigilancia, encargados de la «tutela judicial efectiva» de los derechos de las personas presas, inoperantes. El poder punitivo del Estado se ejerce sin respetar ninguno de esos derechos que, en teoría, lo justifican.
Somos familiares y gente solidaria con las personas presas. Algunas hemos sufrido la muerte de nuestros hijos, hermanos o compañeros, supuestamente confiados al “cuidado” de las instituciones estatales. Estamos intentando apoyarnos mutuamente, organizarnos y coordinarnos para afrontar, denunciar y, a ser posible, detener esa situación degradante. Nos dirigimos a toda persona o grupo que pueda sentir alguna solidaridad o afinidad con nosotras para pediros vuestro apoyo. Queremos hacer una campaña de “micromecenazgo” (crowdfunding) para hacer frente a nuestros gastos pendientes y poder mirar hacia el futuro con un poco más de tranquilidad. Os agradeceríamos cualquier tipo de colaboración, económica, de difusión, o del tipo que se os ocurra. Esto es un primer contacto. Habrá más, y os avisaremos cuando iniciemos la campaña.
Familias frente a la crueldad carcelaria
NO MÁS MUERTES EN PRISIÓN
Claudia Rodriguez Zúñiga (Wad Ras, Barcelona, 11 de marzo de 2018)
Ricardo Robles (Puerto Santa María, 10 de mayo de 2022)
Christopher Virlán (Botafuegos, Algeciras, 6 de junio de 2022)
Paco Belmonte Ferrer (Palma de Mallorca, 2 de agosto de 2022)
Estas son algunas de las personas muertas en las últimas fechas en las cárceles del estado español.
No son cifras, son personas, y sus familiares piden explicaciones. Las instituciones dicen que son muertes naturales o suicidios mientras las familias consideran que son poco menos que sospechosas. De los carceleros, forenses e instituciones penitenciarias solo reciben silencio. Desde aquí les enviamos todo el apoyo que podamos darles, voces en el cielo que en la tierra son actos.
Nuestro apoyo también va dirigido al anarquista italiano Alfredo Cospito que a fecha de la redacción de este texto lleva 108 días en huelga de hambre como protesta y denuncia al régimen 41 bis, el régimen carcelario más duro de Italia. Régimen de aislamiento de 22 horas al día, visita de familiares una vez al mes y sin posibilidad de contacto físico, imposibilidad de recibir documentos o cartas del exterior y con la prohibición de relacionarse con otros presos. Bajo ese régimen, la tasa de suicidios es 3.5 veces más alta que en el resto de la población penal, ya de por sí elevada. Corresponde a un claro ejemplo de vulneración de derechos humanos en prisión, y por ello desde aquí le mandamos toda nuestra solidaridad y apoyo en su lucha contra el terrorismo del Estado criminal italiano.
Reconocemos en la historia que la cárcel no ha sido, ni es, ni será nunca la herramienta para reparar el daño social de los delitos que tipificamos en la ley.
Las cárceles matan. Las cárceles no reinsertan. Las cárceles no son más que muros y venganza construidas para una mayoría pobre y enferma física y psíquicamente. El Capitalismo solo genera miseria, y de ella la población reclusa que necesita.
Desde aquí denunciamos y exigimos el fin de las torturas, la abolición de los regímenes de aislamiento, el fin de la dispersión, la excarcelación de enfermos mentales, con enfermedades graves o incurables, servicios médicos independientes de instituciones penitenciarias, y que no se criminalice la solidaridad.
¡Abajo los muros!¡NI FIES, NI DISPERSIÓN, NI ENFERMXS EN PRISIÓN!
Asamblea de Apoyo a Presxs de Valladolid
Más información en www.tokata.info
POR QUÉ MUERE NUESTRA GENTE EN LAS CÁRCELES?
¿No será por la suma de tratos crueles, inhumanos y degradantes de todo tipo que se le hace sufrir en ellas cotidianamente?
Porque allí son habituales las torturas y malos tratos. Existe un régimen de castigo que destruye física y mentalmente a sus víctimas. Se traslada arbitrariamente a la gente, desarraigándola de su entorno social y familiar. Se obstaculizan las comunicaciones con la calle, imponiendo despóticamente su intervención y todo tipo de restricciones. El acceso a la cultura casi no existe. Se censuran las publicaciones «por motivos de seguridad». No existe libertad de expresión ni de asociación. La explotación laboral es enorme. Las mujeres presas están doblemente discriminadas, por presas y por mujeres.
La situación sanitaria es catastrófica, porque la administración penitenciaria incumple sistemáticamente su obligación legal de asegurar a las personas presas unas prestaciones médicas, sanitarias y farmaceúticas iguales a las de cualquier ciudadano. Se abandona a los enfermos sin proporcionarles la medicación y los tratamientos que podrían salvarles. Y, sin embargo, no se aplica la legislación que dispone que deben ser liberados los enfermos graves con padecimientos incurables más que cuando ya es inevitable su muerte a corto plazo. Los enfermos psiquiátricos constituyen un porcentaje muy elevado de la población reclusa, sin que se les reconozca su condición ni se les cuide, yendo a parar muchos de ellos, por el contrario, al régimen de castigo, de donde han salido muertos unos cuantos. En las cárceles no existe psiquiatría ni psicoterapia que valga. Y no es que pensemos que la actividad corriente de los «profesonales de la salud mental» sea ninguna panacea, pero siempre será mejor que el aislamiento, las porras de goma, el gas pimienta o las sujecciones mecánicas.
No es extraño que casi la mitad de los puestos de trabajo médico-sanitario permanezcan vacantes: ¿quién va a querer trabajar en condiciones tan indignas? De los que tienen estómago suficiente, muchos médicos suelen hacerse cómplices de las frecuentes torturas al hacer la vista gorda ante las lesiones resultantes. El tráfico de drogas ilegales está consentido, pero, además, se proporciona a los presos todo tipo de drogas legales adictivas sin apenas control médico, para que no molesten. Se suministra metadona sin necesidad y con tal negligencia que ha habido muchas muertes por sobredosis, administradas por los mismos servicios médicos carcelarios. La mortalidad ‒muchas veces por causas como sobredosis, suicidio o «muerte súbita»‒ es en las cárceles mucho más elevada que en la calle y abundan los fallecimentos en circunstancias extrañas y dudosas, que nunca se aclaran, ya que no se cumplen los trámites prescritos legalmente para ello ni se da a los familiares la oportunidad de exigirlos.
Las personas presas están indefensas frente a todo eso y ante multitud de decisiones de las administraciones carcelaria y judicial que les perjudican gravemente. Los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria y la justicia gratuita son insuficientes. Los Juzgados de Vigilancia, encargados de la “tutela judicial efectiva” de los derechos de los presos, inoperantes. El poder punitivo del Estado se ejerce sin respetar ninguno de esos derechos que, en teoría, lo justifican.
Somos familiares y gente solidaria con las personas presas. Muchas hemos sufrido la muerte de nuestros hijos, hermanos o compañeros, supuestamente confiados al “cuidado” de las instituciones estatales. Estamos intentando apoyarnos mutuamente, organizarnos y coordinarnos para afrontar, denunciar y, a ser posible, detener esa situación degradante. Hacemos un llamamiento a unirse a nosotras a todas las familias, amistades y vecindario de personas presas, y a toda persona sensible y respetuosa de la dignidad humana.
¡BASTA DE ABANDONO MÉDICO EN LAS PRISIONES!
¡NI UN MALTRATO, NI UNA MUERTE MÁS!
Familias Frente a la Crueldad Carcelaria
EN EL SEXTO ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE LUIS ACEDO SÁEZ, ABANDONADO PORCONVOCAR UNA CONCENTRACIÓN FRENTE A ELLA
http://tokata.info/en-el-
Crónica de la marcha: https://arainfo.org/marcha-contra-la-macrocarcel-de-zuera-habra-una-vigesima/
————
El domingo 10 de abril tendrá lugar la XIX Marcha contra la Macrocárcel de Zuera (Zaragoza).
La iniciativa empezará con una "Gran apertura musical contra el encierro" el sábado 9 de abril en
el C.S.O. Kike Mur (Plaza de la Memória Histórica s/n). Concierto
Komando Komare (flamenco estrógeno). Después Antibingo musical (por
CAMPA) y Rumba Taleguera & Salsa en vinilo (KinkiLolailo Djs).
Y el domingo 10 de abril tendrá lugar la XIX Marcha contra la Macrocárcel de Zuera. La jornada empezará a las 11:30h con la salida en bus desde el Colegio Tenerías (Coso Bajo) y si te apetece ir en bici se saldrá desde la Plaza de la Magdalena a las 9:30. Las actividades empezarán a las 12:45h con poesía, charla, concierto, cartas……. en el parking de la Macrocárcel y por supuesto estará retransmitiendo Radio Hawai para dentro de los muros.
Invitamos a difundir y a participar en la XIX Marcha Contra la Macrocárcel de Zuera, que se celebrará en el parking de la prisión el domingo 10 de abril a
partir de las 13 del mediodía hasta las 18 aproximadamente. Habrá radio
en directo emitiendo hacia dentro, taller de cartas, música y más.
Algunas cosas que os puedan
-
Nosotras salimos en un autobús desde Zaragoza a las 11:30 horas, si os
interesara tener plaza estaría muy bien que os pusieras en contacto.
- Si venís en autobús organizado, hacédnoslo saber para contar con vosotras/os y daros la cobertura que necesitéis.
- Sí queréis venir durante todo el fin de semana, tenemos sitio habilitado para poder dormir.
-
Si tenéis gente en Zuera cumpliendo condena, podéis avisarles y
decirles que estaremos en el 102.4 fm. Además podéis decirle a la
familia que la radio está disponible para todo el mundo.- A lo
largo del día de la marcha habrá micro abierto para actualizar diversos
casos represivos en todo el estado, si queréis participar estaría bien
saberlo cuanto antes para contar con vosotrxs.
¡IMPORTANTE! Este año por medidas Covid no habrá comida popular en la Marcha, así que llévate tu bocata o tupper.
Concentración Por La Sexta Persona Presa Muerta En La Cárcel De Zaballa En 2020, mientras No Para De Morir Gente En Las Cárceles Del Estado Español.
Salhaketa-Araba ha convocado para hoy, 12 de enero, una concentración en Gasteiz con intención de «visibilizar» lo que está pasando en la cárcel de Zaballa, donde han muerto seis personas presas durante 2020, la última el 25 de diciembre, aunque la dirección de la cárcel lo ha estado ocultando, al parecer, durante diez días hasta el 5 de enero, cuando lo ha hecho público, sin aportar otro dato sobre cómo ocurrió que el de que se trataba de de un hombre de 50 años. En vísperas de la trasferencia de las competencias sobre las prisiones al gobierno vasco, anunciada para marzo por los falsimedios hegemónicos, la ONG denuncia en un comunicado este oscurantismo y el hecho de que «este es el último preso de la macabra lista de muertos por falta de atención médica, negligencias, hiper medicalización y demás atrocidades dentro de la macro-cárcel de Zaballa», reclamando la «aclaración sobre las circunstancias por parte de la propia cárcel e Instituciones Penitenciarias» y señalando que hay que tener en cuenta «que la pandemia ha dificultado mucho la comunicación dentro-fuera y es más difícil hacer públicos los abusos», que es evidente «que la crisis sanitaria ha empeorado bastante la vida de las personas presas y sus derechos mínimos se han visto suspendidos sin ningún tipo de información, ni mucho menos criterios compartidos con los propios presos» y que los presos llevan ya muchos meses «totalmente aislados de lo que pasa fuera» sin apenas contacto con sus familiares y su entorno de apoyo. También se refiere el comunicado a la «terrible situación en la que se encuentran las familias que son las que están organizándose ante esta cruel incomunicación y pidiendo sus derechos básicos para tener un mínimo de contacto con lxs de dentro ya que las muertes solo afirman, una vez más, las consecuencias de esta total desconexión».
A través de las habitualmente distorsionadas noticias de la prensa servil, casi siempre basadas en fuentes del corporativismo carcelero, hemos sabido últimamente de la muerte de un hombre de 72 años en la cárcel de Soto del Real, el 19 de diciembre, de otro de 51 supuestamente suicidado en la cárcel de Alhaurín de la Torre el 30 de diciembre, de uno más que «apareció» ahorcado, en la cárcel de Ibiza, el 31, de dos que murieron por supuesta sobredosis en la cárcel de Campos del Río, el 3 de enero, de otra persona presa muerta en un hospital de Tarragona, trasladada desde la cárcel de Mas d’Enric, supuestamente enferma de COVID 19, y de otra más, José Domínguez Pacheco, de 45 años, fallecido en la cárcel de Villabona (Asturias), la madrugada del 7 de enero, por causas aún sin determinar. Tampoco cesan la negativa de las administraciones carcelera y judicial a excarcelar a los grupos de riesgo, ancianos y enfermos graves, el abandono médico-sanitario, el suministro incontrolado de barbitúricos a los presos, el encarcelamiento de enfermos mentales, los malos tratos y torturas, legalizadas e ilegales, el régimen especial de castigo y todas esas cosas que matan a la gente presa con mayor o menor rapidez. La cárcel sigue matando en todas partes, entre el cínico oscurantismo de los responsables y su hipócrita indiferencia, compartida por la mayor parte de la sociedad, porque esa es la verdadera función de la máquina punitiva: condicionar abrumadoramente, debilitar, machacar, destruir más o menos lentamente a un sector de la población, haciéndole servir como chivo expiatorio de la servidumbre voluntario del resto.
De la masa de información, conservaremos lo siguiente. Las once millones de personas encarceladas en todo el mundo son globalmente pobres y, como tales, física y psicológicamente vulnerables. Tienen todo de que temerle a la pandemia.
En base a las medidas tomadas y las consecuencias que han acarreado, se observan dos fenómenos:
• El primero puede ser descrito como un cierre: la suspensión del derecho de visita de los familiares, el cese de actividades, el bloqueo de los permisos de salida temporales, la suspensión de audiencias judiciales, que aleja la perspectiva de una liberación; motines, violentos y mortales para algunos, fugas, a veces masivas; desinfecciones aquí y allá, pero la escasez de productos para practicarlas, ausencia de agua para lavarse las manos en muchos establecimientos, las dificultades a las cuales sera expuestos aquellos que dependen de sus parientes para alimentarse; la prohibición del uso de gel hidroalcohólico por la presencia de alcohol. … y siempre el uso de la fuerza para mantener la tapa bien cerrada.
• El segundo podría describirse como apertura. Incluye: la liberación, masiva o no, de prisioneros, el ajuste de las sentencias y otras liberaciones anticipadas; la disminución del uso de la privación de libertad cuando se trata de sentencias cortas o de prisión preventiva; el suministro de timbres o de crédito para llamadas telefónicas o de video con el fin de mantener los lazos familiares…
FUENTE Y TEXTO COMPLETO: https://www.prison-insider.com/es/articles/coronavirus-la-fievre-des-prisons
A continuación un breve resumen de lo que ha sucedido y está sucediendo en las cárceles del Estado español:
Movimientos de protesta
30 de marzo. Varios motines estallan en las cárceles de Valencia, incluyendo Villena, Fontcalent y Picassent. Los reclusos protestan por la suspensión de las visitas que permiten la introducción de narcóticos desde el exterior. Un buen número de prisioneros sufren por la abstinencia.
Llamamientos y recomendaciones
26 de marzo. Muchas organizaciones, entre ellas "Rights International Spain", exigen al ministro del Interior y al secretario general de Instituciones Penitenciarias «aplicar medidas urgentes», así como “garantizar los derechos fundamentales de los reclusos» y «liberar a los reclusos enfermos graves y a aquellos que tengan más de 70 años“.
Casos identificados
25 de marzo. La cárcel de Estremera, en Madrid, anunció el primer fallecimiento de un recluso por covid-19 y el contagio de 38 guardias penitenciarios. Otros dos reclusos se contagiaron y están hospitalizados en Madrid. En total, 125 reclusos y 225 trabajadores están bajo observación médica o en cuarentena.
20 de marzo. Once guardias y tres personas detenidas dan positivo desde el inicio de la epidemia. Unos sesenta detenidos que presentan síntomas o han estado en contacto con enfermos son trasladados y puestos en cuarentena.
17 de marzo. Miembros del personal penitenciario de varios centros, entre ellos, el penal de Navalcarnero, en Madrid, dan positivo en el test de coronavirus. La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) denuncia la falta de medios de prevención y coordinación para la lucha contra la epidemia en los establecimientos.
Condiciones sanitarias y atención médica
24 de marzo. Las autoridades penitenciarias reciben 40 000 mascarillas quirúrgicas.
21 de marzo. Un número importante de reclusos presenta síntomas de abstinencia, lo que intensifica el clima de tensión dentro de los distintos centros. El confinamiento en las prisiones dificulta a los reclusos la posibilidad de acceder a productos estupefacientes.
11 de marzo. Se ponen en aislamiento doce prisiones, con el fin de extremar las medidas de prevención. Sobre un total de 8000 prisioneros, alrededor de 300 se habrían fugado.
Vínculos con el exterior
20 de marzo. El número de llamadas permitido aumenta de diez a quince por semana. Los presos con dificultades económicas pueden hacer uso de un teléfono de forma gratuita. Tras la suspensión de las visitas, las llamadas telefónicas son el único medio que tienen los reclusos para mantener el contacto con sus familiares y recibir asistencia jurídica.
15 de marzo. El Ministerio de Interior decreta el estado de alarma. Se suspenden todas las visitas y permisos de salida.
Revisión del cumplimiento de las penas
18 de marzo. Anuncia que los prisioneros en régimen de semi-libertad podrán dormir en sus casas.
AL SR FERNANDO GRANDE MARLASKA, MINISTERIO DEL INTERIOR. MADRID
Antonio
Arevalillo Sanz, interno en este Centro Penitenciario de Zuera(
Zaragoza), donde constan mis demás datos personales, quiero, después de
leer la carta que nos hizo llegar a la población reclusa
en la que agradece nuestra actitud y comportamiento ante la epidemia
del COVID-19, darle una respuesta que, a buen seguro, no estará a la
altura que usted, como responsable de prisiones merece.
En
las prisiones españolas en general y en la de Zuera particularmente, el
virus no se manifestó de forma virulenta, todavía. Se sigue con la
dinámica de siempre: las muertes por palizas, “los suicidios”,
las sobredosis de pastillas que proporcionan los camellos
institucionales. Centenares de pres@s muert@s que ni siquiera forman
parte de estadísticas pero cuyas cifras se mantienen estables desde hace
años. Mucho tendrá que “trabajar” el corona virus para igualar
la pandemia que menciono y que padecemos hace ya demasiado tiempo.
Estadísticamente, aun con menos población reclusa, somos los que más
muertos presentamos. Enhorabuena, llevamos años siendo los primeros.
Por
si lo expuesto no fuese suficiente, se nos impide desde hace más de un
mes la posibilidad de poder comunicar telefónicamente con nuestros
familiares, amig@s, abogad@s, etc, si carecemos de medios
económicos, pues han retirado las tarjetas de Telefónica, que era la
forma habitual de llamar. Ni siquiera un trabajo puede ser una
alternativa, ya somos miles l@s pres@s que trabajamos en la limpieza, de
ordenanzas, así como en los talleres de los mal llamados
módulos de respeto. Esfuerzos de la mano de obra esclava, sí, se
trabaja pero no se cobra. Y mientras todo esto sucede, el Vicepresidente
y su mujer, la Ministra de Igualdad, discuten si las granjas son de
cerdos o también habría que calificarlas de cerdas.
Mire usted, aquí la comida es tan asquerosa que la escupirían los
cerdos y las cerdas, los perros y las perras. Comemos la basura de los
contenedores de los hipermercados.
En
esta prisión, como en todas las demás de las que usted es responsable,
no basta con halagos como el suyo de buen comportamiento para conseguir (
ignoro si derechos como en prisiones europeas o
privilegios sometidos
a voluntades) permisos de salida o la libertad condicional. No tod@s
tenemos un cuñado político o somos el cuñado del Rey, ni dinero para
pagar a los equipos técnicos de prisiones por un
buen informe que facilite lo que no son otra cosa que derechos, una vez
cumplidos los plazos de condena sin sanciones.
La
corrupción o prevaricación de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria
va en función de sus quehaceres diarios, negándonos abogad@s, mientras
los Fiscales no parecen darse por enterad@s, siendo
partícipes de estas corruptelas y prevaricaciones, tanto en los casos
más leves como pueden ser las sanciones penitenciarias como en los más
graves, al no presentarse como parte en los casos denunciados por
torturas, algunos con resultado de muerte.
No
tengo fe ni convicciones para pensar que algo de lo relatado pueda
cambiar. Sois los hijos y nietos del franquismo pero peor porque negáis
la redención de penas por un trabajo remunerado, prohibís
los indultos generales para aplicar los particulares a quienes jugáis
en la misma mesa y encubrís la cadena perpetua con condenas desorbitadas
más allá de la vida.
Espero
y deseo que el COVID-19 sea, no una peste, sino un virus de conciencia
social. Las cárceles son el reflejo de sus sociedades y España es un
islote en el mundo, un híbrido que no tuvo su revolución
y perdió su identidad social.
Mediante
el presente escrito vengo a pedirle que seamos puestos en libertad
tod@s l@s pres@s que hayamos cumplido las ¾ partes de nuestra condena y
con urgencia (así se requiere debido al estado de
alarma sanitaria), l@s que además padezcamos enfermedades crónicas.
Por
último, le suplico que reflexione sobre el trabajo que desempeñan los
equipos técnicos de prisiones, corruptos e insufribles más allá de lo
que pueden expresar estas líneas.
Atentamente: Antonio Arevalillo Sanz
En Zuera a 28 de marzo de 2020
"Los llamados a la solidaridad y el apoyo mutuo, a romper el aislamiento de las personas presas", se suceden entre los grupos de apoyo a las personas presas.
Está teniendo lugar en todas las prisiones del estado un profundo malestar:
1º - Por el miedo al contagio en un lugar tan vulnerable y la desatención médica que vive en las prisiones y que se viene denunciando desde hace tiempo (v. EL CARRO nº1, sobre la desatención sanitaria en prisión: https://es.scribd.com/document/422159130/el-carro-1)
2º - Por el aislamiento social e individual al que se ven sujetos los internos en las prisiones.
Ante la amenaza del coronavirus se suspende el contacto con la calle, quedando rotos los vínculos familiares y afectivos tan necesarios en la cárcel. [v. http://tokata.info/mas-informacion-sobre-protestas-en-las-carceles-contra-el-aislamiento-impuesto-arbitrariamente-y-la-falta-de-verdaderas-medidas-contra-el-coronavirus/http://tokata.info/mas-informacion-sobre-protestas-en-las-carceles-contra-el-aislamiento-impuesto-arbitrariamente-y-la-falta-de-verdaderas-medidas-contra-el-coronavirus/]
El 17 de marzo La Directa informaba del aislamiento de 167 personas presas por posibles contagios.
En las prisiones se están dando protestas públicas (desde el conato de motín en la cárcel de Wad Ras) ante la situación de abandono, hacinamiento e incertidumbre, que se mezcla con las malas prácticas y la negligencia de las autoridades penitenciarias, como se ha denunciado. Si los reclusos disponían de apenas 7 minutos para hablar telefónicamente con sus allegados (por supuesto Telefónica en su tarjeta de obligada compra sigue quedándose el remanente que les sobra hasta los 10€ de la recarga), en algunos casos se ha conseguido duplicar ese tiempo y se siguen solicitando salas para instalar videoconferencias.
La población reclusa está muy molesta por la situación, Nadie entiende "cómo los funcionarios entran y salen" y las familias de los presos no pueden visitarlos ni a través de un cristal. Hasta el momento se han producido varios "plantes" de presos que no querían entrar en sus módulos por la noche. Todo esto tiene lugar semanas después de la oleada de motines en las prisiones de Italia, saldadas con más de una decena de muertes, parte de ellas tras el asalto a los módulos de enfermería ante una situación en la que se veían más encerrados aún de lo habitual, sin el apoyo familiar de las visitas y encima tratando a diario con funcionarios que entraban, salían pero no tenían EPIs. La democrática Europa se ve que no puede hacer como la dictadura iraní, que liberó nada menos que 70.000 presos.
También hay que mencionar la situación de los CIE (centros de internamiento de extrajeros), donde hay miles de personas esperando su deportación. Recordamos que el día 20 del pasado mes tuvo lugar un motín en el CIE de Aluche.
Después de haber pasado ya unas semanas
desde que se están aplicando los protocolos de «prevención y protección»
ante el COVID-19 en las cárceles, lxs compas de Lleida han denunciado la rabia, la preocupación, la impotencia y la indignación por como se está gestionando la
situación, por como han aislado y recluido aún mas a lxs compas de
dentro, por las noticias de abusos, maltratos, palizas que nos llegan
con dificultad, por como se abusa mas que nunca del poder y la
impunidad, y por como parece que se consideran como «positivas» ciertas
medidas que se han empezado a adoptar por parte de Instituciones
Penitenciarias que, a nuestro parecer, son solo un lavado de cara.
Parece ser cierto que, al menos en
algunas comunidades, se están adoptando incipientes medidas para calmar
los ánimos de lxs presxs y contrarrestar los efectos de las
restricciones para prevenir el coronavirus en la cárcel. Cabe recordar
que las medidas adoptadas han estado basadas siempre en más aislamiento, soledad
y castigo: No dar permisos de salida, no permitir las comunicaciones
por locutorio ni los vis a vis, suspensión de actividades, etc. No nos
resignamos a pensar que esta era la única solución. Estamos segurxs de que
tiene que haber formas de mantener el contacto con lxs presxs,
al menos a través de un cristal. Esto implicaría más lentitud, más
trabajo, cambiar estructuras, normas y funcionamientos. Invertir en medidas de higiene y desinfección. Pero creemos que sí hubiera sido
posible, si de verdad la población reclusa importara mínimamente a las
autoridades y a la sociedad. Con el pretexto de intervenir en relación a
la expansión del COVID-19 se han vulnerado, aún más, los derechos de
estas personas de un modo brutal.
Webs de denuncia de la situación carcelaria.
http://tokata.info/
https://suportpresxslleida.noblogs.org/
https://desdedentro.noblogs.org/
https://colectivopronoiamurcia.noblogs.org/
https://elcarropropresxs.blogspot.com/
Nueva propuesta frente al actual estado de excepción:
https://suportpresxslleida.
Actualización situación en las cárceles:
https://suportpresxslleida.noblogs.org/post/2020/03/23/actualizacion-de-la-situacion-en-las-carceles/
Este texto ha sido redactado tomando como base unas notas tomadas de ALASBARRICADAS y del blog del SUPORTPREXSLLEIDA:
>http://alasbarricadas.org/
LOS ANTICARCELARIOS DE VALLADOLID LLEVARON LAS REIVINDICACIONES DE LXS PRESXS AL HOSPITAL CLÍNICO Y A LA FACULTAD DE MEDICINA
Con cierto retraso pues queriamos coincidir con las 11 ciudades de este país que lo hicieron el 27F,llevamos al Clínico y a la Facultad de Medicina , la información urgente de la situación sanitaria de las personas presas,y de su lucha mediante el documento de Osabideak "Algunas claves para entender lo que está pasando con las personas enfermas en prisión"
Nadie que llevase bata blanca, pues a ellos y a su conciencia iba dirigido, se quedó sin la información clínica y humana que justifica plenamente el derecho a ser excarceladas de las personas presas con enfermedades graves y/o incurables , desmontando los argumentos falaces de Instituciones Penitenciarias-de puro populismo punitivo- para negarselo de manera sistemática.Y no digamos los datos de la información del propio Ministerio del Interior que revelan la desatención y abandono sanitarios de la población reclusa.Precisamente y según la comparecencia parlamentaria del propio Ministerio , los presupuestos en IIPP han caido a cifras de 2016,solo quedan 285 médicos y 6 psiquiatras para atender todas las carceles...(había 500 hace años) y su edad media ronda los 60 años... Nadie, desde hace 2 años , presenta siquiera solicitud para concurrir a oposiciones de la sanidad penitenciaría, y mientras tanto la cifra de muertos se ha disparado, superando este año los promedios de años precedentes ,con datos escalofriantes de suicidios y sobredosis de farmacos psicotrópicos (que les facilitan los carceleros para"tirar de jueves a lunes, "pues los fines de semana hay vacio sanitario presencial casi absoluto ), y lo que es más grave aún , fallecimientos por enfermades de personas que, según su propia ley , debían haber sido excarceladas, encontrandose,como el resto de la población reclusa , sin atención que no sea de urgencia y ni siquiera presencial como se ha denunciado en los casos de cárceles como las de Pamplona, León(Mansilla de las Mulas) o Dueñas(Palencia).Nuestra información y el razonado documento que les presentamos fué acogido con respeto y notamos cierta incredulidad,lo que demuestra la importancia de realizar este tipo de labor.
En la entrada de personal, y al cambio de turno, repartimos en mano entre las y los profesionales de Medicina y Enfermería unos 250 folletos que contenían el documento elaborado por OSABIDEAK
La jornada de información se continuó a la tarde con nuestra presencia en la Facultad de Medicina, en cuya recepción entrada al Aula Magna ( a la entrada del Aula Magna) colocamos una pancarta -denuncia y una mesa informativa con folletos de los numeros o y 1 de El Carro,boletín de apoyo a lxs presxs ,y entregamos a los estudiantes una carta apelando a la obligación que contraen de defender el compromiso ético de atender a los pacientes sin discriminación alguna, y menos aún por su condición social, o por las tribulaciones que les abocaron a ingresar en prisión, pues en eso consiste El Juramento Hipocrático. Recorrimos una a una todas las areas de estudio y descanso (Biblioteca , entre planta de estudio, Cafetería etc) Y también aquí, percibimos la escasa información con la que cuentan sobre esta problemática.
Todo discurrió con una buena acogida,hasta que se presentó el decano José María Fidel Fernandez ,con la intención de que quitáramos la pancarta-denuncia de su sitio,argumentando que se trataba de "algo político" y que "la Facultad era su casa ",porque había sido elegido...Discutimos públicamente su postura fascistona-ya nos prohibió en su día presentar a los protagonistas del conflicto del Hospital del Bierzo en 2017 -pero la cosa no fué más allá,porque cuando llegó este señor,ya habiamos terminado nuestra actividad.
A todas y todos los profesionales de enfermería y medicina
Se trata de una experiencia personal y vital de gran impacto y sufrimiento (propio y de nuestro entorno), que nos obliga a vivir con diversos síntomas físicos y psicológicos que van agravándose con el tiempo como dolor, deterioro de funciones corporales e intelectuales, que producen diversas discapacidades y limitaciones, y el miedo-angustia a un fallecimiento precipitado. Sin olvidar que algunas enfermedades, además, mantienen aún un alto grado de estigma social. En estas situaciones de tan alta vulnerabilidad, si no existen las necesarias ayudas o apoyo sanitario y social para mantener mínimos de calidad de vida, así como la protección a la privacidad, la persona puede sentir fácilmente que se degrada su dignidad humana. La ley de autonomía del paciente, la ley de protección de datos, de confidencialidad médica, el código deontológico y las leyes de muerte digna y eutanasia van precisamente encaminadas a proteger la dignidad humana en estas vivencias.
En algunos casos, a esta situación vital de tan alta vulnerabilidad y sufrimiento se le añade la privación de libertad en los centros penitenciarios, que deniega la posibilidad de poder estar acompañado/a por los seres queridos, manteniéndoles en un entorno hostil donde, según todos los organismos de derechos humanos, se quiebran más derechos que el derecho a la libertad. Además, en el Estado Español la sanidad penitenciaria depende directamente del Ministerio de Interior y no del Sistema Nacional de Salud (excepto en la Comunidad Autónoma Vasca, Cataluña y próximamente se realizará la transferencia también a la sanidad pública de Navarra) y todo ello en contra de lo que recomiendan la ONU, la OMS y el Consejo de Europa como medida fundamental para propiciar la asistencia sanitaria en equidad y evitar la desasistencia y la discriminación. Y esta situación, nada menos que 15 años después de que se aprobara la ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Una sanidad penitenciaria que, según la propia Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria y la Organización Médica Colegial de España, desasiste, discrimina y vulnera la deontología médica al priorizar intereses regimentales. Una sanidad donde el 30% de las plazas del personal sanitario están vacantes y donde la reducción presupuestaria de los conciertos de asistencia sanitaria entre las CCAA e IIPP en los últimos 8 años ha sido de un 73%.
Desgraciadamente el problema no acaba tampoco aquí, porque los/las médicos/as forenses -que son los/las responsables de peritar y realizar informes de las personas enfermas recluidas para valorar las medidas alternativas al encarcelamiento- son dependientes en este caso de la Administración de Justicia. El ejemplo más documentado e ilustrativo del desprestigio profesional en materia de Derechos Humanos que conlleva esta falta de independencia médica de estos médicos forenses se encuentra en el hecho de que sean ya más de 4000 personas, a las que mediante el protocolo de Estambul, se les ha verificado que sufrieron torturas durante la detención gubernativa incomunicada. La revista Forensic Science International publicó 2 artículos evidenciando la mala calidad de los informes forenses de las personas detenidas en España y la ineficacia en la prevención y denuncia de las torturas. En 2016 en la Convención del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las víctimas de la Tortura también quedó en evidencia la labor de los médicos forenses, en concreto de la Audiencia Nacional. La revista The Lancet también publicó un artículo evidenciando la práctica de torturas en España, y las reiteradas condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la ineficaz investigación completan todo este desprestigio en materia de derechos humanos. Estamos empezando a documentar también la mala calidad de algunos informes forenses que permiten y facilitan la permanencia en prisión de personas muy enfermas.
La ley contempla la flexibilización de medidas privativas de libertad e incluso la excarcelación en estos 3 supuestos:
- Personas mayores de 70 años
- Personas con enfermedades graves e incurables
- Personas con peligro patente para la vida
Con todos los ingredientes descritos anteriormente y con un Estado que no entiende la enfermedad mental, que no evita la exclusión social, que discrimina a personas migrantes, que no invierte lo suficiente en educación, que no toma decisiones valientes y eficaces en temas como la gestión y la regulación de las drogas, el resultado no podía ser más que el panorama desolador que tenemos. En las cárceles de España fallecen entre 3 y 4 personas a la semana de media. Y no, no son muertes súbitas o inesperadas de personas aparentemente sanas o sin graves afecciones. La mayoría fallecen por enfermedades, así como por sobredosis y suicidios (la tasa de suicidios se multiplica por 5 en las cárceles). En ningún centro de ingresos de nuestro Sistema de Sanidad serían aceptables tales cifras. Se trata mayoritariamente de muertes previsibles, de personas enfermas graves, sin curación, con peligro patente para la vida, no atendidas debidamente, excluidas socialmente falleciendo olvidadas, con una sanidad penitenciaria y pericial dependiente de administraciones no sanitarias.
En este contexto de una medicina penitenciaria debilitada, no formada ni comprometida con los derechos humanos, no independiente ni incluida en un sistema de salud público consolidado y donde los criterios para suavizar las consecuencias de la prisión no gravitan sobre ejes sólidos consensuados sanitarios, técnicos, objetivos, rigurosos, de igualdad y de dignidad humana, seguirá la desasistencia y seguirán falleciendo y suicidándose las personas olvidadas e invisibilizadas.
Esta debilidad del sistema sanitario también queda al descubierto en el caso de las personas presas visibles o expuestas (las de actualidad mediática). Los criterios sanitarios se vuelven demasiado sensibles y vulnerables a vaivenes políticos e ideológicos del momento. Revelador y explícito es, observar, como dependiendo del viento político del momento, cuando un gobierno anuncia la aplicación de medidas de acercamiento o la flexibilización de medidas privativas de libertad a enfermos/as recluidos/as que están recogidas en la propia legislación española y recomendadas en el ámbito internacional (Reglas Mandela de la ONU, Informe Bergeron del Parlamento Europeo o jurisprudencia asentada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) afloran vehementemente las presiones políticas y mediáticas, polemizando las medidas con criterios no sanitarios. O del mismo modo, cuando se vuelve a tornar el viento político y los Gobiernos modifican lo establecido en el código penal vía instrucción, quebrantando el principio de jerarquía normativa y contraviniendo lo recomendado por todos los Organismos de DDHH. Desde una óptica sanitaria, jurídica y de Derechos Humanos resulta bochornoso contemplar cómo según el interés político del momento se aplican o restringen medidas humanitarias, sanitarias y de derechos humanos. A la vez resulta preocupante observar como existe una intención de normalizar y acostumbrarnos a estas prácticas.
Creemos oportuno profundizar y desgranar 2 elementos con relevancia deontológica, legal y sanitaria, y alto precio en derechos sanitarios que por cercanía temporal y geográfica hemos contemplado y que no deben transitar inadvertidas:
- La confidencialidad médica
Hemos querido iniciar este artículo describiendo la situación vital de padecer una enfermedad grave e incurable, para exponer la situación de vulnerabilidad que supone. En este escenario los/las sanitarios/as somos los/las confidentes necesarios/as y, por tanto, estamos obligados a guardar el secreto profesional. El ámbito asistencial necesita ese espacio protegido de confidencialidad y seguridad para garantizar una correcta asistencia y preservar la dignidad de la persona enferma.
El tratamiento mediático que se viene realizando de las personas de actualidad mediática enfermas y encarceladas está quebrantando este derecho a nuestro entender de 2 maneras:
- Por una parte, la sanidad penitenciaria, la administración penitenciaria o la administración de justicia incurren en una ilegalidad grave cuando violan el secreto médico y filtran las enfermedades, diagnósticos o valoraciones médicas de las personas enfermas recluidas a los que se les contempla aplicar medidas flexibles o traslados de centros penitenciarios. Al padecimiento de una enfermedad grave y a la privación de libertad se le suman la sobreexposición pública y la violación del derecho a la intimidad y al secreto médico. Muchos medios de comunicación los han filtrado y esto puede producir graves consecuencias, ya que las personas recluidas pueden dejar de consultar síntomas y afecciones con el fin de evitar la exposición mediática, privándoles de su pleno derecho a la asistencia sanitaria. Esta práctica de filtraciones ha permitido avanzar en esta vulneración al punto de observar con perplejidad que una asociación (no sanitaria) ha solicitado públicamente a la administración penitenciaria el acceso detallado de los diagnósticos y enfermedades que padecen determinados reclusos a los que se ha filtrado en prensa que se plantea aplicarles medidas legales correspondientes o acercamientos a cárceles más cercanas a sus domicilios. Y en esta misma dirección se avanza cuando recientemente también determinados partidos políticos han solicitado a un Gobierno de una comunidad que se compartan datos sanitarios con la policía para facilitar la expulsión de personas migrantes. Urge que la sociedad sanitaria y jurídica recuerde que el derecho a la confidencialidad médica nos asiste independientemente de nuestra condición jurídica, nos ampara el derecho de que sólo sean conocedores de nuestras enfermedades y pronósticos aquellos que nosotros autorizamos, para poder facilitarnos la vivencia del proceso vital e íntimo que nos ha tocado vivir y garantizar el acceso a la óptima atención sin temor a que se difundan datos en nuestro perjuicio.
- En este contexto de una medicina penitenciaria debilitada y dependiente, se produce otra vulneración de la confidencialidad quizás de una forma más indirecta, pero a nuestro parecer igual de preocupante, cuando algunas personas privadas de libertad gravemente enfermas se han visto obligadas a renunciar a su derecho a la intimidad y confidencialidad para poder denunciar la vulneración de otros de sus derechos (sanitarios y penitenciarios). Esto es algo que en una sociedad sana no debe producirse. Cuando ha de realizarse, la forma de no atentar contra la dignidad de la persona enferma al hacer públicos datos médicos confidenciales es la de realizarlo siempre con su consentimiento, focalizando en la defensa de derechos humanos, como dato indicativo o exponente de la vulneración sanitaria que se denuncia, y con rigor y respeto. Abriendo así el debate sobre la Sanidad Penitenciaria, con el objetivo de construir una sanidad penitenciaria garantista que favorezca finalizar con la revelación pública de datos médicos como denuncia.
- La temporalidad, terminalidad y los criterios temporales estrictos de esperanza de vida:
La ley no exige que un enfermo sea “terminal” para contemplar la excarcelación u otras medidas de flexibilización, pero en este sentido todavía persisten arraigados con fuerza los conceptos de temporalidad y terminalidad, y se hizo muy explícita la intencionalidad punitiva para que determinadas personas con enfermedades muy graves e incurables recluidas salgan únicamente de prisión para fallecer en libertad en el periodo más breve posible; cuando hace unos 5 años se originó una viva polémica por la excarcelación de un enfermo muy grave incurable y con claro y evidente peligro patente para la vida, concretamente un enfermo con cáncer metastásico.
Las personas que asistimos a seres humanos con enfermedades graves, avanzadas, incurables y evolutivas sabemos que, aparte de aliviar los síntomas, lo que otorga la dignidad a este periodo de vida es precisamente el poder realizar las actividades vitales que la enfermedad te permite. Pensar que una enfermedad no es grave, avanzada e incurable porque la persona que la sufre puede andar, pasear o comer es no tener conocimiento absoluto de la enfermedad ni de los fallecimientos. Es precisamente lo que pretende proteger la ley de muerte digna: mejorar los cuidados y la atención en una situación de enfermedad grave avanzada y evolutiva, y dar capacidad de decidir el límite personal de la dignidad y el sufrimiento en nuestro proceso vital final.
Es en mitad de un proceso de excarcelación de un enfermo grave, avanzado, incurable y evolutivo -concretamente un paciente con SIDA avanzado- cuando se materializa la interpretación de enfermedad muy grave e incurable como enfermedad terminal y agónico, y se aprueba la Instrucción 3/2017 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que, sin ninguna habilitación legal para ello, interpreta peligro patente para la vida como peligro inminente o periodo muy corto de vida (dos meses concretamente, según el Ministro de Interior de entonces), otorgando a los médicos penitenciarios la función de una especie de policía sanitaria. Función médicamente imposible de realizar y deontológicamente muy cuestionable. Peligro patente significa un riesgo de fallecimiento aumentado por enfermedades (por ejemplo enfermedades cardíacas o de los vasos sanguíneos que aumentan las probabilidades de infartos y hemorragias, trastornos mentales graves con elevado riesgo de suicidio, enfermedades que afectan a las defensas ante infecciones graves que pueden ser mortales…) y es un concepto independiente de la temporalidad estricta.
A día de hoy, no existen en medicina herramientas pronósticas fiables que predigan fehacientemente el pronóstico temporal de los/las pacientes con enfermedades graves e incurables ni de los que tienen peligro patente para la vida (y debemos añadir que vistas las orientaciones de nuestra sociedad, donde el dinero, las ideas y las prácticas políticas están demasiado a menudo por encima de los derechos humanos, nos debemos alegrar por ello). La terminalidad o el final de vida o la enfermedad avanzada e incurable son términos MÉDICOS que se asientan sobre el cuidado. Por lo tanto, no son términos temporales, jurídicos ni penitenciarios. De hecho, a día de hoy en medicina la palabra terminal está cada vez más en desuso y se utiliza paciente con enfermedad grave avanzada y evolutiva.
Además de que la ley no exige que una enfermedad sea terminal para la excarcelación y que no existen herramientas efectivas para medir los horizontes de vida con tanta exactitud; al introducir la temporalidad se excluyen muchísimas enfermedades graves incurables y con peligro patente para la vida, empezando por todas las enfermedades mentales graves, enfermedades que ocasionan mucho sufrimiento al paciente. Sería impensable imaginar a los/las profesionales en el ámbito sanitario de nuestra salud pública decidir y polemizar sobre la idoneidad de medidas o tratamientos sanitarios y humanitarios en base a su condición jurídica, de los tipos y naturaleza del delito, en base a criterios o juicios morales, éticos o de cualquier otra índole, ni escucharles comentar públicamente, con nombre y apellidos, enfermedades y características de pacientes. De todo este atolladero solo saldremos entendiendo que la salud penitenciaria y pericial son parte fundamental de la salud pública, que no puede estar separada de ella ni ser dependiente de otras administraciones. La medicina penitenciaria y la medicina legal y forense tienen que formar parte de la Sanidad Pública.
Hemos leído con mucho interés cómo la Sociedad Española de Hematología ha realizado una labor sanitaria y pericial ejerciendo de contrapeso de administraciones sanitarias no independientes para defender derechos sanitarios en el caso concreto del ex ministro enfermo y encarcelado. Para que las sociedades médicas científicas y la comunidad sanitaria no quedemos empañadas en este maremágnum de arbitrariedad, sobreexposición, juicios no sanitarios, discriminaciones, falta de independencia y descrédito profesional, nos toca demostrar que los criterios aplicables por enfermedad los defendemos por igual a todos las personas enfermas recluidas, nos toca vencer la arbitrariedad en el ámbito de la salud y la dignidad humana, nos toca comprometernos con la independencia profesional y de calidad hasta que la sanidad penitenciaria y pericial formen parte de nuestro sistema público de salud. Porque la independencia profesional y la formación en derechos humanos es la que otorga credibilidad, rigor, respeto y confianza a la población; es más difícil manipularla por los vientos ideológicos-políticos del momento; ya que gravita en su propio eje sanitario técnico objetivo y de igualdad. Es la única receta contra la desigualdad, la discriminación, la arbitrariedad o el descrédito profesional. Es la que nos convierte a los/las médicos/as en garantes de derechos humanos y no en avalistas, cómplices o colaboradores de sus vulneraciones.
El Comité para la Prevención de la Tortura y los tratos o penas inhumanos o degradantes del Consejo de Europa en su informe del 2011, considera que una inadecuada asistencia sanitaria en centros penitenciarios puede conducir rápidamente a situaciones que se consideran tratos inhumanos y degradantes. El pasado mes de febrero, el Defensor del Pueblo en el País Vasco realizó una campaña a favor de la dignidad en la enfermedad; se trata precisamente de eso, de la dignidad humana en una situación de gran vulnerabilidad como es una enfermedad grave. Quienes conocemos, convivimos y asistimos a seres humanos con enfermedades graves, avanzadas, incurables, con discapacidades, con el riesgo y el miedo a un fallecimiento precipitado, tenemos la certeza de que la reclusión en un centro penitenciario y la negación del acompañamiento libre de restricciones de sus allegados/as y de actividades que agregan dignidad humana a estos procesos vitales, así como los propios fallecimientos previsibles en prisión, han de adquirir la categoría de trato inhumano y degradante.
Estamos convencidos/as que en el camino nos encontraremos con quienes trabajan para construir un sistema penal, más garantista, de mayor eficacia rehabilitadora y preventiva que la actual. Tanto dentro como fuera de la prisión. En este Hospital Clínico Universitario existe el área de Recepción Hospitalaria, área en el que las personas profesionales de la medicina deben velar por la salud y bienestar de las personas presas que llegan. Haced valer el código deontológico que firmasteis.
ESTUDIANTES DE MEDICINA Y ENFERMERÍA, DEFENDED EL CÓDIGO
DEONTOLÓGICO DE LA PROFESIÓN EN LAS PRISIONES
DEONTOLÓGICO DE LA PROFESIÓN EN LAS PRISIONES
Nos encontramos delante de la Facultad de Medicina de Valladolid, así como en otras partes del territorio nacional, para haceros llegar quienes estudiáis la voz de aquellas personas que están encarceladas, las presas.
Queremos haceros llegar la denuncia de la situación que sufren las personas presas en cuanto a su salud se refiere: desatención sanitaria, dispensación farmacéutica masivas de pastillas de forma negligente, y condiciones de higiene y de salubridad deficitarias. Además, estamos denunciando que se esté incumpliendo el Artículo 104.4 y 196 del Reglamento Penitenciario y el Artículo 91 del Código Penal, que contemplaría la excarcelación de las personas gravemente enfermas. En las cárceles de España se han registrado 139 muertos entre 2011 y 2016. En el 2018, la cifra de personas que murieron dentro de prisión aumentó un 43% respecto al año anterior. Nadie asume responsabilidades, los carceleros y carceleras, así como los responsables sanitarios, gozan de impunidad antes estas muertes, a veces de dudosas causas. Los médicos suelen actuar como encubridores de los carceleros: falseando partes médicos, distribuyendo fármacos psiquiátricos a personas sin diagnósticos de trastornos mentales y callando ante abusos y maltratos. Es por ello que estemos hoy aquí.
A pesar del silencio que existe en torno a la cárcel y del peligro que supone denunciar a Instituciones Penitenciarias, desde hace ya más de 3 años, presos y presas de todo el Estado inician ayunos y huelgas de hambre colectivas para reivindicar 14 puntos, puntos que simplemente reflejan derechos de la Ley que deberían cumplirse. El pasado 1 de septiembre se realizó una huelga de hambre para exigir la excarcelación de las personas presas con enfermedades graves y denunciar la desatención sanitaria.
Como futuros médicos ejerciendo la profesión, será vuestra responsabilidad velar por el cumplimiento del código deontológico de la medicina, o violar dicho código para vuestra propia vergüenza y el sufrimiento de los seres humanos encarcelados. Finalmente, queremos remarcar la responsabilidad colectiva que asume el Colegio de Médicos, institución que debería presionar para no depender de Instituciones Penitenciarias, para que los servicios sanitarios penitenciarios dejen de estar subordinados a la institución carcelaria y en concreto a los directores de las prisiones y puedan volver a depender del Ministerio de Sanidad y ejerzan libremente su profesión de forma segura, denunciando las torturas a seres humanos, algo que suena muy grave y que ocurre a diario en las cárceles españolas.
¡Demos apoyo sanitario a las personas enfermas en prisión!
¡Exigimos la implicación, la responsabilidad, y el posicionamiento del personal sanitario ante la desatención médica y las muertes en prisión!
¡NO MÁS MUERTES EN PRISIÓN!
Más información:
