ECONOMÍA DE LA CATÁSTROFE

Incendios, ¿casualidad? ¿tragedia? No, beneficio capitalista y control democrático.

En los últimos días el fuego está arrasando miles y miles de hectáreas en diferentes puntos del país. Tarifa en Andalucía, Jarilla en Extremadura, Cofrentes en Valencia, Picos de Europa… pero sobre todo León, Zamora y Galicia, son las zonas más afectadas hasta el momento. Como siempre sucede con estas situaciones, los telediarios y la prensa abren diariamente con noticias acerca del caos y de la mala gestión, los improperios que se cruzan entre sí diferentes administraciones; todo ello a costa de una situación que ya ha matado a cuatro personas, arrasado una cantidad inmensa de zonas de cultivo y acabado con cientos de cabezas de ganado.

En un clima mediterráneo como el que predomina en buena parte de la península ibérica, con marcados periodos de calor y sequedad, con una masa boscosa que no para de crecer año tras año, los incendios deberían ser algo normal y controlado. Pero cada año la situación es peor. Cada vez más destrucción y cada verano más muertos. No sólo importa la terrible situación creada directamente por los incendios, sino también el juego político y social que se libra para aterrorizar a la población, utilizándolo como excusa para mantener el estado de miedo y nervios permanente con el que la clase burguesa gobierna tan bien.

“Hay que potenciar la prevención”, “los fuegos se apagan en invierno”, “no hay que permitir que se repita esta situación, debemos ir a las causas” … son frases que hemos escuchado en estos últimos días en boca de políticos, altos responsables de la Administración central y autonómica e incluso de los bufones que habitualmente prestan su imagen para potenciar el efecto de estas estupideces. Porque son estupideces: ni la prevención, ni el trabajo cotidiano, ni por supuesto las causas de los incendios constituyen preocupación alguna para la burguesía o sus representantes. La catástrofe, sea en forma de incendios, de inundaciones e incluso de guerra es consustancial al mundo capitalista y la burguesía saca buen provecho de ella.

En el caso de los incendios, la cosa es clara: durante décadas se ha disminuido el gasto en cualquier tipo de política preventiva, tratando de mantener en el mínimo imprescindible (que, como se ve, es totalmente insuficiente) las partidas presupuestarias destinadas a las medidas necesarias para controlar los fuegos del verano. Ni el Estado central, ni las Comunidades Autónomas, ni los municipios ven en las intervenciones que sería necesario llevar a cabo otra cosa que un gasto inútil que únicamente lastra sus cuentas anuales. Pero no sólo se trata de que, ante la “catástrofe” (completamente evitable, como se ve), se reduzcan los gastos de prevención, sino que el beneficio que se puede obtener de ella es tan cuantioso que elimina cualquier incentivo para prevenirla. La construcción de parques eólicos o nuevas viviendas en los espacios arrasados, la industria maderera, las propias inversiones públicas en las zonas afectadas, constituyen un gran negocio del que ni la gran ni la pequeña burguesía, ni la constructora ni el pequeño propietario, quieren privarse. La pregunta acerca de cuántos incendios son provocados es ya tópica. Pero más allá de ella, ¿cuántos son mantenidos el tiempo necesario para que cumplan con su función económica? ¿cuántos y por quienes son “incentivados”? ¿cuántos rinden unos resultados en términos económicos a los que nadie quiere renunciar?

El capitalismo da, siempre y en todo momento, los mismos resultados: los recursos naturales y humanos se destruyen para obtener con ello toda la ganancia posible. De nuevo, los incendios de estos últimos días nos dan un buen ejemplo de ello, porque durante muchos años los responsables de las políticas de prevención, es decir, el propio Estado burgués en cualquiera de sus niveles responsables, han llevado a cabo una tarea de disminución del peso de la fuerza de trabajo, de los recursos humanos, de los proletarios en suma, en las tareas de prevención y sofoco de los incendios. La misma política que se sigue en cualquier empresa, donde se sustituye fuerza de trabajo por capital, manos por máquinas, para continuar el ciclo de valorización del capital, se sigue en el sector público: el empleo se precariza, los sueldos caen, los servicios se subcontratan, los contratos son cada vez más breves… incluso se llega a sustituir las torres de vigilancia por cámaras de circuito cerrado.

Aún así se podrá pensar que un incendio es una tragedia… ¿para quién? Ni el Estado burgués que lo permite ni la burguesía privada o pública que lo alienta lo ven de esta manera. La lógica capitalista del beneficio opera también en este ámbito. A medida que la economía rural, en la cual existían incentivos directos para las tareas de prevención porque el monte se utilizaba como fuente de unos recursos cuyo valor estaba en que se renovaban año a año, ha dejado paso a una economía capitalista altamente desarrollada, donde el beneficio está en gran medida en la destrucción, directa o indirecta, de los recursos. Así, los incendios se vuelven cada vez más difíciles de evitar y contener. Debe tenerse en cuenta que en esa economía rural (por lo demás capitalista también, aunque con un grado de desarrollo menor) el fuego siempre fue un recurso y una herramienta más que se utilizó para mantener la masa boscosa en unas dimensiones apropiadas y así evitar incendios tan violentos como los que vemos hoy, cuando el bosque resulta tanto más beneficioso cuanta más cantidad del mismo se puede destruir de una vez.

Otras de las frases gastadas de tanto usarlas estos días son los insultos que se cruzan de uno a otro bando político: las administraciones locales del Partido Popular contra el Gobierno central del Partido Socialista y viceversa, para achacarse la responsabilidad de los incendios. El juego democrático también saca un beneficio neto de esta situación. Cada situación, cada desastre natural, cada muerto, sirve para reforzar la idea de que las alternativas democráticas representan realmente opciones diferentes y que el proletariado puede (¡y debe!) adherirse a una de ellas para solucionar los problemas urgentes que le rodean. Pero lo que se busca con esto realmente es la adhesión al propio sistema democrático, la creencia de que la solución a los problemas que crea la burguesía se encuentra en las propias instituciones burguesas, la práctica tan extendida, tan impregnada en el cuerpo social del proletariado, consistente en delegar la lucha en defensa de su supervivencia en los mecanismos institucionales que regulan el gobierno democrático del país.

En la versión más extrema de este juego, una versión que cobra cada vez más fuerza porque responde a una tensión que afecta a todas las clases sociales y que aumenta poco a poco, se llega a hablar de España como “estado fallido” en la medida en que es absolutamente incapaz de responder a situaciones como la de estos incendios o como la de las inundaciones de Valencia hace 10 meses. Se trata, como decimos, de una versión aparentemente más radical, más dura, pero igual en esencia, de esa defensa del juego democrático al que llama la burguesía de todos los bandos y de todas las instituciones. ¿Qué Estado burgués es capaz de responder a la catástrofe que implica su propia existencia y la de la burguesía? ¿Bajo qué orden burgués no se producen catástrofes cada vez más ampliadas por la fuerza del propio desarrollo capitalista? La salida nacionalista de la crisis social, que a medida que se enerva la situación internacional y nacional más parece perfilarse en el horizonte, también necesita del refrendo democrático para triunfar.

Aunque hoy parezca una vía difícil de tomar, lejana e incluso inalcanzable, es la lucha de clase proletaria y no la confianza en ninguno de los señuelos democráticos que ofrece la burguesía la que podrá acabar con esta situación. Pese a que parezca extraña, poco concreta e irrealizable, es la única realista. En estos días lo que estamos viendo es el fracaso de cualquier otra opción.

Los proletarios son los únicos que tienen un interés claro en que la sociedad de la catástrofe sea aniquilada, en que las inmensas fuerzas sociales que el capitalismo dedica a mantener y reforzar el dominio de clase de la burguesía se destinen a lograr una sociedad en la que desaparezca la apropiación privada (burguesa, bajo todas sus formas) de la riqueza social. Para lograrlo, al menos para embocar la vía de la lucha anti burguesa y anti capitalista, la clase proletaria debe romper con la mixtificación democrática, debe despreciar el veneno que supone la fe, que desgraciadamente aún hoy tiene, en que la clase burguesa y su juego de alternancia parlamentaria o cualquier remedo autoritario de este, pueda suponer una salida a las catástrofes inducidas por la propia burguesía y su sistema. Debe revolverse, con toda su fuerza, contra el frente común que la burguesía le impone.

Lo hemos visto en los incendios, como lo vimos en las inundaciones de Valencia. Toda la fuerza social de los proletarios es democráticamente conducida hacia la política de colaboración entre clases que beneficia directamente a la burguesía. Esa colaboración convierte a los proletarios en voluntarios, en mano de obra gratuita con la que tapar el desastre, cuando ya no queda otra opción (y que además muere en esa labor), cuando toda su fuerza de clase debería dirigirse a golpear a la burguesía, a parar la producción, a obligarla a pagar por su economía de la catástrofe.

Del mundo del horror y la muerte que la burguesía depara a la humanidad sólo se saldrá mediante la destrucción del sistema capitalista y, para ello, la clase proletaria debe levantarse para hacerlo saltar por los aires.

15/08/2025

Partido Comunista Internacional

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La inflación es, hoy, uno de los principales problemas que afectan a las condiciones de vida de la clase proletaria.
No es un secreto: los medios de comunicación, los economistas, los “expertos” en cualquier materia que viven de los debates televisivos… todo el mundo tiene, continuamente, la inflación en la boca. En los ámbitos más elevados del análisis económico, la inflación es vista como el principal riesgo para la recuperación económica de la era post-covid y todos los partidos políticos parlamentarios urgen al gobierno a que tome medidas al respecto.

De acuerdo con la definición habitual, la inflación es un incremento de los precios sostenido en el tiempo que implica la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Es decir, es un fenómeno que encarece las mercancías (bienes y servicios) y que, por lo tanto, incrementa la cantidad de dinero que ha de pagarse por ellas. Como complemento, la inflación, para que exista, debe darse en el conjunto (o al menos en la mayor parte) de las mercancías, elevando su precio general: no tiene sentido hablar de inflación de la fruta o de la vivienda porque la inflación es un fenómeno general.
La inflación tiene su reverso, la deflación, que es justamente un incremento del poder de compra del dinero frente a las mercancías, es decir, un descenso sostenido a lo largo del tiempo del precio de estas.

A continuación mostramos un gráfico, elaborado por FUNCAS, un thin tank perteneciente a la Confederación de Cajas de Ahorros, que muestra las predicciones sobre la inflación para los próximos meses:

De acuerdo con esta institución “[…]la tasa de inflación se mantendrá por encima del 10% en julio y agosto. En los meses posteriores descenderá hasta situarse en torno al 8% en diciembre. La tasa media anual será del 8,9%. Para el próximo año se espera una tasa media anual del 4,8%, con un 3,5% en diciembre. La tasa subyacente se mantendrá en torno al 6% el resto del presente ejercicio, y descenderá el año próximo hasta un 2,7% en diciembre”.

Hay que precisar que sus datos se presentan como variación interanual: una variación de un 8% en el índice de precios al consumo para diciembre significa un incremento en ese porcentaje respecto al mismo mes del año anterior. El tercer gráfico muestra cómo el descenso en tasa interanual no significa que los precios no continúen creciendo.

La causa de este incremento de los precios, según este tipo de expertos, está en dos focos principales:
      - El primero de ellos, conocido por todos, sería el brutal encarecimiento de las materias primas energéticas (petróleo y derivados, pero sobre todo gas natural) como consecuencia de la guerra de Ucrania y el enfrentamiento con Rusia, que limita el bombeo de gas como medida de presión contra sus socios comerciales europeos.
       - El segundo, un desajuste en las cadenas de logística internacionales, que durante los meses de la pandemia sufrieron una aguda desinversión y que ahora son incapaces de mantener el ritmo productivo que exige la reanudación de la producción


Ambos factores implican, por un lado, que la producción de mercancías debe asumir unos costes mayores en el proceso de fabricación, derivados del mayor precio que se debe pagar por la energía y por el resto de productos que se incorporan al bien final y, por otro, que la salida al mercado de las mercancías producidas, que son a su vez necesarias para que otros sectores puedan funcionar, también será a precios mayores.

Siempre según los expertos economistas burgueses, la inflación causará un fuerte desajuste en los procesos de asignación de recursos productivos, es decir, que muchas empresas no podrán acceder a las materias primas por un precio razonable, etc., algo que necesitan para producir, y deberán cerrar, mientras que las que logren asumir el sobrecoste, lo harán trasladando dicho sobrecoste al precio final y, con ello, contribuirán a fortalecer la tendencia inflacionaria.
Por otro lado, el incremento de los precios de los productos básicos y de la vivienda, dañará la capacidad de compra de los proletarios que necesitarán un incremento salarial para poder mantener su nivel de vida. Esto llevará a un nuevo aumento de los costes de producción y, con ello, otra vez a reforzar el crecimiento de los precios.

Frente al fenómeno de la inflación, las autoridades políticas y económicas están reaccionando por dos vías. La primera de ellas, que corresponde a los Bancos Centrales, es el incremento de los tipos de interés. Sin entrar en más detalle, esto significa que se retira dinero de la circulación (técnicamente se habla de un “encarecimiento del precio del dinero”, pero hay que recordar que durante los dos años anteriores la inyección de dinero por parte de los bancos centrales ha sido muy elevada). Es una medida de las que se incluyen en la llamada “ortodoxia económica” y básicamente trata de equiparar el precio del dinero al precio de las mercancías haciendo que no haya un exceso del primero respecto de las segundas.

En general, la economía burguesa tiene el mismo valor científico que la homeopatía (ninguno) y este tipo de medidas, que producen un ajuste en ámbitos completamente secundarios y muchas veces con consecuencias peores de aquellas que se trataba de atajar, no tendrían ningún éxito si no fuesen acompañadas de otro tipo de medidas. Por ello, se ponen en marcha políticas encaminadas a hacer cargar sobre las espaldas de la clase proletaria los efectos de la inflación.

Como se ha dicho, el incremento de los precios, especialmente de los precios de aquellos productos que conforman la cesta de la compra básica para los proletarios, fuerza a un incremento salarial que permitiría a estos mantener su nivel de vida, dando lugar a un aumento de los costes de producción y, con ello, a los precios de las mercancías (bienes y servicios) producidos. Para la burguesía se trata de atajar esta situación limitando el incremento salarial.

Últimamente hemos oído hablar con mucha frecuencia de una medida de este tipo con el célebre “pacto de rentas”, que han defendido desde el Gobernador del Banco de España hasta las grandes centrales sindicales, pasando claro está por el “gobierno más progresista de la historia”. Este pacto de rentas, en principio, va destinado a empresas y trabajadores y funciona como una especie de compensación mutua: los trabajadores aceptan que sus salarios no se incrementen en función del aumento de los precios y los empresarios se comprometen a no aplicar el aumento de los costes de producción en la fijación del precio final. Con ello, en teoría, ambos “agentes económicos” asumen su parte en la tarea común de atajar la espiral inflacionista. Pero la realidad de este pacto de rentas es muy diferente a la versión idílica que proponen las autoridades políticas y económicas.
De acuerdo con el Banco de España, en el primer trimestre de este 2022, cuando el incremento de los precios ya se ha hecho notar con fuerza, “[…] los aumentos salariales pactados para 2022 en los convenios colectivos registrados hasta marzo se situaron en el 2,4 %, incremento que es claramente inferior tanto al registrado recientemente por los precios de consumo como al que se espera que estos muestren en el conjunto de este ejercicio. Por consiguiente, en la práctica los trabajadores están sufriendo una pérdida de poder adquisitivo”. Es decir, con una inflación, según los datos indicados más arriba, para este periodo, cercana al 9% de media los trabajadores habrían perdido un 6,6% del poder adquisitivo.

Se puede argumentar, con razón, que no todo el incremento de los precios afecta de manera igual a los proletarios, que por norma no consumen ni productos de lujo ni padecen el aumento de los precios de los bienes destinados a la producción.
Por ello se debe tomar como referencia el incremento de los bienes básicos. Según el estudio de FUNCAS del que hablábamos antes, “[…] la inflación correspondiente a los alimentos elaborados ascendió un punto porcentual hasta el 11%. Han continuado encareciéndose productos como pan, leche, queso y productos de panadería […] los alimentos no elaborados elevaron su inflación desde el 10,1% hasta el 13,6%, impulsados por las legumbres y hortalizas y por la carne de porcino. La inflación energética se disparó desde el 34,2% hasta el 40,8%. La electricidad se encareció un 9,1% mensual, los combustibles un 10,4% y el gas un 0,6%.”.

Como se ve, tomando sólo productos básicos y sin incluir la vivienda (que en ciertas partes de España llega a consumir el 60% del salario medio de un trabajador) la situación es aún peor.

Por parte de los empresarios, basta con ver el incremento general de los precios para entender que el descenso de sus márgenes de beneficio se ha reducido en una cuantía considerablemente menor. De hecho, el Banco de España, sin ningún tipo de hipocresía por su parte, todo hay que decirlo, llama a reforzar formalmente este pacto de rentas que en la práctica ya se está llevando buena parte del salario obrero, fijando especial atención en que los convenios colectivos que regularán los salarios para los próximos años se firmen sin incrementos salariales significativos.

A la luz de estos datos, se entiende sin dificultad que medidas como las relativas al salario mínimo de las que se vanagloria el gobierno de PSOE-Podemos tienen una relevancia nula: a día de hoy, un incremento del 3,63% del salario mínimo, supone un descenso real de un 6% de este. Lo mismo sucede con las pensiones y, a otro nivel, con los convenios colectivos que se han firmado en los últimos meses.



POR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA CLASE PROLETARIA

El deterioro de las condiciones de vida de los proletarios es más que notable. El descenso del salario real, de la capacidad de compra de una familia de clase obrera, es el mayor que se ha visto en las últimas cuatro décadas. Con toda seguridad la situación seguirá empeorando en el futuro, sobre todo cuando desde el gobierno y los sindicatos se lance una gran campaña de “solidaridad nacional” que, con la excusa de la guerra de Ucrania, y llamando a todos a comprometerse con la defensa de los valores democráticos y la economía nacional, se impongan políticas salariales más restrictivas aún y que tendrán consecuencias durante los próximos años.

Para entender con exactitud cuáles son las causas reales de esta situación, es necesario dejar de lado tanto las explicaciones que da la burguesía en materia de política económica como las consignas que lanzan las organizaciones patronales y sindicales.

En primer lugar, conviene saber qué es exactamente la inflación, de dónde viene y qué consecuencias reales tiene.
Para ello hay que entender unas nociones básicas de economía: bajo el capitalismo la producción de mercancías (sean estas bienes o servicios) se produce en el marco de la empresa, privada o pública, mediante la concurrencia de dos factores productivos principales, el capital y el trabajo.
El capital lo conforman la maquinaria, las instalaciones, la tecnología, etc. El trabajo es la fuerza de trabajo de los proletarios contratados.
El empresario compra la fuerza de trabajo de los proletarios por un tiempo determinado y la paga con un salario, que se corresponde con la cantidad de dinero que los proletarios necesitan para adquirir los productos necesarios para vivir.  De esta manera, el coste final de la producción incluye el coste salarial y el coste del capital (maquinaria, etc.). Pero es evidente que el coste de producción no se corresponde con el precio final de las mercancías producidas, existe un margen que constituye el beneficio del empresario. Este beneficio proviene de la diferencia entre el salario que se abona al trabajador (el valor de las mercancías que necesita para vivir) y el valor que el trabajador aporta al producto final. Si el empresario contrata al trabajador por 40 horas semanales a cambio de un salario que equivale a una determinada cantidad de mercancía, el trabajador no abandona su puesto de trabajo cuando ha aportado la cantidad de valor equivalente a su salario, sino que continúa trabajando hasta que llega el viernes a última hora.
La diferencia entre el valor que recibe como remuneración y el valor que aporta al producto final es la plusvalía (literalmente, valor de más). Esta plusvalía es la base del beneficio empresarial. En términos relativos, la tasa de ganancia es la plusvalía dividida entre el coste del capital y el coste salarial y la tasa de plusvalía, la plusvalía dividida entre el coste salarial. Como en una muñeca rusa, el beneficio depende de la tasa de ganancia y esta está directamente vinculada a la tasa de plusvalía.

El precio de una mercancía, por lo tanto, está determinado por varios factores. Los principales son el coste salarial, llamado capital variable (Cv), el coste del capital, llamado capital constante (Cc) y el beneficio, que depende de la tasa de plusvalía. Además, las fluctuaciones de la demanda provocan oscilaciones de este precio, pero este siempre tiende a gravitar sobre el valor de la mercancía, determinado por estos tres factores.

    Precio  aprox.= Valor = Cc + Cv + Beneficio (Plusvalía)

Dejando a un lado esas oscilaciones relativas en torno al valor de la mercancía, resulta evidente que el precio puede verse afectado por variaciones en cualquiera de los tres términos que componen el valor de la mercancía.
Un incremento del coste de las materias primas, el precio al que el empresario compra el gas necesario para producir, por ejemplo, incrementará el precio final del producto. Lo mismo sucederá si se incrementa el precio de las mercancías básicas que el proletario empleado necesita para vivir y este incremento se traslada al salario. O si el empresario decide aumentar su ganancia fijando un precio final mayor.

¿Cuál es el objetivo de la “lucha contra la inflación”? Que los precios se mantengan estables. Para ello, si suponemos que el coste del capital se incrementa y no hay manera de evitarlo, queda intervenir sobre el salario (Cv) o la ganancia que obtiene el empresario. Reduciendo cualquiera de los dos proporcionalmente, se podrá absorber el incremento del coste de las materias primas y evitar que este pase al precio final.

Sucede que el beneficio está directamente vinculado al salario, porque viene determinado por la tasa de ganancia y esta es proporcional a la tasa de plusvalía. Si se incrementa el precio del capital constante, se incrementa el precio del capital variable (porque se traslada al salario el incremento del precio de los bienes de subsistencia) necesariamente se reducirá la tasa de ganancia que obtiene el empresario y la tasa de plusvalía. El precio final queda igual y el empresario gana menos.

Se puede pensar que esto es una ingenuidad: si con un euro invertido en producir, el empresario no obtiene el beneficio que cree que debe obtener, y que de hecho observa que se obtiene en otras ramas de la producción, por ejemplo en aquellas que producen bienes de consumo básico que sí han incrementado su precio, no invertirá ese euro y la industria desaparecerá. Y esto, si suponemos que el descenso de la tasa de ganancia y de la tasa de plusvalía es suficiente como para desmontar toda la inversión previamente realizada y echar el cierre, puede ser cierto. Porque, en general, existen dos tipos de mercancías: aquellas que se producen para con ellas producir otras mercancías, que son los llamados bienes de producción, y aquellas que se producen para el consumo inmediato y que, a su vez, pueden ser bienes básicos o de lujo (los bienes básicos los compra el proletario, los de lujo el burgués). Suponiendo que, por la caída de la tasa de ganancia y de la tasa de plusvalía, no sale rentable producir bienes industriales mientras que sí lo es producir bienes de consumo inmediato, si se produce una desinversión en la producción de dichos bienes industriales realmente lo que sucederá será un trasvase de esta inversión hacia la producción de bienes de consumo inmediato. Con ello, al incrementarse la oferta de estos bienes, su precio tenderá a disminuir y el objetivo final, el control de precios, se habrá realizado igualmente.

Obviamente en este proceso de control de la inflación mediante la limitación de la ganancia empresarial se producirá un fuerte reajuste en términos de capital: además de perder una parte notable de sus beneficios, muchos empresarios no podrán trasladar su inversión a los sectores rentables de la economía, o lo harán perdiendo aún más parte de su ganancia. Pero esta parte dramática del ajuste recaería, en este caso, sobre una parte de la clase capitalista y no sobre la clase proletaria.

Los párrafos anteriores sirven para mostrar que la política del pacto de rentas, que busca limitar el crecimiento del salario de los trabajadores, es un intento de la clase burguesa de imponer sus exigencias económicas a la clase proletaria: no es la única solución plausible a un fenómeno inflacionario como el que vivimos, pero es la única que garantiza que la ganancia empresarial no disminuya. Lo que estamos viendo es, en toda regla, una ofensiva de la burguesía sobre el terreno de la lucha de clases.
De hecho, es una ofensiva que ya está teniendo lugar.
En España, por ejemplo, desde hace más de un año estamos viendo toda una serie de huelgas, especialmente en el sector del metal, por motivos salariales. De Cádiz a Cantabria, pasando por Vizcaya y La Coruña, hemos asistido a fortísimas movilizaciones derivadas de las negociaciones de los convenios colectivos. En todas estas negociaciones la patronal ha tratado de imponer unas condiciones salariales que no reconociesen el incremento del coste de la vida, actuando de manera perfectamente organizada y con un objetivo económico claro: contener la inflación por vía salarial.

La lucha en torno al problema de la inflación no es, está claro, una cuestión de simple teoría económica porque tiene implicaciones bien reales. El hecho de que todas estas luchas se hayan saldado con un fracaso de las exigencias de los trabajadores, que han aceptado en todo caso mejoras salariales inferiores a las que planteaban en un principio, muestra que la burguesía está completamente decidida a imponer a los proletarios los sacrificios necesarios, para solucionar el problema económico del incremento desmedido de los precios.

En los Estados modernos, las negociaciones laborales son cuestiones de Estado: están reguladas estrictamente por ley, están perfectamente pautadas por los organismos de intervención estatal, recaen en última instancia en el propio Estado como garante de las mismas, etc.
Estas leyes, que van desde la regulación de las huelgas hasta la capacidad del Estado para intervenir en las negociaciones como parte más allá de la cual no cabe apelación, obligan a los proletarios a enfrentarse al conjunto de la clase burguesa y a su Estado: mientras que para los proletarios las huelgas de solidaridad, por ejemplo, están prohibidas, los servicios mínimos son de obligado cumplimiento, etc. para los empresarios no existen límites de ningún tipo, pueden recurrir al Estado como fuerza última en la negociación, etc., además de ver garantizados sus “derechos” de asociación sin traba ninguna. Es más, junto a esta poderosa organización burguesa, se colocan las organizaciones sindicales que basan su acción en la concertación y la defensa del pacto social entre burgueses y proletarios. Esas mismas organizaciones sindicales que hoy corren para afirmar su disposición a aceptar el pacto de rentas que se propone desde las instancias oficiales de la burguesía. Por eso hemos visto, en Cádiz o en Cantabria, cómo las organizaciones sindicales actuaban de la mano de la patronal para obligar a los proletarios a ceder en sus exigencias: en Cádiz, intentando romper la organización que los trabajadores se daban fuera de sus estructuras e imponiendo la vuelta al trabajo, en Cantabria aislando la lucha en los límites regionales mientras que a pocos kilómetros, en Vizcaya, se desarrollaba una huelga por motivos similares y haciendo pasar por bueno un acuerdo que asumía plenamente las propuestas de la patronal.

La inflación, para patronal, Estado y sindicatos colaboracionistas, es un problema central y van a intentar por todos los medios hacerlo recaer sobre los hombros del proletariado. Pero la “solución obrera” a esta cuestión, la lucha por la defensa intransigente de un salario que permita vivir, porque la patronal corra con los costes de la inflación, también está sobre la mesa. No se trata, de nuevo, de un problema de teoría económica, sino de la posibilidad de que los proletarios luchen rompiendo con la política de colaboración entre clases, negando ningún tipo de solidaridad con la patronal, desentendiéndose de los problemas que esta pueda tener y que intenta hacer pasar como comunes al conjunto de la sociedad.

La lucha por el salario es una de esas situaciones en las que se resume toda la cuestión de la lucha de clase. O el proletariado es capaz de lanzarse a la lucha, de proseguir con esta hasta vencer, o la clase burguesa le impondrá sus exigencias y con ello le garantizará años de penurias y miseria.