ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS,
las remunicipalizaciones y la lucha de clase
El servicio de recogida de papel y cartón ha sido el último "servicio remunicipalizado": 12 trabajadores en concreto, de los cuales 11 son conductores y 1 peón especialista, que pasaron al servicio de limpieza en la primera semana de octubre del pasado año. Estos trabajadores están subrogados con sus derechos adquiridos, realizando las mismas labores que venían desempeñando hasta ahora.
EL CASO DE AQUAVALL
La entidad pública de Valladolid Aquavall cumple cinco años de gestión del agua en la ciudad.
“Es buen momento para valorar qué había de cierto en las palabras de aquellos que se opusieron al proyecto”, ha señalado el primer edil vallisoletano, ya que se argumentó que la gestión pública del agua iba a encarecer el servicio en la ciudad, sin embargo, el alcalde ha explicado que durante este periodo el precio se ha mantenido estable, es decir, ha permanecido “congelado”. Otro argumento que se utilizó es que la plantilla corría el riesgo de ser despedida, pero la “realidad desmiente esta ficción”, ha reiterado Puente, dado que “todos los trabajadores que en aquella época formaban parte de la empresa siguen trabajando en ella pero ahora como funcionarios, con todo lo que ello conlleva”.
En cuanto a las cifras, el regidor municipal ha explicado que la empresa Aquavall genera beneficios de 13 millones de euros al año, en contraposición a los 5,6 que registraba la entidad al año durante su gestión privada, “pero la cuestión es que esos 13 millones se reinvierten de manera íntegra en todo lo relacionado con el ciclo del agua, algo que resulta necesario ya que la red del agua estaba muy abandonada”. Puente también ha asegurado que los servicios “deben ser gestionados de manera pública, siempre que no haya consejo contrario”, ya que Aquavall “ha demostrado a los ciudadanos que pueden contar con una empresa pública que no les cuesta y que tiene una serie de bonificaciones para las personas más desfavorecidas”. “Con lo público se puede gestionar mejor, obtener más beneficios y gestionar de manera más eficiente el servicio del agua, lo cual configura una forma de entender la gestión que se contrapone a lo que se ve en ciudades como Madrid, donde se privatizan servicios que deberían pertenecer a los ciudadanos”, ha concluido. “La empresa ha cumplido con creces el objetivo de mejorar la red pública de Valladolid, ya que tres de cada cuatro euros se han invertido en la mejora del saneamiento de 95 kilómetros de conducciones en la ciudad”. Este tipo de inversiones “van a seguir afianzando el modelo de gestión pública del servicio, y van a impulsar que se siga avanzando con nueva técnicas y materiales novedosos”. "En cuanto a las tarifas congeladas, fue uno de los “mantras, ya que fue una de las principales oposiciones a la decisión y se decía que se iba a disparar el precio, pero el Ayuntamiento ha demostrado que esto no es así”. “La gestión pública da resultados y se ha convertido en un referente por su vinculación con la sociedad vallisoletana al haber puesto el énfasis en consumir de manera responsable porque es un compromiso del Ayuntamiento”, ha señalado la concejala de TOMA LA PALABRA, María Sánchez.
Sánchez ha recordado que en el estudio previo que se hizo cuando cambió la legislatura, los datos apuntaban a que en 15 años iban a estar renovados los tramos necesarios, una cuestión que “dependía” del estado en el que se encontrasen las instalaciones, pero ha reiterado que en ese periodo se logrará la renovación completa, en la medida en que estos cinco años “han demostrado que si se sigue este ritmo la renovación será clara”. En este proceso de renovación, durante este periodo, se ha llevado a cabo el nueve por ciento del total planteado, y en lo que respecta a los canales de abastecimiento se puede hablar de un 15 por ciento cubierto de fibrocemento (AMIANTO).
Los otros dos grandes servicios "remunicipalizados" son NEVASA (cementerio municipal) y el Parking de la Plaza Mayor que queda incluido en la sociedad MOVASA.
Veamos el caso de NEVASA tal y como lo relata la web de TOMALAPALABRA:
"Nuestra concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y presidenta del Consejo de Administración de NEVASA, María Sánchez, ha rubricado en la mañana de hoy la adquisición de la empresa que gestiona los cementerios y servicios funerarios. Gracias a este trámite, la empresa pasa a ser de titularidad municipal al cien por cien después de casi 30 años de participación privada.
“Hoy desde el Ayuntamiento de Valladolid hemos firmado la adquisición del cien por cien del accionariado de la empresa NEVASA. Hasta hoy era una empresa mixta, participada en el 51% por el Ayuntamiento y en el 49% por una empresa privada. Desde hoy esta empresa mixta pasará a ser de gestión cien por cien pública. Entendemos que es una buena noticia desde el punto de vista económico para las arcas municipales y también para la ciudadanía vallisoletana y desde el punto de vista social. Queremos seguir por el camino que llevamos marcando los últimos años desde el punto de vista social, y más en un servicio tan sensible y tan básico como es la despedida de nuestros seres queridos”, ha afirmado María Sánchez.".
Sobre el caso del Parking las últimas noticias afirmaban que "el Ayuntamiento de Valladolid ha obtenido cerca de medio millón de beneficios durante los seis primeros meses de gestión pública del aparcamiento de la Plaza Mayor frente a los 6.500 euros que recibía al año de la adjudicataria. Desde el Consistorio han apuntado que la remunicipalización ha permitido mejorar las condiciones de los empleados, con una subida salarial del 6,5%. Así lo ha explicado el regidor vallisoletano a los medios de comunicación en la Plaza Mayor, donde ha dado algunos detalles del informe elaborado por la empresa municipal de transporte, Auvasa, que se encarga de la gestión pública del aparcamiento desde el pasado 4 de enero".
Ante estas situaciones, surgen algunas preguntas...
Si la remunicipalización es tan positiva ¿por qué no se prueba a hacer en otros ámbitos municipales como Parques y Jardines, la FMD y, sobre todo, la gestión de los residuos y el vertedero muncipal?
¿Si el planteamiento es de "defensa de la gestión pública", cómo es que nos encontramos situaciones como la de los trabajadores de MEG en el LAVA con meses sin cobrar?
¿Qué ocurre con esas empresas que siguen recibiendo servicios cuando han sido denunciadas por los trabajadores en varias ocasiones y se han producido serios problemas en algunos servicios concretos?
¿Qué interés existe para seguir con el modelo público-privado de gestión más que para engordar a ciertos amiguetes ya que el Estado sirve siempre de sostén de las pérdidas de la clase burguesa?
Si entráramos servicio por servicio (servicio municipal, se entiende) nos encontraríamos con una situación del todo variopinta, como si de empresas privadas se tratase... Servicios municipales de gestión privada, servicios municipales de gestión público-privada, servicios municipales de gestión pública a través de fundaciones que subrogan determinadas partes de la actividad a empresas privadas, etc., etc. El sector público no es distinto del sector privado: eso sí, el sector privado no se va a preocupar de lo que no suponga un beneficio económico inmediato y/o a medio plazo. Este caso lo vemos perfectamente en el Cementerio Municipal: un servicio público que debería ser no solo público sino totalmente gratuito.
SOBRE LA DEFENSA DE "LO PÚBLICO"
La consigna “defensa del sector público” implica la idea de que en la propiedad estatal de determinadas empresas y en la provisión de algunos servicios (sanidad, educación, etc.) existe o bien un avance hacia el socialismo o, al menos, una contención de las tendencias más salvajes del capitalismo. La propiedad de las empresas puede concentrarse en manos estatales sin violar las leyes económicas capitalistas, es decir, manteniendo la ganancia en manos privadas. Por lo tanto, afirmar que con el control estatal de parte de la economía esta “es menos capitalista” implicaría confundir economía con propiedad y otro sinfin de confusiones.
Pese a lo que sucede en ciertos ámbitos (como la judicatura o la clase médica) no siempre el sector público ha garantizado mejores condiciones de vida a los proletarios. Y esto solo lo hace en la medida en que la propia burguesía puede valerse de ellos en el doble aspecto de medida económica y medida de contención social. Defender que el sector público pueda ser el garante de las condiciones de vida de los proletarios implica una dejación absoluta de las tareas que la clase proletaria debe asumir en su lucha.
Sobra decir que el Estado pertenece a la clase burguesa y aunque no lo hace a toda ella, sí que cumple la función de defender sus intereses de conjunto.
Por lo general, el Estado absorbía las grandes empresas de importancia estratégica que registraban déficits de capital en tiempos de crisis y ampliaba su función a la producción industrial convirtiéndose en su propietario absoluto o accionista mayoritario. Forma parte de la política social de la clase burguesa dominante -con el fin de aumentar el control social sobre el proletariado por medios pacíficos y, tendencialmente, más duraderos- conceder "garantías" al proletariado (especialmente al proletariado directamente dependiente de la administración pública) en forma de amortiguadores sociales y protecciones especiales, demostrando así que el Estado trabaja por el "bien común".
La garantía de un puesto de trabajo y, por tanto, de un salario en el sector público, que antaño se pregonaba como una certeza perenne, ha quedado desmentida por la evolución real de las cosas: el Estado ya no es el garante por excelencia, también se ha convertido en un fabricante de precarios y parados (véanse, por ejemplo, los sectores de la sanidad, la educación ...). No obstante, se mantiene vivo el mito del empleo en el sector público como un lugar, si no seguro para siempre, al menos "más seguro" que otros. Y este mito desciende del otro mito original: el Estado como entidad por encima de las clases, como la única que puede garantizar un justo equilibrio entre los intereses contrapuestos de proletarios y patronos, como la entidad que, disponiendo de gigantescos recursos económicos y financieros, puede decidir utilizar más de ellos en beneficio de los trabajadores de lo que ocurre actualmente.
En realidad, los proletarios del sector público -en las escuelas, la sanidad, los ferrocarriles, el transporte aéreo o marítimo, los servicios postales, las telecomunicaciones, etc.- cuando se movilizan lo hacen, como el resto de proletarios en su sector, principalmente para defender intereses económicos inmediatos, es decir, salarios, horas de trabajo, descansos, turnos, carga de trabajo, etc. Todos estos intereses inmediatos han sido ensamblados por los sindicatos mayoritarios y oportunistas en la "defensa del sector público" al que de hecho pertenecen todas esas actividades, argumentando que el servicio público debe prevalecer sobre el servicio privado porque concierne indistintamente a todos los ciudadanos y no sólo a una parte. Razonamiento que en sí mismo tiene un fuerte asidero precisamente porque los proletarios experimentan en carne propia la diferencia de trato entre los que tienen mucho dinero y los que viven sólo de su salario.
Por lo tanto, en esta reivindicación se mezclan dos aspectos: la defensa de los puestos de trabajo y, por lo tanto, de los salarios, que parecen estar más garantizados por los organismos públicos, y la defensa de un servicio que concierne a la masa del proletariado que constituye la mayoría de la población. Desde este punto de vista es comprensible que los proletarios del sector público defiendan que se trata de un servicio público, por lo tanto útil "para todos" indiscriminadamente. Por lo tanto, mezclan reivindicaciones económicas con una reivindicación política, porque el hecho de que quieran mantener esos servicios bajo la gestión del Estado burgués es una reivindicación política.
Y es exactamente sobre esta reivindicación política sobre la que los sindicatos y los partidos oportunistas se apalancan para mantener a los proletarios aferrados a la actual organización social para la que prevén que esta reivindicación política se extienda a otras actividades económicas: de ahí su amor por las remunicipalizaciones y/o nacionalizaciones que allanarían su supuesto camino al socialismo.
¿Qué debemos oponer a la reivindicación de la defensa del sector público?
El hecho de que las reivindicaciones proletarias, para ser realmente efectivas en el tiempo y en el espacio, deben ir más allá de la división de los proletarios en sectores diferenciados, en público / privado, joven / viejo, fijo / discontinuo, etc., y, en particular, reconocer que el Estado es un órgano de dominación de la burguesía y que su defensa significa defender el sistema económico y social vigente, que provoca las crisis, guerras y todas las contradicciones y penurias en las que el proletariado está constantemente sumido.
No corresponde a los proletarios del sector público defender al Estado, como no corresponde a los proletarios de las empresas privadas defender a las empresas en las que trabajan.
¡Por un salario que compense el aumento del coste de la vida!
¡Por un salario de desempleo para todos los proletarios despedidos y parados!
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