Comunicado de LA MOLINERA ante los últimos acontecimientos
El martes 29 por la noche dos policías nacionales se
presentaron en el domicilio de un compañero para entregarle una citación
en la que le demandaban
presentarse a la mañana siguiente en la Comisaría de las Delicias para
declarar por un presunto delito de coacciones contra los representantes
del fondo buitre que ha adquirido la titularidad de la propiedad de La
Molinera, en relación con los hechos acontecidos el lunes 21 de marzo,
cuando se produjo un desalojo irregular del espacio. El miércoles, el
compañero se personó con la abogada y, acogiéndose a su derecho a no
declarar en comisaría, fue sorprendentemente detenido y se le tomaron las huellas y datos.
Tras ello, alrededor de una hora y media después de entrar, fue puesto
en libertad y será llamado a declarar por los citados hechos ante el
juez.
Un segundo compañero ha pasado por similares trámites el jueves 31 de marzo,
acusado de la comisión del mismo delito. Así son las cosas para los
activistas de los movimientos sociales: la policía se persona en tu
domicilio, no te citan en el juzgado, te obligan a ir a comisaría en el
plazo de unas pocas horas (lo que dificulta presentarte con un abogado
de confianza) y allí te detienen al acogerte a tu derecho a no declarar,
te fichan y luego ya te pasan a disposición judicial, sin aportarte una
copia de la denuncia. Dado lo anómalo del caso, cuanto menos podría
imaginarse algún tipo de connivencia entre los especuladores y un sector
del aparato policial, además de los archiconocidos ficheros de
activistas que la Brigada de Información maneja.
¿Quiénes han denunciado sentirse coaccionados?
Son los presuntos representantes de la empresa, que se identificaron
allí mismo el 21 de marzo, ante los numerosos medios de comunicación,
como “brokers”, y que abandonaron el inmueble
voluntariamente por su propio pie al señalarles de manera cortés que
estaban en un domicilio particular en contra la voluntad expresa de su
residente, y que habían formado parte de un desalojo irregular, no comunicado a los ocupantes del edificio y ejecutado por la Secretaría Judicial y la Policía Municipal.
Nos parece oportuno explicar algo más sobre la empresa que sobrevuela La Molinera, Kelona Invest S. L., a la que calificamos de “fondo buitre”.
Kelona fue constituida hace 5 años. El “objeto social” de Kelona (esto
es, la actividad que desarrolla) es la adquisición, tenencia y
explotación de bienes inmuebles, siendo su función principal la promoción y compraventa inmobiliaria.
Las últimas cuentas accesibles de esta empresa son las
del año 2019; para entonces, contaba con unos activos corrientes
superiores a 54 millones de euros (se trata de la cantidad que la
entidad puede convertir en dinero líquido en 12 meses).
¿Quién está detrás de esta empresa? Aunque sometida a un constante baile de cargos, por lo que es complicado hacer una foto fija de sus representantes, no
es necesario hacer una gran investigación para entender que forma parte
de un entramado empresarial, al estilo “muñecas rusas”, con sociedades
que tienen un propósito limitado y unas funciones muy acotadas. Las
mismas personas aparecen en cientos de empresas, ejerciendo cargos
distintos, durante unos meses o unos pocos años. Como si de un tumor
maligno se tratase, estas empresas se dividen, aumentan, mutan, se
diseminan y van extendiéndose sin control, poniendo en riesgo a la
sociedad. Veamos algunos nombres que aparecen como administradores:
* Antonio Rodríguez de Santos, quien según el Boletín Oficial del Registro Mercantil ha participado o participa en 600 empresas distintas; https://www.empresia.es/
* Fabio Marcello Barbagallo Cibrian, con unas 400 empresas asociadas: https://www.empresia.es/
* Belén Garrigues Calderón, con más de 1.000 empresas asociadas: https://www.empresia.es/
Puede hacerse similar ejercicio a través de este enlace con el resto de sus socios: https://www.empresia.es/
Pese a ser “empresarios de éxito”, a juzgar por sus
“muchos negocios”, apenas hay disponible información en internet sobre
estos personajes, más allá de su relación con estas sociedades dedicadas
a la especulación inmobiliaria.
Su sede está, según la fuente consultada, en la Calle
Albacete de Madrid o bien en la Calle Príncipe de Vergara en el lujoso
distrito de Salamanca, compartiendo domicilio con decenas de
empresas de similar naturaleza, entre las cuales destaca la que es
matriz de todas ellas: HipoGes Iberia, que factura ya más de 30.000
millones de euros, lo que supone, por ejemplo, seis veces más
que el total del presupuesto destinado a Sanidad en Castilla y León en
2022. HipoGes Iberia, como el ave rapaz, sabe bien dónde encontrar
sustento: nació en 2008, al calor de la crisis,
y opera en los estados del arco mediterráneo, los más afectados por
esta: España, Portugal, Italia y Grecia; desde entonces no ha dejado de
extender sus tentáculos para rentabilizar activos tóxicos. ¿Y quién la
constituyó? Pues ni más ni menos que antiguos ejecutivos de Lehman
Brothers, listos para sacar rédito de la gestión de la misma ruina que
ellos habían provocado. De HipoGes ya es mucho más fácil
obtener noticias: a parte de la propaganda financiera, su nombre y el de
sus filiales aparece casi siempre asociado con desahucios. Sus
principales clientes: el Banco Santander, el SAREB, J. P. Morgan, etc.
Por su parte, la propia HipoGes Iberia está relacionada con otros fondos
internacionales de inversión mucho mayores.
Así que los campeones de la coacción, quienes trabajan
como carroñeros para acumular propiedades, activos y masa monetaria,
quienes tienen infinidad de recursos económicos y legales a su
disposición, quienes pueden moverse como pez en el agua por todo un
entramado institucional y jurídico que favorece sus actividades
ilícitas, nos vienen acusando de coacción. Pero el emperador está
desnudo. Todo el mundo sabe que la economía criminal campa a sus anchas y
liquida progresivamente nuestros derechos, acceso a la vivienda, los
servicios públicos y nuestra calidad de vida. Hay quienes no se atreven a
plantar cara, quienes se resignan, quienes dicen no saber cómo o qué
hacer frente a estas dinámicas que nos van arrinconando.
Nosotras
y nosotros estamos dispuestos a poner toda nuestra inteligencia,
tiempo, recursos y cuerpos para dar esta batalla hasta el final. Ya no
se trata solamente de evitar que un patrimonio comunal -como lo es La
Molinera para la ciudad de Valladolid, para sus jóvenes y sus
movimientos sociales- pase a convertirse nuevamente en objeto de
especulación. Es una batalla por la simple y pura dignidad, por
principios, por la defensa de la soberanía de nuestra ciudad frente a
quienes le venden el país al Gran Capital, nacional o extranjero.
Así que esto es lo que hay. Por un lado, un entramado
empresarial con cientos de sociedades dedicadas a la rapiña
especulativa; por el otro, vecinos y vecinas de Valladolid comprometidos
y comprometidas con los barrios de su ciudad que pretenden de una vez
por todas que la ley esté supeditada a la justicia social y no al poder
económico. Y en medio, un Bien de Interés Cultural abandonado por las
instituciones.
La Molinera no se vende, La Molinera no se rinde.
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Ndr. Después de los sucesos acaecidos en el "desalojo frustrado" del centro social okupado La Molinera de Valladolid, nos llega este comunicado en el que se denuncia la represión a la que están siendo sometidos los militantes del colectivo. Desde este medio, siempre estaremos CONTRA LA REPRESIÓN a lxs que luchan.
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