[Valladolid] El alcalde imputado por las modificaciones irregulares en el PGOU

Publicado por valladolor martes, 19 de junio de 2012


EUROPA PRESS. 05.06.2012

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Francisco Javier (Napo)León de la Riva, ha sido citado a declarar el próximo día 12 de julio en calidad de imputado en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 1 con motivo de las modificaciones irregulares realizadas en 2003 en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid que, supuestamente, pretendían beneficiar a diversos constructores.
La citación del máximo regidor vallisoletano se produce después de que la fiscal jefe de Valladolid, Esther Pérez Jerez, y la fiscal del caso, Ana Valle, mantuvieran hace tres semanas en Madrid un encuentro con miembros de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado con el fin de recabar la opinión del departamento que dirige Eduardo Torres Dulce respecto de tal posibilidad, según una información del Diario El Mundo recogida por Europa Press.
Evacuada dicha consulta, cuya trascendencia en los medios de comunicación ha sido interpretada por León de la Riva como una "filtración interesada para tratar de presionar al Fiscal General", la Fiscalía Vallisoletana ha recibido finalmente luz verde para citar al primer edil del PP como imputado, algo que en los últimos meses ya han hecho el exconcejal de Urbanismo José Antonio García de Coca, seis técnicos municipales y varios constructores.


Denuncia en 2008


El denominado 'Caso del PGOU' de Valladolid fue llevado a la Fiscalía de Valladolid el día 7 de julio de 2008 por el Grupo Municipal Socialista, que denunció ya entonces la modificación ilícita de 67 artículos y cinco planos —el Ayuntamiento reconoció errores en ocho epígrafes y cinco planos— y consideró como principal responsable al exedil de Urbanismo, a quien imputaba por las manipulaciones en el planeamiento urbanístico de la ciudad en los últimos días de agosto de 2003, entre su aprobación provisional por parte del Pleno y la definitiva por parte de la Junta.
"A partir de ese momento, el concejal de Urbanismo y quizás otras personas realizaron alteraciones subrepticias en el texto refundido que fueron enviadas de nuevo a la Consejería de Fomento para ser publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León", denunció cinco años después el que hoy sigue siendo presidente del Grupo Socialista, Óscar Puente.
La denuncia de los socialistas fue puesta en manos del Juzgado Decano por parte de la Fiscalía vallisoletana, que pidió la declaración de García de Coca como imputado y apuntaba la posibilidad de recabar el testimonio del propio alcalde y del consejero de Fomento, Antonio Silván, así como de encomendar a la Policía Judicial la investigación con el acceso a toda la documentación mencionada y averiguar qué personas se beneficiaron de las modificaciones realizadas en el texto del PGOU.
Las modificaciones afectan, entre otros, al ático del alcalde, cuya edificabilidad aumentó fuera de lo estipulado en el PGOU presentado. Las modificaciones, realizadas una vez aprobado el PGOU, se querían hacer pasar por debajo y por detrás como si nadie en esta ciudad fuera a darse cuenta del cambiazo.
Aunque los hechos fueron denunciados por el grupo de concejales socialistas, éstos no han podido personarse en las diligencias debido a la elevada fianza exigida, algo que, por el contrario, sí han logrado hacer la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, que figura como acusación pública tras desembolsar 8.000 euros de fianza.



CAMBIAZO URBANÍSTICO EN VALLADOLID.

[noticia extraída de El País, llunes 18 de junio de 2012]

Alguien le dio el cambiazo al urbanismo de Valladolid. Una o varias personas modificaron más de 60 artículos y cinco planos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2003 una vez este ya había sido aprobado. Lo hicieron pensando que nadie se daría cuenta de ello. Y casi lo consiguen. Es un hecho peculiar entre los muchos casos de corrupción urbanística que han castigado a España y afecta al alcalde León de la Riva, el más lenguaraz de cuantos alcaldes tiene el PP en las capitales de provincia. Acostumbrado a hablar más de la cuenta y a patinar con sus comentarios sexistas, calla en este caso: acaba de ser imputado por un juez y tendrá que declarar el 12 de julio.
El caso ni siquiera tiene nombre. No viene precedido de una operación policial. No hay intervenciones telefónicas que amenicen la investigación, ese tipo de jugosa conversación entre el que compra y el que se vende. En el asunto del cambiazo de Valladolid no hay este tipo de divertimento, sino una suma de denuncias, de procedimientos administrativos con sus plazos correspondientes, de informes técnicos que debe ser cotejados y de sentencias de anulación. Es el lento proceder de la Administración, sumado al más lento de la justicia. Entre tanto tecnicismo, solo hay dos detalles que llaman la atención a cualquiera. Uno es el informe policial donde se identifica que el cambiazo se ejecutó en un ordenador. El otro es el testimonio de un religioso que viene a significar que el alcalde estaba al tanto de los retoques en una parcela que afectaba a Cáritas.
El cambiazo se ejecuta entre el 23 de septiembre y el 15 de diciembre del año 2003, así que han pasado casi diez años de aquellos hechos. La policía determina que esas modificaciones se hacen en un solo ordenador, e identifica que pertenece a un funcionario, que es el arquitecto municipal Luis Álvarez Aller, pero... su contraseña era de dominio público, así que Aller o cualquier otro pudo o pudieron hacer modificaciones en un plan ya aprobado.


Una modificación permite 124 viviendas donde cabían nueve chalés


Cambiar el PGOU era innecesario. El PP dominaba el Ayuntamiento de Valladolid con mayoría absoluta. Podía aprobar cualquier plan que diseñara. El PGOU se aprueba el 7 de marzo de 2003 tras cumplir todos los requisitos, entre ellos un plazo de exposición pública. Ese PGOU se envía a la Junta de Castilla y León para que lo ratifique y la Junta pide que se hagan una serie de correcciones de poca importancia. Pasan unos meses en los que el plan baila en trámites de subsanaciones y correcciones, hasta que definitivamente se publica en el Boletín Oficial. Pero en esos meses de trámites nunca muestra su verdadera cara, la que tiene una vez aprobado. Hay un día especialmente laborioso, el 13 de noviembre de 2003, cuando el ordenador de Aller echa humo y se ejecutan alteraciones de importancia.
Por ejemplo, en el plano 54-07. En este plano se permite un desarrollo urbano de una extensión de 18.704 metros cuadrados en un terreno colindante con las instalaciones de Renault a las afueras de la ciudad. El texto limita el desarrollo a una vivienda por “parcela mínima de 2.000 metros cuadrados”. El cambiazo hecho en el ordenador permite que las parcelas mínimas sean de 300 metros cuadrados y que en vez de una se hagan dos viviendas. El resultado es que donde cabían nueve chalés, entran 124 viviendas en 64 parcelas con el plan modificado. Lo cual permite un posible beneficio de 12 millones de euros.
Otra modificación de ese día: el artículo 307.2. El texto aprobado dice: “Con la excepción de despachos profesionales ligados a la propia vivienda, no puede situarse ningún otro uso no residencial”. La reforma del texto cambia la redacción: “Con la excepción de despachos profesionales no puede situarse ningún otro uso no residencial”. Esa modificación permite autorizar que se instalen despachos profesionales sin que haya vinculación con los propietarios de las viviendas, justo lo contrario de lo que pretendía el plan aprobado.


Otra logró que una vieja fábrica de harina se convirtiera en hotel de lujo

Otro caso: el artículo 368. Se refiere a otros usos que se le pueden dar a las edificaciones. Esta vez aparece un párrafo nuevo, que dice lo siguiente: “En Industria urbana en edificaciones catalogadas se admiten también usos de comercio y servicios, hostelería y hospedaje hasta el 100%”. Esta inclusión parece hecha a la carta para que la antigua fábrica de Harinas La Perla, situada en el desagüe del Canal de Castilla y construida en 1851, recibiera licencia en 2006 para transformarse en un hotel de cinco estrellas. Lo que es curioso en este caso fue que el propietario de dicha fábrica solicitó que en el plan general se permitiera la recalificación de la fábrica para uso hostelero y fue denegada en 2002. ¿Qué pasó para que en aquel día de 2003 se permitiera lo que se había denegado con anterioridad?
Y así hasta más de 60 artículos y cinco planos del texto aprobado. La justicia trata de desentrañar dos cuestiones en este asunto: quiénes lo hicieron y a quiénes favorecieron. Porque el Ayuntamiento no se ha beneficiado de casi ninguna de estas modificaciones. Más bien, al contrario. De hecho, hay tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anulan 11 artículos y 5 planos.
¿Qué ha tenido que ver el alcalde de Valladolid con todo esto? ¿Dónde podría intervenir si son cuestiones áridas y técnicas, propias de expertos? Podría decirse que León de la Riva es un verso suelto en el PP, si no fuera porque sus declaraciones más llamativas poco tienen que ver con la gestión política. León de la Riva tiene un concepto muy discutible de la dialéctica, sobre todo cuando se refiere a sus rivales y máxime si estos son mujeres. Compañeras de partido le han afeado la conducta, pero no han conseguido que rectifique. El último exabrupto es de hace unos días, cuando hizo una alusión a la cartera básica de servicios en la sanidad púlica y añadió que deben quedar fuera “los cambios de sexo y el trasplante de cerebro”.

Ginecólogo de profesión, se le atribuyó en su día, en las filas de su propio partido, no tener más méritos que ser el ginecólogo de Ana Botella, la mujer de Aznar, de quien fue consejero de Cultura en la Junta. Lleva en la alcaldía de Valladolid desde 1995. Es uno de los diplodocus del PP en las capitales y logró salvarse de una renovación cantada en las pasadas municipales, en las que obtuvo su mejor resultado electoral.
El alcalde no quiso hacer declaraciones a este periódico, pero fuentes municipales añaden que los errores en el plan “han sido subsanados antes y después de la sentencia de 2005” y que se hizo una investigación interna cuyos resultados fueron enviados a la policía judicial.
León de la Riva se ha vanagloriado de muchas cosas en Valladolid. Y una de ellas es que no se mueve un papel en el municipio sin su conocimiento. Un religioso que ha testificado en el proceso confesó que el alcalde sabía lo que estaba pasando a cuenta de una modificación en un terreno de Cáritas que permitió edificar un aparcamiento subterráneo.


El polémico ático de León de la Riva


A León de la Riva le persiguen las denuncias por casos urbanísticos de un tiempo a esta parte. Al menos desde 2006, cuando se supo que un hijo suyo había sido favorecido con un piso en un sorteo de una promoción de 1.713 viviendas de protección oficial conocida como Villa del Prado. En aquel entonces, el alcalde se limitó a asegurar que su hijo vivía emancipado y que había tenido mucha suerte en el sorteo.
Sin embargo, poco después, se vio involucrado en otro caso que aún tiene pendiente cuentas con la justicia. Por su condición de alcalde, León de la Riva era vicepresidente de Caja Duero, entidad bancaria que poseía un edificio en uno de los mejores puntos de la ciudad, el paseo José Zorrilla. La entidad bancaria vendió ese inmueble a una constructora para su reconversión en un lujoso edificio de viviendas y oficinas, coronado por una serie de áticos. Entre quienes acudieron a reservar vivienda se encontraban conocidos futbolistas, como Fernando Hierro y Raúl, y vecinos notables de la ciudad. Pero también acudió el alcalde, que se compró un ático. Fue un viernes cuando se aprobó la licencia para la remodelación del edificio (en la que el alcalde no se abstuvo) y fue el lunes cuando el alcalde obtuvo una hipoteca de la entidad Caja Duero para adquirir el inmueble.
Desde que se aprobó la remodelación, el edificio no ha dejado de sufrir percances. Primero fueron una serie de denuncias presentadas por las combativas asociaciones de vecinos de la ciudad: el inmueble tenía exceso de edificabilidad (a los áticos originales se les añadieron otros áticos, que eran unos antiguos trasteros), alteración de fachadas y cambio de usos. Esas denuncias motivaron tres sentencias favorables del Tribunal de Justicia de Valladolid. Sentencias que exigen, entre otras cosas, el derribo de los áticos. Naturalmente, los propietarios pedirán las correspondientes indemnizaciones al consistorio por otorgar una licencia que tenía tantas irregularidades. Ahora la fiscalía de la Audiencia Provincial ha abierto diligencias y va a estudiar si se aprecia delito en la conducta del alcalde. En este episodio están presentes técnicos y concejales imputados en el caso del Plan General.



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